Rey Guerra escribe sobre Sentencia y Nacionalidad

Sentencia y nacionalidad

Por Rey Guerra

El tema de la migración haitiana a RD no tiene por que dividir a los dominicanos en pro- haitianos y anti-haitianos. No es una guerra, es simplemente un problema sociopolítico, cuya solución empezó en 2010, con la proclamación de una Constitución Dominicana que aborda y organiza el problema, desde el punto de vista formal. Ahora, lo que falta es que ese régimen nuevo, madure.

Con el paso del tiempo, las generaciones futuras de niños nacidos de ciudadanos extranjeros ilegales bajo ese nuevo régimen, ya no podrán reivindicar la nacionalidad dominicana, la cual no les corresponde. Pero ese es un tema muy distinto a la discusión que nos ocupa en este tiempo, acerca de la sentencia reciente del Tribunal Constitucional.

En relación a la sentencia del TC esta tiene una gran importancia actual y futura en la vida de los dominicanos. La justicia dominicana, entiéndase el aparato judicial, es una de las instituciones peor valoradas y con peor crédito en este país.

La gente no cree en ella, debido a que existe la percepción de que juzga mal y con lentitud en la mayoría de los casos. Y en muchos casos esta percepción es correcta, precisamente por la abundancia de decisiones parecidas a la del Tribunal Constitucional. 

Esta sentencia es mala en el fondo y peor en la forma. En la forma: viola principios jurídicos elementales que deben ser observados por todos los tribunales al momento de administrar justicia,  por ejemplo, no examina la competencia del TC para juzgar el caso que se le sometió, además, la base legal sobre la cual funda su fallo es errada, muy errada, porque primero juzga en base a la Constitución haitiana, arrogándose la competencia de un tribunal internacional, sin serlo y luego, utiliza la Constitución Dominicana de 1929, pero su fallo contradice el contenido de ese texto de ley, y muy especialmente la razón sociopolítica que le da origen, es decir, su espíritu, finalmente, utiliza el principio de legalidad de manera equivocada porque no es aplicable en este caso eso de que "una ilegal no puede producir una legalidad."

En cuanto a la sentencia de 2005 de la Suprema Corte de Justicia, que ahora usa el TC para "legalizar" su decisión, es un adefesio judicial, ridículo y risible. La manera en que esa sentencia pretende reglamentar el tránsito en este país es tan ridícula, que si juristas internacionales la leyeran, se morirían de risa. Un ciudadano en tránsito es un ciudadano con un status jurídico regular, no un ilegal, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y mucho menos puede una persona en tránsito por ningún país del mundo durar treinta años en tránsito.

Esa sentencia, aparte de ridícula, es un acto de mala fe, en contra de un grupo, y en consecuencia, carece de legitimidad y la legitimidad es más importante que la legalidad.