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lunes, 14 de agosto de 2023

Tribunal Superior Electoral declara inadmisible recurso presentado por la diputada la Rosa Amalia Pilarte contra el PRM

Santo Domingo. - El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible, por existir otras vías judiciales para reclamar los derechos alegadamente vulnerados, el “Recurso constitucional de Amparo y Nulidad de la Resolución No. 049-2023 de fecha 3 de agosto de 2023, de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM)” incoado el pasado 7 de agosto por la actual diputada, Rosa Amalia Pilarte de López, contra José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, en sus respectivas calidades de presidente y secretaria general de esa organización política y la Comisión Nacional de Elecciones Interna (CNEI), representada por su presidente, Deligne Ascensión Burgos.

 

El Pleno, que integran los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente; Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez; Rosa Pérez de García; Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández, tomó la decisión, amparando en los artículos 70, numeral (1), de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y el 132, numeral (1), del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, por existir otras vías judiciales para reclamar los derechos alegadamente vulnerados, que es la impugnación contra actuaciones partidarias concretas, habilitada por el artículo 13, numeral (2), de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral núm. 29-11, y reglamentado en el artículo 95 del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales.

 

El artículo 70, numeral uno (1), de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional, establece que el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.

 

Mientras que en el artículo 132, numeral uno (1) del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, se instituye que el Tribunal Superior Electoral, en atribuciones de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción de amparo electoral, sin pronunciarse sobre el fondo, cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental político-electoral invocado.

 

La parte demandante, la diputada Rosa Amalia Pilarte de López, estuvo representada por los abogados Fredermido Ferreras, Carlos Mesa y Luis Paredes.

 

El Partido Revolucionario Moderno, su presidente, José Ignacio Paliza; su secretaria general, Carolina Mejía; así como la Comisión Nacional de Elecciones Interna (CNEI), representada por su presidente Deligne Ascensión Burgos, en calidad de parte accionada, contó con la representación de los togados Edison Joel Peña, Rafael Suárez y Gustavo de los Santos Coll.

 

Incidentes planteados durante la audiencia

 

Luego de un primer receso para deliberar, el Tribunal Superior Electoral ordenó la continuación de la audiencia para conocer el “Recurso constitucional de Amparo y Nulidad de la Resolución No. 049-2023 de fecha 3 de agosto de 2023, de la Comisión Nacional de Elecciones Internas (CNEI) del Partido Revolucionario Moderno (PRM)” y rechazó la solicitud de un aplazamiento para comunicación recíproca de documentos, planteada por ambas partes. Los jueces motivaron su decisión debido a la naturaleza de la materia constitucional de amparo; de la premura en el tiempo y de la complejidad de los documentos que se pretendían depositar, cuya recopilación era imposible hacer a corto plazo.

 

La Alta Corte, además, rechazó el incidente planteado por los abogados Fredermido Ferreras, Carlos Mesas y Luis Paredes, representantes legales de la parte accionante, que pidieron al tribunal una medida cautelar o precautoria, a lo fines de suspender provisionalmente la resolución emitida por el Partido Revolucionario Moderno, que ordenó la suspensión de la inscripción de la precandidatura de Rosa Amalia Pilarte de López, quien aspira al mismo puesto por la Circunscripción número uno (1) de la provincia de La Vega.

 

lunes, 30 de enero de 2023

Ministerio de la Mujer deposita recurso a favor de los derechos de las trabajadoras domésticas

“La ministra de la mujer Mayra Jiménez reiteró el compromiso de la actual gestión de gobierno, el cual ha sido plasmado en la Resolución del Ministerio de Trabajo, para avanzar progresivamente en la garantía de los derechos de las personas trabajadoras domésticas”

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de los derechos laborales de quienes ejercen el trabajo doméstico en República Dominicana, el Ministerio de la Mujer depositó ante el Tribunal Constitucional un Amicus Curiae, como respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado en contra de la Resolución Num.14-2022 del Ministerio de Trabajo que busca formalizar el Trabajo Doméstico Remunerado. 

 

Este Amicus Curiae es un recurso jurídico que señala la necesidad de regulación especial para el trabajo doméstico y del cumplimiento del Convenio 189 de la OIT, ratificado por el Estado dominicano desde el 2015, que busca que este sector cuente con los mismos derechos que todas las personas trabajadoras, como son los contratos escritos, la jornada máxima, el salario mínimo, la cobertura de la seguridad social y el pago de horas extra o días feriados.

 

La Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, indicó que la falta de regulación del trabajo doméstico remunerado profundiza la discriminación y vulneración de los derechos reconocidos y protegidos constitucionalmente de las personas que laboran en esta área, en su mayoría mujeres, y reiteró el compromiso de la actual gestión de gobierno, el cual ha sido plasmado en la Resolución del Ministerio de Trabajo, para avanzar progresivamente en la garantía de estos derechos.

 

“En República Dominicana el 92.8% de las personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado son mujeres y estos trabajos representan la tercera actividad económica más importante en la ocupación femenina”, manifestó.

 

En 2021 este sector generó unos 245,102 empleos, haciendo posible a la vez el acceso al trabajo de muchas otras personas ocupadas, dado que libera de tiempo dedicado a tareas domésticas y de cuidados, según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

 

La titular del Ministerio de la Mujer, dijo además que, la formalización del trabajo doméstico es un compromiso del Estado dominicano que se deriva, no sólo del Convenio 189, sino también del eje de igualdad de género y empoderamiento de la mujer del plan de gobierno del presidente Luis Abinader, “Un país para su gente”, el cual contempla establecer un sistema de protección del trabajo doméstico remunerado, así como con otros tratados internacionales que el país ha ratificado, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

 

Jiménez expresó que contar con una regulación para este sector contribuye al cierre de desigualdades y promueve la autonomía económica de miles de dominicanas. Valoró como indispensable focalizar esfuerzos para la regulación del trabajo doméstico, razón por la que ha estado promoviendo, a través del Ministerio de la Mujer y en coordinación con las instituciones vinculadas, reformas legales y políticas que serán de beneficio, tanto para las personas trabajadoras como para el Estado y la sociedad en su conjunto.

 

Asimismo, señaló que estas acciones van en consonancia con el Política Nacional de Igualdad del Estado dominicano, que contempla necesidad de revalorizar los cuidados y el trabajo doméstico, a la vez que plantea acciones para avanzar en el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de igualdad, por lo que espera que el Tribunal Constitucional reconozca y tome en consideración este marco para la protección de las tantas mujeres que se dedican a estas labores.

 

miércoles, 9 de noviembre de 2022

Colegio de Abogados deposita recurso de inconstitucionalidad en contra de nueva Ley de General Gestión Integral que favorece a Fideicomisos


 

Denuncia que dicha Ley obliga a empresas y entidades a entregar 4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios y constituye un nuevo peaje sombra

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.

 

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un  “aporte anual” por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la  Constitución de la República en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.

 

Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 pesos por cada sociedad comercial y ente del gobierno.

 

El gremialista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a FIDEICOMISOS PRIVADOS constituido a favor de empresarios, según el jurista.

 

El gremialista indicó que al cabo de 5 años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.

 

Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.

 

Agregó que “Esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.

 

En ese sentido, el presidente del gremio de los abogados llamó al Tribunal Constitucional a que actué cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de dicha Ley y que luego la declare inconstitucional.

 

Advirtió que el Colegio de Abogados de RD se mantendrá vigilante ante aplicación de dicha Ley, alegando que la misma viola la Constitución atenta en contra de la municipalidad y del Interés colectivo de la población.

 

 

jueves, 16 de diciembre de 2021

Colegio de Abogados depositará recurso de inconstitucionalidad en contra Presupuesto Nacional del 2022 por baja asignación al sector justicia


 

La Justicia no puede funcionar con jueces y fiscales ganando salarios de miseria, en condiciones infrahumanas.

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), continúa una serie de acciones en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.

 

La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.

 

El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está  atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, sumado a la virtualidad, lo que dificulta su operatividad.

 

Surun Hernández explicó que la Ley 194-04, establece que la justicia debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República. 

 

Denunció que “las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen.

 

Agregó que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.

 

El presidente del Colegio de Abogados agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años.

 

Asimismo valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21, por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y el acceso a los expedientes.

 

El jurista anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.

 

Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria

 

El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).

 

Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.