Los RAI deben conocer la nueva Ley de Contrataciones Públicas

CEF.- Santo Domingo, con el aval de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lanzó el nuevo Curso Especializado en Contrataciones Públicas para Responsables de Acceso a la Información (RAI), para responder a la necesidad de fortalecer las capacidades de los RAI ante un marco normativo más exigente.

 

Santo Domingo. Marzo de 2026.

 

En un contexto en el que la transparencia pública exige cada vez mayor rigor técnico, actualización normativa y capacidad de respuesta institucional, los Responsables de Acceso a la Información (RAI) están llamados a desempeñar un rol más estratégico dentro de las entidades del Estado. Ya no basta con conocer las reglas generales del derecho de acceso a la información: hoy resulta indispensable comprender, con precisión, cómo se estructura, documenta, pública, tramita y controla la contratación pública bajo la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada el 28 de julio de 2025 y en vigencia desde el 29 de enero de 2026.

 

Con esa visión, CEF.- Santo Domingo, con el aval de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lanzó el nuevo Curso Especializado en Contrataciones Públicas para Responsables de Acceso a la Información (RAI), una iniciativa académica diseñada para fortalecer las competencias de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso oportuno, correcto y legalmente sustentado a la información pública vinculada a compras, contrataciones, expedientes, actos administrativos y procesos institucionales.

 

La pertinencia de esta formación es clara. La Ley 47-25 redefine y moderniza el sistema dominicano de contrataciones públicas con un enfoque más robusto en transparencia, integridad, eficiencia, digitalización, monitoreo, control y rendición de cuentas. La propia DGCP destaca entre las novedades de esta ley el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), la incorporación de nuevas modalidades, el fortalecimiento del régimen de consecuencias, el impulso a criterios de sostenibilidad y un marco más sólido para la supervisión del sistema.

 

La rectora de CEF.- Santo Domingo, Patricia Portela, señaló que este programa fortalece la formación de servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información y buenas prácticas, aportando al desarrollo institucional del país. “Este programa forma profesionales y además impulsa una cultura de transparencia y responsabilidad que fortalece la confianza ciudadana”, informó.

 

Desde esa perspectiva, el curso abordará por qué el RAI debe conocer no solo la dimensión documental de las contrataciones, sino también su lógica jurídica y operativa.

 

La formación explicará el régimen jurídico de la contratación pública, incluyendo la manera en que la Ley 47-25 articula la contratación con la Constitución, los tratados aplicables y el derecho administrativo, así como la importancia del expediente administrativo y de la motivación de las actuaciones administrativas, elementos esenciales para responder solicitudes de información con base legal, criterio técnico y trazabilidad documental.

 

La normativa prevé que toda contratación pública cuente con expediente administrativo, con reglas sobre acceso, reserva y conservación, y sanciona conductas como impedir o dificultar injustificadamente el acceso a dichos expedientes.

 

De igual modo, el programa profundizará en la estructura completa del ciclo de contratación pública para que los RAI comprendan qué información existe en cada fase, cómo se genera y cuál es su relevancia institucional. Eso incluye la planificación, mediante el Plan Anual de Contrataciones (PAC) y los estudios previos; la definición de necesidades públicas; la elaboración de especificaciones técnicas objetivas; la estimación presupuestaria; la preparación de pliegos; la publicidad de convocatorias; la presentación y apertura de ofertas; la evaluación de propuestas; la adjudicación; la formalización del contrato; y su ejecución, supervisión, modificación y eventual terminación. La Ley 47-25 refuerza precisamente la planificación rigurosa y la debida documentación como base para lograr valor público y mejor uso de los recursos.

 

Otro eje central del curso será el análisis del SECP como plataforma obligatoria de gestión, publicidad y trazabilidad. Para los RAI, conocer el funcionamiento del sistema no es accesorio: es una herramienta fundamental para localizar documentos, verificar actuaciones, reconstruir cronologías, responder solicitudes con mayor exactitud y garantizar que la ciudadanía acceda a información pública confiable. La Ley 47-25 reconoce la validez legal de la información electrónica y establece consecuencias ante la no publicación oportuna de actuaciones en el sistema, lo que convierte al SECP en una pieza clave tanto para la gestión administrativa como para la transparencia activa.

 

Con este lanzamiento, CEF.- Santo Domingo reafirma su compromiso con una educación superior conectada con las necesidades reales del país, con la actualización profesional y con la formación continua de los servidores públicos y de los distintos actores que intervienen en la gestión institucional.

 

Esta nueva iniciativa desarrollada junto a la DGCP se inscribe en la visión de impulsar programas pertinentes, especializados y alineados con las transformaciones del entorno normativo e institucional dominicano. En este caso, con una apuesta clara por profesionalizar aún más la función de los Responsables de Acceso a la Información, quienes hoy deben ser capaces de interpretar expedientes, identificar actuaciones publicables, comprender límites legales de acceso, distinguir información reservada o confidencial cuando corresponda.

 

 

 

La DGCP y ANIPARD firman acuerdo para promover la sostenibilidad en la construcción de obras públicas

El convenio busca que los materiales y agregados usados en las obras públicas cumplan con las normativas medioambientales

 

Santo Domingo, R. D.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación Nacional de Industrias y Productores de Áridos de la República Dominicana (ANIPARD) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional que busca garantizar la sostenibilidad de las contrataciones de materiales provenientes del sector de áridos y agregados para las construcciones de obras públicas.

 

El acuerdo, suscrito entre el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, y el presidente de ANIPARD, Carlos Constanza, busca que todo contratista que tenga adjudicaciones de obras del Estado utilice materiales que cumplan con las normativas legales medioambientales del Estado dominicano.

 

“En el día de hoy damos un paso trascendental para impulsar la sostenibilidad dentro del sistema de contrataciones, velando porque toda la cadena de valor del sector construcción cumpla con las disposiciones, principios y prácticas responsables dentro del sector minero no metálico”, afirmó Pimentel durante el acto de firma.

 

El director de la DGCP adelantó que una de las primeras acciones enmarcadas en el plan de trabajo consiste en insertar en los pliegos de condiciones de obras las disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normativas desde la base de las contrataciones.

 

Agregó que otra de las acciones previstas consiste en la articulación con la industria de agregados y la rectoría del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para trazar la ruta que permita garantizar el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo.

 

Por su parte, Carlos Constanza resaltó que "este convenio representa un paso significativo hacia la consolidación de un sector de áridos sostenible, en el que los productores, las comunidades y el Estado trabajen juntos para garantizar un impacto positivo en la economía y el medio ambiente".

 

Asimismo, afirmó que este acuerdo refleja un compromiso con la sostenibilidad de los recursos naturales, garantizando que todo agregado utilizado en la construcción de obras públicas cuente con la debida permisología ambiental, lo que contribuirá a detener su extracción ilegal de los ríos. 

 

Entre los puntos clave del acuerdo se incluyen el fomento de la adquisición responsable y sostenible de áridos por parte del Estado y la promoción de estándares de calidad y cumplimiento normativo en el sector.

 

El convenio permitirá a ambas instituciones trabajar conjuntamente en la implementación de proyectos y actividades orientados a la transformación e innovación del sector, promover la sostenibilidad y las buenas prácticas.

 

Con esta iniciativa, la DGCP y ANIPARD buscan sentar las bases de una minería no metálica responsable, que contribuya significativamente al desarrollo económico de la República Dominicana mientras asegura el respeto al medio ambiente y el bienestar de las comunidades.

 

 

INAPA logra 1er lugar en ranking Programa de Cumplimiento Compras y Contrataciones

SANTO DOMINGO, R. D.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) logró el primer lugar en el ranking del Programa de Cumplimiento Regulatorio que realiza la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), al obtener  una calificación de 98 puntos, lo que reafirma el compromiso de la presente gestión con la transparencia.

 

En el análisis se destaca el fortalecimiento de los procedimientos de contratación producto de la combinación de los sistemas implementados por la institución acorde a los lineamientos del Programa de Cumplimiento Regulario en las Contrataciones Públicas (PCRCP).

 

En la evaluación fueron  tomados en consideración los criterios de liderazgo de la alta dirección, compromiso institucional, recursos, accesibilidad de la información, comunicación y formación.

 

También la información documentada, aspectos relacionados con las contrataciones públicas, gestión de incidentes, seguimiento de las obligaciones de cumplimiento y gestión del riesgo reputacional.

 

Asimismo,  se tomaron en cuenta los componentes de estándares internacionales ISO, como la ISO 37001, sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y la ISO 37301, sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento, considerando que ambas normas son pilares del programa, ya reunen las mejores prácticas internacionales en cuanto a cumplimiento regulatorio y prevención del soborno.

 

De acuerdo con una comunicación enviada por la DGCP, bajo la dirección de Carlos Pimentel, este ejercicio se realiza con el fin de motivar y evidenciar los avances obtenidos en el proceso de mejora continua; además de resaltar las fortalezas de esta gestión que encabeza Wellington Arnaud para el desarrollo del PCRCP.

 

DIGEIG responde a la DGCP sobre el caso “Pinta tu Barrio en Navidad” y recomienda medidas al MAP

SANTO DOMINGO, R. D.- La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) respondió a la solicitud   de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) para que emitirá su opinión sobre posibles faltas éticas y morales en que habrían incurrido responsables del programa “Pinta tu Barrio en Navidad,” de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales, PROPEEP, de acuerdo a un reportaje difundido en el espacio de televisión “El Informe”, dirigido por la periodista Alicia Ortega.

 

Luego de evaluar los aspectos de interés sometidos a consulta por la DGCP, la DIGEIG, en comunicación suscrita por su titular la Dra. Milagros Ortiz Bosch, presenta varias conclusiones y recomendaciones en las que precisa las competencias que corresponden a las instituciones relacionadas y propone remitir el informe a Procompetencia “para que en el marco de la Constitución y las leyes determine la participación o no de las empresas vinculadas”.

 

Específicamente entiende que en la gestión del PROPEEP se advierte una falta de integridad, expresada en la propia explicación de esta entidad al limitarse a presumir la regularidad del proceso de buena fe, y no realizar diligencias adicionales en el entendido que otras instituciones   realizarían la verificación”.

 

Apunta que “En el comportamiento moral y ético de los servidores públicos, al analizar su actuación desde la Integridad, afirmamos que en el sistema de administración pública no existe fragmentación de los procesos, ni delegación a terceros, ni suposición de buena fe. La responsabilidad integral de los procesos administrativos es obligación de los funcionarios que ejercen la Máxima Autoridad”.

 

“Sugerimos que  la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Judicial, las academias y las instituciones vinculadas al sector empresarial y al comercio nacional e internacional se aboquen con el órgano rector, Procompetencia, a identificar las debilidades de las leyes y procedimientos en la materia con el objeto de crear y difundir normas que contribuyan con el fortalecimiento del libre comercio y la libre competencia y la transparencia”, expone la misiva dirigida por Ortiz Bosch a Carlos Pimentel,  director general de Compras y Contrataciones Públicas.

 

Igualmente, recomienda aportar y colaborar con los programas de cumplimiento normativo que ejecuta e implementa la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, contribuyendo con la formación de todos los sectores involucrados en el fortalecimiento de los valores y principios regulatorios de las mejores prácticas del comercio.

 

Establece que la DGCP, que en la PROPEEP es que recae la obligación de recibir, comprobar y certificar la calidad y verificar la cantidad recibida de los bienes adquiridos a entregar por el proveedor, y a quien correspondía notificar a la DGCP las irregularidades o incumplimiento por parte de los proveedores, en caso de haber identificado algún incumplimiento.

 

En su respuesta a Pimentel, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental indica que, sin perjuicio de las atribuciones legales del Ministerio de Administración Pública, en su calidad de órgano rector de la función pública, estima pertinente y necesario recomendar las siguientes medidas de garantías al régimen de integridad en la función pública:

 

Dar un plazo de 15 días para organizar con el Instituto Nacional de Administración Pública y la DGCP, un curso especial sobre el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, en que deberán participar los servidores públicos de las áreas de compras, jurídica, presupuesto y el administrativo del Ministerio de Programas Especiales de la Presidencia.  Que el Ministerio de Administración Pública, convoque a un dialogo con los funcionarios y la máxima autoridad de PROPEEP, para reiterar los principios que rigen la administración pública, enfatizando que su función no permite la delegación de las responsabilidades inherentes sus cargos y reiterarles la obligación del cumplimiento normativo.

 

Fortalecer la presencia y seguimiento en PROPEEP de Oficial de cumplimiento en el departamento de compras, bajo la orientación de la DGCP conforme lo establece el decreto No.326-21.

 

Organizar un taller sobre la importancia de la transparencia y la percepción en la Administración Pública.

 

María Elena Vásquez: “Trabajamos por una cultura de competencia transparente en las licitaciones públicas”

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), María Elena Vásquez, afirmó que trabaja en coordinación con la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y sus agencias internacionales para instalar una cultura de eficiencia, transparencia y competitividad en las licitaciones.

 

Planteó la necesidad de funcionarios comprometidos con la transparencia y la ética, y que comprendan la importancia del trabajo conjunto, coordinado y efectivo en defensa del Estado.

 

En sus palabras de apertura del taller “Nuevas tendencias de competencia a nivel mundial”, la funcionaria refirió que “la contratación del sector público, con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de servicios y de su cuantía, está sujeta a los principios inspiradores de la contratación pública y, entre ellos, la salvaguarda de la libre competencia”.

 

La actividad tiene como objetivo analizar los riesgos de competencia en el ámbito de contratación pública y presentar recomendaciones para hacer de las normas que la rigen una herramienta eficaz de protección de la libre competencia económica. 

 

Vásquez advirtió que son claras las implicaciones de las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de contratación pública.

 

Especificó que la DGCP y Pro Competencia firmaron un acuerdo de colaboración técnica para fortalecer la investigación y la sanción de las prácticas colusorias en las contrataciones y la aplicación del marco legal vigente en estas instituciones.

 

Enfatizó que esta cooperación interinstitucional hará más competitivas las compras y contrataciones, “evitando con ello que no haya acuerdos entre competidores para licitar y dañar al Estado, ponerse de acuerdo para subir precios, repartirse territorio, lotes”.

 

Sin embargo, dijo que hay oportunidades de mejoras del sistema de normas, para lo cual han articulado alianzas con la DGCP, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Commercial Law Development Programo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otras.

 

Conforme a Vásquez, el tiempo transcurrido de la promulgación de la ley 340 de 2006 sobre contrataciones públicas, y de la 42 de 2008, sobre defensa de la competencia, ha permitido comprender que existen distorsiones a partir del diseño legal del procedimiento de contratación y en aspectos que los compradores públicos toman dentro de la discrecionalidad que les permiten las normas procedimentales.

 

En el taller participan, además de la presidente de Pro Competencia, la subdirectora de la DGCP, Crystal Fiallo, y Karla Sánchez por USAID.

 

También William Kovavic, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad George Washington; Robert Anderson, profesor honorario de la facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham; Juan Reyes, de Pro Competencia; Gianna Franjul, del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, entre otros.

 

En el panel “Nuevas tendencias en competencia a nivel mundial”, se analizan los esfuerzos de Pro Competencia y la Dirección de Contrataciones Públicas para combatir las conductas anticompetitivas en los procedimientos de adquisiciones gubernamentales.

 

DGCP ratifica su compromiso de impulsar compras públicas sostenibles

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Como parte de su compromiso para impulsar una agenda de compras públicas eficientes y socialmente responsables, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) puso a disposición de las instituciones estatales cuatro documentos que contribuirán a garantizar la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus contrataciones.

 

Se trata de las guías de compras públicas accesibles; la de contratación y gestión de eventos; de compra y ahorro del papel y el catálogo de pequeños productores de café dominicano.

 

El lanzamiento oficial de las publicaciones se hizo en el marco del webinar “Compras Públicas sostenibles, mucho más que compras verdes”, celebrado este viernes por la DGCP, el cual contó con las ponencias de la secretaria técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), Helena Fonseca; la directora de Información Estratégica y Desarrollo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, Melinna Vásquez; la gerente de sostenibilidad 3Rs, Ginny Heinsen y Franco De Pasquale, experto en compras públicas de triple impacto.

 

“Estamos comprometidos a impulsar los criterios de sostenibilidad a través de políticas y normas y en la futura reforma de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, de manera que, el marco jurídico no sólo sirva para garantizar la transparencia y control de las compras, sino también para el desarrollo económico, social y medioambiental”, destacó el titular del ente rector, Carlos Pimentel, durante el evento virtual.

 

Por su parte, la subdirectora Crystal Fiallo, agregó que la entidad está impulsando una agenda de capacitaciones que busca sensibilizar a las unidades de compra para que a la hora de tomar decisiones elijan productos que respondan a criterios sostenibles, como la economía circular.

 

Expuso que la DGCP está dando los toques finales para la firma de un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente, encaminado a la elaboración de políticas de compras sostenibles que permeen toda la administración pública.

 

Durante su exposición, la secretaria técnica de la RICG, Helena Fonseca, enfatizó en que el Estado debe actuar como comprador estratégico para evitar ineficiencias, mayores gastos e insatisfacciones, que suelen traducirse en una mayor desconfianza de los ciudadanos en la gestión pública.

 

Por su parte, Melinna Vásquez subrayó la importancia de potenciar la agricultura familiar a través de las compras públicas, por ser una pieza clave para reducir la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y apoyar la sostenibilidad en los países de la región.

 

Ginny Heinsen, destacó que una manera de respetar los recursos naturales es pasar de la economía lineal a la economía circular, que no es más que un sistema de aprovechamiento de recursos donde prima la reducción, la reutilización y el reciclaje.

 

En tanto que, Franco De Pasquale, insistió en la necesidad de que las instituciones públicas satisfagan sus necesidades de servicios y obras, respetando el concepto del valor de compra por dinero, basado en el ciclo de vida de los bienes y en criterios de eficiencia, eficacia, calidad y desarrollo sostenido a largo plazo.

 

 

DGCP deposita tres expedientes con presuntas irregularidades del INAIPI y el Plan Social

 

En su visita al PEPCA el director de la institución, Carlos Pimentel, aseguró que los casos tienen suficientes méritos para ser investigados.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- En cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, apoderó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de tres expedientes relacionados con el Plan de Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) con suficientes indicios para ser investigados.

 

Según la documentación entregada al titular del PEPCA, procurador adjunto Wilson Camacho, desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia sospechosa en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías que fungían como intermediarias.

 

El órgano rector explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única explicación vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.

 

En cuanto a los dos expedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en el año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$ 208.05 millones.

 

Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

 

El segundo de los expedientes, tiene que ver con irregularidades detectadas en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

 

La DGCP asegura que el INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los sesenta millones de pesos (RD$60,000,000.00) con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos del pliego de condiciones.

 

Tras la visita, Carlos Pimentel reiteró que la institución está comprometida con la transparencia y continuará identificando irregularidades para presentarlas ante la justicia.