Plantea y reitera
la necesidad de crear una ley que castigue la prevaricación judicial
SANTO DOMINGO, R. D.- Justicia y Transparencia (FJT) clamó por más presupuesto
para el Poder Judicial y manifestó su temor de que este importante
estamento jurisdiccional caiga en una eventual quiebra por la falta de recursos
y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y
reivindicativas del sistema judicial.
El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano
Potentini, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos
legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias
constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la nueva
constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y
modificar varias leyes.
Potentini explicó, que es al Poder Judicial a quien le
corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de
primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone
disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la
necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más
tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y
responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que si no se dota al Poder Judicial de los
recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y
en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del
estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de
la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar
mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de
lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y
deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no
suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la
Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese
importante poder del estado.
La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear
una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en
detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el
juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí
que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado
de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen
apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini deploró la falta de implementación de los
tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento
del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y
lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus
labores jurisdiccionales, con una mora judicial de casi 5,000 expedientes sin
fallar y la tardanza en el conocimiento de los recursos de amparo y de otras
acciones propias de la jurisdicción administrativa al someter a la
administración pública al imperio de la ley.
Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos
tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en
funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los
ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia
como uno de los principios cardinales del derecho.
La FJT demandó de la Suprema Corte de Justicia, el vigilar y
dar seguimiento al tratamiento que el superior administrativo le está
dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta
por más de un año y hasta dos meses para la fijación de una audiencia, en clara
y abierta violación a la constitución de la república, y con ello
desnaturalizando la esencia y finalidad de la acción de amparo.
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