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viernes, 22 de agosto de 2025

Edeeste aclara contratación de firmas de abogados externos para atender más de 2,000 demandas

Santo Domingo, R. D.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este viernes que la contratación de firmas legales externas responde a la necesidad de reforzar la capacidad institucional para atender el cúmulo de procesos judiciales que enfrenta la empresa, que actualmente ascienden a más de 2,000 casos en distintas jurisdicciones.

 

La compañía explicó que su departamento de litigios cuenta con solo cinco abogados internos, lo que hace insuficiente la cobertura para la magnitud de los expedientes. Con la integración de firmas externas, cada abogado contratado asumirá en promedio 150 casos, lo que permitirá agilizar los procesos y garantizar una defensa efectiva.

 

De acuerdo con la distribuidora, los litigios que enfrenta no son de carácter ordinario, sino que exigen conocimientos combinados de derecho civil, administrativo y del sector eléctrico, particularmente lo dispuesto en la Ley General de Electricidad No. 125-01. Por esa razón, se hace necesaria la participación de profesionales con experiencia comprobada en estas áreas.

 

Edeeste detalló que los contratos se rigen bajo esquemas previamente aprobados, que incluyen iguala mensual, un tope de gastos legales y bonos por éxito, con lo cual los pagos se encuentran estrictamente condicionados a resultados. “No se trata de una retribución fija adicional, sino de un modelo que premia la efectividad procesal y garantiza eficiencia en el uso de los recursos públicos”, destacó la institución.

 

La distribuidora subrayó que la contratación fue publicada en el portal institucional, acompañada de su informe justificativo, en cumplimiento con los principios de transparencia y acceso a la información.

 

“Esta decisión es estratégica para proteger el patrimonio público y asegurar la sostenibilidad operativa de la empresa”, sostuvo Edeeste en un comunicado, al tiempo que reiteró su disposición a ofrecer información clara y documentada a cualquier ciudadano o sector interesado.

 

jueves, 23 de febrero de 2023

Poder Ejecutivo continua socializando propuesta de Ministerio de Justicia con abogados

La consultoría ha venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Como parte de las tareas de intercambio y consultas que, por instrucción del presidente Luis Abinader, viene realizando la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia, este 23 de febrero se efectuó un encuentro con abogados especialistas en Derecho Público, académicos, y representantes de diversos actores sociales de importancia en el Palacio Nacional.

 

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo presentó el proyecto que impulsa el presidente Abinader y comentó la evolución del texto a partir de las diferentes etapas del dialogo que se ha sostenido sobre el tema desde octubre de 2022. Se motivó la inclusión de varias propuestas, la reformulación orgánica de la propuesta preliminar y la importancia de la visión de actores diversos en el proceso.


 

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que en acatamiento de la propuesta realizada por el mandatario, la consultoría ha venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia, con los gremios empresariales, así como también con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país.

 

“Como resultado de este proceso consultivo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia”, expuso Peralta

 

Agregó: que en fiel cumplimiento del principio de separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto constitucional, hemos plasmado en el anteproyecto de ley que “el Ministerio de Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones”.

 

Viceministerios integrados al Ministerio de Justicia

 

El Ministerio de Justicia quedaría integrado por los siguientes cinco viceministerios:

 

1) Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, que coordinará la atención y colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia.

 

2)Viceministerio de Representación Procesal, el cual coordinará, en los casos que corresponda, la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos.

 

3)Viceministerio de Derechos Humanos, este coordinará el Sistema Nacional de Derechos Humanos, contemplado en el anteproyecto, así como las políticas públicas en materia de derechos humanos. También instrumentará la respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de derechos humanos.

 

4) Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, el cual coordinará el Sistema Penitenciario y Correccional y las políticas públicas penitenciarias y correccionales.

 

5)Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.

 

Luego de las palabras del Consultor del Poder Ejecutivo, varios profesionales del Derecho expusieron sus consideraciones a la iniciativa legislativa que tiene por objeto traspasar a un nuevo órgano las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, implican una carga para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia, y los desenfocan de sus funciones jurisdiccionales naturales.

 

En el encuentro participaron reconocidos abogados constitucionalistas, administrativistas, penalistas, así como antiguos integrantes de la judicatura nacional y extitulares de órganos del Estado.

 

Las sugerencias planteadas por los juristas serán ponderadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de cara al depósito de la pieza legislativa el próximo 27 de febrero por parte del presidente Abinader.

 

miércoles, 12 de octubre de 2022

Abogados marchan en demanda de pensiones y seguro de salud establecidos en Ley de Seguridad Social

Exigen manejo legal de fondos de la Seguridad Social, cobertura para profesionales independientes y mejora de los servicios de las ARS y AFP del país.

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Cientos de Abogados marcharon desde la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en la avenida Bolívar hasta la Superinentendencia de Pensiones exigiendo el derecho a pensiones por edad, vejez, por discapacidad y de seguro médico para los profesionales del Derecho que laboran de manera independiente, como está contemplado en la Ley de Seguridad Social 87-01.

 

Miguel Surun Hernández, presidente del Card, quien habló en nombre de los manifestantes, explicó que el artículo 7, literal C, de la Ley de la Seguridad Social 87-01 establece textualmente la obligatoriedad de la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos que laboran de manera independiente con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.

 

En la marcha también  participaron miembros de la Junta Directiva del Card; Senen Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano; el diputado Pedro Botello; así como representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, en respaldo a la misma.

 

"Calificamos como un abuso, un desacato y una burla para los ciudadanos que luego de más de 20 años de haber sido promulgada en dicha Ley, los profesionales independientes continúen  desamparados, sin  cobertura de salud, de riesgos laborales y de  pensiones, derechos contenidos en la Ley de Seguridad Social, afectando a miles de personas, lo que no vamos a permtir", expresó el gremialista.

 

El jurista recordó que el artículo 60 de la Constitución de la República también consagra que todos los dominicanos tienen el derecho a tener acceso a la Seguridad Social.

 

Los profesionales del Derecho indicaron que estas reivindicaciones se pueden lograr si la Tesorería de la Seguridad Social hace un uso correcto, regular y legal de los recursos que maneja del Estado y de los contribuyentes y aplica el Seguro Contributivo Subsidiado.

 

Exigen mejorar cobertura

 

Los abogados que participaron en la marcha  también se quejaron por la mala cobertura y las irregularidades existentes en la mayoría de las Administradoras de Riesgos de Salud y de Fondos de Pensiones,  quienes en la mayoría de los casos trabajan para su beneficio y no de sus afiliados.

 

Además reclamaron muchas ARS y AFP van desprotegiendo a sus usuarios mientras aumentan su edad, violándoles sus derechos y obteniendo cuantiosas ganancias de miles de millones de pesos.

 

El Presidente del Colegio de Abogados advirtió que el gremio que agrupa a más de 70 mil miembros se mantendrá vigilante del accionar de todas estas instituciones públicas y privadas, que deben de proteger y ofrecer buenos servicios a los profesionales del Derecho, de otras ramas y a técnicos que laboran de manera independientes, anunciando que se mantendrán en pie de lucha.

 

lunes, 15 de noviembre de 2021

Colegio de Abogados apodera al Tribunal Constitucional para que conozca conflicto de competencia con Cámara de Cuentas

Dice el Fiscal de Cuentas del CARD es quien tiene facultad de auditar el gremio artículo 83 de la Ley 3-19

 

SANTO DOMINGO, R. D.- EL Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción en Conflicto de Competencia en contra de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), con el objetivo de que el máximo tribunal determine qué organismo tiene competencia para auditar el gremio.

 

La acción Constitucional en Conflicto de Competencia fue interpuesta por el CARD mediante una instancia sometida el 11 de noviembre del 2021 en el Tribunal Constitucional y notificada a la Cámara de Cuentas, ante el conflicto suscitado entre ambas instituciones.

 

En dicha acción el Colegio de Abogados plantea que el Fiscal de Cuentas del CARD, en su calidad de auditor externo, es quien tiene la facultad de auditar los recursos del gremio, junto a las firmas auditoras privadas contratadas anualmente, según el artículo 83 de la Ley 3-19 del Colegio.

 

 “Hemos dicho en varias ocasiones que el Colegio de Abogados de RD no recibe fondos del Presupuesto Nacional, ni maneja recursos públicos y que sus ingresos provienen de tasas por sus servicios, tal y como lo refiere la Sentencia TC/0288/20, de fecha 21 de diciembre del 2020 y una certificación emitida por la Dirección General de Presupuesto; a pesar todo esto la CCRD insiste en actuar contrario a la Ley y a la Constitución, por lo que decidimos dirimir el tema en el Tribunal Constitucional”, expresó Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de RD.

 

El gremialista destacó que el artículo 185-3 de la Constitución de la República faculta al Tribunal Constitucional para conocer acciones directas contra la Cámara de Cuentas de RD y el 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11, la autoriza para conocer los Conflictos de Competencia de orden constitucional entre los poderes del Estado, así como los que surjan entre cualquiera de estos poderes y entre órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, los municipios u otras persona.

 

“Hemos optado por la mejor vía para resolver la diferencia de competencia con la Cámara de Cuentas, que es la consagrada en nuestra Carta Magna, que instituye el Tribunal Constitucional, máxima autoridad en materia constitucional. Confiamos que las vías constitucionales proveerán la mejor solución a este innecesario conflicto, pues ha sido la Junta Directiva Nacional del CARD quien ha insistido con mayor ahínco de que se registren revisiones, fiscalizaciones y auditorías de los recursos privados del gremio, pero apegados a las leyes y a la Constitución”, indicó el CARD.

 

Sentencia del TC

 

El Tribunal Constitucional mediante sentencia TC-0163-13, externó respecto al CARD, que son entidades que tienen “una base privada”, tal y como lo reiteró en cuanto al carácter privado de sus recursos. En la Sentencia TC-288-20 del 21 de diciembre del 2020 señaló que los recursos del gremio provienen de las Tasas, por el servicio de organizar y fiscalizar el ejercicio de la abogacía, señaló el gremio.

 

 

jueves, 4 de noviembre de 2021

Frente de Abogados del PRM asegura no hay condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos judiciales


 

Calificaron como un despropósito institucional intentar desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El  Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM),  rechazó el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, en la Cámara de Diputados.

 

Belgia Soler, presidenta del Frente, indicó que no se oponen al modernismo en el área de la justicia, pero “no están dadas las condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos en justicia, alegando que el mismo viola el artículo 69 de la Constitución de la República que habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y que con este anteproyecto se violentan todos estos derechos”.

 

Soler calificó dicho proyecto como “Un grosero despropósito institucional que pretende legitimar el desacato del Consejo del Poder Judicial contra una Sentencia emanada por el Tribunal Constitucional que es el máximo órgano constitucional de la República Dominicana”.

 

La jurista señaló que el Proyecto de Ley vulnera los derechos de abogados y ciudadanos que carecen de conocimientos de informática, acceso a computadores, internet, energía eléctrica ininterrumpida que se registran hasta en los tribunales y de otras herramientas.

 

“El Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial atenta contra los principios de inmediación, concentración y contradicción, conculca y entra en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que declaró inconstitucionales los procedimientos virtuales, y contiene una delegación de poderes del Congreso Nacional en favor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al autorizarle a modificar los códigos de procedimientos civiles penales, laborales y de tierra, por la vía reglamentaria, al afirmar que no están establecidos en la Carta Magna”, expresó dicho Frente.

 

jueves, 28 de octubre de 2021

Frentes de Abogados del PLD y PRD se unen para rechazar Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial

Aseguran la iniciativa entra en contradicción con sentencia del Tribunal Constitucional

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Los Frentes de Abogados de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) rechazaron el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, en la Cámara de Diputados, por ser violatorio de varios artículos de la Constitución de la República, tal y como lo expresó una sentencia del Tribunal Constitucional.

 

 La posición fue externada por Diego José García, presidente del Frente de Abogados del PLD; Belkis Jiménez, presidente del Frente de Abogados del PRD y Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana.

 

 Los juristas recordaron que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional las audiencias virtuales mediante la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, alegando que los mismos con violatorios a los principios de inmediación, concentración y derecho de defensa.

 

Denunciaron que el Sistema de Justicia Virtual también limita la Tutela Judicial Efectiva o el acceso a la justicia, porque no todos los usuarios del sistema tienen acceso a computadoras, internet, energía eléctrica ininterrumpida, o tienen conocimiento del uso de los recursos tecnológicos, lo que va en perjuicio de los abogados y de la población en general. 

 

Los representantes de los Frentes de Abogados del PLD y PRD, indicaron que de lo que se trata es de un proyecto de Ley “Habilitante”, mediante el cual se pretende que el Congreso Nacional ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas.

 


“Esta iniciativa, aparte de ser atentatoria contra el estado de derecho y contra la Constitución, es un grosero despropósito institucional que pretende legitimar el desacato del Consejo del Poder Judicial contra una Sentencia emanada del máximo órgano Constitucional de la República Dominicana y solicitaron a los congresistas sopesar bien la iniciativa, que pone en juego el rol de la Justicia”, expresaron los togados.

 

 En tanto, Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, agradeció el respaldo de los Frentes de Abogados de los Partidos Mayoritarios y dijo cuándo una clase se une sin mirar banderías políticas es porque de lo que se trata de un proyecto que afectaría el sistema de justicia y a los actores del sistema.

 

Estas posiciones fueron externadas en el marco del Congreso Contra la Ley de Cierre Virtual “Junto Contra el Desacato Judicial”, realizado en la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

 

 

 

 

viernes, 8 de octubre de 2021

Poder Ejecutivo firma contrato con abogados para recuperación de Patrimonio Público


 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Poder Ejecutivo firmó la tarde de este viernes un contrato con un grupo de abogados mediante el cual se ejecutarán las acciones legales de diversas naturalezas para la recuperación del Patrimonio Público que se encuentre en manos de terceros como consecuencia de acciones dolosas.

 

El anuncio fue hecho por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien recordó que a raíz de este interés, se emitió el Decreto núm. 22-21 que designó al señor Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo, y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, como coordinadores de equipos.

 

Posteriormente, mediante el Decreto 499-21, el presidente Luis Abinader constituyó el Fideicomiso de Patrimonio Público Recuperado, con un Comité Técnico integrado por el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Pedro Silverio en su calidad de asesor del Poder Ejecutivo en Economía y el consultor jurídico del Pod er Ejecutivo.

 

Entre los contratados, y que integran los diferentes equipos, destacan juristas como Félix Damián Olivares Grullón, Sóstenes Raúl Rodríguez Segura, Carlos Moisés Almonte Jiménez, Nelson De Los Santos Ferrand, Leidy Altagracia Torres De Figuereo, José Lorenzo Fermín Mejía, Carlos Manuel González Hernández, Carlos Franjul Mejía, Francisco Gregorio Álvarez Martínez y Rafael Segundo Ortega Grullón.

 

También integran los equipos los licenciados  José Alberto Ortiz Beltrán, Rafael Dickson Morales, Jorge Antonio López Hilario, Claudio Alberto Luna Torres, Namphi Andrés Rodríguez, Felipe Herrera De La Rosa, Edison Joel Peña, Keryma Marra Martínez, Bienvenido Fabián Melo De Los Santos, Vinicio Martín Cuello Pereira, Sigfrido Alberto Caamaño García, José Chía Sánchez, Ramón Alejandro Ayala López, Juan Bautista Cuevas Medrano, Sandra Ysabel Taveras, Carlos Alberto Polanco Rodríguez, Jorge Alexandro Herasme Rivas, Ivanna Rodríguez Hernández, y Ricardo Díaz Polanco.

 

A partir de este último paso, de varios que se han dado en un cuidadoso proceso de evaluación, selección y contratación, estos abogados darán continuación a los trabajos en los que ya laboran para la esperada recuperación del patrimonio público en beneficio de todos los dominicanos.

 

miércoles, 25 de agosto de 2021

Colegio de Abogados emplaza al Poder Ejecutivo asignar el 4.10 por ciento del presupuesto al sector justicia


 

Exhorta apoyar independencia judicial otorgando recursos previstos en ley 194-04.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados  de la República Dominicana (CARD) intimó al Poder Ejecutivo a entregar el 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional al sector justicia, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04. 

 

La petición fue realizada por una comisión del gremio encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, que entregó un recurso de intimación a la Dirección General de Presupuesto para que cumpla dicha Ley, otorgándole un plazo de 15 días para iniciar el proceso de asignación de dichos recursos en el proyecto de Presupuesto del 2022. 

 

Surun Hernández calificó como insuficiente el presupuesto actual del Poder Judicial, alegando que no alcanza para cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones de dicho sector.

 

Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento". 

 

El presidente del CARD dijo que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha contra la corrupción eficiente, para manejar temas delicados, se necesita a un personal de investigación y judicial especializado, bien pagados e incentivados, lo que no se ha podido lograr actualmente por falta de recursos económicos. 

 

Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).

 

El Colegio de Abogados consideró que las buenas intenciones de independencia de la Justicia deben comenzar con respetar la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Publico, por lo que advirtió que, si en el plazo de 15 días no se obtempera a asignar las referidas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del director de Presupuesto, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.

 

miércoles, 11 de agosto de 2021

Colegio de Abogados condena muerte de jurista a manos de policías en San José de Ocoa


 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD), condenó este martes la muerte de uno de sus afiliados a manos de una patrulla policial en San José de Ocoa.

 

El presidente del gremio que agrupa a los togados, Miguel Surún Hernández, pidió la destitución de los agentes actuantes en el incidente en que perdió la vida el abogado ocoeño Ray Castillo Olaverría.

 

Surún Hernández calificó como “un abusivo y salvaje asesinato”, la muerte del jurista, miembro de la directiva de la seccional del Colegio de Abogados en San José de Ocoa.

 

El presidente del CARD reclamó que el Ministerio Público y la Policía inicien de inmediato una profunda investigación del hecho.

 

Adelantó que el Colegio de Abogados accionará en los tribunales contra todos los responsables de la muerte del togado.

 

El profesional del derecho afirmó que situaciones como estas no pueden ocurrir en un estado de derecho.

 

“Lamentamos que salvajismos como ese, le cueste la vida a profesionales honestos”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana.

 

Miguel Surún Hernández manifestó que el gremio que preside no desmayará hasta que el incidente en que perdió la vida el profesional del derecho, Ray Castillo Olaverría, sea esclarecido.

 

 

 

martes, 3 de agosto de 2021

Entidades presentarán programa “Conoce Tus Derechos Migratorios”


 

Por Luis Aníbal Medrano S.

 

NUEVA YORK.- El Colegio de Abogados Dominicanos y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index), en esta urbe, unieron esfuerzos para realizar este próximo 4 de agosto el programa “Conoce Tus Derechos Migratorios”.

 

Ambas entidades procuran con el mencionado programa orientar y ayudar a los dominicanos residentes en esta parte de los Estados Unidos de Norteamérica y áreas circundantes, a conocer los derechos que le asisten en el aspecto migratorio.

 

“Conoce Tus Derechos Migratorios”, será realizado en el Centro Cívico Cultural Dominicano, ubicado en 619 W de la 145th Street, New York, NY 10031, a partir de las 6 de la tarde de este miércoles 4 de agosto con la presentación de la abogada Rosemarin Belliard.

 

Elvis A. Hernández Guevara (Aris), encargado de la División Legal del Index Nueva York y coordinador de la actividad, explicó que esta acción forma parte del cronograma de trabajo que viene realizando la entidad oficial dominicana con mira a contribuir desde diferentes aspectos a favorecer la población criolla y darle el respaldo necesario por el que aboga el presidente Luis Abinader.

 

Llamó a los dominicanos residentes aquí a participar de la mencionada actividad y aseguró que tal como anunció el presidente Luis Abinader, el Index trabaja para el desarrollo de programas, proyectos y acciones concretas para la promoción y la defensa de los derechos de las dominicanas y dominicanos en el exterior, mejorar su calidad de vida y fortalecer sus vínculos con el país.

 

miércoles, 9 de junio de 2021

Migración inaugura Ventanilla Única para abogados


 

SANTO DOMINGO, R. D.- A partir de este martes los abogados de todo el país cuentan con la facilidad de un servicio especializado de Ventanilla Única en la Dirección General de Migración, una medida que había sido reclamada por los profesionales del derecho que tienen que gestionar documentos y autorizaciones en ese organismo.

 

El acto inaugural contó con la presencia de la presidente de la seccional del Distrito Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), licenciada Yudelka Laureano, quien expresó su satisfacción por la disposición del director de Migración, Enrique García, con quien se reunió para tratar asuntos relacionados con el desarrollo del gremio.

 

Laureano destacó la importancia de esta de esta ventanilla, con la cual se facilita el trabajo de los abogados que diariamente acuden a la institución.

 

Agregó que esto es solo el inicio de una serie de acuerdos con la Dirección General de Migración, cuyo director ha visto con agrado una serie de propuestas que se le han planteado para un mejor desempeño de los abogados en lo que tiene que ver con los asuntos migratorios que tanta demanda tienen en el país.

 

Aseguró que en los próximos días se informarán otros convenios con distintas instituciones en beneficio de los abogados afiliados a la seccional del Distrito Nacional del CARD.

 

 

jueves, 7 de enero de 2021

Abogados protestan frente a la Suprema Corte de Justicia en el Día del Poder Judicial


 

Denuncian que la justicia esta secuestrada y se encuentra en su peor momento


SANTO DOMINGO, R. D.- Cientos de juristas miembros del Colegio de Abogados de la República  Dominicana (CARD), protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia para reclamar la reapertura de los tribunales y el cese de 

los abusos y de las cancelaciones injustificadas de los servidores del sistema, durante la celebración del Día del Poder Judicial.


Las protestas se realizaron con pancartas y una caja de muertos donde se simboliza la muerte del sistema de justicia, en momentos en que se realizaba una audiencia solemne dentro de la Suprema con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. 

Los abogados denunciaron que en estos momentos la justicia dominicana se encuentra en su peor momento por todas las medidas desacertadas, ilegales e inconstitucionales adoptadas por el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, por lo que solicitaron su rápida destitución. 

" Mantener el cierre de la mayoría de los tribunales, disponer cancelaciones masivas de personal, movimientos injustificados, cambios en secretaria que afectan a los usuarios del sistema, mal manejo de los fondos, designación de empleados y asesores con hasta 400 mil pesos, violando la Ley de Función Pública, de Carrera Judicial y el escalafón, son parte de las medidas tomadas por Luis Henry Molina que afectan a miles de abogados y a los usuarios del sistema", expresaron los togados. 

Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, lamentó que el Día del Poder Judicial se celebre en momentos en que está secuestrado.


"Con esta manifestación, la clases jurídica nacional demuestra una vez más el gran rechazo que le tenemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que cree que está por encima de la ley, desacatando la sentencia de dos tribunales que dispusieron la apertura total de la justicia", consideró Surun Hernández. 

Por esta razón reiteramos la solicitud a los diputados de realizarle un juicio político al presidente de la Suprema reclamaron a los diputados iniciar cuanto antes, el proceso para que Molina sea sometido a un juicio político.


El vocero del CARD consideró que este es un país  democrático donde debe imperar el derecho a una justicia que no esté manejada por firmas españolas o por empresas privadas.


Los profesionales del derecho pidieron además a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura analizar las pruebas depositadas en la secretaria de ese organismo, que evidencian sus  denuncias.