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jueves, 4 de noviembre de 2021

Frente de Abogados del PRM asegura no hay condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos judiciales


 

Calificaron como un despropósito institucional intentar desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El  Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno (PRM),  rechazó el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, en la Cámara de Diputados.

 

Belgia Soler, presidenta del Frente, indicó que no se oponen al modernismo en el área de la justicia, pero “no están dadas las condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos en justicia, alegando que el mismo viola el artículo 69 de la Constitución de la República que habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y que con este anteproyecto se violentan todos estos derechos”.

 

Soler calificó dicho proyecto como “Un grosero despropósito institucional que pretende legitimar el desacato del Consejo del Poder Judicial contra una Sentencia emanada por el Tribunal Constitucional que es el máximo órgano constitucional de la República Dominicana”.

 

La jurista señaló que el Proyecto de Ley vulnera los derechos de abogados y ciudadanos que carecen de conocimientos de informática, acceso a computadores, internet, energía eléctrica ininterrumpida que se registran hasta en los tribunales y de otras herramientas.

 

“El Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial atenta contra los principios de inmediación, concentración y contradicción, conculca y entra en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que declaró inconstitucionales los procedimientos virtuales, y contiene una delegación de poderes del Congreso Nacional en favor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al autorizarle a modificar los códigos de procedimientos civiles penales, laborales y de tierra, por la vía reglamentaria, al afirmar que no están establecidos en la Carta Magna”, expresó dicho Frente.

 

viernes, 22 de mayo de 2015

Continuarán operativos para evitar animales en las autopistas a Samaná



SANTO DOMINGO, R. D.- La encargada de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República dijo estar recibiendo “presiones” para que descontinúe los operativos de incautación de animales que deambulan en las carreteras de Santo Domingo a Samaná.

La doctora Mairlyn Lois sostuvo que “a mí me han llamado diputados, magistrados, coroneles y generales”, a quienes no identificó, para que cese en las acciones de recoger los animales que, deambulando en esas vías, han provocado numerosos accidentes, algunos de ellos con saldo trágico de pérdida de vidas humanas y daños materiales.

“Nosotros no estamos haciendo estos operativos para hacerle daño personal a nadie, a ninguna persona en particular; el interés de estas acciones es el de salvaguardar vidas humanas y de animales”, expresó.

La funcionaria manifestó que “todos deben entender que sus animales han de ser colocados detrás de las cercas de sus propiedades para evitar tragedias”.

Dijo que actúan con mucha irresponsabilidad los propietarios de animales que colocan su ganado sin amarras a alimentarse a orillas de la autopista Juan Pablo II, que conduce a Samaná.
“Cuando se producen accidentes por esa causa, los dueños de esos animales solo salen a flote para descuartizarlos”, lamentó.

La Unidad de Protección Animal realiza estos operativos de incautación de animales deambulantes en coordinación con las firmas concesionarias de las vías:  Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico.

Las declaraciones de la doctora Lois fueron servidas a los medios mediante un boletín informativo de las firmas concesionarias.


lunes, 28 de abril de 2014

Santo Domingo sede de asambleas internacionales de jueces

SANTO DOMINGO, R. D.- Entre los días 27 de abril y primero (1) de mayo del cursante año 2014 se celebra conjuntamente  la 63ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamérica de Magistrados (FLAM) y la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (IBA-UIM), cuyas sesiones de trabajo tendrán como sede el Hotel Sheraton Santo Domingo, así como el patrocinio de una serie de instituciones públicas y privadas, entre ellas la Presidencia de la República.

La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) será la anfitriona de tan magnos eventos, justo en el mes cuando celebra el tercer aniversario de su fundación, lo cual ocurrió el primero (1) de abril de 2011.

En su condición de anfitriona, JUDEMO se ha estado preparando para recibir las delegaciones oficiales pertenecientes a las  21 organizaciones judiciales que participaran en los indicados encuentros internacionales de magistrados, provenientes de igual número de países, entre ellos de América Latina y Europa, tales como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y República Dominicana, así como las del viejo continente, representadas por Austria, España, Francia, Italia y Portugal.

A dichos importantes eventos, entre cuyos temas centrales se encuentran: “La seguridad social de los jueces” y “El acceso de la mujer a la función judicial”, asistirán miembros de organismos internacionales, tales como la doctora Gabriela Knaul, relatora especial para la independencia judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, la doctora Mirinda Vicenty, actual Presidente de la FLAM, así como el magistrado Reissner Gerhard, Presidente de la Unión Internacional de Magistrados (International Association of Judges), ambos órganos operan como entes consultivos de la OEA  y de la ONU, respectivamente.

El acto inaugural de tales asambleas tendrá lugar el lunes 28 de abril en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a las diez de la mañana, ocasión para la cual han sido invitadas autoridades de los Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, representantes diplomáticos acreditados en el país, jueces y distinguidas personalidades de la vida nacional.

Estas asambleas, realizadas por primera vez en el territorio dominicano, congregarán a más de 130 jueces de diversas latitudes geográficas, quienes durante su estada en nuestra nación debatirán sobre asuntos concernientes a los sistemas judiciales de los países concurrentes, en cuyo ínterin también se elegirán los miembros de la nueva directiva de la FLAM, lo cual permite que JUDEMO pueda postular a dicho órgano directivo a algún miembro de los suyos para optar por uno de tales cargos de dirigencia.



jueves, 19 de diciembre de 2013

Reclaman desagravio por apresamiento injusto

Jóvenes reclaman desagravio por apresamiento injusto y señalan responsables  de supuestas becas falsas


SANTO DOMINGO, R. D.- Cinco jóvenes apresados y acusados de vender becas y diplomados  falsos en el municipio de Las Terrenas de la Provincia de Samaná demandaran a dos directivos del Movimiento Turístico Dominicano (MTD), a quienes acusaron de contratarlos para ofertar  un servicio  educativo que no estaban en capacidad  de prestar.

Los jóvenes Billinger Alexander Medrano Calcagño, Virgilio Santana Torres, Esthefany Portes Heredia, Jason Roenil de la Cruz Estrella y Juana Josefina Amparo, quienes fueron apresados  y encarcelados durante casi dos meses, anunciaron que formal querella por daños y perjuicios contra Ferdinand Winston Morrison y Yomaira Campos, máximos presidente del consejo directivo y presidenta del MTD, por haberlos reclutados como para trabajar como promotores de cursos, becas y diplomados, sin disponer de la capacidad operativa real para realizarlos.

Indicaron que el  incumplimiento del Movimiento Turístico Dominicano del servicio vendido, provocó que decenas de  estudiantes se querellaron contra ellos, razón por la que fueron  “apresados, secuestrados, encarcelados y sometidos injustamente a la justicia, como una asociación de malhechores que se dedicaban a robar y estafar a empobrecidos e incautos estudiantes”.

“Después que fuimos apresados y sometidos a la Justicia, ni Ferdinand Winston Morrison ni  Yomaira Campos, ni la entidad que representaban dieron la cara para asumir su responsabilidad y defender al grupo de jóvenes que usaron para perpetrar la aparente estafa”, explicaron durante una rueda de prensa.

Indicaron que iniciarán  acciones legales contra  Morrison y  Campos “y las llevaremos hasta las últimas consecuencias, porque con esta no solo pretendemos un resarcimiento de todo el daño pecuniario causado a nosotros y nuestras familias, sino y fundamentalmente, porque queremos que la verdad sea conocida por todo el mundo y muy especialmente por quienes se sintieron estafados por nosotros y que la sociedad dominicana entera conozca del agravio a nuestra dignidad personal y moral públicas”.

Denunciaron de que fueron víctimas de múltiples vejámenes y humillaciones durante su prolongado cautiverio, además del  sufrimiento propio y de sus  familias, durante los casi dos meses que guardaron  prisión en Samaná.
                  
“Se trató de  un abusivo y bochornoso acto de injustita que no aceptamos que quede impune, no importa el costo y las consecuencias que de nuestra acción legal se deriven”, enfatizaron.

“Quienes debieron estar presos desde el primer momento fueron Ferdinand Winston Morrison  y Yomaira Campos, porque ellos son los dueños de la fundación Movimiento Turístico Dominicano (MTD) y porque además, fueron quienes nos sonsacaron, reclutaron, adiestraron y contrataron para la promoción de las referidas becas y en ningún momento se nos indico que estas eran falsas, ni que ellos se dedicaban a realizar actividades ilícitas”.
                  
Se quejaron también de la “pésima actuación del Ministerio Publico en Samaná, porque este ordeno y mantuvo una prisión injusta, abusiva e ilegal contra nosotros simples empleados del MTD, ejerciendo una especie de populismo samanense, que se ensaño contra nosotros, pero nunca dispuso, como debió de hacerlo, la persecución, arresto y conducencia de nuestros empleadores, únicos beneficiarios y responsables directos de cualquier irregularidad sucedida con las referidas becas”.
                  
“La injusticia y todas las irregularidades del proceso legal contra nosotros es una evidencia clara de lo corrompido y obsoleto del sistema de administración de justicia en la Provincia de Samaná, y por tal motivo demandaremos de la Procuraduría General de la República que disponga una inmediata y exhaustiva investigación  a la Licenciada Liz Duran González, Procuradora Adjunta de Samaná, con asiento en el Municipio de Las Terrenas, así como a la Magistrada Manuela Acosta Peña, Jueza Titular de Instrucción de Samaná, por no someter y mantener siempre al margen del referido proceso legal a los verdaderos y únicos responsables del daño causado a los estudiantes de Samaná”, indicaron.



martes, 25 de septiembre de 2012

Dan a conocer auditorias en ayuntamiento de Santiago


Revelan sobrevaluaron obras por más de RD$58MM en gestión del período 2004 - 2010

SANTIAGO, R. D.- El secretario de Urbanismo municipal, ingeniero Erving Vargas reveló hoy que durante la gestión del período 2004-2010 se sobrevaluaron obras por más de 58 millones de pesos en perjuicio del Cabildo y los munícipes locales.

En conferencia de prensa, el funcionario edilicio mostró los resultados de los análisis que hicieron la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y el departamento de Obras Públicas a las obras presupuestada, ejecutadas y cubicadas en ese lapso de tiempo, y se determinó que de 136 obras, hubo sobre-valuaciones por un monto de 58 millones 320 mil 912 pesos.

“Con este informe presentamos a la opinión pública la manera en cómo se manejaron esos recursos, favoreciendo muchas veces a personas que no eran miembros del CODIA y a quienes se les adjudicaron contratos”, subrayó Vargas.

Al preguntársele sobre una posible acción judicial contra los ex funcionarios municipales del período 2004-2010, Erving Vargas dijo que era función del departamento Jurídico determinar si recurre o no a los tribunales, pero también a los departamentos financieros y de tesorería del Cabildo.

Vargas informó que la Cámara de Cuentas auditó un total de 40 obras y el departamento de Obras Públicas municipales, 90 obras

Por otro lado, Vargas anunció que próximamente serán inauguradas un conjunto de obras terminadas por la actual administración del Alcalde Gilberto Serulle.

Califican código del menor de RD como anacrónico


Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favorece aumento de las penas para los menores infractores

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) favoreció la modificación de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (o Código del Menor), a los fines de aumentar las sanciones penales a menores de edad, con un máximo de 15 años de reclusión, por la comisión de hechos de terrible gravedad (narcotráfico, violación sexual, atraco a mano armada, secuestro, sicariato o asesinato entre otros), que ocasionan alarma, conmoción y consternación social.
La entidad de sociedad civil calificó al código del menor de anacrónico, fuera de época y contexto, con penas máximas de sólo 5 años, ante la comisión de crímenes graves, para menores con menos de 18 años de edad.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, precisó que la legislación internacional permite  a los Estados nacionales adoptar medidas en relación con los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, tal como se desprende del punto B.22 de la Observación General No. 10 (2007), de la Organización de Naciones Unidas, al tratar Los Derechos del Niño en la Justicia de Menores, medidas que de acuerdo al Art. 376.b de la Convención de Derechos del Niño incluyen la posibilidad de detención, el encarcelamiento o la prisión como medida de último recurso.
La FJT aseguró que las modificaciones hechas por la cámara de diputados al código del menor se corresponden y observan las directrices de los tratados y acuerdos internacionales en materia de menores, siempre respetando los derechos fundamentales de los menores y propiciando acciones alternativas orientadas desde el estado dominicano a conjurar las causas fundamentalmente sociales que originan la delincuencia juvenil.
Potentini citó el caso de varios países, como España, Chile, Costa Rica, entre otros, que hoy producto de la experiencia en materia de justicia juvenil han tenido que aumentar las penas a 15 años para los menores infractores, siempre bajo el esquema y en consonancia con los tratados internacionales
La entidad cívica afirmó que resulta indiscutible y perentoria la necesidad de castigar hechos tan graves como los que están cometiendo los menores de edad, involucrados en toda suerte de barbaridad delincuencial cada vez más creciente, situación que obliga a las autoridades a crear medidas excepcionales como repuestas sociales que permitan determinar e imponer sanciones penales a menores de edad.
Finalmente, la Fundación Justicia y Transparencia urgió al Estado Dominicano a implementar políticas públicas en procura de combatir y prevenir las causas que generan la delincuencia juvenil, construyendo centros de rehabilitación especializados para esos menores en conflicto con la ley penal, garantizándole su rehabilitación y reinserción social.


domingo, 23 de septiembre de 2012

Juristas establecen revisión de celular entre pareja no constituye delito alguno


Justicia y Transparencia (FJT) celebra conversatorio sobre el Derecho a la Intimidad y el Uso Punible de los Celulares entre Pareja

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) y la Librería Jurídica Global celebraron un conversatorio sobre El Derecho a la Intimidad y el Uso Punible de los Celulares entre Pareja, a raíz del revuelo social y jurídico causado, por las controversiales declaraciones de la fiscal titular del Distrito Nacional, quien estableció a través de su cuenta de Twitter, que revisar el teléfono de la pareja sin su consentimiento es un delito y se castiga con pena de tres meses a un año de prisión y multa de uno a 200 salarios mínimos.
La fiscal avalo su afirmación en un artículo de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología: qué establece, Artículo 6.- Acceso Ilícito. El hecho de acceder a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, o a sus componentes, utilizando o no una identidad ajena, o excediendo una autorización, se sancionará con las penas de tres meses a un año de prisión y multa desde una vez a doscientas veces el salario mínimo.
La actividad estuvo coordinada y dirigida por el presidente de Justicia y Transparencia Trajano Potentini, desarrollándose con la participación de los juristas Cándido Simón Polanco, Jhon Garrido, Blas Minaya Nolasco y Diego José García, quienes al referirse al tema coincidieron de manera enfática y categórica, en que la revisión de los celulares entre pareja no constituye delito alguno y que las afirmaciones de la fiscal del distrito están descontextualizada.

Simón Polanco, refirió que el acceso ilícito en el contexto de la ley 53-07, hace referencia a sistema informático, violado normalmente por vía remota con la intención de sabotear, dañar y|o robar informaciones, situación ajena a la relaciones entre pareja donde inclusive no existe el robo de conformidad con los dictados del artículo 380 del código penal.
Para Jhon Garrido, de ser ciertas las consideraciones de la fiscal, entiende que colapsaría el sistema de justicia penal por la cantidad de querellas que recibiría a diario; además concibe al matrimonio como un contrato, con bienes comunes, donde la finalidad constitucional prevista en el artículo 55, lo que procura es la protección de la familia como espacio fundamental de la convivencia social en un clima de confianza e intimidad recíproca.
Blas Minaya, calificó de absurdas y fomentadoras del conflicto social entre parejas las aseveraciones de la fiscal,  -asimismo llamo la atención del ministerio público a los fines de que propicien un clima de protección y armonía en el seno de la familia dominicana como núcleo y espacio vital de la sociedad, considerando no la protección de la mujer, del hombre o de los niños, sino la familia.
Diego José García, consideró como inviable y absurdas las consideraciones de la fiscal, en el entendido de la imposibilidad de entronizar el quimérico delito en el procedimiento penal, en relación con la prueba y otros mecanismos atinentes al debido proceso de ley impracticables en el supuesto de que la revisión del celular constituyera delito.   
En el conversatorio también se dieron cita diversas personalidades del ámbito jurídico y académico del país, entre los que se destacan el diputado Orlando Espinosa, Elizabeth Mateo y Álvaro Camaño del movimiento cívico Toy Jarto, y Julio Cesar de la Rosa, entre otros.

martes, 18 de septiembre de 2012

Resaltan aporte de la Fiscalía Comunitaria


Olga Dina investiga presunta Mafia operaría cárcel Fiscalía Provincia Santo Domingo utilizada como hotel

Santo Domingo Este, R. D.-Olga Diná Llaverías, fiscal de la provincia Santo Domingo, dijo que se investiga la supuesta mafia que opera en la cárcel de dicha institución judicial  en la que se ha denunciado es utilizada como un hotel por los reclusos.

Precisó que se enteró a través de un medio digital de que se estaría cobrando entre novecientos y mil pesos diarios a los reclusos para poder permanecer en la celda de la avenida Charles de Gaulle, y no ser trasladados a donde haya dispuesto el tribunal competente.

Diná Llaverías explicó que fue designada una comisión para determinar la existencia o no de la supuesta mafia.

En otro orden la magistrada resaltó que la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo creo nuevos departamentos y extendió el horario para ofrecer un servicio permanente y más eficaz a los usuarios de esa institución.

Dijo que la Unidad de Atención a la Violencia contra la mujer basada en el Género, Sexual e Intrafamiliar (UVGSI), el Sistema de Atención, la dirección de Litigación y el Departamento de Informática de esa dependencia trabajan en horario extendido de ocho de la mañana (8:00 AM) a once y treinta de la noche (a 11:30 PM)   y los fines de semana de 8:00 AM a  4:30 PM.

“La extensión de este servicio ha permitido que los afectados puedan hacer sus denuncias con mayor facilidad” expuso.

Así mismo Olga Dina Llaverías descartó tener relación o vinculación  alguna  con la determinación final del Consejo Superior, con la amonestación de cinco ayudantes fiscales, ya que según dijo estos son los únicos competentes para dichas decisiones.

“Solo tiene facultad el Consejo Superior para tomar decisiones sancionarías, solo recibimos las medidas ya adoptadas no formamos partes de ese consejo” dijo.
Dina Llaverías manifestó que vino a trabajar  por el fortalecimiento institucional, buscar la integración de la sociedad, de las instituciones de manera tal que junto con ella establecer un tremendo equipo para combatir todos los tipos penales que se presente en  la jurisdicción.

La Fiscal  de la provincia de Santo Domingo destacó los acuerdos suscritos con los Ayuntamientos de Santo Domingo Oeste y Este, con el que instalaron una Fiscalía Comunitaria para prevenir la violencia de género y asistir a las mujeres agredidas por sus parejas y ex parejas.

Explicó que en la fiscalía comunitaria, además de un acompañamiento legal, se ofertará asistencia psicológica a los usuarios.

“La Fiscalía Comunitaria,  que dará servicio a los residentes de la zona y en otras áreas en las que deban dirimir sus conflictos es uno de los mayores pilares con que cuenta nuestra gestión” indicó.

La Procuradora Fiscal dijo que “acercarse a los usuarios, para evitar que la gente invierta  recursos y tiempo en trasladarse a lugares distantes de ese municipio. Ese acercamiento incluirá charlas a la comunidad, sobre cómo solucionar sus conflictos, yo lo calificó de   importante en la lucha contra la violencia y la delincuencia”.

La profesional del Derecho puso de manifiesto que por tratarse de la demarcación de mayor extensión en el país, y donde están los principales aeropuertos   allí se dan más casos del crimen organizado y el  narcotráfico a gran escala.

Señaló como los casos delictivos los más frecuentados el trafico y microtráfico de Drogas, los atracos y los feminicidios.

“La provincia bordea   todo lo que es el Distrito Nacional, teniendo una extensión de mil 300 kilómetros cuadrados, entonces vamos desde Boca Chica a Pedro Brand, de Herrera hasta Guerra  y las distancias son extraordinarias, lo que implica que quienes  van a poner una  denuncia muchas veces se le complica”, comentó.

Diná Llaverías es una joven profesional del derecho oriunda de la Provincia Santiago, designada por el ex presidente Leonel Fernández, en abril de este año como Procuradora Fiscal de la Provincia Santo Domingo en sustitución de Perfecto Acosta Suriel quien fue designado en nuevo cargo en el tren gubernamental.

Cuenta con 13 años de experiencia en ejercicio, se ha desempeñado en diferentes cargos en la provincia de Santiago, entre los que se destacan: Directora del Departamento de Litigación Inicial, directora del Departamento de Denuncias y Querellas, así como de Atención al Usuario.

Además, dirigió la Unidad de Atención a la Violencia de Género Sexual Intrafamiliar.

La magistrada fue entrevistada en el Programa Revista 51, en la que participio como invitada especial. Revista 51 es un  espació   de análisis, comentarios, noticias  y entrevistas que ha   calado  en   la preferencia   de un público  que gusta  de la objetividad, libertad   y diversidad  de  temas, es dirigido y conducido por el destacado comunicador Ramón Valdez Paredes. Se transmite de lunes a viernes de siete a ocho (7:00 a 8:00) de noche, por Televisión Nueva Isabela (TNI51).