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miércoles, 21 de enero de 2015

El fraude lo corrompe todo


¿Quién se Beneficia de la Crisis de Fedomu?

Por Julio Alejo e Isaac Terrero

Ya se había advertido sobre la crisis que envolvería al asociativismo municipal dominicano, especialmente a la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu). Se había establecido con suficiente elementos probatorios que la misma sería gestada por actores interesados que en virtud de ser sustituidos, tratarían de pescar en rio revuelto, por lo que la opinión jurídica interesada del asesor jurídico de Fedomu no debe sorprender a ninguno de los que hacen vida en el ambiente municipal. Sin embargo, es propicia la ocasión para hacer algunas puntualizaciones de tipo jurídicas y políticas a sus consideraciones.

Consideraciones Jurídicas

Primero.- Señala el asesor jurídico de Fedomu que: “La asamblea  aprobó posponer su desarrollo hasta una nueva fecha que no fue indicada”. Dejando de lado que Fedomu esta bajo el régimen de la Ley 122-05 y de su reglamento de aplicación No. 40-08, el cual en su primera parte de la letra D del articulo 14 establece que “La asamblea general podrá ser ordinaria o extraordinaria. Tendrán carácter de ordinarias aquéllas que se celebren con la periodicidad establecida en los estatutos de la asociación...” y el estatuto de Fedomu establece en su artículo 35 que “Las Asambleas Generales de Municipios tendrán carácter de ordinarias y extraordinarias. Son ordinarias las que se efectúan en el mes de noviembre de los años impares para discutir las políticas dirigidas a alcanzar los objetivos y metas de FEDOMU, así como asuntos administrativos, financieros y de funcionamiento de la institución y en los años pares tendrán carácter de asambleas eleccionarias….”

De manera, que a la luz del indicado reglamento y del estatuto de Fedomu, la asamblea celebrada en noviembre del 2014 quedó cerrada sin que se agotara la agenda prevista, por lo que la nueva convocatoria de la asamblea general tendría carácter de extraordinaria, razón por la cual una modificación estatutaria en esa convocatoria seria pertinente y procedente jurídicamente hablando, fundamentada además en la soberanía de la que está revestida la asamblea, en consecuencia puede votar la modificación del estatuto y las modificaciones que resulten de ese proceso, serian de aplicación inmediata.

Por lo que, la elección de las nuevas autoridades nacionales de Fedomu deberán realizarse conforme a lo estipulado en el nuevo estatuto, claro está, sin violentarse los derechos adquiridos por las nuevas autoridades de las Asociaciones Regionales de Municipios, que ya fueron electas conforme a la norma vigente.

Todo dominicano y dominicana que tiene más de treinta años de edad recuerda la crisis política del año 1994 a raíz del fraude electoral, cuya salida consistió en la modificación de la Constitución con aplicación inmediata, siendo una de las modificaciones aplicadas la reducción del periodo de ejercicio presidencial en dos años para realizar elecciones presidenciales en mayo del 1996 con una segunda vuelta incorporada, para lo cual se inscribieron otras candidaturas diferentes a las que postularon en las elecciones anteriores. Este precedente, unido al de la modificación de la constitución del 2002, que también tuvo efectos de aplicación inmediata, sustentan que las modificaciones estatutarias de Fedomu entrarían en vigencia una vez sean aprobadas por la soberana asamblea legalmente convocada, en virtud de que el estatuto de Fedomu al igual que la Constitución de la República son de aplicación inmediata en sus respectivos ámbitos.

Segundo.- Establece el asesor jurídico de Fedomu que: “…el Consejo Directivo, está en suspensión igual a como lo está la Asamblea, pero conserva sus facultades administrativas, lo que permite que la Federación continúe operando. Por esas razones sus autoridades Presidente, Tesorero y cualquier otro Directivo con funciones administrativas siguen en funciones. En cambio opinamos que el Consejo como tal durante la suspensión no puede ejercer sus demás funciones.”

Habiendo quedado cerrada la asamblea general eleccionaria, de conformidad con la Ley No. 122-05, su reglamento de aplicación No. 40-08 y el estatuto de Fedomu, sin que se hayan elegido sus nuevas autoridades, queda establecido con claridad meridiana que el Consejo Directivo y la Junta Directiva electas en el 2012 mantienen sus funciones políticas y administrativas establecidas en los estatutos, aun cuando han perdido legitimidad.

En consecuencia, el Consejo Directivo actual está en plena capacidad jurídica para convocar una asamblea de modificación estatutaria pactada entre sus autoridades políticas que resuelva la crisis en el que se encuentra sumida la institucionalidad de Fedomu y que amenaza con destruirla. De manera que la solución a la crisis planteada si y solo si, se resuelve con un pacto político que se lleve al plano jurídico de una modificación estatutaria.

Ahora bien, ¿Qué procede? Que el Consejo y la Junta Directiva actual agoten el mismo procedimiento que se agotó para convocar la asamblea de noviembre pasado, sólo que esta seria extraordinaria, estatutaria y eleccionaria, en consecuencia habría que elegir una nueva comisión electoral (o ratificar la actual que tiene bastante solvencia moral) y abrir los plazos para la inscripción de planchas, publicar la convocatoria en la forma acostumbrada en el plazo estatutariamente establecido y la agenda a ser conocida en la asamblea. De no hacerlo, se harían pasibles de las consecuencias jurídicas que devienen de ese accionar. Ojo, Fedomu maneja recursos públicos, cuya condición no se pierde, no importa quien los maneje. Y, los recursos públicos todos sabemos…

Otra forma de convocar prevista en el estatuto consiste en que dos terceras convoquen válidamente la asamblea general extraordinaria agotando el procedimiento estatutario, como bien establece el asesor jurídico de Fedomu.

Breves Consideraciones Políticas

Lo que se puede leer entre líneas y al revés, es lo que se ha venido advirtiendo en la completada serie de 40 reflexiones sobre el proceso eleccionario en el asociativismo municipal. Que a la vista de todos y todas, se buscaba, como se ha producido, una crisis de alta escala que escape del control de todos los actores políticos, con el objeto de permanecer en el cargo, con el agravante de que ahora se procura despojar a las autoridades locales que integran el Consejo Directivo y la Junta Directiva de Fedomu de sus facultades políticas, con la fina intensión de dejar la institución sin dirección política, pero si, con dirección administrativa, lo que equivaldría a tener un Presidente, un Tesorero y un Secretario general, para firmar cheques, contratos y otros documentos administrativos, obviando que quienes sustentan esas posiciones son políticos y lideres que saben advertir las consecuencias de esas actuaciones.

Lo que se está defendiendo técnicamente, es la actual situación de golpe de Estado institucional en el que se encuentra sumida la organización. Para ello, la dirección ejecutiva, de manera sabichosa y creyendo a los demás tontos útiles, ha hecho uso de los recursos humanos de la institución para darle viso legal a esa actuación. A eso se debe la publicación de la opinión jurídica de la se ha hecho referencia en este escrito, precisamente, en el momento en que se tiene convenida y pactada entre todos los sectores convergentes en la municipalidad una reforma estatutaria para darle salida a la actual situación de crisis y concluir el reinado del Sultán del Cibao.

Ahora, la dirección ejecutiva quiere hacer uso de sus habilidades políticas, llevadas al escrito de su asesor jurídico, para poner en situación de confrontación a las autoridades de las asociaciones regionales de municipios salientes y entrantes con una supuesta indefinición de quienes conforman el Consejo Directivo y quienes no, justificando la permanencia de la crisis en ese enfrentamiento, por que se está beneficiando de ella, pero la misma tiene ribetes de una tipificación de fraude. Quienes interactuamos en el escenario municipal sabemos que la crisis actual no es originada por los alcaldes de ningunos de los partidos, sino, por el apego que tiene el director ejecutivo actual de mantenerse en el cargo contra viento y marea.


lunes, 12 de enero de 2015

Hipólito Mejía y sus principales aportes la municipalidad dominicana


Por Julio Alejo e Isaac Terrero

El pasado jueves 8 de los corrientes, el Ing. Hipólito Mejía ratifica su convencimiento de que los municipios son la unidad territorial desde la cual se debe gestar el desarrollo integral del país, en consecuencia, confirma su denodado interés en propugnar por la descentralización administrativa del Estado dominicano, mediante el fortalecimiento de los gobierno municipales y la distribución equitativa de la inversión pública para que los beneficios del desarrollo lleguen a todo el territorio nacional.

No somos muy dados a ponderar de manera formal cuestiones positivas de personas que por la naturaleza  propia de las funciones que ostentan en determinada coyuntura están obligadas a desarrollar. Sin embargo, también es de conocimiento generalizado que desde el mes de mayo del año pasado hemos cerrado filas con las aspiraciones a la presidencia de la República del ciudadano, para nosotros municipalista, Hipólito Mejía. La situación que vive la municipalidad desde hace unos diez años, nos obliga a justipreciar en su justa medida los aportes que el liderazgo de Hipólito Mejía ha hecho en favor de este importante sector, en ocasión de haber anunciado al país su decisión de terciar en las próximas elecciones con miras a alcanzar la primera magistratura de la nación.

Hipólito Mejía, alcanza la presidencia de la República en el año 2000, a partir de ahí toda la ciudadanía, incluyendo aquellas personas relacionadas con la municipalidad y sus más implacables adversarios en algún momento han reconocido que ciertamente no es lo mismo hablar de municipalidad antes y después de ese periodo de gobierno. Sin duda, el presidente Hipólito Mejía estuvo influenciado por el accionar de su líder, mentor y guía, el doctor José Francisco Peña Gómez, un municipalista a carta cabal. Pasamos a explicar.

La primera acción de peso tomada por el presidente Mejía en su gobierno a favor de la municipalidad fue la descentralización de la ciudad capital mediante la Ley No. 163-01 que dividió el Distrito Nacional, creando nuevas demarcaciones territoriales, dentro de las que se encuentra el otrora municipio Santo Domingo Este, el más grande del país. De ahí en adelante, los primeros alcaldes y alcaldesas de la provincia Santo Domingo recibieron todo el apoyo económico, logístico y político para instalar sus ayuntamientos, esto llevó a la Liga Municipal Dominicana y a la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) a declararlo Padre de la Municipalidad. 

En año 2001, nace Fedomu como primer órgano asociativo de la municipalidad a nivel nacional en el marco del derecho privado, bajo el amparo y decidido apoyo del presidente Hipólito Mejía, quien dictó el Decreto del Poder Ejecutivo No. 398-01, de fecha 20  de marzo del 2001, otorgándole personería jurídica a dicha entidad. El apoyo de Mejía a dicho instrumento asociativo de la municipalidad no se limitó al referido decreto de incorporación, sino, que le facilitó el primer vehículo y la primera oficina con que contó hasta hace poco esa organismo. En ese mismo año, crea la Oficina Presidencial de Enlace entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos como forma de canalizar las demandas e inquietudes de los gobiernos locales dirigidas al Presidente de la República.

Los primero recursos económicos a los que tuvo acceso Fedomu fueron transferidos por la Secretaría Administrativa de la Presidencia (hoy ministerio) y posteriormente fue incluida como beneficiaria del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME), el cual fue financiado por la Unión Europea y el Gobierno Dominicano, y del que fueron beneficiarios, además, muchos ayuntamientos del país durante el gobierno de Hipólito Mejía. De esta iniciativa y del apoyo directo a Fedomu, el municipalista Domingo Matías tiene amplio conocimiento. Quiere decir, que sin esa gestión de gobierno, quizás hoy no fuese posible hablar de asociativismo municipal.

Como si todos esos aportes fueran pocos, Hipólito Mejía coronó su gestión en beneficio de la municipalidad promoviendo, elaborando y promulgando la hoy conocida y tan mencionada Ley No. 166-03 que favorece a los ayuntamientos con la transferencia del 10% de los ingresos brutos del Gobierno, siendo la única gestión presidencial que cumplió con esa legislación. De manera, que el presidente Mejía no solo otorgó más recursos a los ayuntamientos, sino, que le dio base legal sólida a la demanda de asignación de recursos económicos de la municipalidad.

Más, aún permanecen los recuerdos en los ayuntamientos y en la clase municipalista, incluyendo el asociativismo municipal de los tantos y tantos equipos pesados entregados por el presidente Mejía a los ayuntamientos. Por primera vez en la historia, los gobiernos locales contaban con las facilidades logísticas para dar mantenimiento a los caminos vecinales y reparar calles, acción que los hizo independientes del gobierno central para ejercer esas competencias, sin embargo vieron destruido ese avance cuando la gestión posterior los despojó de los mismos para ingresarlos nuevamente a instituciones centralizadas.

Ante todo este rosario de aportes hechos por el presidente Hipólito Mejía en favor de la municipalidad, en los gobiernos del PLD el que más se puede destacar es el aumento de dos mil millones de pesos entre los años 2013 y 2014 a favor de los municipios y distritos municipales. No obstante, este aumento ha impactado positivamente  las cuentas de los ayuntamientos de manera absoluta, y porcentualmente han sido impactadas de forma negativa, contrario a lo que establece la Ley No. 166-03.

El pasado jueves 8 de los corrientes, el Ing. Hipólito Mejía ratifica su convencimiento de que los municipios son la unidad territorial desde la cual se debe gestar el desarrollo integral del país, en consecuencia, confirma su denodado interés en propugnar por la descentralización administrativa del Estado dominicano, mediante el fortalecimiento de los gobierno municipales y la distribución equitativa de la inversión pública para que los beneficios del desarrollo lleguen a todo el territorio nacional.



jueves, 12 de junio de 2014

Feria, Buenas Prácticas y Candidaturas


(17/40)

Por Isaac Terrero y Julio Alejo

Aunque el escenario fue diseñado y concebido, entre otras cosas, para el relanzamiento del actual presidente y otras autoridades de FEDOMU, así como crear el ambiente político para la firma del pacto por la municipalidad con el Poder Ejecutivo, el mismo no tuvo el impacto previsto para condicionar el subconsciente político de los alcaldes y alcaldesas y las autoridades de gobierno central.

En la pasada semana se celebró en el Distrito Nacional un evento de gran envergadura para la familia municipalista dominicana. La primera feria de municipios a nivel nacional, “Expo Municipios 2014”. Este evento por su sola realización constituye un precedente y una práctica que incorpora otras formas de promover la gestión municipal. Desde esta columna semanal se extiende una felicitación a la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) por llevar a cabo tan importante evento, que al margen de las críticas que se puedan tener, y que de hecho las hay,  no deja de ser un evento trascendental. Ahora bien, el reseñado evento puede ser analizado desde dos perspectivas, desde el punto de vista de lo meramente técnico y la visión política que impone este tipo de actividad.

Para iniciar con el análisis de la parte técnica de la actividad, quisimos auxiliarnos de la propuesta técnica que serviría de base para la realización de la misma, en la cual deben estar contenidos los aspectos contextuales, justificativos, teóricos y conceptuales, los objetivos, resultados, metodología, agenda temática y programática, así como elementos evaluativos y de retroalimentación. Para ello, se materializó una visita al lugar de la actividad y se solicitó al personal auxiliar del staff de la feria la información técnica relativa a la misma, manifestándonos que solo contaban con la agenda y la revista de reconocimiento de buenas prácticas municipales. Valga la solicitud formal. Como solo tuvimos acceso a dos documentos, nos limitaremos a observar los mismos en el análisis, así como algunos casos vinculados a dicha documentación.

En la parte introductoria de la revista de reconocimiento de buenas prácticas municipales, se puede observar que se establecieron cuatro criterios para la selección de diez buenas prácticas municipales. Dichos criterios, de manera puntual son: innovación, participación ciudadana, sostenibilidad e impacto. El total de las prácticas seleccionadas incumplen con al menos uno de los criterios establecidos. Se trata del cuarto criterio referido al impacto, ya que las descripciones de las prácticas carecen de referencia alguna de estudios de línea de base, evaluaciones y/o sistematizaciones de experiencias que sustenten el supuesto impacto.

Asimismo, al menos dos casos son de carácter exógeno. Se trata de los ayuntamientos juveniles de Bani y las mesas de seguridad ciudadana de Boca Chica; la primera es una iniciativa de UNICEF y la segunda es un proyecto del CONARE, que ahora paso a ser regenteado por el Ministerio de Interior y Policía. Cuatro experiencias pueden considerarse innovadoras y cinco carecen de ribetes de innovación.

Dentro de las innovadoras están: Museo de la Cultura Transfronteriza, Comendador; Articulación Público-Privada para la Gestión Territorial y la Promoción de Convivencia, Santa Cruz de Barahona; Red de Estancias Infantiles Municipales 086, Pepillo Salcedo y; Arquitectura y Cultura, San Juan de la Maguana. Dentro de las que carecen de aspectos novedosos, resalta el caso de Moca con la reestructuración del archivo municipal. ¿Cómo puede reconocerse la reestructuración de un archivo físico común y corriente como una buena práctica? ¿Eso no es reconocer que los demás ayuntamientos están en peores condiciones de documentación, incluso los que tienen buenas prácticas?

En el caso particular de Comendador, por lo que se puede observar en la publicación oficial de la feria, su experiencia de buena práctica constituye la mejor de todas, ya que es una acción endógena, innovadora y participativa, aunque los resultados deben ser contrastados con un estudio científico que determine el alcance de los mismos, puesto que el texto con el que se describe puede quedarse corto en términos de impacto social, en el entendido de que es una iniciativa que trasciende lo nacional.

De igual forma, resulta preocupante el hecho de que la Asociación de Municipalidades de la Región Enriquillo (ASOMURE), ni siquiera estuvo en el pabellón de buenas prácticas, cuando esta modalidad forma parte de cinco bancos de buenas prácticas municipales de igual número de países de América Latina (Argentina, Brasil, México, Perú y Chile), incluso el Premio Gobierno y Gestión Local de México reconoció a la Unión Liberal de Ayuntamientos del distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, como una buena práctica de gestión municipal.

Debe recordarse que ASOMURE ha dado pasos firmes para resolver la situación de desintegración del asociativismo municipal, en tanto en la región existe una sola directiva para todas las autoridades locales que confluyen en la misma y consecuentemente se lleva a cabo de manera conjunta una sola elección, donde todos los tipos de autoridades locales participan en igualdad de condiciones. Con sus fortalezas y debilidades, este mecanismo constituye un gran avance que evidencia la voluntad política de los actores para zanjar diferencias particulares a favor de la colectividad municipal.

Pareciera que los organizadores de la feria no observaron criterios y estándares internacionales para el reconocimiento y premiación  de buenas prácticas municipales. ¿O será que reconocer esa experiencia de organización supone una negación del estatus quo de las entidades asociativas de la municipalidad y por tanto un replanteamiento de las mismas? cosa que los actores no están dispuestos a realizar. Otra practica interesante que debió tomarse en cuenta como una de las diez premiadas, es la estrategia de desarrollo endógeno puesta en marcha por el distrito municipal El Palmar de Bahoruco, esto puede entenderse, ya que no es un municipios y la feria es de municipios.

En lo político, la situación de Expo Municipios se tornó un escenario de consignas y presentación de candidaturas, a veces muy evidente y otras veces de forma soslayada, llegando al nivel más elevado, marcado por la ausencia del Alcalde y el ayuntamiento de la ciudad anfitriona. Más aun, por la expresión de la secretaria general de FEDOMU al responder a unos de los conductores del programa oficial de radio de la feria, estableciendo que el leonelismo, su grupo, estaba muy por encima del danilismo en términos de fuerzas a nivel municipal y hasta se produjo una conservadora discusión entre uno de los conductores del programa (conocido danilista) y la alcaldesa, que parecía mostrar el resurgimiento de las aspiraciones que había puesto en suspenso para darle paso al actual presidente de dicha entidad.

Aunque el escenario fue diseñado y concebido, entre otras cosas, para el relanzamiento del actual presidente y otras autoridades de FEDOMU, así como crear el ambiente político para la firma del pacto por la municipalidad con el Poder Ejecutivo, el mismo no tuvo el impacto previsto para condicionar el subconsciente político de los alcaldes y alcaldesas y las autoridades de gobierno central.

Y no se ha dicho nada del costo, ya que el mismo se desconoce…






lunes, 19 de mayo de 2014

Congresos y elecciones en el asociativismo municipal dominicano

Por Isaac Terreno y Julio Alejo
Desde que asumimos el desafío de observar de manera crítica el momento actual por el que atraviesa el asociativismo municipal dominicano y sus actores, caracterizado por la inmersión en procesos eleccionarios de la entidades asociativas de la municipalidad, lo hicimos conscientes de que se había iniciado ya el proselitismo electoral, sobre todo, por parte de las autoridades actuales en procura de reelegirse.
Desde ese momento, todo el accionar de estas instituciones en la vida pública parecía marchar dentro de lo normal, incluso, hace unos meses, algunos colegas hasta llegaron a pensar que a raíz de algunos planteamientos emitidos en esta serie de escritos, que apuntan al fortalecimiento del asociativismo, la pluralidad asociativa de la municipalidad venia llevando a cabo procesos de acercamiento más allá de la mera lucha por la distribución de los recursos. Esto, debido a que se suponía que las interpretaciones constitucionales del Tribunal Constitucional Dominicano sobre la administración local les había unificado en el propósito de materializar una alianza estratégica para impulsar una propuesta de ley, entre otras acciones, que dé al trates con la reforma integral del sistema de la administración local.
De hecho, para algunas instituciones asociativas como la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y la Liga Municipal Dominicana (LMD), este esfuerzo conjunto representaba un gran paso de avance en la dirección de reencontrarse con su responsabilidad social y hacer un aporte relevante a toda la administración local, mostrando a la opinión pública una solida cohesión interinstitucional materializada en la firma de un pacto por la reforma integral del sistema municipal dominicano con aspectos convenidos de manera escrita y otros concertados de forma soslayada, los cuales nos reservamos el derecho de hacer mención para el momento oportuno.
Lamentablemente, el interés desmedido de algunos directivos de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) por mantenerse en sus cargos, los llevó a cometer una doble acción que se concretizó en la promoción de un proyecto de ley de modificación coyuntural y parcial de varios artículos de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, -que fue aprobado en el Senado la pasada semana- con la fina intensión de que esto le sirviera como impronta y buque insignia para sostener y mantener el ya montado proceso reeleccionista en dicha institución.
Es evidente, que quienes así actuaron no se detuvieron un solo segundo a medir el impacto negativo que esto llevaría al seno del asociativismo y la opinión pública, ya que para cualquier persona con un mínimo de sentido común, esta acción constituye una mala jugada, un despropósito, que aparentemente muestra a FEDOMU y LMD como dos instituciones sorprendidas en su buena fe y no deberían de sorprenderse. Naturalmente, que los esfuerzos por mostrar un asociativismo cohesionado detrás del cristal se han desplomado y ha salido a relucir la verdad que ya había sido advertida en la entrega número nueve de esta serie de artículos: desintegración del asociativismo municipal.
De manera que, frente a las instituciones del Estado y la sociedad en sentido general, el crédito público de estas entidades pudiera verse afectado, si tomamos en cuenta que la reforma integral de la municipalidad es el punto neurálgico del pacto que está pendiente por firmarse con el Poder Ejecutivo, y ahora resulta que estas organizaciones ni siquiera respetan los acuerdos que entre  ellas mismas pactan.
Como en todo, una vez más se demuestra que las pretensiones reeleccionistas rompen con el esquema democrático y se llevan todos los avances institucionales alcanzados por delante, hasta la confianza entre los actores.
Deben esperarse en lo adelante otras acciones, que ya se están gestando, que sin duda alguna prometen poner en peligro lo poco queda del asociativismo municipal dominicano y que serán colocadas en la mesa del debate, a través de nuestros próximos esfuerzos.


lunes, 7 de abril de 2014

Liderazgo local y responsabilidad social

(8/40)

Por: Isaac Terrero y Julio Alejo

De la anterior publicación habíamos contraído como deuda moral, analizar las implicaciones del liderazgo del asociativismo municipal con la responsabilidad social y el rol organizacional individual y colectivo, así como su vinculación con el próximo proceso eleccionario.

Siguiendo la secuencia del escrito de la pasada semana, la responsabilidad social del asociativismo municipal está formada por la responsabilidad social de cada una de sus partes, incluyendo al propio liderazgo, quiere decir entonces que los/as lideres/as deben asumir doble responsabilidad, la suya propia y la que le endilga su condición de guía de la causa, que en este caso está contenida en los estatutos de las entidades asociativas de la municipalidad y que ha sido reseñada en el anterior escrito.

Es el liderazgo, en cada una de sus instituciones, el responsable de conducir al asociativismo hacia la asunción de un rol acorde con su responsabilidad social organizacional, ósea, de encaminarlo a jugar un papel de asistencia y asesoría técnica, así como promoción y defensa de la autonomía municipal y la descentralización local, para con ello impactar en la mejoría de los servicios que prestan los gobiernos locales y consecuentemente mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Esta precisión conlleva a la formulación de una importante interrogante. ¿Existe coherencia entre el ejercicio del liderazgo, el rol institucional que actualmente juegan las entidades y la responsabilidad social del asociativismo municipal? De ser cierto, entonces, no hay manera de explicar las causas de los tímidos resultados visibles obtenidos por el tejido asociativo en comparación con las cuantías de recursos del erario destinados a solventar el logro de ese compromiso social.

Asimismo, es cuestionable la falta de apropiación de la responsabilidad social colectiva por parte del liderazgo local de manera individual, ya que son numerosos los casos de autoridades locales involucradas en hechos y situaciones reñidas con ley, algo que proyecta una mala imagen grupal. Pero también, por citar un tema, son reducidos los casos de autoridades locales que desarrollan prácticas reales y sin manipulación de la participación ciudadana en la gestión de sus gobiernos, lo que desdice mucho del compromiso de las partes con la responsabilidad social del todo.

Si como establece el experto Manuel A. Cortes Cortes, toda organización es creada con el propósito fundamental de servir a la sociedad, entonces, todo liderazgo que resulte del asociativismo debe responder al compromiso social contraído de manera individual y colectiva, debe servir de ejemplo a emular por sus iguales. De acuerdo al experto, si toda organización que no cumple con su función social tiende a desaparecer, lo propio ha de ocurrir con el liderazgo del asociativismo que no asuma la razón social de su existencia.

El problema del asociativismo municipal no se encuentra en su declaración escrita de responsabilidad social, contenida en su concepción filosófica, por lo tanto, hay que buscarla, necesariamente, en el tipo de liderazgo que se ha venido ejerciendo desde hace algunos años, que es el responsable del rol que han asumido las entidades asociativas de la municipalidad y los limitados resultados que se registran.


Los próximos congresos electores y asambleas eleccionarias constituyen el escenario perfecto para producir una evaluación critica de los/as lideres/as que hasta este momento han llevado la dirección del asociativismo local. Dicha evaluación debe tomar en cuenta aspectos mucho mas allá de la cuestión partidaria y de mayorías mecánicas. Para ello es necesario, que previo a que se inicien dichos procesos, se definan una serie de criterios que perfilen el tipo de liderazgo que debe dirigir las organizaciones asociativas municipalistas.

martes, 18 de marzo de 2014

El Asociativismo Municipal y la Carrera Administrativa Municipal

          

5/40
Por: Isaac Terrero y Julio Alejo

Como se ha establecido en escritos anteriores de esta serie de artículos, el asociativismo municipal constituye el espacio idóneo para impulsar el fortalecimiento de los gobiernos locales, con miras a cristalizar el anhelado sueño de la población de contar con servicios públicos municipales de alta calidad. En ese sentido,  los sistemas de gestión forman parte integral de la institucionalidad municipal, de manera particular, la gestión del capital humano. De ahí, que la carrera administrativa municipal (CAM) resulta de alta relevancia para el logro de dichos fines.

Durante el periodo 2006-2011, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), abrazó con determinación el deseo de que los gobiernos locales adoptasen un sistema de gestión de personal sustentado en la meritrocrácia. La aprobación de las leyes No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y No. 41-08 de Función Pública aportaron como elementos de sustento jurídico a dichos intereses. A partir de ahí, en el marco de la ejecución de dos proyectos auspiciado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y la Fundación DEMUCA se elaboran y aprueban el reglamento del estatuto del empleado/a municipal (instrumento modelo), así como los instructivos y manuales genéricos de aplicación de la CAM.

Cabe destacar la disposición y actitud propositiva del Ministerio de Administración Pública (MAP) durante todo este proceso, institución que como órgano rector de la función pública, ha desplegado importantes esfuerzos, la necesaria voluntad política y personal técnico a su alcance para viabilizar la validación y aprobación de la reseñada instrumentación técnica y jurídica, así como capacitar el personal responsable de la gestión de recursos humanos de los ayuntamientos del país.

Luego de las elecciones congresuales y municipales del 2010, mediante la firma de un acuerdo interinstitucional entre el MAP y FEDOMU, se convino aprovechar el periodo especial de seis años de las autoridades electas en ese proceso eleccionario para aplicar la CAM, toda vez que ya se contaba con la instrumentación jurídica y técnica necesaria, para ello se formuló un amplio programa de implementación, denominado ¨Plan Quinquenal de la CAM¨, el cual tenía como meta la incorporación de por lo menos el 90% de servidores públicos municipales al sistema de carrera al año 2016 y para el año 2014 al menos el 20% de las juntas de distritos municipales deberían adoptar e implementar la CAM.

Sin embargo, se observa que a partir del 2011, el asociativismo municipal encabezado por FEDOMU abandonó a su suerte lo que pudo haber sido el proyecto de desarrollo institucional más importante para la transformación de la gestión municipal, lo que traerá como consecuencia, que llegado el año 2016 se continuará con la actual caótica forma clientelar de la administración del personal que labora en los gobiernos locales, lo que prolongaría las conocidas repercusiones negativas en la prestación de los servicios públicos municipales.

Naturalmente, la acción e inacción relativa al tema tiene sus protagonistas con nombres, apellidos y partidos políticos. Evidentemente, que sobre los hombros de quienes han encabezado el liderazgo político del asociativismo municipal, fundamentalmente, las juntas directivas y los consejos directivos de FEDOMU y la Asociación Dominicana de Regidores (ASODORE), entidades que agrupan a quienes ostentan las potestades ejecutivas y normativas municipales, respectivamente, pesa la responsabilidad histórica del estado situacional de la gestión del empleo público en los ayuntamientos.

El pasado liderazgo de FEDOMU, quien registró la mayor parte de los avances de la CAM en el asociativismo, actualmente se encuentra cumpliendo medidas de coerción, basadas en un informe de la Cámara de Cuentas de la República que establece, entre otros hallazgos, que en su mandato se vulneraron principios de gestión relacionados con el manejo de la nomina del ayuntamiento que dirige, la cual es parte del sistema de gestión del personal.

Como es de conocimiento de todos/as, a finales del 2014, se estarán escogiendo las nuevas autoridades que encabezarán las diferentes entidades del asociativismo municipal por los últimos dos años. La situación aquí descrita debe ser un referente para la escogencia del nuevo liderazgo asociativo de la municipalidad.

Ese nuevo liderazgo debe comprometerse de forma real con impulsar la obligatoria CAM. Ese nuevo liderazgo debe comprometerse con implementar y estimular las reformas necesarias para asegurar la transformación positiva de la administración local, dejando de lado las tradicionales excusas poco creíbles e irresponsables que todos/as conocemos. Por esto, se reitera que el venidero proceso eleccionario del asociativismo en la municipalidad es un momento de oro, un momento histórico y propicio para avanzar hacia la construcción de verdaderos gobiernos locales, el cual no debe desaprovecharse.










lunes, 24 de febrero de 2014

Congresos y Elecciones en el Asociativismo Municipal Dominicano ¨Análisis y Perspectivas¨ (2/40)


Comportamiento del Liderazgo Local y Elecciones en el Asociativismo Municipal

Por Julio Alejo e Isaac Terrero

El papel de un líder en un sistema democrático consiste en servir de referente tanto en su comportamiento personal como en su comportamiento político, así pues todo cuanto haga, deje de hacer o permita que se haga impacta de manera positiva o negativa en sus seguidores, en el caso particular de la municipalidad, la conducta del líder afecta de manera directa el asociativismo como parte de un todo, tal y como se ha establecido en la primera entrega de la presente serie de artículos.

Para ilustrar mejor, se traen a colación los casos del senador de la Florida Marco Rubio y el gobernador de New Jersey Chris Christie, quienes teniendo todas las potencialidades políticas, han visto frustradas sus posibilidades de representar al partido Republicano en la candidatura presidencial del 2016, el primero, por supuestamente estar su cuñado involucrado en un caso de narcotráfico, y el segundo, porque alegadamente un colaborador autorizó una medida que produjo un tapón en la ciudad de New York, con la supuesta intensión de hacerle daño a un alcalde demócrata.

Los procesos eleccionarios de las entidades asociativas de la municipalidad para el presente año están acompañados de una amplia estela de escándalos que involucran a autoridades locales, incluyendo líderes y dirigentes del asociativismo. Escándalos que van desde imputaciones por inobservancia a las normas de la gestión local en la adopción de medidas en los gobiernos locales, hasta acusaciones de tipo penal por corrupción e inconductas en lo personal.

Dentro de los casos que más han saltado a la opinión pública que involucran el liderazgo local se encuentran, entre otros, el alcalde de la Romana, quien guarda prisión preventiva por emisión de cheques sin fondos; la Presidenta del Concejo de Regidores de Bonao, quien se encuentra recluida en EEUU acusada de falsificación de identidad y narcotráfico; el alcalde de Las Terrenas y Presidente de la Región Nordeste de FEDOMU, a quien se le condenó a seis meses de prisión domiciliaria por malversación de fondos públicos; el director del distrito municipal de Cabarete, de quien cursan varios expedientes en los tribunales de Puerto Plata que van desde la violación a la Ley 200-04 hasta una acusación por haber hecho tres disparos contra un comerciante; y precisamente el diecisiete de este mes el Listín Diario publica una nota con el titular ¨ Matan a un hombre en atentado contra el director municipal de Monserrate, en Tamayo¨.

Estos casos y otros casos que por cuestiones de espacio no se han citado en el presente escrito y que coexisten en la municipalidad, deben dar paso a un análisis amplio, profundo y pormenorizado sobre el tipo de liderazgo que se espera forjar desde la administración local, y quienes deberán asumir las riendas del asociativismo municipal como resultado de las elecciones de las entidades asociativas municipales, con miras a la consolidación del desarrollo local, a partir al establecimiento de un nuevo paradigma de gestión tanto en los gobiernos locales como en las instituciones gremiales.



Actualmente, afloran las aspiraciones de los líderes locales para dirigir las instituciones asociativas de la municipalidad, unos para repostularse y otros para relevar las actuales direcciones, esto sin duda alguna, bajo el esquema de correlación de fuerzas políticas que cohabitan en el asociativismo, el cual debe ser objeto de análisis también.