Ley para regular los fideicomisos públicos garantiza que serán el vehículo de inversión más regulado

Gobierno detalla que los fideicomisos públicos serán controlados por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores y el Congreso Nacional

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Gobierno detalló los argumentos que justifican la aprobación del proyecto de ley que busca establecer normas para regular a los Fideicomisos Públicos en el país.

 

En un comunicado dado a conocer por la Dirección de Prensa del Presidente se indica que este Gobierno, como ningún otro, quiere poner límites, “porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente. Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos”.

 

Precisa, además, que actualmente operan 12 fideicomisos sin ninguna regulación, agregando que ahora todo está permitido, porque nada está prohibido.

 

Asimismo, específicó que, por eso, se propuso una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los Fideicomisos Públicos.

 

Manifiestó que ante las críticas infundadas lanzadas contra la iniciativa, resultaba oportuno aclarar que “los Fideicomisos Públicos no son una empresa privada”.

 

En ese sentido, expone que los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal, propiedad de todos los dominicanos; y en el caso de cualquier operación de venta, necesariamente tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional, como manda la Constitución.

 

Las autoridades sostienen también, que los Fideicomisos Públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado; porque, además de cumplir con la ley de compras y contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional, y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

 

Colegio de Abogados deposita en Senado formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos

Aseguran la pieza busca legalizar entrega de Punta Catalina y del Patrimonio Público a empresarios

 

SANTO DOMINGO, RD.-  El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en el Senado de la República una formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza  pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.

 

El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia milimétrica con dicho contrato.

 

“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, afirmó el gremialista.

 

Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.

 

Consideró que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los “servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través del proyecto de ley.

 

El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió como un "atentado al interés público".

 

Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos públicos, incluyendo el de Punta Catalina, el cual, a pesar de no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.

 

El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.