“Esto no es solo una denuncia; yo quiero ayudar, porque al final los más perjudicados son los pacientes pobres en los hospitales, personas que pagan un seguro y aun así se les niega el derecho a vivir”, expresó el médico.
Santo Domingo, R. D.- El cirujano
bariátrico doctor Rafael González García lanzó una denuncia contundente y con
profundo sentido humano contra varias aseguradoras de salud que operan en la
República Dominicana, a las que acusa de autorizar procedimientos quirúrgicos
mientras niegan los materiales indispensables para ejecutarlos, una práctica
que —advirtió— está costando vidas humanas.
“Nos aprueban la cirugía, pero no los
materiales. Eso no es una falla administrativa: es una irresponsabilidad grave
que pone en peligro directo la vida del paciente”, afirmó el especialista, al
hacer un llamado urgente al Gobierno dominicano, al Consejo Nacional de
Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
(SISALRIL) para que intervengan de manera inmediata.
El médico aseguró que esta situación no es
aislada, sino recurrente y sistemática, señalando a aseguradoras como SeNaSa y
ARS Futuro, mientras que otras, como La Universal, han llegado incluso a
rechazar pacientes, pese a que los procedimientos estaban previamente
aprobados, al negarse a cubrir los insumos médicos necesarios.
González García sostuvo que miles de
pacientes enfrentan una paradoja cruel: tienen una cirugía aprobada en
documentos, pero imposible de realizar en la práctica. “Le dicen al paciente:
‘su operación está autorizada, pero los materiales no los cubrimos’. Eso es
jugar con la vida de la gente”, denunció.
El cirujano advirtió que estas prácticas
golpean con mayor dureza a los pacientes más pobres y vulnerables, quienes no
cuentan con recursos para costear materiales de alto costo. Como ejemplo
dramático, citó los casos de personas diagnosticadas con aneurisma de la aorta
abdominal, una enfermedad silenciosa y letal que, de no tratarse a tiempo,
provoca la muerte por hemorragia interna.
“Cuando el aneurisma estalla, el paciente
muere. No hay segunda oportunidad. La solución médica es sustituir la aorta por
una prótesis especial de politetrafluoroetileno (PTFE). Sin embargo, en los
últimos meses SeNaSa ha negado de forma reiterada la autorización de esta
prótesis”, explicó.
“El aneurisma sin tratamiento es una
sentencia de muerte. Negar ese material es condenar al paciente”, subrayó.
Relató el caso de un paciente ingresado en
el Hospital Padre Billini, quien lleva meses esperando la autorización para una
cirugía vital. Durante ese tiempo, explicó, los médicos se han visto obligados
a alterar diagnósticos y proponer procedimientos alternos para intentar que la
aseguradora apruebe la intervención. El paciente ha requerido múltiples
transfusiones de sangre, sobreviviendo en condiciones críticas.
La situación se repite en el Hospital
Salvador B. Gautier, donde al menos tres pacientes con aneurisma han
permanecido en lista de espera; algunos aún aguardan una respuesta, mientras
otros ya han fallecido tras la ruptura del aneurisma.
“Es devastador para un médico saber
exactamente qué hacer, tener la capacidad técnica para salvar una vida, y aun
así no poder hacerlo porque una aseguradora decidió no autorizar un material”,
lamentó.
El doctor González García calificó estas
prácticas como inhumanas y peligrosas, y advirtió que el sistema de seguridad
social está fallando en su función esencial: proteger la vida humana. Exigió
una investigación inmediata, sanciones ejemplares y una revisión profunda del
modelo de autorizaciones, para evitar que decisiones administrativas sigan
convirtiéndose en sentencias de muerte, especialmente entre quienes menos
tienen.
