CARD respalda apertura del Gobierno para revisar el Código Penal y reafirma su rechazo al artículo 310

Santo Domingo, R. D.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por el jurista Trajano Potentini, valoró como un paso positivo la decisión del Gobierno dominicano de mantener abierto el proceso de revisión del recién promulgado Código Penal, mediante la conformación de una comisión integrada por destacados juristas que tendrá la responsabilidad de estudiar posibles modificaciones y perfeccionamientos a la nueva legislación.

 

Potentini sostuvo que la disposición del Poder Ejecutivo de escuchar observaciones y promover nuevas enmiendas constituye una muestra de apertura institucional que fortalece el proceso legislativo y permite corregir disposiciones que, a juicio de diversos sectores jurídicos, requieren ser revisadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica.

 

El presidente del CARD expresó que la institución recibe con satisfacción la creación de esta comisión de alto nivel, integrada por profesionales del Derecho de amplia trayectoria, al considerar que representa una oportunidad para que sean atendidos los planteamientos formulados por el gremio de los abogados durante la discusión del Código Penal en el Congreso Nacional.

 

Entre esos planteamientos, Potentini destacó de manera especial la revisión del artículo 310, relativo al denominado 'ultraje en el Ámbito Jurisdiccional', disposición que el Colegio de Abogados considera incompatible con el libre ejercicio de la profesión y con el derecho constitucional de defensa. El dirigente gremial sostuvo que la tipificación penal contenida en este artículo representa una amenaza para la independencia profesional de los abogados y podría generar restricciones indebidas al ejercicio de la defensa técnica dentro de los tribunales.

 

Afirmó que el Colegio de Abogados entiende que dicha disposición vulnera la dignidad del profesional del Derecho y crea un ambiente que podría afectar la libertad con que los abogados deben ejercer la representación de sus clientes ante los órganos jurisdiccionales.

 

En ese sentido, informó que la institución mantendrá todas las acciones legales emprendidas contra esa disposición, incluyendo el proceso actualmente depositado ante el Tribunal Constitucional.

 

Potentini recordó que el CARD ya interpuso un recurso constitucional acompañado de una solicitud de medida cautelar o anticipada, mediante la cual procura que la aplicación del artículo 310 sea suspendida provisionalmente mientras el alto tribunal conoce el fondo del caso.

 

El presidente del gremio reiteró que la defensa de este tema constituye una posición institucional invariable y aseguró que el Colegio de Abogados agotará todas las vías legales y constitucionales disponibles para procurar la corrección de esa figura penal. Asimismo, anunció que las observaciones elaboradas por el CARD serán presentadas formalmente ante la comisión creada por el Poder Ejecutivo, incluyendo las propuestas que previamente fueron sometidas durante el proceso de discusión legislativa en el Congreso Nacional.

 

Explicó que, además del cuestionado artículo 310, el Colegio considera necesario revisar otras disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, entre ellas los artículos 29, 335 y 338, por entender que también inciden directamente sobre el ejercicio profesional del Derecho y requieren una evaluación técnica más profunda.

 

Potentini señaló que la institución continuará desempeñando el papel consultivo que le reconoce la Ley núm. 3-19, contribuyendo con propuestas dirigidas al fortalecimiento del ordenamiento jurídico nacional. En ese contexto, informó que el gremio mantendrá el proceso de socialización del nuevo Código Penal en todo el territorio nacional mediante encuentros, conferencias y jornadas de análisis con sus distintas seccionales. Indicó que ese esfuerzo busca no solo divulgar el contenido del Código Penal, sino también recoger las inquietudes de la comunidad jurídica para convertirlas en propuestas concretas que puedan contribuir al perfeccionamiento del texto legal.

 

La posición fijada por el Colegio de Abogados reafirma el compromiso de la entidad con la defensa de la independencia de la abogacía, el respeto al debido proceso y la protección del derecho de defensa, al tiempo que respalda la apertura del Gobierno para continuar perfeccionando el nuevo Código Penal mediante el diálogo con los distintos sectores de la sociedad jurídica.

 

CARD saluda transparencia en licitación de pedernales adjudicada al Consorcio Cabo Rojo que encabeza el Grupo Puntacana

CARD destaca trayectoria y aportes del Grupo Puntacana al turismo y la económica del país

 

Santo Domingo, R. D.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), presidido por el Dr. Trajano Potentini, emitió hoy un comunicado en el que saluda y felicita el proceso nacional e internacional de licitación para el desarrollo del polo turístico de Pedernales, recientemente adjudicado al Consorcio Cabo Rojo. La institución destaca la transparencia e institucionalidad con que el Fideicomiso Pro-Pedernales condujo dicho proceso competitivo, cumpliendo con las normas y requisitos establecidos para garantizar una selección objetiva y beneficiosa para el país.

 

Como resultado de este proceso, el Comité Administrativo del Fideicomiso Pro-Pedernales seleccionó al Consorcio Cabo Rojo, encabezado por el Grupo Puntacana, como socio minoritario y estratégico del Estado dominicano para el desarrollo, operación y mantenimiento del nuevo destino turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Esta decisión resalta el Colegio de Abogados sienta un precedente positivo en materia de alianzas público-privadas, asegurando la continuidad y sostenibilidad del proyecto turístico en el suroeste del país.

 

“Este proceso de licitación, caracterizado por su transparencia y rigor, es un triunfo de la institucionalidad dominicana y un ejemplo de cómo deben gestionarse los grandes proyectos nacionales”, expresó el Dr. Trajano Potentini, presidente del CARD, al referirse a la reciente adjudicación. “Felicitamos al Fideicomiso Pro-Pedernales por llevar a cabo una selección basada en méritos, y al Consorcio Cabo Rojo por resultar ganador tras cumplir con los criterios exigidos. Su éxito refleja la confianza que brinda un proceso público bien organizado y supervisado”, añadió.

 

El presidente del gremio jurídico destacó la trayectoria y los aportes del Grupo Puntacana, empresa líder del consorcio adjudicado. “Hablamos de una compañía con más de 50 años de experiencia que ha sido pionera del turismo responsable en la República Dominicana, quienes han convertido a Puntacana en un destino de referencia internacional. El trabajo tenaz del Grupo Puntacana ha contribuido al desarrollo de un pujante polo turístico en la región Este, con más de 44 mil habitaciones hoteleras y aportes significativos al PIB de la nación”, enfatizó Potentini.

 

Sin dudas que “La integración del Grupo Puntacana al proyecto Cabo Rojo es una garantía de calidad, sostenibilidad y proyección internacional para Pedernales. Su participación augura el éxito de este nuevo polo turístico, que impulsará el desarrollo económico y social de la región sur del país”, subrayó.

 

Finalmente, el Colegio de Abogados de la República Dominicana reiteró su compromiso de apoyar iniciativas que promuevan el desarrollo nacional bajo la égida de la transparencia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. La entidad considera que proyectos como Cabo Rojo, gestionados mediante procesos públicos competitivos y con apego a la legalidad, fortalecen la confianza de la ciudadanía y de los inversionistas en las instituciones dominicanas, contribuyendo a la seguridad jurídica y al progreso sostenible del país.

 

Colegio de Abogados deposita recurso de inconstitucionalidad en contra de nueva Ley de General Gestión Integral que favorece a Fideicomisos

 

Denuncia que dicha Ley obliga a empresas y entidades a entregar 4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios y constituye un nuevo peaje sombra

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.

 

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un  “aporte anual” por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la  Constitución de la República en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.

 

Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 pesos por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

 

El gremialista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a FIDEICOMISOS PRIVADOS constituido a favor de empresarios, según el jurista.

 

El gremialista indicó que al cabo de 5 años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.

 

Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.

 

Agregó que “Esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.

 

En ese sentido, el presidente del gremio de los abogados llamó al Tribunal Constitucional a que actué cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de dicha Ley y que luego la declare inconstitucional.

 

Advirtió que el Colegio de Abogados de RD se mantendrá vigilante ante aplicación de dicha Ley, alegando que la misma viola la Constitución atenta en contra de la municipalidad y del Interés colectivo de la población.

 

 

Colegio de Abogados intima a Consejo Poder Judicial para que ponga en funcionamiento Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas

Denuncia que la construcción y remodelación de más de 8 edificaciones judiciales se encuentran paralizadas

 

SANTO DOMINGO, R. D. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Consejo del Poder Judicial para que inaugure y ponga en funcionamiento el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde hace más de un año, por orden del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina.

 

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que el nuevo edificio aún no ha sido puesto en operación a pesar de estar terminado en más de un 90%  y pese a las precariedades por ausencia de espacios en que funcionan los Tribunales Superiores Administrativos y de Familia, jurisdicciones esenciales para la vigencia del Estado de Derecho, lo que limita el acceso a la Justicia y coloca en desamparo al ciudadano, cuyos derechos son vulnerados.

 

“Con este cierre el Consejo del Poder Judicial lo que pretende es de sabotear los servicios presenciales para justificar la aprobación de una virtualidad totalmente inconstitucional, contraria a la reciente decisión del Tribunal Constitucional, TC 0286-21, que declaró inconstitucionales las audiencias virtuales”, manifestó el jurista.

 

Surun Hernández denunció  que no sólo se encuentra paralizada la construcción de ese Palacio de Justicia, sino también otras 8 edificaciones, entre ellos el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria de Azua y Sánchez Ramírez, lo que representa una verdadera tragedia para el Estado de Derecho de nuestro país.

 

“En el caso de Azua la construcción está a nivel de terreno, aún no han iniciado la estructura y alrededor de 20 contratistas están sin recibir su pago, según informes que poseemos”, afirmó el gremialista. 

 

El Card que agrupa a más de 70 mil abogados a nivel nacional, advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y que recurrirán a las medidas que sean necesarias para lograr que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales la justicia virtual y dispone la apertura de todos los tribunales y servicios judiciales, para que la Justicia sea igual para todos y que se ejerza en espacios adecuados. 

 

El presidente del Colegio de Abogados ofreció estas declaraciones durante una protesta-vigilia junto a decenas de miembros  para exigir la apertura de tribunales y mejoría de los servicios presenciales.

 

Colegio de Abogados deposita en Senado formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos

Aseguran la pieza busca legalizar entrega de Punta Catalina y del Patrimonio Público a empresarios

 

SANTO DOMINGO, RD.-  El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en el Senado de la República una formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza  pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.

 

El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.

 

“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, afirmó el gremialista.

 

Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.

 

Consideró que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los “servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través del proyecto de ley.

 

El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un "atentado al interés público".

 

Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de Punta Catalina, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.

 

El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.

 

 

 

Colegio de Abogados exhorta nueva vez a la Cámara de Cuentas enviar auditores

Lamenta renuencia de la entidad a constatar manejo pulcro y transparente de recursos del CARD

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) dice estar a la espera que la Cámara de Cuentas (CCRD) envíe sus auditores para que realicen la investigación especial dispuesta mediante la resolución No.DEC-2021-123, del 23 de julio del 2021.

 

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que esta es la tercera vez que solicitan a la CCRD acudir al gremio para que efectúe dicha labor, con el objetivo de que puedan constatar el manejo eficiente y transparente de los recursos privados que reciben.

 

Surun Hernández explicó que habilitaron una oficina para que los auditores realicen el proceso con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información y documentación requerida.

 

“Estamos sorprendidos que todavía no hemos recibido la visita de los auditores de la Cámara de Cuentas a pesar de abrirles las puertas, de hacerle el llamado en varios ocasiones y de que nos acusaron de desacato, lo que es imposible, no solo por tratarse de una persona jurídica, sino porque nunca nos hemos opuesto a auditorías, fiscalizaciones, ni a investigaciones especiales, solo estábamos a la espera de la Resolución del Pleno para saber que deseaban fiscalizar y poder ayudarlos en la recopilación de informaciones y así lo hemos hecho”, aseguró el presidente del CARD. 

 

Afirmó que el Colegio de Abogados aplica sólidos controles contables, un eficiente manejo de los limitados recursos que ingresan, publica mensualmente todas sus operaciones financieras en su portal institucional y es auditado anualmente por reconocidas firmas de auditores privados que han certificado un manejo correcto de su patrimonio.

 

“Nos sentimos tranquilos y muy satisfechos de la labor realizada tanto en materia administrativa, como el desarrollo de numerosas iniciativas en favor de los abogados y abogadas del país, del sistema de justicia y de los usuarios del mismo, las puertas de nuestro gremio están abiertas para la Cámara de Cuentas, para firmas auditoras privadas y para cualquiera que desee alguna información.

 

Decidimos hacerlo así a pesar de que entendemos que la CCRD no tiene facultad para hacerlo ya que el Tribunal Constitucional determinó que somos una entidad gremial con intereses y base privada”, expresó Surun Hernández.

 

Colegio de Abogados depositará recurso de inconstitucionalidad en contra Presupuesto Nacional del 2022 por baja asignación al sector justicia

 

La Justicia no puede funcionar con jueces y fiscales ganando salarios de miseria, en condiciones infrahumanas.

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), continúa una serie de acciones en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.

 

La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.

 

El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está  atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad, lo que dificulta su operatividad.

 

Surun Hernández explicó que la Ley 194-04, establece que la justicia debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República. 

 

Denunció que “las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen.

 

Agregó que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.

 

El presidente del Colegio de Abogados agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años.

 

Asimismo valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21, por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.

 

El jurista anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.

 

Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria

 

El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).

 

Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.

 

Colegio de Abogados defiende manejo de fondos

 

Dice Cámara de Cuentas no tiene facultad para auditar gremio

 

Gremio exige respeto a las Leyes y a la Constitución. Dice CCRD puede asesorar, acompañar y fiscalizar, pero no auditar

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana destacó el manejo transparente de sus recursos, los cuales han sido auditados anualmente por firmas auditoras reconocidas en el país como son Luperón Ramírez & Asociados y otras, y cuyas operaciones contables son publicadas mensualmente en su portal www.colegiodeabogados.org.

 

Indicó que la actual administración presidida por Miguel Surun Hernández se ha caracterizado por un manejo pulcro y eficiente de los recursos, destinando mayor inversión de los mismos a capacitación gratuita para los abogados, remodelación y apertura de locales, adquisición de nuevas tecnologías y en otras iniciativas en favor de la clase jurídica nacional. Asimismo, ha mantenido la defensa de los mejores intereses del sector.   

 

La Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados informó en rueda de prensa que en varias ocasiones el gremio ha solicitado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República su acompañamiento y asesoría para seleccionar una firma auditora privada, independiente y reconocida, para que audite los recursos del gremio, lo que demuestra la intención de trabajar en conjunto y de que prevalezca la pulcritud y la transparencia.

 

Agregaron que a pesar de realizar estas y otras solicitudes por escrito el 10 de diciembre del 2020, el 28 de junio del 2021 y en otras ocasiones el CARD no ha recibido respuesta.

 

El gremio destacó que “La Cámara de Cuentas de la República Dominicana no tiene facultad legal para auditar los recursos del Colegio de Abogados de la República Dominicana debido a que el artículo 248 de la Constitución, así como los artículos 1 y 3 de la Ley 10-07 que la crea, especifican claramente que dicha entidad solo puede ejercer control y auditoría a instituciones que manejan recursos públicos, que NO ES EL CASO DEL GREMIO, cuyos fondos provienen de tasas  por concepto del servicio de fiscalización de abogados”.

 

La Junta Directiva Nacional del CARD explicó al país que: “El Colegio de Abogados no es una entidad estatal, no maneja patrimonio estatal, no recibe fondos del presupuesto, ni recursos públicos, sino que le paga el 10% al estado por el cobro de dichas tasas, tal como lo confirma una certificación emitida por la Dirección General de Presupuesto y la Sentencia TC/0288/20, de fecha 21 de diciembre del 2020, por lo que nos resulta altamente sospechoso las intenciones que tiene  la Cámara de Cuentas de auditarnos y  violentar su propia legislación y la Carta Magna”.

 

 “La Junta Directiva rechazó de manera contundente el acto de “puesta en mora” de la Cámara de Cuentas, por ser temerario, abusivo, arbitrario y calumnioso, pues nunca ha habido resistencia a la transparencia, todo lo contrario, les solicitamos a auditores de dicho órgano la copia de la resolución del pleno de la Cámara de Cuentas en virtud de la cual actuaban, la cual se niegan a entregar, a pesar de pedirla reiteradas veces mediante comunicación del 5 de agosto del 2021. En dicha misiva también manifestamos nuestra disposición a cooperar con el cumplimento de la Ley, en materia de fiscalización y transparencia de los recursos del Estado”.

 

Ley del CARD y potestad de la Cámara de Cuentas

 

Los abogados aclararon que la Ley 3-19 del CARD en su artículo 74 habla de la Fiscalización y Control de los Fondos y establece que los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

 

Explicaron que tomando en cuenta esto debe de quedar bien claro en la opinión pública nacional la diferencia entre los términos de fiscalizar y de auditar.

 

El proceso de fiscalización no es más que la supervisión, asesoría y acompañamiento para que el Colegio mantenga el control, la eficiencia y garantía de un buen manejo de sus recursos, mientras que una auditoría es una Inspección o verificación de la contabilidad de una entidad, realizada por un auditor.

 

“¿Por qué la Cámara de Cuentas tiene la facultad de fiscalizar y no de auditar al CARD? Tiene la facultad de fiscalizar porque el Colegio de Abogados maneja potestades públicas que son aquellas que de origen pertenecen al Estado y que el Estado las sede para que un ente privado la ejerza, como también opera por ejemplo con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y otras entidades. Pero potestades públicas no son lo mismo que recursos públicos”, explicaron los togados.  

 

Agregaron que “Por esta razón y por las confusiones que se generan con este tema, y por las intenciones malsanas de auditar y no de fiscalizar, advertimos al país que la abogacía nacional estará atenta y unida en defensa de nuestros derechos y vamos a indagar si existen manos políticas ocultas detrás de todo esto con intenciones de hacer daño”, señaló.

 

Transparencia y apertura al diálogo

 

El Colegio de Abogados aseguró que el manejo contable y administrativo del gremio está claro y transparente, manifestó su disposición de recibir asesoría, acompañamiento y fiscalización de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General para la selección de una firma auditora privada reconocida, pero realizando todo dentro del marco de la Ley, respetando las facultades y los derechos de cada institución.

 

“Garantizamos al país que los recursos del CARD son manejados y seguirán siendo manejados de manera pulcra y transparente, como siempre ha actuado la actual gestión del Colegio de Abogados, presidida por Miguel Surun Hernández”, señaló la Junta Directiva Nacional del CARD.  

 

Asimismo, reiteraron que los abogados y abogadas estamos más unidos que nunca, que no aceptaremos chantajes, atropellos, ni ilegalidades, que estaremos vigilantes de que se cumplan con la Constitución y las leyes existentes.

 

Colegio de Abogados condena muerte de jurista a manos de policías en San José de Ocoa

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD), condenó este martes la muerte de uno de sus afiliados a manos de una patrulla policial en San José de Ocoa.

 

El presidente del gremio que agrupa a los togados, Miguel Surún Hernández, pidió la destitución de los agentes actuantes en el incidente en que perdió la vida el abogado ocoeño Ray Castillo Olaverría.

 

Surún Hernández calificó como “un abusivo y salvaje asesinato”, la muerte del jurista, miembro de la directiva de la seccional del Colegio de Abogados en San José de Ocoa.

 

El presidente del CARD reclamó que el Ministerio Público y la Policía inicien de inmediato una profunda investigación del hecho.

 

Adelantó que el Colegio de Abogados accionará en los tribunales contra todos los responsables de la muerte del togado.

 

El profesional del derecho afirmó que situaciones como estas no pueden ocurrir en un estado de derecho.

 

“Lamentamos que salvajismos como ese, le cueste la vida a profesionales honestos”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

 

Miguel Surún Hernández manifestó que el gremio que preside no desmayará hasta que el incidente en que perdió la vida el profesional del derecho, Ray Castillo Olaverría, sea esclarecido.

 

 

 

Enrique García y Edwin Jiminian reciben apoyo de decenas de abogados SDE

Prometen un CARD que ayude a mejorar la imagen de la justicia.

Santo Domingo Este, RD. - Decenas de abogados del este municipio, expresaron su respaldo al candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Enrique García y al aspirante a la secretaria general de ese gremio en la seccional de la provincia Santo Domingo, Edwin Jiminian por considerarlos la mejor opción de cambio en este proceso.

Carlos Heredia, habló en un acto celebrado este sábado en un restaurant de Santo Domingo Este, manifestó que ese nutrido grupo de juristas ha entendido que la imagen del gremio de los abogados, no puede continuar dirigidos por quienes solo les interesan administrar los recursos financieros del mismo, para provecho personal, mientras la clase se encuentra huérfana de representantes

Además de Carlos Heredia, encabezan el grupo, Cecilio Mora, Tony Rodríguez, Abel Matos, José Liz, Sardy Suero y Maritza Contreras.

Heredia destacó las cualidades humanas y profesionales tanto de Edwin Jiminian, como de Enrique García, al tiempo que expresó que de ganar estos, tanto el gremio a nivel nacional como en la seccional de la provincia de Santo Domingo, los profesionales del Derecho contarían con una dirección de hombres probos y con una conducta intachable.

Dijo que durante el pasado proceso, ellos habían apoyado al actual presidente del CARD, quien, según sus propias palabras, los traicionó y los abandonó a su suerte.

En iguales términos se expresó Cecilio Mora quién exclamó que para suerte del Colegio de Abogados, un hombre visionario y comprometido con la clase jurídica, como lo es Enrique García, haya presentado su propuesta y su candidatura para acabar de una vez y por todas con esa “mafia que se apodera del gremio e ignora a su clase”.

Los profesionales de la toga y el birrete en Santo Domingo Este, manifestaron que están confiados en que tanto Enrique García como Edwin Jiminian ganarán ampliamente el próximo certamen electoral a celebrarse 2 de diciembre.

En tanto que Enrique García manifestó que la diferencia existente de su propuesta a la presidencia del CARD es la voluntad marcada de producir los cambios que sean necesarios para relanzar ese gremio y rescatar su prestigio.

“Los abogados estamos falto de representatividad, sobre todo, entendemos que estamos huérfanos y no tenemos quien nos represente. La institucionalidad del Colegio de Abogados la han tirado al suelo, por lo que necesitamos colocarlo a la altura de los nuevos tiempos, en la que este pueda aportar al sistema de justicia, el cual está muy descalabrado en la República Dominicana, por lo que deben llegar a su dirección personas llenas de voluntad, capacitadas y comprometidas con la organización” explicó Enrique García.

Llamó a todos los abogados del país, para que asistan a votar el próximo sábado dos (02) de diciembre, de 8:00 a 5:00 p.m., en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y en todas las seccionales, para tener un gremio fuerte, transparente y que trabaje a favor del bienestar de los profesionales del Derecho y al servicio de todos.

Por su parte, Edwin Jiminian, quien aspira a la secretaria general del Colegio de Abogados en la seccional de la provincia Santo Domingo, agradeció el respaldo brindado por decenas de profesionales de la toga y el birrete a su candidatura, al tiempo que se comprometió a trabajar sin descanso para devolverle el prestigio a ese gremio.

Lamentó que siendo esta seccional la más grande del país no se preocupe en la forma en que los profesionales del Derecho tienen que litigar y desarrollar sus procesos habituales en un espacio infrahumano y sin las mínimas condiciones como lo es el edificio que alberga el palacio de justicia de la provincia Santo Domingo.

“La sociedad Dominicana no merece que una institución tan importante, que tiene que ver con la administración de justicia, como el ministerio público y la Suprema Corte de Justicia en la provincia Santo Domingo, desarrolle sus procedimientos judiciales en un furgón de carga, en medio de la estrechez, el calor y la inseguridad, las audiencias de acción permanente, así como el poco espacio de los diversos tribunales, sin el reclamo del gremio y de sus representados” fustigó el joven profesional del derecho.

Jiminian calificó de lamentable que la principal seccional del Colegio de Abogados carezca de un local en el que “los juristas podamos reunirnos, donde desarrollemos cualquier acto jurídico o corrijamos un procedimiento, además que recibamos un curso o diplomado para nutrir nuestros conocimientos”.

Durante el acto estuvieron presentes los diputados Adalgisa Abreu, Alexis Jiménez y José “Bertico” Santana.