SANTO DOMNGO, R. D.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) considera que
el informe de la Comisión designada por el Presidente de la República para
evaluar la licitación de la Central Punta Catalina se caracteriza por ser un
esfuerzo inútil para justificar la parcialidad del Gobierno de Danilo Medina en
el otorgamiento del contrato de Odebrecht.
En rueda de prensa celebrada este martes en la Casa Nacional, encabezada
por Jesús (Chu) Vásquez Martínez, secretario general del partido, donde Antonio
Almonte fungió de vocero y afirmó que el PRM objeta y critica las violaciones
que pone en evidencia el informe a las exigencias del marco legal y normativo
que regulaban la licitación.
En rueda de prensa donde además estuvieron Rafael Montilla, Roberto Fulcar,
Franklin García Fermín, Siquio Ng de la Rosa, Fernando Duran, entre otros,
advierten que las violaciones que se cometieron en los criterios que llevaron a
cabo la escogencia de Odebrecht como ganadora de la licitación, las costosas
distorsiones concernientes a la financiación de las plantas de carbón, los
indicios y confesiones de sobornos que mediaron en la negociación y los claros
indicios de sobrevaluaciones en el costo de la obra.
Entiende que fue una licitación improcedente ya que en enero del 2012 la
CDEE dio apertura a una licitación pública internacional para construir plantas
eléctricas de carbón o gas natural de 260 megavatios cada una hasta completar
1,000 megavatios y según esta licitación serian empresas privadas locales y
extranjeras las que construirían dichas plantas con recursos propios o
financiamiento gestionado por ellas por lo que único compromiso del Estado
sería garantizar la compra de la energía, a través de las distribuidoras. En este esquema
el Estado no tendría necesidad de endeudarse, ni aportar un centavo para la
construcción de las plantas.
Explicaron que en el marco de esta licitación, en abril del 2012, siete
empresas precalificaron y otras seis estaban pendientes de subsanar algunos
detalles. En julio del 2012, el recién electo presidente Danilo Medina viajó a
Brasil para, entre otras cosas, gestionar cooperación del gobierno de ese país
a fin de construir una central termoeléctrica y en octubre de ese año, la CDEEE
canceló la referida licitación sin ofrecer ninguna explicación. Luego, en mayo
del 2013, abrió una nueva para la construcción de Punta Catalina.
La diferencia ha sido que ahora el gobierno ha tenido que buscar los
recursos para financiar las plantas por un monto aproximado a los US$3,000
millones que provienen de impuestos y del endeudamiento público. Al respecto,
cabe preguntarse ¿qué motivó semejante decisión del Presidente Danilo
Medina?
Relataron que el informe de la Comisión encubre el incumplimiento de
Odebrecht respecto al compromiso de financiamiento. De acuerdo al punto 14 del
documento “Bases Fase de Ofertas y Cierre” (Bases de Licitación de Punta
Catalina) cada participante debía adjuntar en su propuesta los documentos de
garantía de financiamiento de por lo menos el 80% del costo del proyecto. La importancia
de este requisito era tal que en el punto 14.8 de las bases se establecía que
“será excluida toda oferta que no incluyera una oferta de financiamiento”.
“En realidad, Odebrecht cumplió inicialmente con ese requisito, pero luego
debido a su involucramiento en el escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil,
el financiamiento de 650 millones de dólares aprobado por el BNDES fue
bloqueado y en consecuencia el desembolso de parte del financiamiento colateral
del grupo de bancos europeos por 550 millones de dólares también ha sido
parcialmente bloqueado” expresa.
En esas circunstancias, lo que correspondía a Odebrecht era sustituir esos
financiamientos por otros, en razón de que se trataba de una clausula ineludible
en las bases de la licitación. Es decir, Odebrecht incumplió y está descargando en
el Gobierno Dominicano la responsabilidad de buscar el financiamiento.
En el document remitido a los medios de comunicacion señalan que lLamentablemente,
el informe, plantea en sus páginas 75-76, acepta como buena y válida la posición
de Odebrecht cuando señala: “Queda claro que la responsabilidad de buscar el
financiamiento era del Estado Dominicano”, y continua diciendo que la realidad
es que Odebrecht no pudo sustituir el financiamiento de BNDES, por sus
implicaciones en el escándalo internacional de corrupción que la inhabilitó,
dejando al Gobierno Dominicano y a Punta Catalina en un franco estado de
indefinición en cuanto a financiamiento.
Aseguran que ese hecho ha producido un retraso de casi un año en la
construcción, y generado costos financieros y otros perjuicios al Estado
dominicano que podrían traducirse en penalidades a dicha empresa de acuerdo a
disposiciones del propio contrato de construcción (EPC). Esa es la razón
por la cual Odebrecht señala al gobierno como responsable de la búsqueda del
financiamiento.
Lamentablemente, el Informe coincide con
los alegatos de Odebrecht y la descarga de culpas, mientras deriva hacia el
Estado todos los costos de los incumplimientos. Cabría preguntarse: ¿Por qué el
Informe protege los intereses de Odebrecht y no los del Estado Dominicano?
En el mismo document dice que el informe confirma la sobrevaluación del
contrato de Punta Catalina (Contrato EPC), que las bases de la licitación
establecían que la evaluación económica de las ofertas se haría por la
comparación entre un mínimo de dos y dado que solo calificó Odebrecht, el
Comité de Licitación, para fines comparación, improvisó un “licitante teórico o
virtual”, por lo que la figura del “licitante teórico virtual” constituye una
violación a las bases de licitación, porque esta establecía la comparación
entre por lo menos dos oferentes calificados.
Se preguntaron que ¿Cuál fue ese licitante virtual?, pasando a detallar que
Se trata de una planta de carbón construida en EEUU cuyo precio promedio
(precio nivelado de energía) es de 100.1 dólares por megavatio hora, publicado
por la Administración de Información de la Energía (EIA) en enero 2003 en tanto
El precio promedio de energía de una planta (como la usada como referencia en
EEUU) incluye importantes costos que nunca son parte de un contrato de construcción
y que se le denomina usualmente como “Costos del dueño”, tales como: costos de
los terrenos, intereses de préstamos, variaciones o imprevistos del proyecto,
costos pre operacionales de por lo menos 6 meses, diseños de planta, de
supervisión, pago a firmas consultoras de abogados, técnicos y económicas,
impuestos, más otros costos que tienden a representar de cerca de 30% de la
inversión total.
El monto del contrato presentado por
Odebrecht (US$1,945) no incluye ninguno de los reglones indicados arriba que se
denominan “Costos del dueño” y que representan cerca de 30%. (Cost and
Perfomance Baseline for fossil Energy Plants, Volume 1ª (DOE/NETL), páginas
87-94, julio de 2015). De manera pues, que utilizar
como referencia un precio promedio de energía que incluye costos que no forman
parte de un contrato construcción (sino que son costos asumidos directamente
por el dueño) para comparar y validar la oferta de Odebrecht es justificar de
manera implícita sobrecostos.
Finalmente, destacaron que el “Licitante teórico o virtual” fue definido e
introducido justo el mismo día que se conoció que Odebrecht era una única
oferta económico a evaluar (15 de noviembre de 2013), resultando que el precio
ofertado por Odebrecht coincidió casi un 100% con el precio promedio del
“Licitante teórico o virtual”.
En resumen, consideran que la introducción del licitante virtual y su
precio promedio hace parecer como normal el precio sobrevaluado del contrato de
Punta Catalina. Ambos
precios no son comparables porque reflejan diferentes componentes costos. Reiteran que el precio de un contrato de construcción
nunca será comparable con la inversión total de una planta finalizada, a lo que
se preguntan ¿por qué la Comisión Especial no profundizó en la investigación de
estas inconsistencias?
El vocero del PRM dijo que según consta en el informe, la respuesta de las
firmas Tecnimont e Ingeniería Estrella a esa pregunta fue que no estaban en
capacidad de terminar la construcción de la Central sin la participación de
Odebrecht. Esa
respuesta contrasta con lo afirmado en la página 49, nota 12, del Informe
cuando dice que Tecnimont había “participado en 223 proyectos eléctricos,
incluyendo plantas de carbón, en 44 países”, mientras que Odebrecht nunca ha
construido una planta de carbón. La verdad es que el líder técnico de la obra
según en el contrato consorcial es Tecnimont. Cabría preguntarse ¿Por qué el
interés reiterado de proteger a Odebrecht de sus incumplimientos?
Violación en ley sobre sobornos (448-06) y contratación (304-06
“Es lamentable que el Informe no se refiriera a otras importantes
violaciones hechas por Odebrecht que incluyen las bases de la licitación, como
las leyes nacionales de contratación y soborno en el comercio y la inversión,
así como su propio contrato (EPC). Al confesar el pago de soborno Odebrecht
violó el artículo 7.1 (d) de las Bases Fase de Precalificación que establecía
como uno de los prerrequisitos para la participación el que la firma no
incurriera en pago de soborno en el país ni en el extrajero, detallan en el documento.
“Ninguna de esas violaciones ha tenido consecuencia para Odebrecht, aunque
sí para las finanzas públicas. Se trata de un funesto precedente para la
institucionalidad y transparencia en las contrataciones de obras y servicios
públicos. Cabría preguntarse ¿Por qué no ha habido consecuencias en los actos
de sobornos y violaciones a las leyes mencionadas?”, se cuestiona el PRM.
Más
irregularidades
Llama a la atención la declaración de un
ex miembro del Comité de Licitación en el sentido de que el informe de apenas
una página sobre de evaluación técnica que determinó la eliminación de tres
firmas finalistas fuera aceptada sin discutir por el Comité de
Licitación.
Además, con la salida de los únicos
miembros independientes del Comité de Licitación dejó todo el proceso de
licitación y adjudicación del contrato en manos de empleados de la CDEEE.
Es evidente que las conclusiones que presenta la Comisión Especial
designada por el Presidente de la República sobre la licitación de la Central
de Punta Catalina contribuyen poco al esclarecimiento de las violaciones e
irregularidades cometidas en el proceso de licitación de dicho proyecto. Mucho de las
recomendaciones constituyen violaciones a leyes y normativas vigentes, por lo
tanto, la sociedad dominicana debe redoblar sus reclamos para que la impunidad
no prevalezca y las violaciones a las leyes y normas sean ejemplarmente
sancionadas.
