Poder ejecutivo dicta reglamento relativo a la supervisión y regulación del béisbol en la República Dominicana

SANTO DOMINGO, R. D.- El Poder Ejecutivo, mediante Decreto núm. 601-26, del 26 de agosto de 2026, aprobó el Reglamento para la Supervisión del Béisbol Profesional y Recreativo y de las Academias, Ligas y Programas de Desarrollo en la República Dominicana.

 

Su finalidad es ordenar la práctica del béisbol, proteger los derechos de sus participantes y establecer reglas de supervisión aplicables a ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, scouts y demás actores vinculados a esta actividad.

 

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, órgano funcionalmente desconcentrado del Ministerio de Deportes y Recreación, constituye la autoridad competente para ejercer estas funciones.

 

El Reglamento establece principios de legalidad, integridad deportiva, transparencia, debido procedimiento administrativo, protección de los atletas, interés superior del menor de edad, igualdad de oportunidades, seguridad, prevención de conflictos de interés y buena fe.

 

También organiza la Dirección del Comisionado mediante una Dirección Ejecutiva y dos áreas sustantivas: la Dirección Técnica, encargada principalmente de supervisión técnica, infraestructura, academias, entrenamiento, seguridad y dopaje; y la Dirección de Regulación del Béisbol, responsable del registro y supervisión administrativa de los actores del sector.

 

Un elemento central es el Registro Nacional del Sistema de Béisbol, destinado a inscribir, certificar, verificar y dar seguimiento a ligas, equipos, jugadores, academias, agencias, representantes, entrenadores, árbitros, scouts y otros participantes. Las personas inscritas deben mantener actualizada su información. La inscripción no sustituye las licencias o autorizaciones que corresponda otorgar a otras autoridades.

 

Respecto del béisbol profesional, se regulan la supervisión de ligas y organizaciones, el registro de jugadores y equipos, las transferencias y el depósito de contratos. Se establecen condiciones mínimas de protección contractual, transparencia y consentimiento informado. También se crea un consejo consultivo honorífico con funciones asesoras.

 

El Reglamento incorpora reglas sobre integridad deportiva, prevención de manipulación de competiciones, conflictos de interés, dopaje y actuación de agencias, representantes, intermediarios y scouts.

 

Para el béisbol recreativo, se contempla la supervisión de ligas y organizaciones, el registro y categorización de jugadores y equipos, organización de eventos, certificación de entrenadores, registro y capacitación de árbitros y condiciones de seguridad de las instalaciones. Asimismo, se exige a los equipos una póliza de responsabilidad civil y se promueven programas de formación y desarrollo deportivo, así como la coordinación con la Federación Dominicana de Béisbol.

 

Una parte especialmente relevante se dedica a las academias, prospectos y protección de atletas. Las academias deben registrarse y cumplir condiciones de seguridad, salubridad, higiene y mantenimiento. Cuando proporcionen alojamiento, alimentación o transporte, deben garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad, nutrición, supervisión y trato digno. Se regulan además la idoneidad del personal, los programas de entrenamiento, la salud y atención médica y los derechos de los atletas.

 

El Reglamento establece una protección reforzada de los menores de edad. Exige autorización de padres, madres, tutores o responsables legales para determinadas actividades y ordena prevenir abuso, explotación, acoso, discriminación, negligencia, sobreentrenamiento y abandono escolar. También procura que la actividad deportiva no perjudique la educación, la salud, el descanso ni el desarrollo integral del menor. El reclutamiento y evaluación de prospectos debe realizarse con transparencia y sin prácticas engañosas o abusivas.

 

En materia de control, la Dirección puede realizar inspecciones, recibir quejas y denuncias, exigir medidas de subsanación y adoptar medidas administrativas preventivas cuando exista riesgo grave o inminente para la salud, seguridad o derechos de los participantes. Toda actuación debe respetar la legalidad, proporcionalidad, debido procedimiento y derecho de defensa. También se protege expresamente la confidencialidad y los datos personales.

 

Finalmente, se promueve la coordinación interinstitucional, la elaboración de estadísticas e informes y mecanismos de solución de controversias mediante conciliación, mediación o arbitraje cuando corresponda. El Reglamento preserva la validez de registros y certificaciones anteriores expedidos conforme a las normas vigentes, deroga las disposiciones de igual o inferior jerarquía que le sean contrarias y entra en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial.

 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo impulsa reforma al Código Civil para unificar vigencia de leyes en el Gran Santo Domingo

SANTO DOMINGO, R. D.- La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo informó este jueves que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley orientado a modificar el artículo 1 del Código Civil de la República Dominicana. El objetivo central de esta iniciativa es adecuar el marco legal vigente a la realidad jurídica, territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia de Santo Domingo.

 

Armonización normativa y territorial

 

La propuesta de reforma busca que el punto de partida para el cumplimiento obligatorio de las leyes en la provincia de Santo Domingo coincida con el del Distrito Nacional.

 

Actualmente, el artículo 1 del Código Civil establece plazos diferenciados para que las normas se consideren conocidas en la capital frente al resto de las provincias del país.

 

Desde la Consultoría Jurídica se subraya que la actual redacción del texto legal carece de sentido lógico y práctico tras la promulgación de la Ley número 163-01, la cual creó la provincia de Santo Domingo a partir de territorios que originalmente integraban el Distrito Nacional.

 

"La creación de esta provincia no solo implicó un fraccionamiento territorial, sino una transformación profunda en la arquitectura jurídica de lo que hoy conocemos como el Gran Santo Domingo", destaca el organismo.

 

Antecedentes y necesidad de la reforma

 

A pesar de que en septiembre de 2002 la Ley número 141-02 estableció un régimen judicial propio para la nueva demarcación, se mantuvo una disparidad en los plazos de vigencia de las leyes entre la capital y el territorio del cual esta se desprendió.

 

La iniciativa legislativa que prepara el Poder Ejecutivo pretende corregir esta incongruencia histórica, permitiendo que los efectos de la publicación oficial de las normas sean armónicos y simultáneos en ambos territorios, dada su interconexión institucional y geográfica.

 

Compromiso con la seguridad jurídica

 

Con este paso, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la actualización del ordenamiento jurídico nacional y la coherencia normativa.

 

Esta intervención responde a la necesidad de ofrecer respuestas legislativas precisas ante la evolución institucional del país, garantizando así una mayor seguridad jurídica para todos los ciudadanos y las instituciones del Estado.

 

Poder Ejecutivo reactiva el plan de regularización de bancas de loterías, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar

El Decreto 197-26 tiene como objetivo culminar el proceso de depuración, validación y formalización de este sector.

 

Santo Domingo. R- D.— Mediante el Decreto 197-26, el Poder Ejecutivo dispuso la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el objetivo de culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector.

 

La decisión se produce ante el alto volumen de solicitudes pendientes de regularización, luego de agotarse los plazos concedidos en 2022 por el entonces Ministerio de Hacienda, ahora Ministerio de Hacienda y Economía, para que estos negocios se adecuaran a las disposiciones legales y tributarias vigentes.

 

Como parte de la reactivación, el Decreto fortalece la participación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), institución que tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento tributario de los operadores, la incorporación provisional de los establecimientos al régimen fiscal y el respaldo a los procesos de fiscalización y control.

 

La disposición también reorganiza el Consejo Consultivo para el seguimiento del Plan de Regularización, integrando a todos los actores involucrados en la industria del juego y la supervisión estatal.

 

El organismo estará conformado por un representante del Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la Ofiicina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), el administrador de la Lotería Nacional, dos miembros de su Consejo Consultivo, un delegado de Federacion Nacional de Bancas de Loteria (Fenabanca), un representante de los concesionarios, uno de la Asociación de Bancas de Apuestas Deportivas, otro de la Comisión Hípica Nacional, un representante de la Asociación de Casinos de Juegos y el Arzobispo Coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

 

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con ese consejo, a elaborar, proponer y adecuar los instrumentos normativos necesarios para viabilizar la continuación efectiva del proceso de regularización, mientras que temporalmente el administrador de la Lotería Nacional fungirá como coordinador operativo, administrativo y de seguimiento.

 

La pieza legal, firmada el 26 de marzo de 2026, también deroga el Decreto 295-22, dejando sin efecto la estructura anterior y consolidando un nuevo esquema institucional para la supervisión de bancas, puntos de venta, apuestas deportivas, casinos y otros juegos de azar.

 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo impulsa reactivación de la Mesa Nacional de Decanos para fortalecer las reformas legales del país

Santo Domingo, R. D.- En una reunión celebrada en el día de hoy en la Universidad APEC en la que participaron los miembros de la Mesa Nacional de Decanos de Facultades de Derecho, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Jorge A. Subero Isa, destacó la importancia de reactivar y fortalecer dicha mesa, con el objetivo de convertirla nuevamente en un actor relevante en el debate jurídico y social de la República Dominicana.

 

Explicó que la Consultoría Jurídica se encuentra en un proceso de expansión de su plataforma tecnológica y la consolidación de mecanismos institucionales que permitan mejorar la calidad de los proyectos normativos que llegan al despacho del presidente de la República.

 

“El propósito fundamental es que las leyes, decretos e iniciativas legales sean sometidas con el mayor rigor técnico posible, debidamente filtradas y discutidas abiertamente antes de su aprobación”, expresó Subero Isa, al subrayar la necesidad de establecer una colaboración estrecha entre la Academia y la Consultoría.

 

El consultor jurídico también llamó a las universidades a asumir un rol más activo en las grandes reformas legislativas del país.

 

Asimismo, instó a fomentar la investigación jurídica organizada desde las academias para aportar insumos técnicos en aras de una mayor transparencia.

 

Durante el encuentro, se eligió por unanimidad a Alejandro Moscoso como coordinador del proceso de regularización y elección de una nueva directiva de la Mesa Nacional de Decanos, como parte de esta etapa de relanzamiento institucional.

 

En otro orden, valoró la creación del nuevo Ministerio de Justicia, el cual asumirá la representación judicial y extrajudicial del Estado, permitiendo que la Consultoría se concentre en su función esencial de coordinación normativa.

 

Finalmente, adelantó que se trabaja en la firma de un convenio formal de colaboración entre la Consultoría Jurídica y la Mesa de Decanos, para institucionalizar las consultas académicas en temas prioritarios, como el análisis de la nueva Ley de Sociedades y otras reformas estructurales.

 

“A mis 79 años, mi principal aporte es la experiencia vivida, puesta al servicio del país para orientar las transformaciones jurídicas que demanda la sociedad dominicana”, concluyó Subero Isa.

 

Poder Ejecutivo observa ley de residuos sólidos e incluye desmonte al uso de foam en república dominicana

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la República observó la Ley sobre gestión de residuos sólidos y que fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional con el objetivo de crear el equilibrio que garantice la libre empresa y priorice el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

 

En las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para los desmontes de plásticos de un solo uso y de foam como lo contempla la ley, con excepción de los platos con tapas integradas en un solo cuerpo para comida conocidos popularmente como “laptop” y las bandejas por no tener sustitutos que compitan económicamente, por lo que se le extendió un plazo de 24 meses.

 

De igual manera se determinó un plazo de 12 meses para iniciar el cobro de fundas plásticas que no sean biodegradables en los establecimientos comerciales.

 

Durante ese plazo los establecimientos deben realizar campañas de sensibilización para sustituir el uso por bolsas reusables o ecoamistosas.

 

Además, prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas, y cualquier otro producto que no sean biodegradables, luego de 60 días de la promulgación de la presente ley.

 

En una comunicación enviada al Presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, el Presidente Luís Abinader  explica que las observaciones se sustentaron, entre otros aspectos, en cuestiones atinentes al cuidado del medioambiente, la protección de la libre competencia, el rechazo a las prácticas monopólicas y el impulso hacia prácticas industriales sostenibles.

 

La misiva enviada en fecha 3 de noviembre  en curso, del presidente de la República al Senado de la República,  se refiere  a las modificaciones realizadas  por el Congreso Nacional a la Ley núm. 225-20, sobre la gestión de residuos sólidos.

 

Afirma  además que valora el esfuerzo realizado por  los legisladores de ambas cámaras e Igualmente respalda su observación en la protección de la libre competencia, el rechazo a las prácticas monopólicas y el impulso hacia prácticas industriales sostenibles.

 

Entre las modificaciones sugeridas por el presidente, se destaca la reformulación de los criterios para el establecimiento de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, de tal suerte que estas no queden limitadas por criterios regionales, sino que se habiliten siempre que se observen determinadas distancias, según cada caso.

 

Del mismo modo que se modifican algunas definiciones y conceptos claves para la implementación de dicha ley.

 

Otra modificación destacable tiene que ver con la autonomía municipal, puesto que, a juicio del Poder Ejecutivo, se transgredía esta al restringir competencias constitucionales de las autoridades municipales en torno al uso de suelo.

 

Otros aspectos relevantes en las observaciones atañen al plazo mínimo de los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados, reduciendo el plazo mínimo de duración y de renovación, en atención a las normas nacionales e internacionales sobre competencia económica.

 

También es resaltable que en sus observaciones el presidente mantiene la tarifa base del pago a los gestores privados, sin un aumento exacerbado en la ley, pero permitiendo al fideicomiso la determinación anual de la tarifa mediante una formula que considere los costos operativos, los márgenes de beneficio de cada estructura, la tasa de inflación y devaluación establecida por el fideicomiso anualmente, así como los costos de transporte de los residuos sólidos.

 

Finalmente, las observaciones presidenciales abordan con ahínco la regulación de los productos fabricados en plástico y foam, reduciendo significativamente los plazos para medidas impostergables en la materia, tales como la incorporación de los productores a programas de responsabilidad extendida, la reducción del uso de fundas plásticas en establecimientos comerciales, la implementación de programas de retorno de envases, entre otros.

 

Ahora que el Senado ha recibido las observaciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución de la República, este órgano legislativo las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101 de la Constitución.

 

Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo recibe a delegación del Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario

Santo Domingo, R. D.- El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta recibió este viernes al director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP), Roberto Santana y a la delegación de expertos nacionales e internacionales que participan en el Foro Internacional de Salud Mental y Sistema Penitenciario.

 

Durante el encuentro, realizado en el salón Hermanas Mirabal de la casa de gobierno, Peralta expresó su satisfacción por recibir a los participantes del foro, destacando la relevancia del evento y la importancia de fortalecer el vínculo entre la salud mental y el sistema penitenciario dominicano.

 

“Tenemos el honor de recibir al señor Roberto Santana, nuestro amigo, en compañía de una amplia representación tanto de dominicanos como de representantes de países amigos que participan en este foro internacional sobre salud mental y sistema penitenciario”, manifestó el Consultor Jurídico.

 

El foro, que se ha desarrollado en el país durante tres días en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, será clausurado mañana sábado 11 por la vicepresidenta, Raquel Peña. Durante el encuentro también estuvo presente el subconsultor jurídico, Pedro Montilla.

 

El doctor Peralta resaltó que este tipo de espacios de diálogo y cooperación internacional representan un paso fundamental para la construcción de un sistema penitenciario más humano, justo y eficiente.

 

Asimismo, subrayó la conexión institucional y personal que lo vincula con el tema, recordando que el Ministerio de Justicia, en proceso de creación, será la entidad responsable de dirigir el sistema penitenciario en el país.

 

“Esta comisión nos liga con el tema, no solo en el plano institucional, sino también por nuestra vocación y compromiso con la mejora de las condiciones penitenciarias”, señaló Peralta.

 

Finalmente, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo agradeció la visita de los representantes internacionales y extendió una cordial bienvenida en nombre del Gobierno dominicano.

 

“A los extranjeros, siéntanse bienvenidos. Nos alegra tenerlos aquí compartiendo sus conocimientos y experiencias, que sin duda aportan al fortalecimiento de nuestro sistema”, concluyó.

 

El evento, realizado fue realizado en coordinación con la Academia Regional Penitenciaria (ARP), el Prisons Forum, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) y la Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social (ADOPTRASOC), reunió a autoridades, académicos, profesionales de la salud mental y del sistema penitenciario, quienes abordaron desde una perspectiva multidisciplinaria los principales desafíos, avances y propuestas en materia de salud mental en contextos de privación de libertad.

Diputados evalúan creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana con DNCD y Poder Ejecutivo

Santo Domingo, R. D.- La Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados celebró una reunión de trabajo en el Salón Hugo Tolentino Dipp para discutir un proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Seguridad Ciudadana.

 

El proyecto, presentado por el diputado Jesús Stalin Vásquez, busca integrar bajo un mismo marco jurídico a todas las instituciones del Estado relacionadas con la seguridad ciudadana y la seguridad interior, con el propósito de mejorar su coordinación y eficiencia.

 

Según Vásquez, “esta iniciativa fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar los retos en esta materia”. El presidente de la Comisión, diputado Carlos Sánchez, destacó que “es importante el diálogo con los sectores involucrados para garantizar que la ley responda a las necesidades actuales del país”.

 

Sánchez agradeció la participación de representantes del Poder Ejecutivo y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes expresaron su respaldo a la propuesta.

 

El general Miguel A. Matos, en representación de la DNCD, calificó el proyecto como “oportuno” frente a los desafíos actuales en seguridad. Matos explicó que la DNCD depende administrativamente del Ministerio de la Presidencia.

 

Asimismo, transmitió el apoyo del almirante José M. Ulloa, quien valora positivamente el diseño y alcance de la iniciativa.

 

Por su parte, Pedro Montilla, representante del Poder Ejecutivo, señaló que el proyecto se alinea con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12. “La realidad actual en materia de seguridad demanda leyes que respondan a las necesidades del momento, y esta propuesta es un paso significativo en esa dirección”, afirmó.

 

Poder Ejecutivo designa como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles

Santo Domingo, R. D.- El Poder Ejecutivo designó como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo antes indicado en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

 

La designación está contenida en el decreto 500-25 de fecha 2 de septiembre del presente año.

 

La decisión obedece a que la Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionalcs que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional.

 

En el mismo documento se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de República Dominicana.

 

Asimismo, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones necesarias para que se adopten, en el marco del derecho internacional, las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicho grupo terrorista.

 

Poder Ejecutivo deposita en el Senado de la República el proyecto de ley que regularía la Libertad de Expresión y los medios audiovisuales

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente Luis Abinader remitió en el día de hoy al Senado de la República el proyecto de Ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales, según reveló a la prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. 

 

Se trata de un proyecto en el que participaron diversos actores de la sociedad civil, los medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático.

 

En la misiva de remisión al Congreso Nacional, el presidente Abinader resalta que el proyecto “tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales”.

 

Además, el presidente Abinader resaltó en su misiva dirigida a Ricardo De Los Santos, como presidente del Senado, que en su elaboración han participado expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, que conocen tanto las ideas principales del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades, como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus distintas expresiones.

 

“El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. En tal virtud, someto a su consideración el presente proyecto de ley, esperando que los honorables legisladores le impartan su voto de aprobación”, agregó el mandatario.

 

Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente Abinader conformó una comisión de expertos integrada por Namphi Rodríguez, quien fungió como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.

 

La comisión entregó meses después un primer borrador que fue objeto de debate, estudio y ponderación, siendo remitido por la Consultoría Jurídica del Ejecutivo a la propia a la comisión. Tras la integración de diversas mejoras y la adecuación de varios puntos al ordenamiento jurídico que nos regula, la versión definitiva fue remitida el pasado 24 de abril de 2025 al presidente de la República y es ahora llevada al Congreso Nacional, cumpliendo con el compromiso asumido por el gobierno de promover mejoras normativas para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional proyecto de ley con el fin de endurecer las penas por el tráfico de migrantes

El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía

 

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

 

Se recuerda que el pasado domingo 6 de abril, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.

 

Una de las acciones anunciadas por el mandatario fue la presentación de una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debe ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional.

 

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que, con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas.

 

Explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice.

 

Peralta Romero indicó que, en el artículo 2,  se amplía la definición y y se agregan los elementos constituyentes de tráfico

ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.

 

Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.

 

Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa.

 

En el artículo 6, se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes.

 

De igual forma, el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas. Estas incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito.

 

También se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices.

 

De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo.

 

“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó el consultor jurídico.

 

Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”.

 

Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos. Señaló que el presidente de la República, en su alocución, expresó con claridad que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó.

 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo inicia Taller Nacional sobre Habilidades de Negociaciones Comerciales con apoyo de la OMC

Consultor jurídico destaca importancia de esta capacitación para fortalecer las habilidades de negociación del país en el ámbito comercial internacional

 

Santo Domingo, R. D.- Con la participación de funcionarios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), este lunes inició el Taller Nacional sobre Habilidades de Negociaciones Comerciales, dirigido a miembros de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales de la República Dominicana.

 

El acto de apertura del Taller que se celebra desde hoy y se extenderá hasta el 3 de abril de 2025, en el Salón A del Centro de Convenciones del MIREX, estuvo a cargo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien destacó la importancia de esta capacitación para fortalecer las habilidades de negociación del país en el ámbito comercial internacional.

 

Asimismo, Peralta agradeció a la OMC por responder la solicitud de formación, así como al ministro Relaciones exteriores Roberto Álvarez, y a la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OMC, encabezada por el embajador José Sánchez Fung, por su apoyo en la organización del evento. 

 

“Agradecemos a los representantes de las instituciones que se acogieron al llamado de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para darse cita en este importante taller, cuyo objetivo es capacitar a las instituciones miembros de la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales de la República Dominicana en las principales técnicas de estas negociaciones que, a nivel internacional, se aplican en el sistema multilateral del comercio”, manifestó el consultor.

 

Peralta indicó que la iniciativa de este taller se engloba dentro del programa de capacitaciones que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo realiza cada año en los temas de su competencia, en esta ocasión en materia de negociaciones comerciales, bajo sus funciones como Miembro Titular de la mencionada Comisión y encargada de los temas legales, “por lo que con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores hemos organizado este taller con expositores altamente capacitados que trabajan directamente persiguiendo el objetivo de que las negociaciones comerciales en el marco de la OMC tengan los mejores resultados para sus miembros”.

 

Durante los próximos tres días, los participantes recibirán formación de las expertas de la Secretaría de la OMC, Kenia Le Mentec y Sara Hörbe, especialistas en negociaciones y comercio internacional. El taller combinará sesiones teóricas con ejercicios prácticos, brindando herramientas clave para fortalecer las capacidades de negociación de los presentes dominicanos en el sistema multilateral de comercio.

 

Perfiles de las facilitadoras

 

Kenza Le Mentec: jefa de la Oficina Regional para Europa Central y Oriental, Asia Central y países árabes y de oriente medio del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC. Lleva 28 años ocupándose de diversos aspectos de la formación y cooperación técnica con varias agencias y organizaciones internacionales como la OMC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el Banco Mundial.

 

Se incorporó a la Secretaría de la OMC en el año 2008, dedicándose primero a las cuestiones de creación de capacidad en el área de las normas de los productos agrícolas y comercio internacionalen la División de Agricultura y Productos Básicos de la OMC. La señora Le Mentec posee varios títulos académicos, a nivel de doctorado, en las áreas de agricultura, economía rural y comercio internacional.

 

Sara Hörbe: abogada especializada en derecho de comercio internacional. Trabaja como Oficial de Formación en el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC. Antes de incorporarse a la OMC, trabajó en la Junta Nacional de Comercio de Suecia y en el Ministerio sueco de Asuntos Exteriores, principalmente en asistencia técnica relacionada con el comercio.

 

También ha trabajado en la ONU comercio y desarrollo y en la Comisión Europea. Tiene dos másteres, uno en derecho por la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y otro en derecho de comercio internacional por la Universidad de Durham (Reino Unido).

 

Poder Ejecutivo entrega al Congreso Nacional proyecto de Ley de Presupuesto 2025

Se trata del primer proyecto de Ley de Presupuesto que contempla la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), depositó este viernes ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones.

 

La entrega del proyecto de Ley la hizo el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, junto a Iván Ramírez, subdirector general de Presupuesto, a través de la Secretaria General Legislativa de la Cámara de Diputados, Ivonny Mota del Jesús, en la sede del Congreso Nacional para conocimiento, discusión y aprobación de los legisladores, tal como establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm. 423-06.

 

Se trata del primer presupuesto que se enmarca en la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales y marca el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración pública, anunciada recientemente por el presidente Luis Abinader.

 

En términos de ingresos, el Gobierno estima que estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.

 

En lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.

 

Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.

 

“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.

 

Asimismo, incluye el reforzamiento de los servicios económicos con el impulso de proyectos de desarrollo turístico en puntos geográficos estratégicos, provee los recursos para continuar la construcción de un sistema integrado de transporte en Santiago y Santo Domingo y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para acentuar la reforma policial.

 

“La política de gasto de 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida. En protección social, se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias del programa Supérate, reduciendo la desigualdad social y la pobreza multidimensional”, establece.  

 

El proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año plantea un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones, equivalente a un 3.0 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de la reducción del déficit público.

 

El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras que ascienden a RD$350,990.4 millones, equivalentes a un 4.3 % del PIB, inferior a lo observado en años previos.

 

Digitalización del Presupuesto

 

Iniciada la actual gestión presupuestaria, la entrega del proyecto de Ley de Presupuesto ha experimentado cambios significativos como parte del compromiso institucional y de responsabilidad social, en términos de medio ambiente y sostenibilidad. En el año 2020 se hizo la primera entrega completamente digital del Presupuesto General del Estado, reduciendo así la cantidad de papel impreso y el impacto ambiental.

 

En 2022, la Digepres puso en marcha la iniciativa institucional “Presupuesto Sostenible” como parte de los esfuerzos por reducir las copias físicas y hacer un presupuesto más ecológico. Además, se ha implementado el uso de memorias USB y códigos QR, reduciendo aún más el uso de papel y de recursos.

 

En 2024 se han incorporado nuevas herramientas ciudadanas y recursos digitales que facilitan el acceso a los documentos presupuestarios y que impulsan las mejores prácticas de transparencia y participación pública en el presupuesto.

 

Se recuerda que República Dominicana ocupa el puesto número 1 en el continente y el puesto 4 a nivel mundial en participación ciudadana en el presupuesto, entre 125 países evaluados por la International Budget Partnership (IBP); además, ocupa el lugar 2 de Latinoamérica y el Caribe en transparencia presupuestaria. 

 

Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora

Antoliano Peralta manifestó que se trata de un momento histórico en el que la sociedad dominicana busca fortalecer su democracia.

 

Santo Domingo.- En el día de hoy el presidente Luis Abinader sometió a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.

 

La iniciativa del presidente fue entregada al presidente del Senado de la República, señor Ricardo de los Santos, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

 

En una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Congreso Nacional, ambos coincidieron en que la propuesta representa un paso valiente del gobierno y una clara respuesta a exigencias reiteradas de la sociedad.

 

Tal y como había sido anunciado previamente por el presidente Abinader, la propuesta de reforma constitucional impulsada tiene cuatro objetos principales, que son: (1) garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas; (2) consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones; (3) unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y (4) adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.

 

Durante el acto de depósito en el Senado, el consultor jurídico resaltó que la propuesta del presidente es el resultado de más de tres años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, el cual ha enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. Haciendo alusión al mensaje del presidente Abinader, reiteró que “se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana, la cual busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes, con la cual el presidente cumple el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales”.

 

Del mismo modo, Antoliano Peralta expresó que durante las últimas semanas el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ha sido objeto de amplio debate, incluyendo varias reuniones con la comunidad jurídica, convocada al Palacio Nacional a tales fines. Igualmente hubo encuentros regionales con distintos actores sociales en varias ciudades del interior del país, así como diversos paneles académicos en distintas universidades. Resaltó que también remitió la propuesta al Consejo Económico y Social (CES), para que fuese circulada a todas las entidades integrantes de este órgano de concertación, para que, en seguimiento a las conversaciones sostenidas desde 2021 en el Diálogo por las Reformas, cada sector pueda expresar su parecer sobre la propuesta y fortalecer así la misma con observaciones y sugerencias, siendo recibidas distintas e importantes opiniones. “Para nosotros es fundamental que mediante el diálogo se pueda construir el consenso político, social y académico necesario”, señaló el consultor.

 

“Un ejemplo de los resultados del diálogo es la exclusión de la propuesta de reforma de lo relacionado al Consejo Superior del Ministerio Público. La propuesta del presidente Abinader partió de un criterio de coherencia con el ideal de independencia, pero las distintas asociaciones de fiscales del país nos manifestaron en los escenarios de diálogo que el cambio sugerido no les favorecía, por lo cual el presidente optó por retirar esa propuesta en particular. Del mismo modo, en todos los espacios de discusión la comunidad jurídica manifestó su preocupación por la propuesta inicial del presidente de dotar de inamovilidad al Procurador General de la República durante todo el periodo de gobierno. A esta preocupación el presidente ha respondido con una postura intermedia, reduciendo a dos años el periodo de su designación, pudiendo ser confirmado, pero sin renunciar a la garantía de la inamovilidad, que es un elemento que entendemos indispensable para propiciar la independencia real del Ministerio Público a la que todos aspiramos”.

 

Junto al Dr. Antoliano Peralta, estuvieron presentes por el Poder Ejecutivo los señores Darío Castillo Lugo, comisionado para las reformas del Estado, Pedro Montilla Castillo, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y Noel Sued Canahuate, director de proyectos jurídicos especiales de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

Junto al proyecto de ley depositado, el presidente remitió también una propuesta concreta de redacción de las modificaciones que recaerían sobre los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Constitución. También propuso una nueva disposición general y siete disposiciones transitorias.

 

Acompañaron a Antoliano Peralta Romero, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla; el director de Proyectos Jurídicos Especiales e Investigación Jurídica, Noel Sued y el Comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo.