SANTO DOMINGO, R. D.- Guido Gómez Mazara solicitó a la Procuraduría
General de la República vía PEPCA y a la Cámara de Cuentas investigar tanto
gestión al frente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el
patrimonio del exvicealmirante Felix Alburquerque Comprés, designando
mediante decreto 39-19 durante la administración del ex presidente Danilo
Medina.
La acción tiene como base legal lo dispuesto en Ley No.10-04 y el artículo 146 en su numeral 3 de la
Constitución en lo relativo al informe de declaración jurada de bienes al
concluir el ejercicio de sus responsabilidades gubernamentales de ex
funcionarios.
El abogado y dirigente político, aseguró que está convencido de que los esfuerzos tendentes a transparentar
el uso correcto de los fondos públicos es una tarea de todos los dominicanos
comprometidos con una democracia efectiva.
Señaló que el impacto que provoca en toda la sociedad las prácticas de uso
abusivo de los recursos e incremento indecente del patrimonio ha sido la causa
esencial de tanta ira acumulada respecto de funcionarios, clase partidaria y
organizaciones políticas.
La solicitud sometida por
Gómez Mazara plantea uno de los elementos extrañamente excluidos en el debate
contra la corrupción en el país porque tiende a circunscribir los rasgos
esenciales de la persecución al ámbito civil cuando existen evidentes
manifestaciones de militares que en el desempeño de sus responsabilidades
públicas reflejan niveles de astronómico crecimiento de su patrimonio, sin que
ninguna autoridad competente ausculte con efectividad la asombrosa
transformación económica.
Resaltó, lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su
numeral 3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la
ley de declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde
siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus
funciones a requerimiento de la autoridad competente.
Lamentó que la pasada gestión de la DNCD desbordara el sentido de la
efectiva persecución contra las actividades de combate real al narcotráfico
para transformarse en instrumento politiquero en medio de una campaña electoral
en que una parte de la sociedad observó con alarma que, el interés de impedir
la victoria del candidato del cambio, encontrara en el organismo resortes de un
esfuerzo rastrero por calumniar y hacer de la competencia política un lodazal,
donde se pagaban plumíferos y reconocidos vocingleros actuaban por mandato de
su principal ejecutivo.
Finalmente, solicitó tanto al PEPCA como la Cámara de Cuentas que
determine el correcto uso de los fondos públicos, y si el resultado es
contrario, proceder como establece la ley.
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