Palabras leídas por Miguel Ceara-Hatton en representación
del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados frente a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Casi
desde el inicio del Siglo XVI la Isla de Santo Domingo fue abandonada por
España, ese abandono se convirtió despoblaciones en el SXVII, lo cual dio
origen a la ocupación francesa en el noroeste de la isla y eventualmente a la
creación de la colonia francesa de Saint Domingue que se convirtió en la más
rica colonia francesa durante el SXVIII.
Esa
riqueza se creó alrededor de la producción azucarera, organizada bajo el
sistema de plantación en base a una intensa y cruel esclavitud. La crueldad era
parte constitutiva del sistema de plantaciones, porque era única la forma
posible de que unos pocos miles de propietarios blancos pudieran vivir en medio
de casi 500 mil esclavos.
Mientras
tanto la parte Este de la isla, la parte española languidecía en la más absoluta
pobreza con una economía basada en el contrabando y el corte de la madera.
En
el inicio del SXIX, en 1804 se produce la independencia haitiana con la más
profunda revolución social y racial de las Américas, mientras que en la parte
Este, pasaba de ser un territorio francés a español, pero en el marco del
abandono de los poderes coloniales para ser ocupada por los haitianos en 1822,
quienes en gran medida fueron bien recibidos dada la pobreza generalizada de la
parte Este. Sin embargo, en la medida en que la ocupación se
prolongó y las expectativas de la población no se vieron satisfechas se generó
un movimiento separatista que se consumó en 1844. En ese momento Haití era un
país de casi medio millón habitantes y la República Dominicana apenas pasaba
los 100 mil habitantes.
El
resto del siglo XIX fue de grandes vicisitudes para ambos países, Haití
organizado alrededor de la economía campesina, del café y teniendo que pagar un
alto costo, por haber sido el primer país de esclavos que se independizaba mientras
los dominicanos se organizaban alrededor del tabaco, la explotación de la
madera y la ganadería. Posteriormente en el último cuarto del siglo XIX, empezó
a desarrollarse la industria azucarera basada en la plantación pero en el marco
de una economía capitalista.
Así
el siglo XX se inicia, teniendo Haití el triple de la población dominicana pero
en trayectorias económicas que empezaban a revertirse. La economía dominicana
se aceleraba impulsada básicamente por el azúcar mientras que la economía haitiana
perdía velocidad asociado con el predominio de la economía campesina y los
ciclos del café.
En
la segunda década del Siglo XX ambos países son ocupados militarmente por los
norteamericanos, imponiendo férreas dictaduras militares en ambos países pero
con resultados económicos diferentes.
En
dominicana se desarrolla una infraestructura productiva y se consolida la
producción azucarera mientras que en Haití los resultados económicos de la
ocupación fueron más exiguos y los excedentes se utilizaron para pagar la
deuda.
De
ese modo ya en 1916, República Dominicana tenía un intercambio comercial con el
mundo que era 1.5 veces más grande que el intercambio comercial de Haití con el
mundo y partir de la segunda década del SXX la brecha entre los dos
países empezó a crecer aceleradamente.
En
1947 una misión de la ONU reconocía en Haití el país del PIB per cápita más
bajo de América.
En
1950, Haití seguía teniendo una población que era 1.5 veces más grande que la
dominicana, pero Dominicana tenía un PIB real que era 1.4[4] veces superior al haitiano,
exportaba al mundo 2.3 veces más e importaba 1.4 veces más que Haití.
Estas
diferencias en los niveles de actividad económica explican el flujo migratorio
de los haitianos hacia República Dominicana.
La
industria azucarera tuvo un crecimiento impresionante. La cual fue inicialmente
propiedad extranjera, luego en los años 50 pasó a manos del dictador Trujillo y
finalmente pasó a manos del Estado en 1961.
Esa
industria utilizó intensamente a los braceros haitianos, creándose un sistema
donde intervenían los estados, las élites políticas y militares de ambos
países, así como las dos empresas privadas dedicadas a la producción azucarera
en Dominicana.
El
sistema implicaba la importación anual de miles de braceros que quedaban
inmovilizados y bajo control en las grandes plantaciones azucareras,
produciéndose todo tipo de injusticias y exclusiones, cuya expresión visible ha
sido el batey.
Es
a finales de la década del 30 del Siglo XX, con la matanza de varios miles de
haitianos durante la dictadura de Trujillo cuando empieza una activa
construcción de la identidad dominicana como negación de lo haitiano. Cuando a
la “raza negra” del haitiano se le opone la “raza blanca del dominicano”. Al
vudú se le opone el catolicismo y a la africanía se le opone la hispanidad.
Esa
ideología se refuerza en la década del 40 y 50 del Siglo XX, con los intentos
de Trujillo de “blanquear la raza” mediante la promoción de migraciones de
europeos.
Sin
embargo, en las décadas siguientes (del 60 a finales del 80) el tema se diluye,
por lo menos como parte del debate público, los elementos racistas estaban
incorporado en la cultura dominicana, expresado básicamente como un
antihaitianismo. Las tensiones anti haitianas del lado dominicano permanecieron
latentes con excepción de brotes esporádicos de conflictos fronterizos aislados
y en otros casos se produjeron conflictos de mayor envergadura que involucraban
a ambos gobiernos con amenazas que subían de tono pero luego bajaban de nivel.
Era una relación “cordialmente tensa”.
Tras
casi un siglo de inmigración esencialmente indocumentada se produjo
prácticamente tres generaciones de dominicanos descendientes de inmigrantes.
Esos dominicanos hijos de braceros inmigrantes, permanecían sujetos a las
reglas del batey azucarero, siendo vulnerables a toda suerte de injusticias y
exclusiones, en un hábitat de pobreza extrema.
La
crisis de la economía azucarera dominicana en la década del ochenta del siglo
pasado, comenzó a modificar el cuadro descrito, pues la inmigración se vinculó
a la agricultura no azucarera y penetró en las zonas urbanas, sobre todo en la
actividad de construcción y el sector informal urbano. Por otro lado, la
sociedad dominicana se hizo más abierta y plural, visibilizándose en
consecuencia el fenómeno migratorio.
La
población de descendiente de haitianos, nacidas en el territorio nacional se
integró plenamente y se asumió como dominicana, pues la mayor parte de ellos se
había documentado según las prácticas de la época.
En
1994 vuelve otra vez a tomar impulso la ideología del nacionalismo y racismo
anti haitiano, pero esta vez es impulsado por el Presidente Balaguer que se
inventó un supuesto plan de fusión de la Isla, señalando que José Francisco
Peña Gómez, el líder político de la oposición y de origen haitiano era el
instrumento para ese fin.
Esa
visión “ultranacionalista y racista” de la cuestión haitiana se refuerza en la
campaña electoral de 1996, pero esta vez de la mano del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) y de grupos de ultraderecha asociado a ese partido
que volvieron a impulsar la xenofobia como parte de la campaña política. En los
años siguientes, el PLD nunca se distanció de los nacionalistas
ultraderechistas que cada vez fueron imponiendo una agenda conservadora.
Así
la Ley de Migración 285-04 pretendió desconocer tres generaciones de
dominicanos de descendencia haitiana, reinterpretando el concepto de tránsito
del artículo 11 de la Constitución del 2002, según la cual la inmigración
irregular estaba en “tránsito”.
Esta
interpretación fue objeto impugnación y la Suprema Corte de Justicia en 2005
legitimó la interpretación “tránsito” como la condición de los inmigrantes no
residentes, convirtiendo en “personas en tránsito” a miles de inmigrantes y sus
hijos que tenían tres generaciones residiendo en el país.
En
el 2005, la sentencia de la CIDH relativas a Jean y Bosico sentó jurisprudencia
en cuanto que: primero, el
estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento
de la nacionalidad por el Estado. Segundo, que el estatus migratorio de una
persona no se trasmite a sus hijos, y tercero, que la condición del nacimiento
en el territorio es la única a ser demostrada para la adquisición de la
nacionalidad.
No
obstante la Junta Central Electoral en 2007 comenzó a negar y/o quitar
documentos a la población de descendientes, que por derecho eran dominicanos de
nacimiento. Se les quitaban documentos de identificación, se les negaba la
entrega de actas de nacimiento y en general se tendía a borrar por medios burocráticos
la condición de ciudadanos dominicanos a miles de descendientes de inmigrantes.
En
tales condiciones, en el 2010, la reforma constitucional estableció un nuevo
criterio para otorgar la nacionalidad dominicana, según la cual los hijos de
inmigrantes irregulares no podían beneficiarse de la nacionalidad dominicana,
pero reconocía que quienes hasta ese momento tenían la nacionalidad dominicana
continuarían ejerciendo ese derecho.
En
2013 el Tribunal Constitucional hace una interpretación in extremis y
hace retroactivo ese precepto constitucional, con lo cual desnacionaliza en la
práctica a miles de descendientes de inmigrantes desde 1929 en adelante.
Lo
expuesto demuestra, que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, es el
producto de una larga cadena de exclusiones sociales y económicas, violaciones
al sistema jurídico en materia de derechos y, en general, refleja el régimen de
exclusión social en que vive la sociedad dominicana pero que ha llegado al
extremo con los dominicanos de descendencia haitiana.
Muchas
gracias
