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jueves, 9 de noviembre de 2017

FJT deposita proyecto de ley para castigar el feminicidio con cadena perpetua


Justicia y Transparencia pide declarar el 2018 como el año de protección integral de la mujer y la familia

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia -FJT- depositó este jueves ante el Senado de la República, vía los senadores de Azua y Elías Piña, Rafael Calderón y Adriano Sánchez Roa, un anteproyecto de ley que busca tipificar y castigar el feminicidio como una infracción grave; además de declarar de alta prioridad nacional la protección integral de la mujer.

Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, expuso que el proyecto de ley castigaría con penas de cadena perpetua a quienes incurran en el delito de feminicidio y de 30 a 40 años de reclusión mayor para la tentativa de feminicidio e igual pena los cómplices del referido delito, todo ello sin que en ningún caso operen circunstancias atenuantes que interrumpan la ejecución de la pena.

La iniciativa contempla al feminicidio como la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres, conjugándose en la circunstancia particular, en que un hombre en ocasión de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja, mate dolosamente a una mujer.

Asimismo, pone bajo la responsabilidad del Estado dominicano, el hacer respetar los derechos de las mujeres, en consecuencia el Estado asumirá como de alta prioridad la protección integral de la mujer, debiendo ejecutar para tales fines y con carácter de urgencia, inmediatamente entre en vigencia la presente ley, un plan nacional de protección integral de la mujer, desarrollando campañas de concientización y educación ciudadana, extensivas a todos los niveles de la educación básica y superior, quedando a cargo de la ejecución de las misma, los ministerios de educación, de educación superior ciencia y tecnología, de salud pública, de la mujer, la Procuraduría General de la República y como unidad coordinadora, el despacho de la Primera Dama.

El proyecto también dispone la realización de un plan nacional de protección integral de la mujer, incluyendo la colaboración especial de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, ya sean escrito, físicos, digitales, radiales, televisivos o bajo cualquier otra modalidad o características, para que, con carácter de obligatoriedad, especialicen espacios de publicidad gratuita, para la concientización, educación y orientación ciudadana del respecto y protección de los derechos de las mujeres.

Otra de las previsiones de la propuesta pide el que sea declarado el año dos mil diez y ocho (2018), como el año de la protección integral de la mujer y la familia y en consecuencia se dispone de las directrices y acciones para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley, bajo la coordinación y responsabilidad del despacho de la Primera Dama.

La entrega de la pieza legislativa fue entregada por una comisión de la fundación encabezada por su presidente Trajano Potentini y la Dra. Birmania Sánchez Camacho, vice presidenta de la institución y encargada de la comisión de género y familia, también los directivos Smerly Rodríguez, Grace Potentini y Sarah Adames.



miércoles, 19 de abril de 2017

FJT presenta propuesta al Congreso sobre proyectos de Régimen Electoral y Partidos Políticos


SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), presento observaciones y sugerencias a los Proyectos de Ley sobre Partidos Políticos y Régimen Electoral, que en noviembre pasado presentara por ante las Cámaras Legislativas la Junta Central Electoral, los cuales hoy son objeto de análisis y discusión en  una comisión bicameral del Congreso.

Justicia y Transparencia participo junto a otras entidades de sociedad civil, como FINJUS, Participación Ciudadana y ADOCCO, quienes también hicieron reparos y propuestas a los referidos proyectos, bajo el denominador común de aportar y hacer votos por que se logre en el país una democracia más inclusiva, participativa, igualitaria, transparente y garante de la voluntad popular.

Trajano Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, explicó a los miembros del congreso que estudian los referidos proyectos, sobre la necesidad de remozar todo el ordenamiento jurídico electoral, con el más amplio consenso posible y a tono con las nuevas disposiciones constitucionales, en el marco del denominado Estado Social y Democrático de Derecho.

Asimismo Potentini hizo reparos y críticas al contenido y redacción de los proyectos en los  aspectos siguientes:

Sobre Los Partidos Políticos. Primero; la función de educación de los miembros las organizaciones políticas, Segundo; se le confiere a la Junta Central Electoral, lo cual constituye un contra sentido a una responsabilidad que debe ser resultado de la visión, corriente de pensamiento e ideología de cada partido en particular, nunca una atribución de la junta, Tercero; las reservas de las candidaturas de un 20% previstas, lesionan el principio más elemental de la democracia, esto es la competencia y el favor de la mayoría,  Cuarto; en la distribución de los recursos proporcional a la cantidad de votos obtenidos, Quinto; en la no intromisión de la junta en la celebración de primarias, Sexto; en la ampliación de los deberes y derechos de los miembros de los partidos, Séptimo; en las decisiones de los órganos colegiados, no de sus principales directivos, entre otras observaciones.

Sobre el Régimen Electoral. Primero: la obligación de los funcionarios públicos y por elección popular, incluyendo al presidente de la República que estén optando por una reelección, la obligación de tomar licencia de su cargo por lo menos con 6 meses de antelación, con ello evitando la utilización de los recursos del estado y garantizando una competencia en un plano de igualdad.

Segundo: permitir para la integración de la junta otros profesionales, fuera de las ciencias jurídicas, que también guarden afinidad con las funciones propias del organismo; tales como administradores, ingenieros en sistemas, politólogos, entre otros. (Artículo 7, del Proyecto de Ley sobre el Régimen Electoral)

Tercero: en cuanto a la asignación presupuestaria de la junta que contempla que no podrá ser inferior a 1.5% del presupuesto general de la nación, entendemos que se trata de un vicio y error que no debe seguir siendo replicado en leyes especiales, las cuales sin la debida planificación y necesidades estarían recibiendo recursos que bien pudieran ser utilizados en áreas más prioritarias y sobre todo respondiendo a una previa planificación operativa y objetiva de sus proyecciones y necesidades. (Artículo 8 letra c, del Proyecto de Ley sobre el Régimen Electoral)

Quinto: al margen de las disposiciones del artículo 100 del proyecto, otorgándoles el monopolio exclusivo de las candidaturas a los partidos políticos, se debe contemplar en cumplimiento de la constitución y la categoría de derecho fundamental que hoy tiene en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a elegir y ser elegible, en suma debe permitirse que el ejercicio de este derecho contemple la más amplias garantías, incluso permitiendo candidaturas independientes fuera de los partidos, de lo contrario estaríamos afectando principios y valores constitucionales, convirtiendo en un mito la autodeterminación, la libertad de asociarse, aun cuando el proyecto en el artículo 110 habla de la posibilidad de candidaturas independientes también la supedita a estructuras similares a la de los partidos políticos.
Quinto: sobre la capacidad de la Junta Central Electoral para dictar medidas cautelares y sanciones administrativas contempladas en los artículos 233 al 236 del proyecto. Con estas previsiones estaríamos, incluso en periodos ordinarios y con carácter permanente otorgándole a la junta capacidad y poderes propios de los tribunales de la república, además de las debidas garantías constitucionales, que solo el ámbito jurisdiccional está en condiciones de observar, estamos hablando de multas superiores a los 2 millones de pesos y medidas cautelares amplias, ambiguas y , aun sin definir en la ley, las cuales bien podrían contemplarse, pero solo para periodos excepcionales en el marco de la celebración de elecciones, sin que en ningún caso dichas facultades puedan exceder los tres meses de duración.
Sexto: en lo que concierne a las tarifas por concepto de colocación en publicidad comercial el proyecto en el artículo 153 pone tope a los precios, y los deja bajo el control absoluto de la junta. Con esta disposición se estaría afectando el libre mercado y con ello la libertad de empresa, además de lo peligroso y perturbador que sería poner en manos de la junta el ámbito empresarial, comercial y publicitario del país, el cual es de naturaleza esencialmente privada y su eventual impacto en la economía.
Séptimo: sobre la facultad de la junta para las encuestas y sondeos de opinión electoral contemplada en los artículos 160 al 163 del proyecto. El exceso de regulaciones previstas para el desarrollo de encuestas y el control hegemónico de la junta sobre los posibles resultados y la forma de exponerlo o publicarlos, constituirían un atentado a la libre empresa e incluso una transgresión a la libertad de expresión, no obstante reconocemos la importancia de reglamentar el sector, pero nunca trastornando el contexto constitucional, legal y económico de la industria del mercadeo electoral. 
Octavo: sobre la acción de amparo prevista en el artículo 176 del proyecto. La redacción de este articulo resulta ambiguo y contradictorio con la constitución y la ley 137-11, sobre el tribunal constitucional y los procedimientos constitucionales, toda vez que deja abierta la posibilidad de que cualquier funcionario público comprendido en la eventual definición de autoridad pueda  conocer de un amparo, además de hacerlo extensivo a cualquier juez del sistema en contradicción también con la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. De ahí que recomendamos que este articulo remita la materia de amparo a lo ya establecido en las normas que rigen la materia.

Finalmente la fundación informo que seguirán ampliando sus propuestas, sobre todo en ocasión de que podamos con mayor profundidad y detalles, revisar el contenido de los extensos proyectos que hoy opinamos.

También la FJT solicito a los congresistas que el Proyecto de Ley de Partidos Políticos, sea asumido y suscrito con las formalidades que manda la constitución, por uno o varios congresistas, en su legitima facultad de iniciativa de ley, con el objeto de evitar violaciones al procedimiento constitucional y eventuales acciones ante el Tribunal Constitucional, demandando su la nulidad una vez convertida en ley, por violación al procedimiento legislativo y constitucional, todo ello de no observarse que la Junta Central Electoral ha excedido sus posibilidades a nivel de su iniciativa legislativa, al depositar el referido proyecto y con ello extendiéndola a los partidos políticos sin corresponderles.

En tanto, los miembros de la Comisión Bicameral reconocieron la importancia de que la sociedad civil pudiera exponer sus consideraciones al proyecto objeto de discusión en el Congreso.

El presidente de la delegación, Arístides Victoria Yeb, destacó que todas las propuestas coincidieron en que las leyes deben garantizar la democracia interna de los partidos, la escogencia de los candidatos, financiamiento, propaganda, publicidad y la cuota de la mujer.

Además de Victoria Yeb, en el encuentro participaron otros miembros de la misión legislativa: Julio César Valentín, José Rafael Vargas, Prim Pujals Nolasco, Santiago José Zorrilla, Charle Noel Mariotti, Amable Aristy Castro, Dionis Sánchez, Rafael Calderón, Félix María Nova y  Tommy Alberto Galán.

También asistieron el vicepresidente de la Comisión, el diputado Lupe Núñez; Gustavo Sánchez, Radhamés Camacho, Plutarco Pérez, Guido Cabrera, Alfredo Pacheco, Víctor José D’ Aza, Fidel Santana, Máximo Castro Silverio y José González.


martes, 20 de octubre de 2015

FJT critica gobierno excluya exenciones fiscales del Portal de Transparencia Fiscal


SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), criticó que el Ministerio de Hacienda haya descartado publicar en el Portal de Transparencia Fiscal las exenciones, incentivos y exoneraciones tributarias y arancelarias de las que son beneficiarios múltiples sectores en el país.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini,  expresó que en momentos que se exige transparencia en el funcionamiento de las finanzas estatales el gobierno busque mantener en la oscuridad un tema que en este 2015 representará  un sacrificio del 6.7% del Producto Bruto Interno bruto (PIB) para las cuentas estatales, como es el de las exenciones fiscales.

Apuntó que el país como parte de la Alianza para el Gobierno Abierto es compromisario de sus principios, y por consiguiente está en la obligación de actuar con transparencia y fomentar el empoderamiento de la ciudadanía en los asuntos del gobierno.

Potentini reveló que Justicia y Transparencia someterá formalmente ante el Ministerio de Hacienda una propuesta exigiendo la inclusión del desglose de las exenciones, exoneraciones e incentivos fiscales en el Portal de Transparencia Fiscal.

Resaltó que el manejo transparente de las exenciones fiscales beneficia a la ciudadanía, que se podrá empoderar de un tema que este año ha significado un sacrificio de doscientos un mil setecientos cincuenta y un millones de pesos, y también obligaría a los sectores beneficiarios a rendir cuentas y discutir si se justifica que se mantengan dichos privilegios.

El Portal de Transparencia Fiscal fue lanzado el 20 de agosto de este año y socializado a la sociedad civil el pasado miércoles por el Ministerio de Hacienda y participación ciudadana, escenario aprovechado por la fundación para hacer la crítica.


Finalmente el también El representante oficial del Mecanismo de Reportes Independiente (IRM), de La Alianza para el Gobierno Abierto, (AGA)(OGP–Open Government Partnership), en la República Dominicana, Trajano Potentini  recordó al gobierno dominicano que el referido portal se inscribe dentro de los parámetros y exigencias de la comunidad internacional, a través de las políticas y compromisos de gobierno abierto, con el  objetivo de proveer a la ciudadanía de una herramienta donde se puedan transparentar de cara a los ciudadanos todas las informaciones relativas al gasto, los ingresos y las fuentes de financiamiento del Gobierno Dominicano.

miércoles, 30 de septiembre de 2015

FJT exige desmontar cultura mafiosa en OISOE, CAASD, Obras Públicas y MINERD


SANTO DOMINGO, R. D.- El director ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia, Lic. Miguel Reyes Taveras, manifestó que el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, en el baño de la OISOE el pasado viernes, quien dejó dos notas señalando a un empleado y un ex empleado de la referida institución como responsables de una supuesta mafia de funcionarios que extorsiona a los contratistas del Estado, pone en evidencia la necesidad imperativa de hacer una profilaxis para desmontar la cultura mafiosa de peajes, hoy esparcida en la mayoría de las instituciones estatales que manejan fondos públicos.

El abogado y activista social afirmó que esas mafias se expresan con mayor fuerza y arraigo en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, y la CAASD.

Asimismo, reveló que la Fundación Justicia y Transparencia ha estado persiguiendo por la vía administrativa y judicial la suspensión y anulación de varios contratos que han sido otorgados a estos cárteles mafiosos.

También se refirió a las denuncias presentadas ante la Dirección General de Compras y Contrataciones de los contratos  suscritos por las empresas AAA DOMINICANA y CONAMSA, SRL, con la CAASD y el INDRHI, en franca violación a la ley de Compras Y Contrataciones. Además mencionó una investigación de la que se encuentra apoderado el órgano rector de las compras y contrataciones, sobre las irregularidades manifiestas en la contratación y  ejecución de obras contratadas por la OISOE, dentro las cuales mencionó el hospital Doctor Luis Eduardo Aybar; los Liceos, Sávica y Villa San Felipe, así como en las escuelas La Cuaba y la estancia infantil La Fe; y de la remodelación de la Iglesia Santa Bárbara en la Ciudad Colonial.

Del mismo modo, mencionó que están concluyendo la instrumentación de los expedientes para el sometimiento de los contratos otorgados por la OISOE a las empresas DIPREMEDIA, PG COMERCIAL SRL, PROMEDCA, PROYECCIONES LUXOR y TOKESSA.

La entidad de sociedad civil instó a los órganos de control a intervenir y enfrentar y desterrar el fantasma de la corrupción presente en todas estas operaciones, las cuales no resisten el escrutinio de la justicia, tal y como oportunamente vamos a demostrarlo en las diferentes jurisdicciones que correspondan, sentenció el directivo de la FJT.

FJT Exige destitución director INABIE por irregularidades desayuno escolar

De igual forma la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), externó su preocupación por las constantes intoxicaciones de que han sido objeto miles de niños producto de la ingesta del desayuno escolar, al tiempo de responsabilizar y exigir la destitución del director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, René Jáquez Gil, y la intervención inmediata del gobierno y los órganos de control del Estado en dicha institución en virtud de las reiteradas acusaciones y señalamientos por el manejo dado a los fondos del INABIE el manejo  sobre intoxicación de niños por la ingesta de los alimentos escolares y también la comisión de actos de corrupción en la asignación de contratos millonarios de dicha entidad.

El licenciado Miguel Reyes Taveras, director ejecutivo de la entidad de sociedad civil, consideró como graves y comprometedoras las revelaciones y pruebas aportadas por la periodista Nuria Piera, en sus programas de televisión, sobre la falta de calidad de los alimentos proporcionados por los proveedores del INABIE y el mal manejo de los alimentos, lo que ha causado la intoxicación de estudiantes, profesores, personal administrativo y otras personas.

Finalmente, declaró que ante la gravedad de los hechos y la vulneración que esto significa de derechos fundamentales, como la educación y la salud,  la Fundación Justicia y Transparencia considera que el Poder Ejecutivo está obligado a enderezar el rumbo del INABIE, que bajo la actual administración se ha constituido en una amenaza y peligro para la salud pública.



jueves, 17 de septiembre de 2015

FJT revela exoneraciones de legisladores en vehículos de lujo le cuestan al Estado más de 311 millones pesos


SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), condenó que los legisladores utilicen las exoneraciones que le concede ley 56 del 1996, para importar vehículos de lujo, algunos de los cuales están valorados en más de diez millones de pesos.

El Director Ejecutivo de FJT, Lic. Miguel Reyes, reveló que el gobierno ha sacrificado más de 311 millones de pesos en virtud de las exoneraciones concedidas a los legisladores. Privilegio este que calificó de abusivo en un país cuya con tantas demandas sociales ávidas de ser atendidas.

De los automóviles más costosos en la lista aparece la marca Rolls Royce, uno de estos a nombre del senador por Azua, cuyo valor sin salir de Aduanas sobrepasa los 10 millones de pesos, y cuya exoneración fue calculada en seis millones setecientos mil pesos. El legislador también importó un Porsche, año 2010, tasado por la Dirección General de Aduanas en alrededor de cuatro millones de pesos, y con un sacrificio fiscal de dos millones de pesos para el estado.

Otro en la lista de los Bentleys es el diputado por Santiago Rodríguez Ramón Fernández Martínez, quien goza de la propiedad de unos de estos lujosos y costosos vehículos.

La ley de exoneraciones

El jurista y activista social, censuró que los diputados y senadores hayan desvirtuado la esencia de una ley, que buscaba dotar a los legisladores de un vehículo que les permita trasladarse de sus ciudades hacia la capital. Sin embargo, en la práctica esto se ha constituido en un privilegio que sirve para hacer negocios.

La ley de exoneraciones desde su aprobación en 1966 ha estado sujeta a modificaciones por los mismos legisladores, en principio sólo se le permitía el importe de un vehículo por debajo de los 3 mil dólares, ocho años más tarde la suma límite ascendió a 5 mil dólares, para 1978 la cifra estaba en no más de seis mil dólares, precio que al llegar el año 1987 se triplicó, el tope era en ese entonces 18 mil dólares.

La ley 56 del 1996, otorgó a los senadores y diputados el privilegio de traer al país, sin ninguna limitación de precio y libre de pago de impuestos y tasas aduanales, cualquier vehículo de motor. Pero estos se decantan por vehículos de lujo, potencia y comodidad, de las marcas más exclusivas del mercado vehicular.

Reyes explicó que en el año 2013 el Senado aprobó en dos lecturas un proyecto de ley que establecía un tope a las exoneraciones de vehículos de los legisladores, pero dicha iniciativa perimió en la Cámara de Diputados. Hecho que demuestra la falta de interés que muestran los legisladores por corregir esta situación que afecta la imagen del Congreso.

Vehículos lujosos

Los vehículos de la marca Ferrari, al parecer, son los más populares entre nuestros legisladores. Tanto sus modelos Italia como California, con un valor de Mercado de entre 8 y 10 millones de pesos, dependiendo los lujos y comodidades escogidos por el comprador.

La senadora por El Seibo, Ivonne Chahín Sasso, quien importó un modelo California, valorado en casi 10 millones de pesos, y cuya exoneración afectó las arcas estatales en cuatro millones seiscientos diez mil pesos. La senadora también adquirió una Toyota Land Cruiser, año 2013, con un costo de importación de treinta y seis mil dólares, y una exoneración de novecientos cincuenta mil pesos.

También el diputado por la provincia Espaillat, Carlos Borromeo Terrero, importó uno del mismo año, valorado en 8 millones de pesos, y con un sacrificio fiscal de cuatro millones cincuenta mil pesos. Teodoro Ursino Reyes, diputado por La Romana, importó un vehículo de modelo, precio y año similar.

El diputado por Santo Domingo Este Radhames Fortuna se unió a este grupo selecto de legisladores que poseen un vehículo deportivo en el año 2012, con un Ferrari Valorado por la DGA en ocho millones de pesos, cuya exoneración significó un sacrificio de Tres Millones Ochocientos Siete Mil pesos para el Estado dominicano.

También de la marca Ferrari, pero en su modelo Italia, los legisladores Edis Mateo, Barahona; Afif Nazario Rizek, Puerto Plata; Ángel Esteban Ramírez, Distrito Nacional; Juan Maldonado Castro, El Seibo; Máximo Castro Silverio, Santiago; Sergio Muñoz Morales, San Pedro de Macorís.

Eddis Mateo, senador por Barahona, también adquirió una yipeta Mercedes Benz G550, año 2012, con valor de 4 millones de pesos, además de los dos millones doscientos cincuenta mil pesos que se libró de pagarle a Aduanas.

La senadora de La Romana, Amarilis Santana Cedano, comparte el gusto por los Mercedes Benz con su colega de Barahona, pero en lugar de vehículos todo terreno, prefirió hacerse de un SLR McLaren y un CLS63, valorados en ciento ochenta mil dólares y noventa y cuatro mil dólares, respectivamente.

El senador de Monseñor Nouel, Félix Nova, es propietario de dos Porsche, uno modelo Panamera y el otro Carrera, valorados en casi cuatro millones de pesos y cuya exoneración resultó en un sacrificio para las arcas estatales de otros cuatro millones de pesos.

Manuel Antonio Paula, senador de Bahoruco, además de un lujoso Mercedes Benz 2014 es propietario de un Porsche Panamera 2011, por los cuales libró más de cinco millones de pesos.

Otro que tiene un Porsche es el diputado por la provincial Duarte Virgilio González, quien habría erogado alrededor de ocho millones de pesos por dicho vehículo, y fue beneficiario de una exoneración de casi cuatro millones de pesos.

La presente información fue obtenida por el Observatorio Legislativo de la Fundación Justicia y Transparencia, dependencia de esta entidad que se encarga del seguimiento y evaluación de la actividad legislativa en la República Dominicana.

Anexo a la presente nota pueden encontrar un documento que contiene el detalle de todas las exoneraciones emitidas a favor de los legisladores, desde el año 2010 hasta la fecha.


martes, 8 de septiembre de 2015

FJT exige investigar adjudicación de contratos millonarios de reparación y construcción de hospitales a empleados públicos


SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), exigió de las autoridades de control y fiscalización de las finanzas públicas del Estado, Cámara de Cuentas, Contraloría General de la República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y Ministerio Público, salir al frente y disponer las investigaciones de rigor en el traspaso de las cuestionadas obras de  construcción y remodelación de 56 hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

El Director Ejecutivo de la entidad de sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras apuntó que la contratación y ejecución de las referidas obras han sido abiertamente cuestionadas, y se ha demostrado que algunos de los adjudicatarios se encuentran en el régimen de inhabilidades para contratar con el Estado, previsto en el artículo 14 de la ley de Compras y Contrataciones, y otros tienen un objeto social incompatible con el contractual.

Reyes advirtió que las contrataciones bajo cuestionamientos se realizaron luego de declararlas de urgencia, una modalidad que por su celeridad y carencia de formalidades se presta para la violación de las estipulaciones de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.

La entidad de sociedad civil se hizo eco de las informaciones servidas por el periódico Diario Libre que dan cuenta de que algunos de los beneficiados en el concurso de urgencia que convocó en 2013 el entonces ministro de Salud, Freddy Hidalgo, aparecen en las nóminas de instituciones del Estado, incluida una persona que, en la actualidad, es parte de un expediente por corrupción pendiente de decisión en los tribunales.

Luis Rafael Sánchez Esteva quien se desempeña como director de Cubicaciones del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), resultó agraciado con un contrato de RD$44, 901,946.68 para la reparación y mantenimiento, construcción de laboratorios y dos consultorios en el hospital municipal de El Almirante, en Santo Domingo Este.

Otro que aparece en nómina, pero ya como pensionado lo es el señor José Antonio Pérez Jiménez, quien figura desde el 2012, en un expediente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por un supuesto desfalco contra el Estado de más de RD$1,500 millones, Jiménez ganó el contrato para la reparación general del hospital provincial Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, por un monto de RD$46, 297,121.22.
También resaltó la referida investigación periodística el caso para la reparación del hospital de Nisibón, en La Altagracia, el agraciado resultó ser el señor Félix Miguel Núñez Encarnación, con un contrato de RD$50, 367,867.51., empleado hasta el 2013 en el Ministerio de Obras Públicas, como supervisor en la sección de tramitación de planos, en San Francisco de Macorís.
Asimismo, el abogado y activista social reveló que dicha entidad solicitará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en virtud de la ley de acceso a la información pública, la entrega de los contratos y los pagos realizados a las empresas contratistas, además apoderará a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Ética y la Contraloría General de la República, para que realicen las investigaciones de lugar e impongan las respectivas sanciones.

Finalmente la entidad de sociedad civil le recomendó y advirtió a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que al recibir el traspaso de los 56 hospitales de salud pública, exija un inventario auditado e investigado sobre la ejecución de las obras, puesto que de lo contrario estaría cargando con todas las irregularidades y violaciones a las leyes en que se hayan incurrido hasta la fecha.


lunes, 29 de junio de 2015

Anuncian Maratón de Redes Sociales por la Soberanía Nacional


FJT califica de irrespeto y ofensa a la dignidad nacional, vejamen de que fueron objeto en Puerto Rico tres Jueces del Tribunal Constitucional Dominicano

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), y el Veedor Digital, primer portal cívico de la República Dominicana, anunciaron el inicio de un Maratón de Redes Sociales por la Soberanía Nacional, a celebrarse durante los días 29 de junio al 15 de julio.

La entidad informó  que la iniciativa tendrá como objeto defender el país de los recientes ataque internacionales, que señalan a la República Dominicana como una nación xenófoba y violadora de los derechos humanos de los nacionales haitianos, con la supuesta deportación masiva a su territorio.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, destacó que durante 17 días el grupo de acción juvenil de la fundación, estará haciendo un uso intensivo de las redes sociales (Fundamentalmente Facebook, Instagram, YouTube y Twitter), este último con los hashtag #defiendetupaisRD, #amatupatriaRD, para promover y difundir todos aquellos materiales escritos y audiovisuales que aclaran e informan con objetividad la situación real de la migración, en el marco de las relaciones dominico-haitianas.

Para la difusión y desarrollo del maratón, se aprovechará la plataforma del medio de comunicación El Veedor Digital, periodismo ciudadano y comunitario, con traducción en línea en 10 idiomas diferentes, lo que nos permitirá abarcar a más del 80% de la población mundial, además contamos con presencia en las principales Redes Sociales y disponibilidad multimedia en los más variados formatos, facilidades que garantizaran una promoción exitosa.

Potentini hizo un llamado al pueblo dominicano para que haga suya esta iniciativa, en especial a la diáspora sirviendo de canal para que el mundo sepa que la República Dominicana ha sido un país generoso, solidario y respetuoso de los derechos humanos de los nacionales de la vecina nación haitiana y que en el país no se ha iniciado procedimiento alguno de repatriación.

La entidad entiende que no se puede seguir permitiendo que en desmedro del crédito e imagen internacional del país, se nos siga calumniando y con ello dañando y alejando la inversión extranjera y el turismo, desconociendo con ello que el gobierno dominicano ha desplegado sus mejores esfuerzos, incluso violando las leyes dominicanas y la institucionalidad, para beneficiar en el plan nacional de regularización a una cantidad de más de 240 mil extranjeros, dotándoles de documentos sin cumplir con los más elementales requisitos, además de conceder a unas 55 mil personas y sus familiares la convalidación de los documentos que ya poseían, los cuales estaban bajo cuestionamientos por diversas cuestiones legales.

Potentini deploró que envuelto en esta vorágine de manipulaciones y desinformaciones, se haya llegado al extremo en la isla de Puerto Rico, en un hecho bochornoso y ofensivo a la dignidad nacional, a vejar e irrespetar a los magistrados del Tribunal Constitucional Dominicano, Milton Ray Guevara, Justo Pedro Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo, acusándolos de  racista y xenófobo.

Asimismo desde esta plataforma nos propondremos a apoyar y promocionar los esfuerzos de la cancillería y la reciente señal del presidente de la República Danilo Medina, cuando con arrojo y gran determinación defendió al país en ocasión de celebrarse la Cuadragésima Quinta Asamblea del Sistema de Integración Latinoamericano (SICA).

La FJT invitó a los interesados en unirse al maratón por la soberanía, a que manden sus materiales escritos o audiovisuales al emailelveedordigital@gmail.com, o que nos sigan en las redes compartiendo y subiendo los materiales que servirán para la promoción.

Finalmente la entidad informó que cuenta con la colaboración y apoyo de Juan Manuel Rosario, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Pelegrin Castillo, el Comité Dominicano de solidaridad internacional con Haití, entre otras instituciones públicas y privadas.

Las presentes declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa, en el local de la Fundación Justicia y Transparencia, en compañía del equipo juvenil de la entidad, que dirige la Licda. D’Anyeliz Vilorio.



miércoles, 8 de abril de 2015

FJT arremete contra empresas recogedoras de basuras


Santo Domingo, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), deploró la reciente contratación y extensión por cinco años más del contrato de la recogida de basura del Ayuntamiento Municipal de la Romana con la empresa Aseos Municipal, por un monto superior a los 4.5 millones de pesos, todo ello aprobado por 10 de los 13 regidores, en franca y abierta violación a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones con el estado, la cual hace imperativo para el caso ocurrente de una nueva licitación.

El presidente de la fundación, Trajano Potentini también citó en condiciones similares la aprobación y extensión del contrato para la administración del Vertedero de Duquesa, suscrito por la empresa Lajun Corporation y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con el visto bueno de los regidores, al de día de hoy operando bajo el manto de la ilegalidad y al margen de las disposiciones de la ley 340-06.

La entidad de sociedad civil le advirtió y exigió de las autoridades edilicias, alcaldes y regidores, el abstenerse de pagarles a las empresas Aseos Municipal y Lajun Corporation, en razón de que se estarían haciendo cómplices de perpetuar una ilegalidad y violación a las leyes, consecuentemente pasibles de ser sometidos penalmente y demandados en responsabilidad patrimonial por sus hechos antijurídicos.

La empresa AAA Dominicana y la privatización de cobros de servicios públicos.
Potentini condenó también el secuestro y privatización de que han sido objeto los servicios públicos, hoy en manos de la empresa AAA Dominicana, una entidad que ha logrado y mantiene contratos leoninos, dañinos y perjudiciales al interés nacional, con diversas instituciones públicas para la gestión y cobro de servicios públicos, con ayuntamientos y fundamentalmente con el tema del agua.

Tales son los casos de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), de COAAROM de la Romana, de CORAAVEGA, de CORAAPLATA y del Ayuntamiento de Santiago, entre otras tantas instituciones gubernamentales.
Se estima que la empresa AAA Dominicana desde su fundación el 28 de marzo del año 2000, por los socios originales, Francisco Javier de nacionalidad española y los dominicanos Ángel Rondón, y el actual director de la CAASD, Arquitecto Alejandro Montas, este último y de conformidad con informaciones servidas por el digital 7 días, hoy está fuera de la referida empresa por haber traspasado sus acciones hacen varios años, quedando el señor Ángel Rondón como socio mayoritario, lo cierto es que AAA Dominicana al día de hoy, ha percibido ganancias de varios miles de millones de pesos en detrimento de los munícipes y ciudadanos dominicanos.

La Fundación Justicia y Transparencia, adelantó que está utilizando las herramientas que las leyes ponen a su disposición, para conseguir las informaciones y copias de los contratos y procesos de licitación, que privilegiaron a las empresas AAA Dominicana, Aseos Municipal y Lajun Corporation, con el objeto de accionar legalmente ante los tribunales de la república, demandando la anulación de todos los contratos que hoy mantienen servicios públicos vitales encarecidos y fuera del alcance de los sectores más vulnerables, además de la clara y abundante violaciones a las leyes.  


lunes, 16 de marzo de 2015

FJT condena la utilización de los recursos del estado con fines reeleccionistas


SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Vidal Potentini al ser entrevistado por los conductores del programa Enfoque Matinal del canal 37 NCDN, que se transmite de lunes a viernes a partir de la 7:00 a.m., María Isabel Soldevila, Hugo Beras, y Elisa Mariot, resaltó la necesidad de avocarse a un consenso para aprobar una ley de partidos políticos que brinde un marco jurídico institucional que garantice proceso eleccionario democrático, libre de cuestionamientos y traumas.

A juicio de Potentini es urgente la discusión y aprobación de una ley de partidos políticos, la cual deberá contemplar el aspecto relativo a la celebración de las primarias de los partidos para candidaturas y posiciones dirigenciales, el tope del financiamiento y gastos de los partidos y candidatos, la limitación efectiva de la duración de la campaña, la obligatoriedad de tomar licencia de funciones públicas para los funcionarios candidatos a cualquier posición electiva o partidaria, el castigo ejemplar de las prácticas clientelares, entre otras consideraciones.

Asimismo la entidad condenó la evidente utilización de los recursos del estado, recientemente verificado en los datos servidos por el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a través de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia (Dicom), dando cuenta de la realización de una encuesta, donde la mayoría de la población respalda la reelección del presidente Danilo Medina.
La FJT reiteró su rechazó a los intentos y aprestos reeleccionistas, tras considerar que constituyen un atentado contra el sistema democrático “toda vez que no existen las bases y controles institucionales que garanticen una contienda electoral en igualdad de condiciones para todos los actores políticos, además de que indudablemente una reforma constitucional con el único objetivo de restablecer la reelección presidencial, precisaría de un referendo aprobatorio para su validez, lo cual no es factible por el tiempo para su realización, así como también la creación y modificación de leyes necesarias para su logística e implementación.
Sobre AMET y la violación de la constitución con el apresamiento de personas y vehículos.
Trajano Potentini, al referirse las autoridades de la AMET, reitero que deben descontinuar la práctica abusiva, ilegal, inconstitucional y violatoria a los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas de apresar y retener a los choferes y vehículos arbitrariamente, además del cobro compulsivo de multas por presuntas violaciones a la ley de tránsito 241.

Finalmente la entidad cívica anuncio que someterá un amparo preventivo en contra de la AMET para llevarla a su legalidad y con ello deslindar el alcance y ámbito de sus potestades y facultades acorde con las disposiciones de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la cual vino a ratificar que la multa es una pena y que solo los jueces del sistema judicial son los únicos que están facultados para imponer multas, esto así previo a un juicio, con todas las garantías legales y por sentencia. De ahí que la AMET no tiene ni ha poseído facultad legal, salvo algunas y contadas excepciones tasadas específicamente por la ley, para apresar y retener vehículos, los cuales solo devuelven cuando se ha pagado lo que ellos establecen sin mediar autoridad o proceso alguno, convirtiéndose en una maquinaria salvaje y despiadada de recaudación de fondos, ajena a sus propósitos y funciones.