Depositan ante la PEPCA solicitud investigación gestiones ex alcaldes de Santo Domingo Este

 

Por Pedro Julio Encarnación

 

SANTO DOMINGO ESTE, RD. - El Movimiento de Acción Comunitaria (MAC) depositó en el día de ayer una instancia ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en la cual solicitan la realización de una exhaustiva y minuciosa investigación de las gestiones del finado alcalde Juan de los Santos y de Alfredo Martínez, al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), el primero durante el periodo 2004-2016 y el segundo en el periodo 2016-2020.

 

Además, solicitaron exhortar a la Cámara de Cuentas que sin mayores dilaciones haga de conocimiento público, para lo fines legales correspondientes de ser procedentes, los resultados y hallazgos de las auditorías practicadas al Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), correspondientes a los años 2018 y 2019, pedimento que también en varias ocasiones ha solicitado el actual alcalde Manuel Jiménez.

 

La comisión del Movimiento de Acción Comunitaria (MAC), se presentó a la oficina de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a las 10 de la mañana del Martes 3 del corriente mes de Agosto. Estuvo presidida por su Coordinador General Felipe Medrano y Sucre Julián Barrera, Director Operativo, otros integrantes fueron Juan Carlos Saro Cuevas, Presidente del Club Deportivo y Cultural Villa Faro, Carmen Omaira Saro Martínez, Presidenta en Funciones de la Junta de Vecinos de Villa Faro y Fernando Díaz, Vicepresidente del Patronato del Parque Recreativo “Juan Pablo Duarte” de Villa Faro.

 

En la instancia, dirigida a la Procuradora General de la República, Mirian German, vía el Magistrado Wilson Camacho, señalan que acudieron ante ellos, en razón de que es misión fundamental  de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), “el manejo de la investigación, persecución y sometimiento de la acción penal pública en los casos o hechos que involucren acciones de corrupción administrativa en la República Dominicana”, de acuerdo a lo consignado en el Artículo 88 del Código Procesal Penal, Ley número 76-02.

 

Agregan en la referida instancia que “nuestra solicitud está motivada única y exclusivamente en el hecho cierto, de que en Santo Domingo Este, se encuentran colapsados todos los servicios públicos municipales, situación que está al borde de generar una grave crisis sanitaria, la cual podría poner en peligro la salud y la vida de todos sus pobladores, pero muy particularmente, la de los sectores más empobrecidos y vulnerables”. Manuel Jiménez, actual alcalde municipal se ha lamentado en reiteradas ocasiones de no disponer de los recursos económicos y herramientas necesarias para afrontar la gravedad de la crisis, debido a las irregularidades heredadas de sus antecesores en el cargo.

 

“En realidad, Santo Domingo Este no aguanta más tanta calamidad, parecería como si fuera que el mismo Satanás, cargado de furia con sus larvas de fuego ardiente y no Jesucristo cargando con su cruz del evangelio, quien se ha apoderado de sus habitantes, destruyéndolo todo, diezmándolo todo, mientras sus pobladores yacen inertes como momias petrificadas en el olvido. Estamos padeciendo la peor pesadilla en toda historia de nuestro municipio, desde que el Almirante Cristóbal Colon invadiera nuestra isla con sus huestes salvajes y su hermano Bartolomé Colon, construyera en 1496 el primer municipio de América en la ribera oriental del río Ozama, hoy Villa Duarte”, se quejó con amargura Felipe Medrano.

 

Finalmente, el veterano dirigente social y comunitario Felipe Medrano, quien fuera Presidente de la Asociación de Clubes del Distrito Nacional (ASOCLUDISNA) durante la década del 1970, aseguró que “algo grande y rápido hay que hacer para que los recursos económicos, el dinero de nosotros los contribuyentes, sea administrado con pulcritud en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, de modo tal que fluyan con normalidad todos los servicios públicos municipales y nuestra ciudad recobre su anhelada y merecida tranquilidad”.

 

El Movimiento de Acción Comunitaria (MAC) es una organización social sin fines de lucro que opera en Santo Domingo Este y fue la responsable de la convocatoria realizada el 22 de Julio frente al edificio de la alcaldía en reclamo de la renuncia del actual alcalde Manuel Jiménez, a quien tildaron de “ineficiente e incapaz de gerenciar de forma adecuada la ciudad”. El depósito de la citada instancia de ayer ante la PEPCA es la segunda acción de relevancia realizada por esta organización en el marco de la grave crisis de servicios públicos municipales, donde sobresale el alto cúmulo de basura, que abate a Santo Domingo Este.

 

Con más de 540 evidencias y 21 testigos, la Pepca avanza con presentación pruebas comunes contra encartados Caso Odebrecht

 

Incorpora otras dos pruebas documentales correspondientes al acuerdo en el que la empresa admite la distribución de US$92 millones en sobornos en el país y un acta de allanamiento a sus empresas

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) avanzó en la tarde de este jueves con la presentación por lectura de las pruebas comunes contra los seis acusados en el expediente relativo a los sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana.

 

Durante la jornada el órgano persecutor de la corrupción logró incorporar por lectura el acuerdo entre República Dominicana y Odebrecht, en el que la empresa testifica que entregó sobornos en el país por unos US$92 millones, así como un acta de allanamiento practicado en sus oficinas.

 

En sus próximos pasos, el Ministerio Público presentará las evidencias particulares respecto a cada uno de los procesados.

 

“El acuerdo es sumamente importante porque recoge la admisión de culpabilidad de aquella empresa (Odebrecht) que indica que distribuyó los sobornos; entonces queda como un hecho comprobado el que Odebrecht repartió sobornos en República Dominicana y por eso llega a este tipo de acuerdo, que es de las fórmulas procesales establecidas en el Código Procesal Penal”, declaró la fiscal Mirna Ortiz a periodistas que le preguntaron sobre la importancia del convenio en un receso del juicio de fondo.

 

También fue incorporada el acta de allanamiento practicado a las oficinas de Odebrecht, en las que se recuperaron distintos documentos, como los contratos de las obras del Estado que obtuvo esa compañía valiéndose de la distribución de sobornos entre funcionarios de República Dominicana.

 

Las secretarias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el expediente, leyeron primero el acuerdo y luego el acta de allanamiento.

 

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, luego de que el Ministerio Público terminara con la presentación de sus pruebas comunes, suspendieron el juicio hasta el próximo jueves 29 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana. El tribunal procederá a organizar la dinámica en que se incorporarán las pruebas específicas aportadas respecto de cada imputado.

 

Los fiscales presentan las evidencias en contra de los imputados Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández.

 

El Ministerio Público destacó que avanza con la presentación de sus pruebas y adelantó que en la continuación del juicio la próxima semana incorporarán más evidencias en contra de los imputados por los sobornos que distribuyó la multinacional brasileña y que se constituyeron en un delito de corrupción que afectó al Estado dominicano y a los contribuyentes.

 

 

Gómez Mazara solicita al PEPCA y CC investigar ex jefe DNCD

SANTO DOMINGO, R. D.- Guido Gómez Mazara solicitó a la Procuraduría General de la República vía PEPCA y a la Cámara de Cuentas investigar tanto gestión al frente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el patrimonio del exvicealmirante  Felix Alburquerque Comprés, designando mediante decreto 39-19 durante la administración del ex presidente Danilo Medina.

 

La acción tiene como base legal lo dispuesto en Ley No.10-04 y el artículo 146 en su numeral 3 de la Constitución en lo relativo al informe de declaración jurada de bienes al concluir el ejercicio de sus responsabilidades gubernamentales de ex funcionarios.  

 

El abogado y dirigente político, aseguró que está convencido de que los esfuerzos tendentes a transparentar el uso correcto de los fondos públicos es una tarea de todos los dominicanos comprometidos con una democracia efectiva.

 

Señaló que el impacto que provoca en toda la sociedad las prácticas de uso abusivo de los recursos e incremento indecente del patrimonio ha sido la causa esencial de tanta ira acumulada respecto de funcionarios, clase partidaria y organizaciones políticas.

 

La solicitud sometida por Gómez Mazara plantea uno de los elementos extrañamente excluidos en el debate contra la corrupción en el país porque tiende a circunscribir los rasgos esenciales de la persecución al ámbito civil cuando existen evidentes manifestaciones de militares que en el desempeño de sus responsabilidades públicas reflejan niveles de astronómico crecimiento de su patrimonio, sin que ninguna autoridad competente ausculte con efectividad la asombrosa transformación económica.  

 

Resaltó, lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral 3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente.

 

Lamentó que la pasada gestión de la DNCD desbordara el sentido de la efectiva persecución contra las actividades de combate real al narcotráfico para transformarse en instrumento politiquero en medio de una campaña electoral en que una parte de la sociedad observó con alarma que, el interés de impedir la victoria del candidato del cambio, encontrara en el organismo resortes de un esfuerzo rastrero por calumniar y hacer de la competencia política un lodazal, donde se pagaban plumíferos y reconocidos vocingleros actuaban por mandato de su principal ejecutivo.

 

Finalmente, solicitó tanto al PEPCA como la Cámara de Cuentas que determine el correcto uso de los fondos públicos, y si el resultado es contrario, proceder como establece la ley.

 

El titular de la Pepca resalta el respeto a los derechos y a la privacidad de los imputados de parte del Ministerio Público

SANTO DOMINGO, R. D.- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, conversó la mañana de este domingo con la procuradora general Miriam Germán Brito, a quien puso al tanto sobre los últimos detalles de los apresamientos que desarrolla el Ministerio Público contra varios exfuncionarios y testaferros vinculados con el poder político de pasadas gestiones gubernamentales.

 

Camacho informó que los apresamientos siguen el curso planificado, con estricto respeto a los derechos y a la privacidad de los imputados de parte del Ministerio Público. “Gestionamos órdenes de arresto que se podían ejecutar en horas de la noche justo para evitar que terceros pudieran violentar la privacidad de los imputados, un objetivo que logramos, salvo en los casos en los que los propios familiares de los allanados decidieron grabar y difundir imágenes en las redes sociales”, resaltó.

 

Añadió que “a todos los arrestados se les leyeron sus derechos y se les permitió ponerse vestimenta adecuada para ser conducidos a un centro de detención”.

 

Recordó que, siguiendo los protocolos de seguridad, a ninguno de los arrestados se les permitió estar a solas en un espacio, sin custodia, como solicitó uno de ellos.

 

“El Ministerio Público, junto a los agentes policiales, puso todo su empeño en garantizar la privacidad de los prevenidos, un objetivo que, de nuestra parte, se logró plenamente. Los vídeos que hacen los familiares de los imputados son de su absoluta responsabilidad y confiamos en que ellos estarán interesados en salvaguardar su privacidad, pero es algo que escapa al Ministerio Público”, dijo.

 

Camacho reiteró el hecho de que la procuradora Germán Brito, quien agota un período de recuperación por prescripción médica, está al tanto de todo el proceso de investigación y que, como tenía previsto, acudió a su residencia para informarle de los pormenores de los apresamientos.

 

 

Ministerio Público de RD inició una serie de arrestos por corrupción administrativa de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros

Entre los primeros apresados por la Pepca y la Dirección de Persecución figuran Francisco Pagán y los hermanos Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) inició en la madrugada de este domingo el apresamiento de un grupo de exfuncionarios, así como de proveedores privilegiados y testaferros que aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno.

 

Entre los primeros detenidos figura Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe). También Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y su hermano Juan Alexis Medina Sánchez.

 

El proceso de investigación, que se desarrolla bajo los lineamientos generales y el permanente seguimiento de la procuradora de la República, Miriam Germán Brito, entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados que serán presentados ante un juez de la instrucción que deberá conocerles medidas de coerción.

 

La Pepca, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, dirige el proceso apoyada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y su titular, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso. Ambos magistrados dirigen a un grupo de fiscales que son apoyados por miembros de un equipo élite de la Policía Nacional.

 

Los arrestos se empezaron a producir en horas de la madrugada bajo el amparo de órdenes judiciales que autorizan al Ministerio Público a operar.

 

La Procuraduría General de la República informó, a través de un comunicado, que mantendrá enterada a la ciudadanía de manera oportuna, siempre con el debido respeto al proceso penal y a los derechos de los imputados que fueron trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

 

El edificio de la Procuraduría General de la República fue durante todo el sábado el centro de las operaciones para interrogatorios y arrestos a exfuncionarios y allegados al pasado gobierno de Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana.

 

Desde tempranas horas de la mañana del sábado se estuvo en el proceso de conversaciones e interrogatorios con Francisco Pagán, pasado director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

 

Una vez concluyó su interrogatorio, las autoridades procedieron a apresarle. Ya a ese momento se tiene orden de arresto firmada por un juez.

 

Lo de ayer en la sede de la Procuraduría era la imagen de un inusual sábado con una extensa jornada de interrogatorios.

 

Todavía pasada la 1 de la madrugada se mantuvo bastante activa la sede de la PGR, con vehículos estacionados a ambos lados de la vía.

 

Toda la parte frontal de la Procuraduría era un escenario fuera de lo común para ser un sábado por la noche: dos hileras de vehículos, a ambos lados de la calle, presagiaban que algo anormal sucedía en el Centro de los Héroes.

 

Frente a la Procuraduría se encontraban los vehículos de Pagán y las personas que le acompañaron. Los vehículos permanecieron en la noche encendidos, y también con sus luces prendidas.

 

También estuvo personal de prensa de la familia Medina, que sin embargo rehusaron confirmar quiénes se encontraban dentro del edificio.

 

Ya antes Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina y expresidenta de la Cámara de Diputados, había desfilado en varias ocasiones para interrogatorios sobre su declaración jurada de bienes.

 

Carlos Salcedo, quien se identificó como abogado de Francisco Pagan y de Alexis Medina, informó que al exdirector de la Oisoe lo interrogaron, que fue el último del listado en ser entrevistado. Al finalizar el interrogatorio lo apresaron.

En el caso de Alexis Medina, hermano de Danilo Medina, dijo que el interrogatorio no se cumplió completamente. “No tuvimos tiempo de ver denuncias por supuestos vínculos corrupción… Una vez terminada su firma en ese interrogatorio lo apresaron”, dijo.

 

El abogado indicó que era tiempo de observar si lo justo no se convierte en injusticia “y si la justicia no está hecha para recibir aplausos del público”.

 

“Lo que venimos a ver es si está dirigido y yo no lo quiero pensar”, dijo en referencia a si había influencias desde el Gobierno en el proceso de interrogatorios y apresamientos.

 

El grupo de detenidos hasta el momento lo integran Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y  Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Medina.

 

También Francisco Pagán, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).   

 

“El proceso de investigación, que se desarrolla bajo los lineamientos generales y el permanente seguimiento de la procuradora de la República, Miriam Germán Brito, entró en una nueva fase con los arrestos de los primeros imputados que serán presentados ante un juez de la instrucción que deberá conocerles medidas de coerción”, dice una nota de prensa enviada por la Procuraduría General.

 

La explanada frontal del edificio que aloja a la Procuraduría y a la Suprema Corte de Justicia contaba hasta la madrugada de este domingo con cinco personas, entre personal de seguridad y de apoyo, sentados en sillas mientras caía un copioso aguacero en la zona.

 

Hoy estas personas fueron trasladadas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde guardarán prisión preventiva hasta tanto se les conozcan medidas de coerción por los casos.

 

DGCP deposita tres expedientes con presuntas irregularidades del INAIPI y el Plan Social

 

En su visita al PEPCA el director de la institución, Carlos Pimentel, aseguró que los casos tienen suficientes méritos para ser investigados.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- En cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, apoderó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de tres expedientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) con suficientes indicios para ser investigados.

 

Según la documentación entregada al titular del PEPCA, procurador adjunto Wilson Camacho, desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

 

El órgano rector explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.

 

En cuanto a los dos expedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en el año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$ 208.05 millones.

 

Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

 

El segundo de los expedientes, tiene que ver con irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

 

La DGCP asegura que el INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los sesenta millones de pesos (RD$60,000,000.00) con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos del pliego de condiciones.

 

Tras la visita, Carlos Pimentel reiteró que la institución está comprometida con la transparencia y continuará identificando irregularidades para presentarlas ante la justicia.

 

 

Wilson Camacho afirma “solo tribunales de primera instancia pueden decidir sobre los archivos definitivos”

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó este jueves que solo los tribunales de primera instancia están facultados para validar, o ratificar, los archivos definitivos que hizo la pasada gestión de la Procuraduría General de la República a favor de ocho investigados por el caso Odebrecht. 

 

Al ser cuestionado por periodistas que cubrían la audiencia del caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sobre la objeción que depositó ayer una institución contra esos archivos en la Pepca, el magistrado Camacho aclaró que no debe ser ante el Ministerio Público que se debe depositar la instancia de rechazo a esos archivos.

 

La audiencia para el conocimiento del juicio de fondo fue aplazada para el próximo 20 de octubre por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debido a que uno de los abogados defensores de los imputados se contagió con el coronavirus que provoca la COVID-19.

 

“La objeción a un archivo tiene que ser depositada ante un tribunal. En este caso, ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, ya que no puede ser ante la Suprema Corte de Justicia porque ya se desapoderó, ni tampoco ante el tribunal de juicio, porque este está apoderado única y exclusivamente para el juicio”, enfatizó.

 

Camacho insistió en que solo un tribunal de primera instancia, en este caso la coordinación de los tribunales de primera instancia, puede conocer la oposición de una entidad a los archivos, como en este caso de la objeción presentada por Alianza Ciudadana ante la Pepca, entidad que promueve la lucha contra la corrupción.

 

El Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, que encabezan las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, conocen el expediente de los US$92 millones que pagó la firma Odebrecht en sobornos, en el que figuran como implicados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez Hernández, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y Tommy Alberto Galán Grullón.

 

 

Pepca busca determinar si el PLD incurrió en la figura del desacato

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirmó este jueves que, por un principio de continuidad jurídica, la Procuraduría General solo citó a las personas que representan en la actualidad al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como parte de la investigación por las trabas que encontró la Cámara de Cuentas para auditar los fondos públicos recibidos por esa organización en el año 2012 y en el año 2016.

 

Wilson Camacho se refirió al tema cuando un grupo de periodistas le preguntó si el Pepca citará al expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández en el marco de la investigación.

 

“Ahora, si en esa auditoría aparece algún indicio de manera irregular, entonces, el Ministerio Público citará a quien entienda que ha hecho el manejo irregular”, aclaró. “En estos momentos solo podemos citar a los representantes de la entidad”, añadió.

 

La Procuraduría General abrió una investigación a través de la Pepca y la Dirección de Investigación para determinar las razones que llevan al PLD a poner trabas a la Cámara de Cuentas.

 

La Ley 10-04 que crea la Cámara de Cuentas prevé, en su artículo 57 la figura del desacato para personas o funcionarios que contravengan la obligación de cooperar con los auditores del organismo.

 

El citado artículo dice: “Desacato de particulares. Las personas físicas y los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o los terceros que contravinieren su obligación de comparecer como testigos, exhibir documentos o registros, proporcionar confirmaciones escritas sobre las operaciones y transacciones que efectúen o hubieren efectuado con las instituciones del Estado sujetas a examen, no obstante haber sido requeridos por servidores de la Cámara de Cuentas debidamente autorizados, quedarán convictos prima facie de desacato, y como tales sujetos a las penalidades establecidas en el artículo 56 de esta ley”.

 

Mientras, el artículo 56, al referirse al desacato de servidores públicos, plantea: “Todo funcionario o empleado público que se niegue a prestar su colaboración para que la Cámara de Cuentas cumpla con los cometidos puestos a su cargo por la presente ley, o que de cualquier manera obstaculice la labor de sus auditores, funcionarios o empleados, o que se niegue a acatar las disposiciones que en uso de las atribuciones que le confiere esta ley, ordene la Cámara de Cuentas, será culpable de desacato, y como tal, sancionado con prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a cincuenta salarios mínimos vigente en el sector público al momento de la aplicación de la pena”.

 

Gómez Mazara deposita en el PEPCA “addendum” Gonzalo/Odebrecht

Santo Domingo, R. D.- Guido Gómez Mazara depositó formalmente por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) toda la documentación concerniente al addendum firmado en febrero del año 2015 respecto de la construcción de la Autopista del Coral y el Ministerio de Obras Públicas, durante la gestión de Gonzalo Castillo.

Este addendum provocó un incremento de 86% con relación al contrato original de la obra realizada por la constructora brasileña Odebrecht.

Para  el abogado, profesor universitario y dirigente político, resultaba extraño que durante todo el proceso de Odebrecht el ministerio público nunca “encontró” una pieza crucial en toda la investigación porque la obra se disparó de US$ 253,702,835 a US$ 471,062,590, y la esencia de la etapa acusatoria se fundamentó en sobornos distribuidos por la empresa constructora y admitidos en la fase de delación por el principal ejecutivo de la entidad brasileña en el país, Marco Vasconcelos Cruz, y por tales hechos se le sentenció a 7 años de cárcel.

Recordó que los alegatos esgrimidos para no incorporar a la investigación el addendum de febrero del 2015 consistió en que estaba “desaparecido” de los archivos del MOPC, dejando excluido al ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo y circunscribiendo la responsabilidad de los imputados en una frase utilizada por el procurador general de la república, consignado que “están todos los que son” y la realidad al “encontrar” el documento extraviado prueba claramente el carácter selectivo de la investigación y afán de proteger a funcionarios con una relación comprometedora con Odebrecht.

Planteó que el señor Vasconcelos Cruz admitió en la fase de delación que para el incremento del contrato de la Autopista del Coral pagó unos US$ 11 millones y resulta lógico que si el señor Gonzalo Castillo era el Ministro al momento de la firma, el ministerio público debió investigarlo y conseguir toda la información de lugar para establecer los niveles de responsabilidad y/o su inocencia, en el marco de un proceso que estremeció las bases de la relación clase política y empresa brasileña en todo el continente.

Gómez Mazara reiteró que el control político que ejerce el PLD sobre el ministerio público ha sido esencial en la estructuración de un régimen de complicidades de medias verdades y silencios acomodados que impiden una justa aplicación de la justicia, y que Gonzalo Castillo firmando un adendum debió ser requerido por la justicia y se le construyó un “extravío” de una documentación que lo compromete en caso Odebrecht.   

Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos como los de Odebrecht, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional, y que deposita toda la documentación ahora porque se mantuvo “extraviada” con el interés de excluir a determinadas figuras de la vida nacional.

Guido Gómez Mazara deposita expedientes en el PEPCA

SANTO DOMINGO, R. D.- El dirigente político Guido Gómez Mazara solicitó formalmente por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la investigación sobre el caso Electromédica y añadió elementos a los expedientes al INAIPI y al programa de Asfaltado del MOPC.

Gómez Mazara entiende que los   del caso referente a la compañía Electromédica, el Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), y el Programa Nacional de Asfalto realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), constituyen modelos lamentables de prácticas opacas donde se asocian ventajas financieras y relaciones políticas propias de un tinglado mafioso que tanto daño generan al desenvolvimiento de  las instituciones públicas. 

Para  el jurista, profesor universitario y dirigente político, la operación de RD$655 millones realizada por  Electromédica es el prototipo de violación al ordenamiento legal que resulta inobservado por las autoridades debido a la relación de carácter política entre la compañía suplidora y las autoridades oficiales del sector salud, porque la violación a las leyes 41-08 de Función Pública y 340-06 sobre Compras y Contrataciones limitan perfectamente operaciones con funcionarios que, su condición de accionistas en compañías, mantengan operaciones con entidades gubernamentales.  

Señaló que los escándalos conocidos en el marco de los últimos meses en que se relacionan funcionarios, compañías suplidoras, precios abultados y colindancias partidarias representan una de las múltiples modalidades de acumulación que han construido riquezas inmensas en el marco de niveles de complicidad alarmante que las autoridades del Ministerio Público deben de responder sin que el momento electoral paute el ritmo de respuestas institucionales en capacidad de satisfacer la sed de justicia en la ciudadanía y afán por sanciones penales responsables.

Gómez Mazara advirtió que en los casos de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado en MOPC, se repite el esquema de ventajas financieras, desprecio del marco legal y convencimiento de que el factor político garantiza niveles de impunidad porque los beneficiarios de los procedimientos están asociados con instancias de poder y que la actual situación de emergencia alrededor de la crisis sanitaria facilita piruetas éticas que serán toleradas por la sociedad.

Recordó que en el caso de Electromédica, la actual directora de INAVI aparece como una de las principales accionistas de la compañía que suple a instituciones del sector salud, en el INAIPI la confesión de un empresario respecto de solicitud de 30 millones para facilitar una operación en la entidad y muchos beneficiarios del programa de asfaltado asociados a movimientos y cenas de recaudación a favor del candidato del PLD, revelan un esquema que debe ser denunciado y sus responsables procesados.

Planteó de la importancia en introducir nuevos elementos a los expedientes de INAIPI y Plan Nacional de Asfaltado porque el ordenamiento procesal permiten “sumar piezas de vital importancia” en toda la etapa de investigación frente al convencimiento de que las colindancias en ambos casos con el poder político generan la sensación de tratos blandos y cómplices en toda la etapa de investigación.       

Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos actuales, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del 16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida nacional.