La Justicia no puede funcionar con jueces y fiscales ganando salarios de miseria, en condiciones infrahumanas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la
República Dominicana (CARD), continúa una serie de acciones en demanda de la
asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia
en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía
Presupuestaria.
La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la
Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el
sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder
Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal
Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.
El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del
gremio, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció
que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de
bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos,
de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, sumado a la
virtualidad, lo que dificulta su operatividad.
Surun Hernández explicó que la Ley 194-04, establece que la justicia
debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder
Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República.
Denunció que “las limitaciones de recursos han imposibilitado la
puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes
especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones
deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público
reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen.
Agregó que la ausencia de recursos también ha estancado la contratación de
1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto,
situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el
gremialista.
El presidente del Colegio de Abogados agregó que “en la República
Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los
poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado
de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley
194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años.
Asimismo valoró el inicio del acatamiento de la Sentencia TC/0286/21,
por parte del Consejo del Poder Judicial con la apertura de las secretarías y
el acceso a los expedientes.
El jurista anunció que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor
de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato
de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias
virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela
judicial.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el
Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General
de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).
Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los
recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
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