El Estado asume control del sistema semafórico nacional

El compromiso de esta administración con la transparencia y la rendición de cuentas es inquebrantable. Como servidores públicos, es nuestro deber informar a la ciudadanía sobre cualquier incidente que afecte el normal funcionamiento de los servicios esenciales.

 

En este sentido, es de conocimiento público que los días 28, 29 y 30 de agosto, la red semafórica del Distrito Nacional se vio gravemente afectada en sus principales intersecciones.

 

Todo comenzó la noche del 27 de agosto, cuando técnicos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) detectaron que la empresa Transcore Latam SRL, contratada para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, estaba reemplazando dispositivos y reguladores sin la debida autorización.

 

Estos trabajos, realizados sin el consentimiento del INTRANT, violaron los acuerdos institucionales establecidos.

 

Al ser notificada de inmediato sobre esta situación, en lugar de rectificar, la empresa Transcore decidió cesar unilateralmente todos sus servicios al INTRANT a las 10:44 p.m. del mismo 27 de agosto, notificando esta decisión a través de un chat interno entre sus técnicos y funcionarios del instituto.

 

Este acto irresponsable e intempestivo provocó un caos vial en los días siguientes, afectando inicialmente 29 intersecciones críticas y escalando hasta alcanzar 55 intersecciones en todo el Distrito Nacional.

 

Ante la gravedad de la crisis y el evidente riesgo a la seguridad pública, el INTRANT tomó medidas inmediatas. En la noche del jueves 29 de agosto, por primera vez desde la firma del contrato con Transcore, el INTRANT decidió intervenir directamente los semáforos.

 

Un equipo técnico de emergencia abordó la situación, tomando control de seis nodos de comunicación por fibra óptica que gestionaban los semáforos bajo el control exclusivo de la empresa.

 

En una operación estratégica, los técnicos del INTRANT, apoyados por las fuerzas de seguridad, lograron tomar control del sistema. Durante las siguientes 48 horas, se trabajó incansablemente para recuperar la funcionalidad de la red, que operaba bajo una lógica completamente descentralizada y exclusiva de Transcore. Finalmente, el sistema fue recuperado y ahora se encuentra bajo control estatal.

 

Si bien el sistema está funcionando nuevamente, persisten desafíos técnicos y vulnerabilidades que requieren nuestra atención. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna del INTRANT, se evitó un colapso mayor.

 

Medidas Adoptadas:

 

1. Rescindir de manera inmediata el contrato firmado con Transcore Latam SRL, el 19 de junio de 2023, relacionado con la modernización y gestión del sistema semafórico del Gran Santo Domingo, así como cualquier otro derivado del mismo, con todas las consecuencias legales pertinentes.

  

2. Mantener y fortalecer el control del sistema semafórico nacional bajo la administración directa del Estado dominicano, a través del INTRANT.

 

3. Solicitar una investigación al Ministerio Público sobre los hechos descritos en esta declaración para determinar las responsabilidades correspondientes.

 

Presidente Abinader instruye realizar primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado Dominicano

Este censo se llevará a cabo del 3 al 21 de julio y sus resultados proveerán -por primera vez en la historia- una comprensión profunda del patrimonio tangible e intangible del Estado Dominicano

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Presidente Luis Abinader instruyó a la Dirección General de Bienes Nacionales llevar a cabo el primer censo nacional de bienes inmuebles del Estado Dominicano, un histórico movimiento que tiene como objetivo principal la catalogación y valoración de la totalidad de los bienes inmuebles estatales.

 

La realización de este censo se enmarca dentro del objetivo del presidente Luis Abinader de dotar al Estado Dominicano de cada vez mayor transparencia para beneficio de todo el país.

 

Se tendrá registro detallado

 

Este ambicioso proyecto, que se desarrollará del 3 al 21 de julio, permitirá tener un registro detallado y fidedigno del capital inmobiliario de la nación, que hasta la fecha no ha sido precisamente cuantificado.

 

El resultado de este censo ofrecerá una imagen clara y completa de los activos inmobiliarios del Estado, que incluyen: bienes y edificaciones del Gobierno Central, edificaciones de instituciones descentralizadas, infraestructuras vitales como las viales, hidráulicas y eléctricas, instituciones mixtas con el Estado, acciones inmobiliarias mixtas con el Estado, bienes mineros propiedad del Estado y tierras propiedad del Estado Dominicano, entre otros.

 

Para este proyecto, se ha diseñado un plan de ejecución que incluye la implementación de una tecnología especializada para el almacenamiento, seguimiento y control de la información obtenida. Este sistema de gestión de proyectos permitirá un manejo eficiente y continuo de los datos.

 

Censo en tres fases

 

El censo se desarrollará en tres fases clave. La primera fase consistirá en el levantamiento de información de todas las propiedades estatales. La segunda fase será el censo físico de los bienes inmuebles del Estado Dominicano, que permitirá confirmar y complementar la información recolectada en la primera fase. Finalmente, en la tercera fase se presentarán los resultados del censo.

 

En una visión a futuro, se espera que este censo facilite la creación de normativas que aseguren la automatización del sistema. De este modo, todos los bienes adquiridos por el Estado Dominicano se registrarán mensualmente en tiempo real, al igual que los bienes que salgan del sistema estatal.

 

Censo marcará un hito

 

Este censo nacional de bienes inmuebles es una iniciativa que marca un hito en la historia de la administración de los bienes del Estado Dominicano, estableciendo un precedente de transparencia y responsabilidad en la gestión de los activos nacionales.

 

Entidades oficiales construyen la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Por Luis Anibal Medrano S.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA), realizó recientemente una nueva mesa de trabajo con el objetivo de seguir construyendo el borrador de ley para la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

 

En esta ocasión la mesa fue encabezada por el ministro de la entidad, doctor Miguel Ceara Hatton, el administrador general de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), ingeniero Rafael Salazar; el ingeniero René Mateo, vice ministro de Suelos y Aguas del MIMARENA, entre otras importantes autoridades de diferentes entidades ligadas al sector agua.

 

Los diversos organismos oficiales autónomos y semiautónomos han venido aportando a la creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que induciría a una redefinición de la regulación del sistema hídrico del país.

 

Los expertos en la materia de esas entidades, trabajan minuciosamente en los elementos contentivos de dicha ley para establecer responsabilidades y deslindando las atribuciones y competencias de las instituciones que en la actualidad componen el sector agua de la República Dominicana.

 

La creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se enmarca dentro de los nuevos objetivos de equidad y sustentabilidad ambiental que ahora se asocian al logro de un desarrollo sustentable, lo que ha generado la búsqueda de redefinición de los organismos públicos y grandes cambios en los papeles tradicionalmente asumidos por el Estado. 

 

Director de Compras y Contrataciones: Productores deben interesarse cada vez más por ser proveedores del Estado

 

Carlos Pimentel considera que uno de los ejes fundamentales es la planificación, y que los productores deberían analizar todos los planes para negociar con instituciones estatales.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que de 167,430 contratos que se firmaron en el Estado durante el período 2019-2021 relativo a bienes, servicios y obras, por un monto cercano a los 292 mil millones de pesos, tan solo el 4.5 por ciento fue adjudicado al sector agropecuario, mientras que un 17% correspondió a mujeres proveedoras.

 

Indicó que de los contratos adjudicados en el presente año, transados a través del Portal Transaccional, el sector agropecuario fue favorecido con RD$2,798 millones de un monto total de más de RD$63,446 millones en 43,089 contratos adjudicados.

 

Pimentel participó como orador invitado al encuentro sobre Políticas Públicas que cada miércoles organiza la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO), con miras a su Segundo Congreso a realizar del 12 al14 de noviembre próximo, y que contó con la participación de los principales directivos de la entidad, encabezado por su presidente, Wilfredo Cabrera.

 

El director de Compras y Contrataciones expresó que como el mayor comprador es el Estado dominicano, y que el 32% del Presupuesto General de la Nación está destinado para adquirir bienes, servicios y obras, “qué podemos hacer para abrir y democratizar el mercado público, para apoyar los sectores productivos, para generar empleos, y para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos”.

 

Dijo que en la presente administración de gobierno ha habido un incremento de 153% de proveedores del Estado, y al respecto agregó que los nuevos suman más de 13 mil, además de aportar el dato de que cada vez más las instituciones están haciendo transacciones con las mipymes.  

 

Afirmó que la Dirección de Compras y Contrataciones está impulsando un conjunto de iniciativas, en coordinación con sectores que contribuyen a dinamizar la economía para generar empleos.

 

“Cuando hablamos de contrataciones, está referido a los mecanismos de fomentar la transparencia y control”, y que se persigue que las contrataciones puedan abarcar todo el territorio nacional,  además de que “podamos seguir avanzando en lo que denominamos desde el inicio democratizar las compras de la República Dominicana”, afirmó.

 

Consideró que los sectores productivos tienen que canalizar todos los planes de instituciones como Inespre, hospitales, ayuntamientos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comedores Económicos.

 

Puso de ejemplo que los hospitales compran todo tipo de productos agropecuarios, como arroz, yuca, plátanos, cebolla, yautía, batata, entre otros.

 

Al referirse a Inespre, refirió que este debe revisar la ley que lo creó, que data de hace mucho tiempo, y dijo que esta institución está para intervenir cuando hay sobreproducción o especulación con productos de primera necesidad, debido a que la Ley 340, que rige a Compras y Contrataciones, está para procesos competitivos.

 

Dijo que las compras públicas tienen una mirada en todo el territorio nacional, pero que antes solo se concentraban en el Gran Santo Domingo y Santiago.

 

Expresó que la orientación estratégica de las compras públicas deberá tener primero el horizonte de lo previsto en la Estrategia Nacional de Desarrollo (ENDA 2020-2030). “Pero no estoy viendo únicamente las disposiciones de la ENDA que están vinculados al tema del fortalecimiento institucional, o temas de las medidas preventivas de corrupción, o fortalecimiento de los órganos de control”.

 

Dijo asimismo que la ENDA 2020-30 establece que se tienen que desarrollar los sectores productivos, generar más empleos, tener mayor capacidad competitiva, por lo que esta debe ser el enfoque a desarrollar en procura de tener un enfoque estratégico de las compras públicas.

 

De igual manera, refirió que lo previsto en los lineamientos del programa de gobierno, que ya se traduce a los lineamientos programáticos del plan pluri anual  y una mirada a las metas presidenciales.

 

“Si vamos a hablar de compras públicas desde una política de desarrollo de políticas públicas, uno de los ejes de articulación fundamentales es la planificación. Si queremos dirigir procesos a la producción nacional, la planificación es fundamental”, aseguró.

 

Mientras que el presidente de Confenagro, Wilfredo. Cabrera,  consideró que las compras y contrataciones del Estado debe estar dirigida a beneficiar la producción nacional.

 

 “Los productores por primera vez estamos involucrados en tratar de incursionar en las diferentes entidades del gobierno, a fin de que puedan comprar productos primero directamente de manos del productor. Por qué? Porque se beneficia primero el gobierno y el consumidor, porque se van a comprar a precios muy bajos.

 

Asistieron a la actividad Eric Rivero, ex presidente de Confenagro y presidente de Aproleche; Fernando Taveras, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos; Hecmilio Galván e Isidoro de la Rosa, vicepresidentes de Confenagro; Pedro Musa, director de Relaciones Públicas, entre otros. 

 

 

Rijo Presbot: “por primera vez proyectos de inversión del PGE 2022 surgieron de Consejos de Desarrollo Provinciales”

 

Para el año 2022 el Presupuesto del Estado estará vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo y programa de Gobierno

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Durante un encuentro con periodistas, el director general  de Presupuesto, José Rijo Presbot, indicó que el 94.9% de los proyectos de inversión pública que incluye el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022, están vinculados a los Consejos de Desarrollo Provinciales.

 

Es decir que, surgieron de las reuniones del presidente Luis Abinader con juntas de vecinos y Consejos de Ministros Provinciales.

 

En ese mismo orden, Rijo Presbot dijo que, “el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2022 evidencia una clara vinculación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el programa de Gobierno del Cambio y su correspondiente instrumentalización en un Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2021- 2024.”

 

Se recuerda que el presidente Abinader ha destinado numerosos encuentros provinciales entre autoridades del Gobierno y líderes comunitarios a nivel nacional y que semanalmente se producen encuentros con juntas de vecinos de distintas comunidades, con el objetivo de atender las necesidades de cada lugar y su gente. Resultado de ello, se evidencia en la vinculación del Presupuesto para el año próximo y el cumplimiento del plan de Gobierno.

 

Las declaraciones de Rijo Presbot se dieron durante un encuentro para presentar a los periodistas de distintos medios, el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2022 y fue realizado en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), junto a un equipo de técnicos y especialistas en Presupuesto de la institución.

 

En el encuentro, Rijo Presbot presentó los principales puntos y partidas que incluye el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el 2022 entre los que destacó Salud, Justicia, Seguridad Social y Educación.

 

Detalles sobre el proyecto de Ley de PGE 2022

 

Rijo Presbot explicó que para el 2022 el Presupuesto garantiza recursos para el derecho a la salud y universalización de la Seguridad Social, como uno de los ejes principales. Destinando para la construcción, reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria RD$ 4,569.4 millones.

 

El director de Presupuesto expresó también que, “este Gobierno apuesta a una educación pública de calidad, fortalecimiento de la infraestructura escolar y construcción, reconstrucción y mejoramiento de edificaciones, para lo que se consignan RD$11,201.3 millones.”

 

Dijo además que, 600 mil niños, niñas y adolescentes recibirán servicios sociales de apoyo estudiantil y 32,500 estudiantes de segundo ciclo de secundaria tendrán participación en actividades extracurriculares.

 

De igual manera, el Proyecto de Ley de Presupuesto General contempla atención integral a un total 130,296 adultos mayores, con un monto asignado de RD$ 1,510.8 millones.

 

 

 

 

Poder Ejecutivo anuncia próximo lunes levantará estado de emergencia y toque de queda

 

Se anunciarán nuevas medidas de protección para la COVID-19 la próxima semana

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Poder Ejecutivo anunció este miércoles el levantamiento del estado de emergencia, el cual se efectuará el próximo lunes 11 de octubre de 2021 y que conlleva el levantamiento del toque de queda en el territorio nacional  y las restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión.

 

El Gobierno ha tomado la decisión de no solicitar nuevamente la autorización para prorrogar el estado de emergencia, para lo cual tiene oportunidad hasta el día de hoy, 6 de octubre, de conformidad con la ley 21-18 que regula los estados de excepción.

 

El anuncio fue dado en una rueda de prensa en el salón Orlando del Palacio Nacional, por el consultor jurídico, Antoliano Peralta, la subconsultora, Noelia Rivera y el abogado Noel Sued Canahuate.

 

Más adelante, esta misma semana, el Gobierno anunciará nuevas medidas, así como el marco jurídico en virtud del cual serán adoptadas, pero adelantamos que se mantendrán el uso obligatorio de mascarillas y los protocolos de distanciamiento físico, así como el esfuerzo del Gobierno y la sociedad para vacunar contra la COVID-19 a la mayor cantidad de personas y en el menor tiempo posible.

 

El territorio nacional fue declarado en estado de emergencia el 20 de julio de 2020, en virtud de la resolución 70-20 del Congreso Nacional y el decreto 265-20 del Poder Ejecutivo. Su última prórroga fue autorizada y declarada hasta el próximo lunes 11 de octubre, en virtud de la resolución 323-21 y el decreto 528-21, respectivamente.

 

Gracias a las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia se ha logrado controlar y mitigar los efectos de la pandemia de la COVID-19, por lo que, desde el 3 de julio de este año, el Gobierno implementó el Plan de Flexibilización de las Medidas Restrictivas, consistente de 3 fases sucesivas para procurar una reapertura gradual y segura.

 

En ocasión de la tercera y última fase del referido plan de flexibilización, desde el pasado 21 de julio de 2021, se ha levantado el toque de queda en aquellas demarcaciones territoriales en las que el 70% de su población ha recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Asimismo, a través del Plan Nacional de Vacunación, se ha logrado inocular en el territorio nacional a casi el 60% de la población meta.

 

En vista del avance progresivo en la vacunación de la población nacional, así como del contacto natural que parte de la población restante ha tenido con el virus, el momento es oportuno para recurrir a medidas alternativas recomendadas por la OMS y otros organismos internacionales especializados, las cuales restrinjan a las personas que se encuentran ya vacunadas lo menos posible en sus actividades habituales y que no requieren de la vigencia de un estado de emergencia para su adopción.

 

ADOPAE cuestiona mientras alarma la vulgaridad en la música urbana el Estado invierte menos en el sector cultural

 

La entidad que preside Severo Rivera se opone a la censura previa y recomienda definir políticas culturales dirigidas a disminuir la calidad de los contenidos que circulan en redes y medios de comunicación.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (ADOPAE) consideró que mientras la sociedad dominicana se alarma por el contenido soez en la música y los medios, en los últimos cinco años ha disminuido de manera sostenida las partidas del Ministerio de Cultura.

 

La revelación la hizo ante la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, durante una comparecencia en la que la entidad fijo posición sobre la vulgaridad en la música urbana, redes sociales y los medios de comunicación.

 

“La inversión del Estado en el sector cultural es exigua, menos del 0,03% del PIB, y se estima que más del 70% del presupuesto anual se va en nóminas y compromisos burocráticos del Ministerio de Cultura”, sostuvo.

 

ADOPAE cuestiona que el presupuesto del Ministerio de Cultura esté concentrado, en un elevado porcentaje en el Distrito Nacional, con poco apoyo a las academias, escuelas y agrupaciones artística, debido a que no se definen las prioridades. Indicó que lo que se invierte, se hace principalmente en eventos en salas a la que solo tiene acceso una élite de esta demarcación.

 

La entidad que preside el periodista Severo Rivera cuestionó el hecho de que cada año, el Ministerio de Cultura ha recibido una reducción de 300 millones de pesos durante el último quinquenio. Este año ha sido de 400 millones, lo que consideran como nocivo, mientras abundan las quejas por la degradación del contenido cultural.

 

Ni censura previa ni represión contra urbano

 

 

La ADOPAE planteó, ante la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que no es partidaria que una legislación establezca la censura previa a la música urbana o en los medios de comunicación con el pretexto de combatir el lenguaje vulgar que preocupa a muchos sectores de la sociedad.

 

La entidad que preside Severo Rivera también fijó su posición en torno a las canciones de exponentes urbanos, caracterizadas por un contenido soez y ofensivo, un tema que es de interés de la referida comisión que preside el diputado Elpidio Báez.

 

Sobre ese particular, la entidad que periodista Severo Rivera exhortó a los diputados a actuar con cautela al aprobar cualquier legislación “que el conglomerado de exponentes urbanos pueda entender que la exclusión social de la que han sido víctimas se va a incrementar con legislaciones represivas que a la postre podrían resultar absurdas”.

 

Indicó que esa música, además, no usa los medios convencionales para promoverse y monetizarse, sino plataformas de redes sociales, hasta las cuales resulta muy difícil a un estado imponer sanciones, por lo que legislar en ese sentido podría convertirse en un sin sentido.

 

“Tampoco postulamos la idea de que las instancias del Estado y gubernamentales sigan indiferentes a un fenómeno que podría repercutir en la desorientación de las presentes y futuras generaciones”, expresó ADOPAE.

 

ADOPAE expuso que sería necesario implementar desde las instituciones del Estado programas especiales y urgentes que permitan mejorar la calidad de la educación, haciendo énfasis en la educación artística, propiciando una formación más integral de las nuevas generaciones.

 

Sugirió que para hacer más eficientes esas políticas culturales la Cámara de Diputados ponga en agenda la Modificación de la Ley que crea el Ministerio de Cultura, pendiente desde la aprobación de la Constitución del año 2010.

 

Indica que se requiere de una Ley de Cultura que proporcione una visión más multicultural y de mayor compromiso con el progreso y desarrollo de los dominicanos, haciendo énfasis en la formación de un público que sepa apreciar las artes y, por lo tanto, esté menos expuesto a los antivalores que abundan en redes sociales y medios de comunicación.

 

“De igual forma, entendemos prudente, la creación de un código de comunicación que fortalezca la libertada de expresión, y a su vez que establezca el alcance del mismo, que preserve los valores y contribuya a la protección del contenido que puedan impactar a niños, niñas y adolescentes”, añadió.

 

“ADOPAE se opone tajantemente y por esencia, contra las limitaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, nos preocupan las expresiones soeces y agresivas dirigidas al espectador o al radioyente, desde los medios tradicionales”, manifestó.

 

La entidad periodística critica que el Estado, a través de sus instituciones culturales no haya hecho nada ante el fenómeno de la vulgaridad en la música y los medios, y cuando se puede hacer correcciones a través del diálogo con sectores como propietarios de planta televisoras, radiodifusoras, y gremios de influencers, locutores, artistas, autores y compositores, periodistas y otros comunicadores.

 

Indicó que en este rol, el Ministerio de Cultura, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, y otras instancias del Estado, pudieran promover ese diálogo para disminuir la vulgaridad en la música y los medios de comunicación.

 

“ADOPAE fue creada por un grupo de profesionales del periodismo que hemos creído que no debemos rendirnos ante la tendencia a degradar el ejercicio periodístico y para encarar el desafío que representa la degradación de los contenidos en los medios, y estamos dispuestos a hacer nuestro aporte en esta tarea”, concluyó.

 

Estado paga más de RD$ 84 mil millones en programas de ayudas COVID-19

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Más de 84,000 millones de pesos ha desembolsado el Estado dominicano, a través de la Tesorería Nacional, en los diferentes programas de ayudas por el COVID-19 implementados por el presidente Abinader desde el 17 de agosto del 2020 hasta el mes de junio del presente año.

 

“Por el programa Fase, pagamos RD$ 29 mil 361 millones  730mil 311 pesos con 83 centavos. Para el programa Pa Ti, RD$ 3 mil 832 millones 140 mil pesos, y para el sector turismo mediante el denominado Fase Sector Turismo se pagó RD$ 41 millones 201 mil 363 pesos con 89 centavos y para Quédate en Casa RD$ 51 mil 567 millones 595 mil 350 pesos, para un total de RD$ 84,802,667,025.72”, reveló el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez. 

 

Esos desembolsos realizados en el presente Gobierno reiteran el compromiso de las autoridades de ir en auxilio de los que menos tienen para evitar profundizar sus niveles de pobreza, agregó.

 

“Los sectores más vulnerables del país deben saber que en el Presidente Luis Abinader tienen un aliado para enfrentar la actual coyuntura que estamos viviendo por esta terrible pandemia del COVID-19 y nunca serán abandonados a su suerte”, aseguró el Tesorero Nacional.

 

Además de las ayudas económicas, el actual Gobierno, a través del Gabinete de Salud dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña, ha aplicado medidas específicas con el fin de disminuir el avance del COVID-19, como son el abastecimiento de pruebas PCR, vacunación y contratación de más de 1,000 médicos.

 

También han sido habilitados más de 17 laboratorios públicos y privados en todas las regiones, para agilizar la aplicación de las pruebas, y se incrementó la disponibilidad de camas, además de contar con la participación de los ayuntamientos y organizaciones sociales, entre otras medidas.

 

 

Presidente Abinader califica de actitud patriótica recuperación de los terrenos del Estado

 

Juramenta Comisión Recuperación Terreno del Estado

 

Patrimonio a favor del pueblo

 

SANTO DOMINGO, R. D.- “Es necesario que el patrimonio común de los dominicanos sea explotado a favor del pueblo, pero, sobre todo, para aquellos que más necesitan un espacio donde vivir o trabajar, advirtió el presidente Luis Abinader.

 

El jefe de Estado hizo el señalamiento al juramentar este miércoles la Comisión de Recuperación de Terrenos del Estado en el Palacio Nacional.

 

“Esta comisión asume la misión de inventariar todos los terrenos propiedad del Estado, auditar las operaciones inmobiliarias de que han sido objeto, y determinar la vocación de uso de éstos”, dijo el presidente Abinader.

 

Consideró importante hacer eficientes los actos de levantamientos, modificaciones y actualizaciones parcelarias que permitan regularizar dichos terrenos y su tenencia, así como decidir sobre su aprovechamiento por parte de otras instituciones del Estado.

 

El presidente Abinader dijo que en interés de dar un paso más e ir más rápido, el Gobierno ha decidido ampliar el radio de acción de la Comisión Evaluadora de los Terrenos Registrados a nombre de los Ingenios Azucareros del Consejo Estatal del Azúcar para que su objeto abarque todos los terrenos propiedad del Estado.

 

El primer mandatario recordó que tradicionalmente los terrenos que constituyen parte del patrimonio público han estado en manos de particulares y en muchos casos han sido objeto de un uso inadecuado y subutilizados.

 

“Hoy es uno de eso días en los que se constata que con acciones decididas y políticas planificadas se pueden ensanchar los márgenes de un país y hacerlo más justo, inclusivo y efectivo”, manifestó Abinader.

 

Planteó que el Estado está llamado, constitucionalmente, a proteger y garantizar el derecho de propiedad y promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada.

 

En ese sentido, indicó, han desplegado desde el gobierno una intensa actividad que nos ha permitido ya titular miles de viviendas y terrenos en todo el país.

 

“Este es un programa del que me siento realmente orgulloso porque mejora directamente la calidad de vida de la gente y les da certidumbre y esperanza a sus vidas”, expresó el mandatario.

 

Actitud patriótica

 

El presidente Abinader llamó la atención sobre la importancia de la labor que se pone en manos de la Comisión y exhortó a sus integrantes a que, en una actitud patriótica, pongan todo su empeño en lograr el objetivo planteado.

 

“Como les he mencionado al principio, está en nuestras manos hacer más grande este país, más justo y más eficiente”, enfatizó.

 

Reconoció que el camino es duro, pero la meta es irrenunciable, por lo que todos tienen que cumplir con su deber.

 

La Comisión

 

La Comisión de Recuperación de Terrenos Estado estará presidida por Rafael Presbiterio Mejía Guerrero y lo acompañaran; Jhon Richard Paniagua Feliz, quien fungirá como secretario ejecutivo. 

 

El equipo que acompañará a la comisión lo componen, Francisco José Torres Álvarez; el director general de Bienes Nacionales, César Cedeño; Mérido Torres, director de la Comisión Permanente de Titulación del Estado; el director general del Catastro Nacional, Héctor Pérez Mirambeaux; el director general del Instituto Agrario Dominicano, Danilo del Rosario; el contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano.

 

Acompañaron al presidente, Antoliano Peralta, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y Efren Cuello, enlace del Poder Ejecutivo con la Comisión Permanente de Titulación