Mostrando entradas con la etiqueta Trajano Potentini. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Trajano Potentini. Mostrar todas las entradas

viernes, 13 de marzo de 2026

Yohan López desmiente pacto con Trajano Potentini y denuncia “manipulación” en el Colegio de Abogados


 

Santo Domingo, R. D.- El jurista Yohan López calificó este jueves como un "intento de construir una narrativa política falsa" la información sobre un supuesto acuerdo que buscaría declarar a Trajano Potentini como presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

 

López aclaró que ni su equipo, ni los sectores institucionales que representa, ni la corriente jurídica vinculada al Partido Revolucionario Moderno (PRM), han participado o suscrito pacto alguno para legitimar la actual directiva del gremio.


 

López fue enfático al señalar que lo que se pretende presentar como un consenso de la abogacía nacional es, en realidad, un arreglo de carácter económico entre actores particulares.

 

"Pretender presentar un arreglo de carácter financiero entre determinados actores como si se tratara de un consenso constituye una manipulación que solo profundiza la crisis institucional que vive el Colegio", afirmó el profesional del derecho.

 

El jurista subrayó que la legitimidad del CARD no puede ser objeto de transacciones comerciales ni de pactos excluyentes, asegurando que cualquier solución a la crisis debe fundamentarse en el respeto a la voluntad democrática de los abogados y no en acuerdos de "aposento".

 

Defensa de la transparencia

 

El dirigente gremial reiteró su compromiso con la transparencia y el rescate de la dignidad de la clase jurídica dominicana.

 

Advirtió que se mantendrá firme frente a cualquier intento de imponer autoridades que no cuenten con el respaldo del sentir mayoritario de los togados del país.

 

Con esta declaración, la crisis en el Colegio de Abogados toma un nuevo giro, evidenciando una fractura profunda entre las facciones que se disputan el control de la entidad y dejando claro que el sector encabezado por López no reconocerá acuerdos que considere ilegítimos.

miércoles, 12 de agosto de 2015

La Cámara de Comercio de Santo Domingo en manos del sector privado se ha convertido en un negocio

SANTO DOMINGO, R. D.- Trajano Potentini, se quejó de que tras ocho días de haber solicitado un servicio de registro mercantil a la Cámara de Comercio de Santo Domingo, esta entidad no ha satisfecho su requerimiento, bajo diversos alegatos, tales como la falta de sistema y cumulo de trabajo atrasado, entre otros. 

El abogado declaró que este organismo se ha constituido en una maquinaria recaudadora de recursos, en desmedro del manejo corporativo de la mayoría de los emergentes emprendedores; quienes para obtener de manera oportuna una diligencia de registro mercantil, se ven obligados a pagar un servicio "VIP", cuyo costo duplica el valor de un servicio regular. 

"Resulta inaceptable que una institución cuya principal atribución, de conformidad con la ley es promover el desarrollo de las fuentes de riquezas y de las actividades económicas de su jurisdicción, haya abandonado sus principios fundamentales para llenar sus arcas, manifestó el Potentini.

La Cámara de Comercio de Santo Domingo reduce el tiempo de servicio de 5 y 3 laborables a solo 1 día laborable a quienes tengan la capacidad económica para optar por pagar el servicio VIP. 

Finalmente Potentini entiende que dada la ineficiencia de este órgano en perjuicio de la economía nacional, sobre todo en un tema tan sensible como lo es la organización corporativa, es hora de que este servicio en manos privada vuelva a rescatar su esencia y vocación estatal, además de la supervisión, control, fiscalización y precio de los servicios, hoy día desconocidos.



miércoles, 8 de abril de 2015

FJT arremete contra empresas recogedoras de basuras


Santo Domingo, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró la reciente contratación y extensión por cinco años más del contrato de la recogida de basura del Ayuntamiento Municipal de la Romana con la empresa Aseos Municipal, por un monto superior a los 4.5 millones de pesos, todo ello aprobado por 10 de los 13 regidores, en franca y abierta violación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones con el estado, la cual hace imperativo para el caso ocurrente de una nueva licitación.

El presidente de la fundación, Trajano Potentini también citó en condiciones similares la aprobación y extensión del contrato para la administración del Vertedero de Duquesa, suscrito por la empresa Lajun Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con el visto bueno de los regidores, al de día de hoy operando bajo el manto de la ilegalidad y al margen de las disposiciones de la ley 340-06.

La entidad de sociedad civil le advirtió y exigió de las autoridades edilicias, alcaldes y regidores, el abstenerse de pagarles a las empresas Aseos Municipal y Lajun Corporation, en razón de que se estarían haciendo cómplices de perpetuar una ilegalidad y violación a las leyes, consecuentemente pasibles de ser sometidos penalmente y demandados en responsabilidad patrimonial por sus hechos antijurídicos.

La empresa AAA Dominicana y la privatización de cobros de servicios públicos.
Potentini condenó también el secuestro y privatización de que han sido objeto los servicios públicos, hoy en manos de la empresa AAA Dominicana, una entidad que ha logrado y mantiene contratos leoninos, dañinos y perjudiciales al interés nacional, con diversas instituciones públicas para la gestión y cobro de servicios públicos, con ayuntamientos y fundamentalmente con el tema del agua.

Tales son los casos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), de COAAROM de la Romana, de CORAAVEGA, de CORAAPLATA y del Ayuntamiento de Santiago, entre otras tantas instituciones gubernamentales.
Se estima que la empresa AAA Dominicana desde su fundación el 28 de marzo del año 2000, por los socios originales, Francisco Javier de nacionalidad española y los dominicanos Ángel Rondón, y el actual director de la CAASD, Arquitecto Alejandro Montas, este último y de conformidad con informaciones servidas por el digital 7 días, hoy está fuera de la referida empresa por haber traspasado sus acciones hacen varios años, quedando el señor Ángel Rondón como socio mayoritario, lo cierto es que AAA Dominicana al día de hoy, ha percibido ganancias de varios miles de millones de pesos en detrimento de los munícipes y ciudadanos dominicanos.

La Fundación Justicia y Transparencia, adelantó que está utilizando las herramientas que las leyes ponen a su disposición, para conseguir las informaciones y copias de los contratos y procesos de licitación, que privilegiaron a las empresas AAA Dominicana, Aseos Municipal y Lajun Corporation, con el objeto de accionar legalmente ante los tribunales de la república, demandando la anulación de todos los contratos que hoy mantienen servicios públicos vitales encarecidos y fuera del alcance de los sectores más vulnerables, además de la clara y abundante violaciones a las leyes.  


miércoles, 11 de marzo de 2015

FJT pide a la AMET ejecutar sentencia del TC y entregar al día de hoy los vehículos apresados ilegalmente


SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), celebró este miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, al disponer mediante sentencia con carácter vinculante para todos los poderes del estado, la prohibición de la práctica abusiva, ilegal, inconstitucional y violatoria a los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas perpetrada por la autoridad metropolitana del transporte, (AMET), al apresar y retener a los choferes y vehículos arbitrariamente, además del cobro compulsivo de multas por presuntas violaciones a la ley de tránsito 241.

EL presidente de la FJT, Trajano Potentini, advirtió a las autoridades de la AMET, que deben descontinuar esa práctica y cumplir en lo inmediato con la sentencia del TC, incluso extensiva a los vehículos que tengan retenidos al día de hoy, puesto que de lo contrario se estarían arriesgando a ser demandados no solo como institución, sino también en la persona de su director por responsabilidad patrimonial.

Potentini afirmó que el Tribunal Constitucional con esta sentencia le da sentido al denominado Estado Social y Democrático de Derecho, previsto en el artículo 7 de la constitución, convirtiéndose esta jurisdicción en un verdadero guardián de la tutela y protección de los derechos fundamentales de los dominicanos.

La entidad de sociedad civil llamó también la atención del Procurador General de la República, a los fines de que tome conocimiento y observe rigurosamente la sentencia del TC, en razón de que ellos venían apoyando y participando del accionar de la AMET, con la negación de una serie de servicios vitales para los dominicanos, tales como ponerles trabas a la realización de ciertas diligencias personales, imponiéndole además a las personas medidas de coerción, cuyo ejercicio es propio de los tribunales, tales como impedimento de salida, imposibilitándoles a los ciudadanos ejercer su derecho al libre tránsito, como se ha dado en la práctica, al negarle a los ciudadanos por multas pendientes los derechos y servicios de obtener un pasaporte o un certificado de buena conducta.

Finalmente la FJT destaca que la sentencia del TC, más bien lo que viene es a ratificar que la multa es una pena y que solo los jueces del sistema judicial son los únicos que están facultados para imponer multas, esto así previo a un juicio, con todas las garantías legales y por sentencia. De ahí que la AMET no tiene ni ha poseído facultad legal, salvo algunas y contadas excepciones tasadas específicamente por la ley, para apresar y retener vehículos, los cuales solo devuelven cuando se ha pagado lo que ellos establecen sin mediar autoridad o proceso alguno, convirtiéndose en una maquinaria salvaje y despiadada de recaudación de fondos, ajena a sus propósitos y funciones.


lunes, 2 de febrero de 2015

FJT llama al pueblo a estar vigilante ante nuevos intentos de Aduna para gravar con impuestos el comercio por internet


SANTO DOMINGO, R. D.- Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), informó que la Dirección General de Aduanas (DGA), recurrió por ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le impidió en agosto del año pasado establecerle por resolución de manera ilegal e inconstitucional impuestos a las compras por internet con valores inferiores a los 200 dólares.

La Fundación conjuntamente con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, recibió recientemente de Aduanas y de otras entidades:  Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC), Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (CCPSD), Asociación Nacional de Importadores (ANI), Unión Nacional De Empresarios (UNE), Asociación Dominicana de Industrias Textiles (ADITEX), Asociación de Fabricantes de Jeans de la República Dominicana (ASOJEAN), Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte (ASODUARTE) y Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago (ACENSA), un acto de alguacil, notificándonos de sus reiteradas pretensiones de gravar todas las compras por internet sin importar el valor de la misma. 

Las entidades cívicas, tras depositar la contestación del recurso que deberá ser conocido por el Tribunal Constitucional, les reiteraron a las autoridades de Aduanas y a sus acompañantes que llevara el caso hasta las últimas consecuencias, sometiendo al gobierno al imperio de la ley, para que en lo sucesivo en casos como el ocurrente procuren las vías institucionales y constitucionales, como lo sería un decreto derogando las exenciones impositivas a las compras por internet, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de una Dirección General.

Para Justicia y Transparencia, con esta acción la Dirección General de Aduanas y las entidades que le apoyan vienen a remembrar el intento de una medida, “abusiva”, “ilegal” y “arbitraria”, que afecta “a las grandes mayorías del pueblo dominicano, especialmente la clase media, que carga sobre sus hombros el pago de prácticamente todos los impuestos nacionales”.

Asimismo la FJT le hace un llamado al pueblo dominicano par que esté atento y vigilante ante lo que califica como un despropósito más del Director General de Aduanas al insistir en cobrar un impuesto ilegal e inconstitucional.

Potentini, informó que además de los abogados, D’anyeliz Vilorio Ramos y Heriberto Rivas Rivas, en representación de la fundación, también estarán presente como parte de esta nueva instancia por ante el tribunal constitucional la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU), representada por su presidente el jurista Felipe Herrera, y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, representada por el también jurista Domingo Rojas Pereyra.


martes, 27 de enero de 2015

FJT dice escollos fáticos y constitucionales imposibilitan la reelección presidencial

SANTO DOMINGO, R. D.- Para Justicia y Transparencia (FJT), el tema reelección presidencial en el espectro político nacional, sin lugar a dudas se ha erigido en el de mayor conflictividad, lo que nos mueve a presentar algunas reflexiones muy puntuales, con la esperanza de que sirvan de pauta o referente para abordar tan espinoso asunto.

El presidente de la entidad cívica Trajano Potentini, plantea la existencias de escollos o dificultades fácticas que sirven de freno a la relección, nos referimos al escaso tiempo que queda para armar un consenso político para reformar la constitución, y máxime que ningún liderazgo en particular cuenta con los votos suficientes en el congreso para ello, resalta también la irresponsabilidad de la clase política dominante para aprobar una ley de partidos políticos, dotando al país de un marco jurídico legal que garantice la igualdad en una contienda electoral, también es tema a considerar la oposición de diversos sectores sociales que están cansados de que los políticos se hagan trajes a la medida a partir de sus intereses, además de las recientes y contundentes declaraciones del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos de Norte América, John Kerry, según las cuales ese país quiere asegurarse de que ningún líder permanezca en el poder “indefinidamente”. Kerry también advirtió que Estados Unidos “está en contra” de los procesos para modificar la Constitución, con el fin de eliminar los límites de los mandatos presidenciales y otros intentos de “manipular las leyes y los cuerpos electorales en formas que subvierten el proceso electoral”.

De acuerdo a la FJT otro muro de contención a las aspiraciones reeleccionistas lo constituye el carácter rígido o clausula pétrea que tiene la constitución en lo referente a modificaciones  constitucionales que versen sobre derechos fundamentales u otros temas listados en el artículo 272, que prevé el referendo aprobatorio, el cual hace referencia a futuras reformas constitucionales vía este mecanismo, condicionando su implementación y desarrollo a modificaciones constitucionales en los siguientes temas: derechos, garantías y deberes fundamentales, sobre el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, así como los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución. Esta modalidad de reforma constitucional pone a cargo de la Junta Central Electoral la organización y desarrollo del referendo aprobatorio, el cual supone el cumplimiento y requerimiento de más de la mitad de los votos de los sufragantes y que el número de éstos exceda del treinta por ciento del total de ciudadanos y ciudadanas que integren el registro electoral, sumados los votantes que se expresen por “SÍ” o por “NO” (artículo 272 y sus párrafos).

En principio los derechos fundamentales están sustantivizados en los artículos 37 al 67 de la Constitución, los cuales, al ser analizados se verifica que no guardan relación con los derechos que normalmente son protegidos en un juicio o acción de amparo electoral, tales como el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto en todos los asuntos pautados por la Constitución (elecciones, referendos y plebiscito en las modalidades que aplique), más bien aparecen como derechos constitucionales recogidos mayoritariamente en el artículo 22 bajo el título de derechos de ciudadanía, de ahí que resulta de gran utilidad contextualizar en el ámbito constitucional la relación de los derechos políticos y de ciudadanía con los derechos fundamentales.

El carácter “fundamental” de la participación política no es, por tanto, una consecuencia exclusiva de su catalogación en nuestro texto constitucional, sino que se deriva de su inclusión en otras partes del texto constitucional. Aunque no estuviese recogido en esa sección concreta también sería “fundamental” en el sentido indicado de norma dotada de supremacía jurídica. A juicio del reputado tratadista Norberto Bobbio, los derechos políticos son fundamentales dentro de un régimen democrático y su ejercicio puede ser incluso indicativo de la solidez del sistema mismo.

 Cabría entonces explicar por qué una reforma constitucional sobre la posible reelección presidencial precisaría de un referendo aprobatorio para su validez, veamos, de cara a esa eventual modificación lo que estaría en juego es el derecho fundamental del actual presidente, contemplado en el artículo Art. 22 constitucional, numeral 1, como “derechos de ciudadanía”, que incluye específicamente el derecho de elegir y ser elegido.

Ahora bien y seguimos explicando, por efecto de qué, y cuáles características especiales habilitan a este derecho para que encuentren cobijo en la categorización de derecho fundamental. Veamos: en República Dominicana, por mandato del artículo 7 de la Constitución se acoge y adopta el Estado Social y Democrático de Derecho, lo que supone de entrada priorizar y potencializar con rango privilegiado todo lo referente a los tres principios que integran la referida modalidad de Estado: el principio social, el principio de legalidad –o imperio de la ley– y el principio democrático. Este último constituye la piedra angular para sustentar las razones que llevan a considerar a muchos de los derechos de ciudadanía como derechos fundamentales al margen de que así lo consigne o no la Constitución.

Asimismo, el artículo 74.1 de la Constitución de la República expresa que los derechos fundamentales no tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. De ahí que si combinamos el principio democrático como uno de los presupuestos base del Estado Social y Democrático de Derecho, dándole prioridad al ejercicio de los derechos políticos esénciales para el quehacer democrático y el carácter no limitativo de los derechos fundamentales, tendríamos que afirman de manera categórica que dichos derechos, por extensión y con las mismas características, entran al ámbito de protección de los derechos fundamentales.

Es bueno destacar que el carácter de derecho fundamental en el plano democrático, de elegir y ser elegible nunca ha estado bajo cuestionamiento en nuestro sistema jurídico, toda vez que de ahí la existencia del amparo electoral, incluso previsto con anterioridad a la nueva constitución en la actual ley electoral, además de una larga tradición jurisprudencial, lo que nos lleva a afirmar categóricamente que el modificar el artículo 124 de la constitución dominicana sobre la re-postulación presidencial conllevaría un referendo aprobatorio con la participación del pueblo dominicano en un certamen electoral en los términos del artículo 272.

No obstante puede decirse que el problema no es tanto la reelección en sí misma, sino otro aún más grave, hablamos del desprecio a las instituciones y a la idea del “todo vale” de que hacen gala algunos gobernantes cuando ven llegado el término de su accionar político.

Ese hecho se ha traducido en la aseveración de que los principales argumentos anti-reeleccionistas se basan en que al permitirla, los políticos utilizan los recursos del Estado con fines proselitistas, y siendo el presidente de la República el jefe de la administración pública, su voluntad continuista afecta el normal desenvolvimiento de la “cosa pública”.

Finalmente la FJT aspira a que la institucionalidad y la democracia se expresen en toda su extensión, en este y en otros temas que de seguro pondrán a prueba el desarrollo y la madurez política alcanzada por nuestras autoridades, procurando con ello que la transparencia y la institucionalidad brillen como elementos claves en la construcción de una mejor sociedad para todos.


miércoles, 31 de diciembre de 2014

Trajano Potentini critica tráfico de influencia y soborno en el país



SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini, criticó la presencia de soborno y el tráfico de influencia que vive el país en algunos aspectos sociales.

“Estamos en presencia de un mal que necesita empoderamiento cívico para que se pueda avanzar”, expresó.

De su lado el geólogo Osiris De León resaltó que el gran logro asumido por el  presidente Medina en el 2014 fue el tema de la educación.

Mientras que El ex Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, advirtió a que se persiga y someta a todo aquel involucrado en casos de corrupción.

Ambos expresaron estas consideraciones en el programa Pantalla Abierta que se transmite de lunes a viernes de 6:30-9 am por el canal 36, conducido por el doctor Rafael Franco, la periodista Zonia Tejada, los ingenieros Johnny Marte y Tomás Hernández.


lunes, 3 de febrero de 2014

FJT rechaza Proyecto de Ley para controlar el ejercicio de la abogacía


Santo Domingo, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó las pretensiones de la Suprema Corte de Justicia de controlar todo lo relativo al acceso del ejercicio de la abogacía en la República Dominicana, toda vez que seriamos la única parte en el mundo donde el estamento judicial es dueño amo y señor no solamente de los jueces, sino también de los notarios, los alguaciles y los intérpretes judiciales; además tuvo el control de la defensa pública, en un claro conflicto de intereses, y ahora también la posibilidad de manejar mediante un proyecto ley a todos los abogados del país, incluyendo como tales a los miembros del Ministerio Público y a los integrantes de las Altas Cortes en sus respectivas calidades de abogados.

La entidad de sociedad civil considera inaceptable el que la Suprema Corte de Justicia tenga el monopolio de todos los actores del sistema de administración de justicia, lo que sin dudas sería una clara violación al espíritu y a los principios constitucionales.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó el proyecto de ley para reglamentar el ejercicio profesional del derecho como absurdo, peligroso e inconstitucional, conculcando los derechos de los recién graduados, al establecer que solo podrán acceder al ejercicio de la abogacía luego de haber transcurrido dos años y la aprobación de un examen inicial, seguido de otros exámenes cada cinco años, requisitos además extensivos a todos los abogados del país, y por demás necesarios e indispensables para mantener la condición de abogados, esto así en manos de un jurado examinador compuesto mayoritariamente por miembros del Poder Judicial.

Otro aspecto perturbador e inconstitucional del proyecto es la facultad que le acuerda el mismo al Poder Judicial, para que con carácter exclusivo este juzgue todo lo relativo a las sanciones disciplinarias, en coordinación con el Ministerio Público como acusador de los abogados, en temas que no entrañan penas de carácter criminal, funciones que no aparecen en la constitución ni para el Poder Judicial y mucho menos para el Ministerio Público.

La FJT llamó la atención de los legisladores para que declaren irresibible el proyecto de la suprema, puesto que la misma no tiene facultad constitucional, ni iniciativa legislativa en esa materia, por tratarse de abogados y no de jueces como le acuerda el artículo 96 de la constitución, al limitarla exclusivamente para asuntos judiciales.

Justicia y Transparencia entiende que en el país hay un problema sistémico en el ámbito educativo, responsabilidad exclusiva del estado y en menor medida de las universidades que son la que están llamadas a preparar un profesional con la suficiente capacidad para ostentar la titulación de derecho. No obstante, Potentini reconoció la importancia de reglamentar la carrera de derecho y su ejercicio.

Asimismo la FJT consideró el momento como oportuno para consensuar y unificar una ley de abogados que sustituya la recién declarada inconstitucional ley 91 que instituyó el Colegio de Abogados de la Rep. Dominicana, contemplando en la misma el financiamiento para las 35 seccionales del gremio, el tema ético y deontológico del abogado en el ejercicio de sus funciones, deslindando la capacidad disciplinaria del Colegio de Abogados (CARD), así como los mecanismo internos y de control que fortalezcan de cara a la abogacía dominicana, la rendición de cuentas y el manejo pulcro de los recursos del CARD.

El vocero de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini anuncio la integración de una comisión de juristas, compuesta por Julio Cury, Marte Piantini, Jose Miguel Minier, Blas Minaya Nolasco y Ramón Vásquez, para trabajar en la unificación y redacción de un anteproyecto de ley sobre abogados, contentivo de los últimos avances y tendencia del derecho.


Finalmente la FJT anuncio la celebración de la semana aniversario del abogado con diversa actividades académicas, tales como la apertura de un diplomado en derecho notarial en coordinación con el Instituto Dominicano de Derecho Notarial (INDONOTA) y la celebración de dos conferencias, la primera para el jueves 6 a cargo de Beatriz Arenas, experta internacional en materia de lavado de activos y la segunda el viernes 7 con el jurista Julio Cury, para analizar el proyecto de la suprema sobre el control de la abogacía, todo ello en coordinación con el Colegio Dominicano de Notarios, también un  cocktail para festejar la semana del abogado y la inauguración del nuevo salón de eventos de la entidad. Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa de la Fundación, en ocasión de celebrarse hoy tres (3) de febrero.

miércoles, 8 de enero de 2014

FJT y la necesidad de crear una ley que castigue la prevaricación judicial

Plantea y reitera la necesidad de crear una ley que castigue la prevaricación judicial
SANTO DOMINGO, R. D.- Justicia y Transparencia (FJT) clamó por más presupuesto para el Poder Judicial y manifestó su temor de que este importante estamento jurisdiccional caiga en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la nueva constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.
Potentini explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini deploró la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud  del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales, con una mora judicial de casi 5,000 expedientes sin fallar y la tardanza en el conocimiento de los recursos de amparo y de otras acciones propias de la jurisdicción administrativa al someter a la administración pública al imperio de la ley.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.
La FJT demandó de la Suprema Corte de Justicia, el vigilar y dar seguimiento al  tratamiento que el superior administrativo le está dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por más de un año y hasta dos meses para la fijación de una audiencia, en clara y abierta violación a la constitución de la república, y con ello desnaturalizando la esencia y finalidad de la acción de amparo.


sábado, 26 de enero de 2013

Califican de transcendental el Bicentenario de Duarte


La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), llama políticos A honrar legado de Duarte
Critica poco despliegue, entusiasmo y preparativos para celebración del bicentenario del patricio

SANTO DOMINGO, D. N.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), en ocasión de conmemorarse el bicentenario del padre de la patria Juan Pablo Duarte, hizo un llamado a la clase política dominicana, para que honren con el ejemplo, y sus ejecutorias en el manejo de la cosa, la memoria y legado de pundonor, desprendimiento y pulcritud del patricio, siempre apegado a los más altos y sanos intereses de la nación dominicana.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, ponderó lo trascendente de la fecha, la cual debe invitarnos como sociedad, a un proceso de reflexión interna, en especial la clase que nos gobierna, asumiendo como norte y guía de su accionar el legado de Duarte, en procura de una mejor patria para todos.   

La entidad de sociedad civil criticó el poco despliegue, entusiasmo y preparativos de parte de las instituciones del Estado para conmemorar el bicentenario del natalicio del más noble de los dominicano, el patricio Juan Pablo Duarte.

Potentini, lamentó la poca difusión y actividades para el bicentenario de Duarte, celebración que debió convertirse en el más grande de los acontecimientos oficiales del Estado Dominicano, con una agenda cívica nacional de por lo menos dos años que proyectara la vida, obra y ejemplo de Juan Pablo Duarte, entre otras múltiples actividades conmemorativas.