SANTO
DOMINGO, R. D.-El doctor Julio Cury exhortó al Congreso Nacional a legislar para
tipificar los errores judiciales que den lugar a indemnización a favor de las
víctimas, y de inmediato sugirió incluir el padecimiento inmerecido o injusto
de prisión provisional durante el curso de una investigación penal.
Consideró injusto que una persona que no haya tenido
participación alguna en la comisión de delitos atribuidos y por los que estuvo
privado de libertad, no sea luego indemnizada. Dijo que si se demuestra la
ausencia de responsabilidad penal por los cargos que han dado lugar a la
privación de su libertad, deben reparársele los daños que le han sido
ocasionados.
“La internación de una persona en un centro
carcelario, por corta que sea su duración, causa angustia, frustración,
desasosiego, perturbación emocional, desprestigio social y la ruptura con el
entorno laboral y familiar, efectos todos que tienen sobrada relevancia para
ser compensados en las hipótesis que he planteado”, explicó.
Alegó que en el país es fácil disponer de la libertad de
personas a través de la prisión preventiva en base a “indicios débiles o
inferencias subjetivas” que, según Cury, se prestan en muchos casos a errores
en desmedro del derecho fundamental a la libertad individual que el Estado debe
preservar y garantizar.
“Cuando el imputado ha sido sometido a prisión
preventiva y es luego absuelto por sentencia firme o favorecido con el archivo
definitivo del caso, se presume irrefragablemente que no ha violado ley alguna
que apareje como consecuencia la sanción que ha padecido, en cuyo caso se
impone la reparación integral del perjuicio moral sufrido”, adujo el reconocido
jurista.
Agregó que el Estado debe indemnizar todo daño
antijurídico que produzca cualquiera de sus autoridades por hechos, actos u
omisiones, tales como los errores judiciales y la privación injusta de la
libertad. “Siempre he creído que la restricción de un derecho fundamental y
consustancial al hombre no debería partir de sospechas o meros indicios, pero
sea como fuere, las equivocaciones del aparato punitivo deben comportar
consecuencias patrimoniales para el Estado”, aseguró Cury.
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