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lunes, 8 de febrero de 2021

Exequátur y otros documentos podrán solicitarse online y se entregarán en menor tiempo


 

Dirección Jurídica del MSP trabaja en renovación tecnológica para agilizar los procesos

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La ciudadanía podrá solicitar sus exequátur y demás documentos vía online, gracias a los procesos de automatización que está implementando la Dirección Jurídica (DJ) del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de optimizar la entrega de estos documentos.

 

Así lo expresó el doctor Kelvin Peralta, al explicar las nuevas propuestas de la DJ. A través de una sección en el portal web del Ministerio, entre otras opciones, se habilitará una ventana de servicios de dicha dirección, donde el usuario podrá acceder para verificar el estatus de su exequátur, certificaciones u otras solicitudes.

 

“Estamos trabajando arduamente en conjunto con la Dirección de Tecnología para habilitar una sección en el portal web, así como nuevas extensiones telefónicas, números de whatsapp, para buscar la manera de que los exequátur y otros servicios salgan a tiempo, todo esto acompañado de una reestructuración de la dirección”. sostuvo Peralta.

 

Proceso de modernización

 

En la actualidad, la Dirección Jurídica (DJ) se encuentra embarcada en un proceso de sistematización y automatización de sus procesos, para eficientizar la calidad de sus servicios.

 

¨La Pandemia ha planteado un escenario diferente, donde la virtualidad se hace cada vez más presente; desde Jurídica estamos trabajando para habilitar en el portal Web del MSP, un espacio donde la ciudadanía pueda hacer sus solicitudes y darle seguimiento a sus exequátur y certificaciones con tan solo un clip, sin salir de casa¨.- Así lo expresó el doctor Kelvin Peralta, director jurídico de dicha entidad.

 

Dicha dirección tiene diversas funciones, entre ellas velar por el correcto cumplimiento de las normas, contratos, redacción de documentación y asesoría legal, compras y contrataciones públicas, además de contar con enlaces en las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), en las cuales también se implementarán el proceso de automatización.

 

Se divide en varios departamentos: departamento de Litigios; de Resoluciones y Documentación; Relaciones Laborales; de Contratos; Exequátur; y Compras y Contrataciones.

 

Dentro de los procesos que realiza están: asesorar al ministro de Salud en materia legal, dar salida a las actas e impugnaciones de su competencia, velar por el correcto desarrollo de los procesos de Compras y Contrataciones Públicas, acorde a la Ley 340-06, entre otros.


¨Velamos por dar asesoría al MSP en materia jurídica, al tiempo que damos seguimiento a Actas, certificaciones e impugnaciones que se realicen en materia de salud¨. Indicó Peralta.

 

En cuanto a las Direcciones Provinciales de Salud DPS, la dirección tiene asignado abogados especialistas para llevar a cabo los procesos jurídicos en la parte provincial, a los fines de dar respuesta oportuna y, de ser necesario, servir de enlace con la oficina central en el MSP, y brindar asesoría legal a personas de la tercera edad.

 

 

miércoles, 20 de febrero de 2019

Pérez Vólquez deplora siga inconcluso Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo



Santo Domingo, R. D.- El presidente del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Fernando Pérez Vólquez, exigió la terminación de los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo.

Pérez Vólquez  lamentó que tanto el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía como el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, respectivamente, no hayan priorizado la obra que permanece inconclusa desde hace algunos años.

Indicó que el actual palacio de justicia carece de las más mínimas condiciones para ofrecer  una justicia rápida y eficiente a los usuarios.

El destacado Jurista consideró humillante e inhumana la forma en que se imparte justicia en la sede judicial de esa demarcación.

Entiende que esta situación entra en contradicción con la Constitución de la República, “que establece impartir justicia apoyado en la dignidad del ser humano”
“Nosotros queremos llamar la atención de Mariano Germán, honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que terminen los trabajos de construcción del Palacio de Justicia de la Provincia de Santo Domingo”, precisó el también presidente de la Corriente Integridad Jurídica.

Pérez Vólquez  manifestó que urge la construcción de esta obra ya que no pueden seguir impartiendo justicia en lo que anteriormente era un almacén, con espacio reducido, una cárcel en malas condiciones y una Oficina de Atención Permanente situada en un furgón.

Según el proyecto anunciado por el gobierno, se espera que la obra disponga de mil parqueos, cinco pisos de oficinas y  Tribunales Civiles, Penales, Laborales y la jurisdicción inmobiliaria con su registro de títulos, Defensa Pública y el Ministerio Público.

El Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, será levantado en la avenida Sabana Larga de Los Mina. Mientras que el Archivo del Poder Judicial estará en San Isidro por la carretera Mella.


miércoles, 29 de noviembre de 2017

Julio Cury afirma primarias abiertas no son inconstitucionales


SANTO DOMINGO.- El abogado Julio Cury entró al debate abierto en torno a la discutida constitucionalidad de las primarias y aseguró que no existe ningún obstáculo en la Carta Magna para que el legislador fije reglas concretas al funcionamiento interno de los partidos políticos.

 “Más allá de los mínimos del contenido esencial del derecho de asociación, muy específicamente la subjetividad y autonomía de asociación, ámbito en el que no caben injerencias externas, el legislador tiene un amplísimo margen para reglar la existencia de los partidos e imponerle una determina modalidad de selección de los candidatos electorales”, expresó.

El destacado jurista dijo que los partidos son puentes entre el pueblo y el Estado, por lo que el papel regulador del legislador debe asegurar la efectividad de los derechos que le reconoce el art. 216 a los ciudadanos, incluido el de la participación ciudadana, no de militantes o afiliados, en todos los procesos políticos. “La confección de las candidaturas electorales tiene una importancia decisiva en el sistema político, porque equivale a hacer realmente de segundo grado, en vista de que la primera vuelta tiene lugar en el seno de cada partido”, expuso.

Apuntó que si el principio democrático obliga a entender que la titularidad de los cargos públicos solo se legitima cuando deriva, desde el origen, de la expresión de la voluntad popular, y que si las elecciones generales resultan ser una consecuencia inseparable y directa de la selección que hacen previamente los partidos, entonces las primarias abiertas no serían inconstitucionales.

“Si tomamos en cuenta que la selección de los candidatos en fase embrionaria es una actividad fundamental de todo proceso político, y si ponderamos que los partidos están obligados a garantizarle a la ciudadanía el derecho de participar en los mismos, es ilógico sostener que solo los militantes o afiliados pueden expresar sus preferencias respecto de quienes figuren en las boletas internas de los partidos”, dijo el jurista.

Insistió en que el derecho a elegir se construye sobre la premisa previa del derecho a ser elegido del candidato, por lo que las primarias cerradas traducen el art. 22.1 en una expectativa jurídica y no en un verdadero derecho instrumental. “Al ciudadano de a pie apenas se le ofrece la posibilidad de aceptar o rechazar el menú que les ofrecen los partidos, sin intervenir con carácter previo en su confección, de manera que se les condena, como ocurre con las lentejas, a tomarlo o a dejarlo, y eso es indudablemente violatorio de los derechos de participación y de elegir, que se trasladan al capítulo anterior de las elecciones generales”, concluyó.


viernes, 21 de julio de 2017

Trajano Potentini preside mesa sobre Garantías Constitucionales en cónclave internacional


Panamá, viernes 21 de julio de 2017.- El Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), Trajano Potentini participó junto a una nutrida delegación de juristas dominicanos, en el VI Congreso Panameño de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en la ciudad de Panamá los días 19,20 y 21 del presente mes de julio.

La actividad versó sobre el Constitucionalismo Garantista (La Democracia a través de los Derechos), con la representación de unos 10 países de Europa y América, Colombia, Perú, Panamá, Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Paraguay, Chile España, y México.

Potentini presidió y coordinó la mesa y panel de expertos sobre las garantías constitucionales, la cual estuvo integrada por los juristas Hugo Muñoz, de Chile, Juan Antonio Kuan, de Panamá, Alinne Cardim del Brasil, Reyler Rodríguez del Perú, Hugo Contreras Lamadrid y karime Pérez Guzmán, ambos de México y Jovanny Boss Agudelo de Colombia.

El panel recogió y analizó las últimas tendencias del derecho procesal constitucional, tanto en los esquemas internacionales como interno de los diferentes países, destacando el papel de los jueces y cortes, en su rol estelar de garantizar el debido proceso de ley, en consonancia con la protección  de los derechos fundamentales, como presupuesto base del Estado Social y Democrático De Derecho, además de la innegable labor que tienen los juzgadores a la hora de interpretar las normas en correspondencia con el paradigma actual del neoconstitucionalismo.

Trajano Potentini agradeció a los organizadores del evento, en la persona del presidente de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, Dr. Boris Barrios, la distinción y deferencia de que fue objeto al presidir la referida mesa, destacando la trascendencia e importancia del panel y del congreso, como un ejercicio didáctico de experiencias comparadas altamente posiitvas.


La actividad se llevó a cabo en el hotel continental de la Ciudad de Panamá, auspiciada y coordinada por la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, la cual agradeció a la delegación dominicana por su destacada participación y apoyo, en especial a los magistrados del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Rafael Díaz Filpo y Justo Pedro Castellanos, quiénes además de expositores, fungieron  como coordinadores de la delegación, integrada también por el magistrado Justiniano Montero y los juristas Julio Cesar de la Rosa Tiburcio y Heriberto Rivas. 

miércoles, 6 de julio de 2016

Jurista Pancho Álvarez califica de imprudente al condenado Báez Figueroa

                                  
Santo Domingo.- El jurista y miembro del movimiento cívico Participación Ciudadana, Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, calificó de imprudente la actitud del condenado empresario Ramoncito Báez Figueroa, de hacer apariciones públicas a pesar de tener derecho a reivindicarse. 

Pancho Álvarez expresó que el expresidente del quebrado Banco Intercontinental Baninter, fue culpable de haber arrojado a más de un millón 700 mil personas a la pobreza extrema por la sustracción del dinero de los ahorrantes. “La crisis bancaria de esa época fue algo innombrable y que espero no se repita jamás en el país”, resaltó.  

Entrevistado por el periodista Salvador Holguín en el programa Hilando Fino que se transmite por Teleradio América canal 45 de 8 a 9 AM, Pancho Álvarez argumentó que en su momento criticó la decisión de los jueces sobre la condena de 10 años a Báez Figueroa, más el pago de 100 salarios mínimos, la incautación de sus bienes, entre otros, debido a que se le pudo haber dado hasta 20 años de prisión, ya que fue uno de los fraudes corporativos más grande de la historia dominicana.
Se recuerda que según pruebas del Ministerio Público en conjunto con otras autoridades financieras, Ramoncito se adjudicó sumas superiores a los RD$16 mil millones de manera ilícita. Luego de 5 años y 9 meses un tribunal le concedió libertad condicional por buena conducta el 15 de agosto del 2013.

“CONEP confirmó lo que PC había dicho”

El abogado Álvarez aseguró que lo manifestado por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Blanco Canto, respecto al “colapso” del sistema electoral de República Dominicana fue algo que PC había expresado anteriormente, debido a que observó de manera rigurosa el pasado proceso electoral del 15 de mayo. 

Pancho mostró su apoyo y firme decisión al CONEP de participar en el esfuerzo de fortalecer las instituciones y así lograr una democracia con mayor calidad. 

Al referirse a los pronunciamientos realizados por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, sobre las declaraciones de Blanco Canto, el jurista Álvarez indicó que el miembro del Comité Político morado solo quería descalificar al representante del Empresariado Privado Dominicano.

“JCE y TSE se parcializaron en el pasado proceso electoral”

Pacho Álvarez señaló que en los pasados sufragios generales pudo evidenciarse la falta de imparcialidad por parte del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, y  que las más de 300 acciones interpuestas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), reflejan la falta de confianza en dichos órganos.

El representante del derecho explicó que Rosario Márquez prefirió comprar los aparatos electrónicos que se utilizarían para el conteo de los votos, obviando la posibilidad de alquilarlos sin tener en cuenta que con el acelerado avance de la tecnología para las elecciones del 2020 pasarán a ser obsoletos. 

“El director del organismo electoral cometió el error de no respetar la tecnología; un factor tan importante en estos tiempos”, puntualizó Pancho.

Finalmente, Álvarez Valdez exhortó a los dirigentes políticos a acoger la democracia interna en las organizaciones partidarias, para que así pueda propagarse al Estado y a quienes le correspondan dirigir  los próximos gobiernos.



martes, 29 de julio de 2014

Cury propone Estado indemnice por prisión injusta


SANTO DOMINGO, R. D.-El doctor Julio Cury exhortó al Congreso Nacional a legislar para tipificar los errores judiciales que den lugar a indemnización a favor de las víctimas, y de inmediato sugirió incluir el padecimiento inmerecido o injusto de prisión provisional durante el curso de una investigación penal.

Consideró injusto que una persona que no haya tenido participación alguna en la comisión de delitos atribuidos y por los que estuvo privado de libertad, no sea luego indemnizada. Dijo que si se demuestra la ausencia de responsabilidad penal por los cargos que han dado lugar a la privación de su libertad, deben reparársele los daños que le han sido ocasionados.

“La internación de una persona en un centro carcelario, por corta que sea su duración, causa angustia, frustración, desasosiego, perturbación emocional, desprestigio social y la ruptura con el entorno laboral y familiar, efectos todos que tienen sobrada relevancia para ser compensados en las hipótesis que he planteado”, explicó.

Alegó que en el país es fácil disponer de la libertad de personas a través de la prisión preventiva en base a “indicios débiles o inferencias subjetivas” que, según Cury, se prestan en muchos casos a errores en desmedro del derecho fundamental a la libertad individual que el Estado debe preservar y garantizar.

“Cuando el imputado ha sido sometido a prisión preventiva y es luego absuelto por sentencia firme o favorecido con el archivo definitivo del caso, se presume irrefragablemente que no ha violado ley alguna que apareje como consecuencia la sanción que ha padecido, en cuyo caso se impone la reparación integral del perjuicio moral sufrido”, adujo el reconocido jurista.


Agregó que el Estado debe indemnizar todo daño antijurídico que produzca cualquiera de sus autoridades por hechos, actos u omisiones, tales como los errores judiciales y la privación injusta de la libertad. “Siempre he creído que la restricción de un derecho fundamental y consustancial al hombre no debería partir de sospechas o meros indicios, pero sea como fuere, las equivocaciones del aparato punitivo deben comportar consecuencias patrimoniales para el Estado”, aseguró Cury.

miércoles, 18 de junio de 2014

Cury propone admitir amparo contra sentencias


SANTO DOMINGO, R.D.-El doctor Julio Cury propuso legislar para consagrar las hipótesis puntuales en las que procedería interponer acción de amparo contra sentencias que violen o amenacen derechos fundamentales.

Cury dijo que en un Estado social y democrático de Derecho como lo es la República Dominicana, la cosa juzgada es susceptible de ser atacada cuando atente contra derechos fundamentales.

Alegó que “más temprano que tarde” el Tribunal Constitucional será abrumado de trabajo porque actualmente las sentencias firmes sólo pueden recurrirse en revisión constitucional, lo cual, según Cury, ha provocado un alud hacia esa alta corte. 

“Mi propuesta contribuiría a descargar de trabajo al Tribunal Constitucional. Por supuesto, deben limitarse los casos en que procedería el amparo, entre los que debería incluirse cuando no se cuente con otro mecanismo eficaz para restablecer el derecho fundamental violado o cuando trate de evitarse la consumación de un perjuicio irreparable”, explicó.

Dijo que no propone nada nuevo porque hace más de 20 años que en Colombia admite accionar en amparo contra fallos que configuren una vía de hecho. “Si la decisión adolece de defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o de procedimiento, es decir, si el tribunal actúa arbitrariamente, basa su decisión en normas inaplicables o se desvía del procedimiento legal para instruir el litigio, procede el amparo a condición de que un derecho fundamental se encuentre amenazado”.

El reconocido jurista agregó que si un tribunal de fondo incurre en una vía de hecho que por una razón técnica no haya podido ser remediada por la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, debería habilitarse el amparo como remedio procesal siempre y cuando tenga por propósito salvaguardar derechos fundamentales.



martes, 22 de octubre de 2013

Rey Guerra escribe sobre Sentencia y Nacionalidad



Sentencia y nacionalidad
Por Rey Guerra

El tema de la migración haitiana a RD no tiene por que dividir a los dominicanos en pro- haitianos y anti-haitianos. No es una guerra, es simplemente un problema sociopolítico, cuya solución empezó en 2010, con la proclamación de una Constitución Dominicana que aborda y organiza el problema, desde el punto de vista formal. Ahora, lo que falta es que ese régimen nuevo, madure.

Con el paso del tiempo, las generaciones futuras de niños nacidos de ciudadanos extranjeros ilegales bajo ese nuevo régimen, ya no podrán reivindicar la nacionalidad dominicana, la cual no les corresponde. Pero ese es un tema muy distinto a la discusión que nos ocupa en este tiempo, acerca de la sentencia reciente del Tribunal Constitucional.
En relación a la sentencia del TC esta tiene una gran importancia actual y futura en la vida de los dominicanos. La justicia dominicana, entiéndase el aparato judicial, es una de las instituciones peor valoradas y con peor crédito en este país.
La gente no cree en ella, debido a que existe la percepción de que juzga mal y con lentitud en la mayoría de los casos. Y en muchos casos esta percepción es correcta, precisamente por la abundancia de decisiones parecidas a la del Tribunal Constitucional. 
Esta sentencia es mala en el fondo y peor en la forma. En la forma: viola principios jurídicos elementales que deben ser observados por todos los tribunales al momento de administrar justicia,  por ejemplo, no examina la competencia del TC para juzgar el caso que se le sometió, además, la base legal sobre la cual funda su fallo es errada, muy errada, porque primero juzga en base a la Constitución haitiana, arrogándose la competencia de un tribunal internacional, sin serlo y luego, utiliza la Constitución Dominicana de 1929, pero su fallo contradice el contenido de ese texto de ley, y muy especialmente la razón sociopolítica que le da origen, es decir, su espíritu, finalmente, utiliza el principio de legalidad de manera equivocada porque no es aplicable en este caso eso de que "una ilegal no puede producir una legalidad."

En cuanto a la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia, que ahora usa el TC para "legalizar" su decisión, es un adefesio judicial, ridículo y risible. La manera en que esa sentencia pretende reglamentar el tránsito en este país es tan ridícula, que si juristas internacionales la leyeran, se morirían de risa. Un ciudadano en tránsito es un ciudadano con un status jurídico regular, no un ilegal, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y mucho menos puede una persona en tránsito por ningún país del mundo durar treinta años en tránsito.
Esa sentencia, aparte de ridícula, es un acto de mala fe, en contra de un grupo, y en consecuencia, carece de legitimidad y la legitimidad es más importante que la legalidad. 



martes, 15 de octubre de 2013

Jurista considera Derecho a la nacionalidad es fundamental



Ayuso: “Derecho a la nacionalidad es fundamental”

SANTO DOMINGO, R.D.- El jurista José Alejandro Ayuso afirmó hoy que tanto la Declaración Universal como la Convención Americana de Derechos Humanos contemplan “el derecho a una nacionalidad” como un derecho fundamental de la persona humana y que este tiene jerarquía constitucional como los demás derechos esenciales previstos en la Constitución.

“Debió ser tratado como tal y no sólo como una prerrogativa soberana del Estado en el polémico fallo TC/0168/13 del Tribunal Constitucional  del 23 de septiembre de 2013” sostuvo en declaraciones a la prensa el ex vice-ministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios, al referirse al carácter de derecho fundamental que posee la nacionalidad.

La sentencia señala que no les corresponde la nacionalidad dominicana a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, en respuesta al recurso de revisión de amparo interpuesto ante el TC por Juliana Deguis Pierre contra la Junta Central Electoral, respecto a un fallo rendido por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, que le negó el otorgamiento de la cédula de identidad y electoral.

El abogado con maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha en España ponderó los “valientes y bien sustentados en derecho” votos disidentes de las juezas del TC Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel  Bonilla, quienes se apartaron de la mayoría de los jueces que al juzgar el expediente se negaron a interpretar el derecho a la nacionalidad que ha devenido un “derecho fundamental en sí mismo”, “en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos” (principio de favorabilidad o pro homine), como manda el art. 74.4 de la Constitución y el artículo 7.5 de la Ley Orgánica del TC que lo incluye entre “los principios rectores del sistema de justicia constitucional”. 
 
Ayuso, autor de la obra “La Constitución, Derecho Internacional e Integración Supranacional”, también consideró que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conminará al país a restablecer los criterios de interpretación que estableció en el 2005 en la conocida sentencia Yean y Bosico, criterios hermenéuticos que el TC debió acatar en este caso en vez de reinterpretarlos, apartándose, además, de principios cardinales del ordenamiento constitucional como el “respeto a la dignidad de las personas” (art. 5) y de “protección efectiva” de sus derechos fundamentales (art.8). 

El abogado constitucionalista y catedrático universitario entiende que no hay discusión posible en cuanto a lo declarado por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, de que las decisiones del TC “son de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado”, como lo establece el art. 184 de la Constitución. 

Sin embargo, Ayuso precisó que si, como se ha anunciado, la CIDH está o será apoderada del caso, “soy de opinión que el carácter supranacional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos obligará a corregir las múltiples “incongruencias” que han sido detectadas en este fallo por la doctrina jurídica mayoritaria, sobre todo la condenada interpretación restrictiva y con efecto retroactivo del derecho fundamental a la nacionalidad, porque también “constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado, las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos”, como establece el principio de “Vinculatoriedad” previsto en el art. 7.13 de la Ley Orgánica del TC 137-11.