SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia
y Transparencia (FJT), exigió de las autoridades de control y fiscalización de
las finanzas públicas del Estado, Cámara de Cuentas, Contraloría General
de la República, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección
General de Ética e Integridad Gubernamental y Ministerio Público, salir al
frente y disponer las investigaciones de rigor en el traspaso de las
cuestionadas obras de construcción y remodelación de 56 hospitales
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), a la Oficina de
Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
El Director Ejecutivo de la entidad de
sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras apuntó que la contratación y
ejecución de las referidas obras han sido abiertamente cuestionadas, y se ha
demostrado que algunos de los adjudicatarios se encuentran en el régimen de
inhabilidades para contratar con el Estado, previsto en el artículo 14 de la
ley de Compras y Contrataciones, y otros tienen un objeto social incompatible
con el contractual.
Reyes advirtió que las contrataciones bajo
cuestionamientos se realizaron luego de declararlas de urgencia, una modalidad
que por su celeridad y carencia de formalidades se presta para la violación de
las estipulaciones de la ley 340-06 y su reglamento de aplicación.
La entidad de sociedad civil se hizo eco de
las informaciones servidas por el periódico Diario Libre que dan cuenta de que
algunos de los beneficiados en el concurso de urgencia que convocó en 2013
el entonces ministro de Salud, Freddy Hidalgo, aparecen en las nóminas de
instituciones del Estado, incluida una persona que, en la actualidad, es parte
de un expediente por corrupción pendiente de decisión en los tribunales.
Luis Rafael Sánchez Esteva quien se
desempeña como director de Cubicaciones del Fondo de Promoción a las
Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), resultó agraciado con un contrato de
RD$44, 901,946.68 para la reparación y mantenimiento, construcción de
laboratorios y dos consultorios en el hospital municipal de El Almirante, en
Santo Domingo Este.
Otro que aparece en nómina, pero ya como
pensionado lo es el señor José Antonio Pérez Jiménez, quien figura desde el
2012, en un expediente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI)
por un supuesto desfalco contra el Estado de más de RD$1,500 millones, Jiménez
ganó el contrato para la reparación general del hospital provincial Nuestra
Señora de la Altagracia, en Higüey, por un monto de RD$46, 297,121.22.
También
resaltó la referida investigación periodística el caso para la reparación del
hospital de Nisibón, en La Altagracia, el agraciado resultó ser el señor Félix
Miguel Núñez Encarnación, con un contrato de RD$50, 367,867.51., empleado hasta
el 2013 en el Ministerio de Obras Públicas, como supervisor en la sección de
tramitación de planos, en San Francisco de Macorís.
Asimismo, el abogado y activista social
reveló que dicha entidad solicitará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, en virtud de la ley de acceso a la información pública, la entrega de
los contratos y los pagos realizados a las empresas contratistas, además
apoderará a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la
Dirección General de Ética y la Contraloría General de la República, para que
realicen las investigaciones de lugar e impongan las respectivas sanciones.
Finalmente la entidad de sociedad civil le
recomendó y advirtió a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del
Estado (OISOE), que al recibir el traspaso de los 56 hospitales de salud
pública, exija un inventario auditado e investigado sobre la ejecución de las
obras, puesto que de lo contrario estaría cargando con todas las
irregularidades y violaciones a las leyes en que se hayan incurrido hasta la
fecha.
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