Santo Domingo, R. D.- La
Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó las pretensiones de la Suprema
Corte de Justicia de controlar todo lo relativo al acceso del ejercicio de la abogacía
en la República Dominicana, toda vez que seriamos la única parte en el mundo
donde el estamento judicial es dueño amo y señor no solamente de los jueces,
sino también de los notarios, los alguaciles y los intérpretes judiciales;
además tuvo el control de la defensa pública, en un claro conflicto de
intereses, y ahora también la posibilidad de manejar mediante un proyecto ley a
todos los abogados del país, incluyendo como tales a los miembros del
Ministerio Público y a los integrantes de las Altas Cortes en sus respectivas
calidades de abogados.
La entidad de sociedad civil considera inaceptable
el que la Suprema Corte de Justicia tenga el monopolio de todos los actores del
sistema de administración de justicia, lo que sin dudas sería una clara violación
al espíritu y a los principios constitucionales.
El
presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, calificó el proyecto de
ley para reglamentar el ejercicio profesional del derecho como absurdo,
peligroso e inconstitucional, conculcando los derechos de los recién graduados,
al establecer que solo podrán acceder al ejercicio de la abogacía luego de
haber transcurrido dos años y la aprobación de un examen inicial, seguido de
otros exámenes cada cinco años, requisitos además extensivos a todos los
abogados del país, y por demás necesarios e indispensables para mantener la
condición de abogados, esto así en manos de un jurado examinador compuesto
mayoritariamente por miembros del Poder Judicial.
Otro aspecto perturbador e
inconstitucional del proyecto es la facultad que le acuerda el mismo al Poder
Judicial, para que con carácter exclusivo este juzgue todo lo relativo a las
sanciones disciplinarias, en coordinación con el Ministerio Público como
acusador de los abogados, en temas que no entrañan penas de carácter criminal,
funciones que no aparecen en la constitución ni para el Poder Judicial y mucho
menos para el Ministerio Público.
La FJT llamó la atención de
los legisladores para que declaren irresibible el proyecto de la suprema,
puesto que la misma no tiene facultad constitucional, ni iniciativa legislativa
en esa materia, por tratarse de abogados y no de jueces como le acuerda el
artículo 96 de la constitución, al limitarla exclusivamente para asuntos
judiciales.
Justicia y Transparencia entiende que en el país
hay un problema sistémico en el ámbito educativo, responsabilidad exclusiva del
estado y en menor medida de las universidades que son la que están llamadas a
preparar un profesional con la suficiente capacidad para ostentar la titulación
de derecho. No obstante, Potentini reconoció la importancia de reglamentar la
carrera de derecho y su ejercicio.
Asimismo la FJT consideró el momento como oportuno
para consensuar y unificar una ley de abogados que sustituya la recién
declarada inconstitucional ley 91 que instituyó el Colegio de Abogados de la
Rep. Dominicana, contemplando en la misma el financiamiento para las 35
seccionales del gremio, el tema ético y deontológico del abogado en el
ejercicio de sus funciones, deslindando la capacidad disciplinaria del Colegio
de Abogados (CARD), así como los mecanismo internos y de control que
fortalezcan de cara a la abogacía dominicana, la rendición de cuentas y el
manejo pulcro de los recursos del CARD.
El vocero de
Justicia y Transparencia, Trajano Potentini anuncio la integración de una
comisión de juristas, compuesta por Julio
Cury, Marte Piantini, Jose Miguel Minier, Blas Minaya Nolasco y Ramón Vásquez,
para trabajar en la unificación y redacción de un anteproyecto de ley sobre
abogados, contentivo de los últimos avances y tendencia del derecho.
Finalmente la FJT anuncio la celebración de la semana
aniversario del abogado con diversa actividades académicas, tales como la
apertura de un diplomado en derecho notarial en coordinación con el Instituto Dominicano
de Derecho Notarial (INDONOTA) y la
celebración de dos conferencias, la primera para el jueves 6 a cargo de Beatriz
Arenas, experta internacional en materia de lavado de activos y la segunda el
viernes 7 con el jurista Julio Cury, para analizar el proyecto de la suprema
sobre el control de la abogacía, todo ello en coordinación con el Colegio Dominicano de Notarios, también
un cocktail para festejar la semana
del abogado y la inauguración del nuevo salón de eventos de la entidad. Estas
declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa de la Fundación, en ocasión
de celebrarse hoy tres (3) de febrero.
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