CNM presidido por el presidente Abinader juramenta nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia tras concluir proceso de evaluación

Santo Domingo, R. D.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este lunes a los nuevos jueces seleccionados para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras concluir el proceso de evaluación correspondiente.

 

El acto se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los magistrados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

 

También, fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

 

Además estuvo presente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

 

Del grupo designado, tres magistrados pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución.

 

Los magistrados Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma corte. En tanto, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de reconocida trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se ha destacado en el ámbito del derecho público.

 

Perfiles profesionales

 

Edyson Alarcón Polanco

 

Con más de 30 años de carrera judicial, es reconocido por su especialización en derecho civil y propiedad intelectual. Se graduó como abogado a los 20 años y a los 26 fue designado juez de la Corte de Apelación, convirtiéndose en 1998 en el magistrado más joven en alcanzar ese nivel. Antes de su llegada a la Suprema Corte de Justicia, presidió la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Además de su trayectoria en la judicatura, ha desarrollado una amplia labor académica como docente y coordinador del área de Derecho Privado y Administrativo en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Iberoamericana y la Universidad Central del Este. También participó en la redacción del proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado y presidió la Asociación Dominicana de Derecho Internacional Privado.

 

Miguelina Ureña Núñez

 

Con más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, es una jueza de carrera con amplia experiencia en el ámbito civil y comercial. Inició su trayectoria en 1992 como jueza de paz, laboró durante 17 años en la Cámara Civil y Comercial de Santiago y, previo a su ascenso a la Suprema Corte de Justicia en 2025, se desempeñó como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, destacándose en responsabilidad civil, contratos y derecho comercial. En el plano académico, ha tenido una participación relevante en la formación jurídica del país. Es coordinadora de programas de maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, con formación de posgrado en derecho civil, societario, comercial y constitucional.

 

Manuel Hernández Victoria

 

Cuenta con más de 28 años de carrera judicial. Antes de su ascenso a la alta corte en 2025, fue presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y segundo sustituto de presidente de esa jurisdicción, desarrollando una trayectoria como juez de carrera desde juez de paz hasta juez de primera instancia en materias civil y comercial. En el ámbito académico, posee un doctorado por la Universidad del País Vasco, así como maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Su formación se complementa con estudios especializados en Derecho Procesal Penal y Civil cursados en instituciones internacionales.

 

Yorlin Vásquez Castro

 

Su trayectoria se caracteriza por una sólida formación en derecho y finanzas. Es licenciada en Derecho Magna Cum Laude por la Universidad Abierta para Adultos y licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas, lo que respalda un enfoque integral en el ejercicio jurídico. Posee experiencia en Derecho Tributario, Derecho Económico y gestión pública. Antes de su designación en la Suprema Corte de Justicia, se desempeñó como subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, además de ejercer como jueza de paz y jueza de tránsito en el Distrito Nacional.

 

Namphi Rodríguez

 

Reconocido como uno de los juristas más influyentes en materia de Derecho Público, se ha destacado por sus aportes a la libertad de expresión y al derecho constitucional, con una incidencia significativa en la defensa de los derechos fundamentales. Ha sido presidente de la Fundación Prensa y Derecho y catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con formación especializada en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, y es autor de diversas obras jurídicas, entre ellas el Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo.

 

El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, además, por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado de la República, Ricardo de los Santos; y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; así como por la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

 

CNM elige cinco nuevos jueces para ocupar vacantes en la Suprema Corte de Justicia

Se informó que la juramentación fue convocada para el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional

 

Santo Domingo, R. D.- El Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader seleccionó este viernes los cinco nuevos jueces que ocuparán las vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.

 

Se trata de Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

 

Del grupo, tres jueces pertenecen a la carrera judicial, desempeñándose hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota de abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

 

Tanto el magistrado Edyson Alarcón Polanco como la magistrada Miguelina Ureña Núñez fungían hasta este momento como jueces de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

 

El magistrado Manuel Hernández Victoria fungía hasta este momento como juez de la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

 

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de vasta experiencia, la primera es especialista en las áreas del derecho económico y tributario, mientras que el segundo es especialista en derecho público.

 

Fue tomada en cuenta la participación equilibrada de mujeres y hombres en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, de conformidad con el artículo 39, numeral 5, de la Constitución de la República.

 

Asimismo, fue seleccionada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

 

Se informó que la juramentación fue convocada para el próximo lunes 22 de diciembre de 2025, a las 9:00 a.m., en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

 

En la reunión de esta noche, convocada por el presidente Luis Abinader, luego de finalizada la ronda de vistas públicas, participaron todos los demás miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier, la magistrada de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.

 

Estuvieron asistidos por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.

 

CNM evalúa desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia

Los jueces evaluados fueron Pilar Jiménez Ortíz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes ya han cumplido siete años en sus puestos

 

Santo Domingo, R. D.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader celebró este jueves su tercera sesión de trabajo donde evaluó el desempeño de tres jueces de la Suprema Corte de Justicia que optarán por un nuevo período.

 

Los jueces evaluados fueron Pilar Jiménez Ortíz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, quienes ya han cumplido siete años en sus puestos.

 

Al finalizar el proceso, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta informó que la sesión del CNM transcurrió de manera regular, sin ningún tipo de incidente, y que los miembros del consejo realizaron las preguntas que creyeron del lugar, “y previamente cada uno de los jueces presentó un informe sobre su desempeño”.

 

Sostuvo que a partir de mañana viernes 3 de octubre, salvo que el presidente Abinader decida otra cosa, el CNM vuelve a sesionar para determinar y tomar una resolución sobre si estos magistrados van a permanecer en sus puestos o no.

 

Peralta explicó que una vez que esto se decida, en caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria que dijo se va a celebrar próximamente para los aspirantes a jueces, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral.

 

“En caso de que el Consejo de la Magistratura decida confirmar estos magistrados en sus puestos, de todos modos quedarían dos posiciones en la Suprema Corte de Justicia por las que podrán votar los interesados, tanto los que son jueces actualmente como abogados y representantes del Ministerio Público que quieran participar por esas dos posiciones o por las cinco, si ocurriera lo otro”, manifestó.

 

Previo al inicio de la sesión, el jefe de Estado indicó que los entrevistados podían hacer un resumen de su perfil y cuál ha sido su accionar en los siete años que llevan como jueces; además de expresar sus intereses y opciones de mejora.

 

Del mismo modo, los magistrados evaluados fueron sometidos a diferentes preguntas por los miembros del CNM.

 

La sesión se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

 

La ley establece que los magistrados de la SCJ ejercerán sus funciones por siete años, al término de los cuales, y previo a evaluación de su desempeño, podrán ser elegidos para un nuevo período.

 

Miembros del CNM

 

El CNM está compuesto por el presidente Abinader, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el senador Omar Fernández; el diputado Tobías Crespo; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier.

 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia rechaza solicitudes de suspensión reglamento de Roaming Nacional

Santo Domingo, R. D. - La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia falló a favor del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) mediante sendas resoluciones rechazando las solicitudes de suspensión del reglamento que regula el servicio de Itinerancia (Roaming) Automático Nacional (RAN), aprobado por el Consejo Directivo del INDOTEL mediante Resolución núm. 070-2023. 

 

La referida pieza regulatoria constituye una herramienta que promueve el acceso de los usuarios, quienes tendrán la oportunidad de recibir una mejor oferta de servicios con mayor cobertura y permitirá un uso eficiente de la infraestructura de las redes móviles existentes y del espectro radioeléctrico como recurso natural no renovable. 

 

En términos prácticos, la implementación de este mecanismo de servicio favorecerá a los usuarios focalizados en las zonas deprimidas de la geografía nacional y permitirá al Estado, por vía del INDOTEL, satisfacer el derecho de acceso universal sobre todo en aquellos lugares donde los usuarios de servicios móviles no cuentan con cobertura debido a las condiciones socioeconómicas de las zonas.

 

El Roaming Automático Nacional (RAN) se corresponde a la modalidad de prestación de servicio -mayorista- que permite que un operador entrante o solicitante, bajo ciertas condiciones, pueda prestar servicios públicos de telecomunicaciones a través del uso de la infraestructura de redes móviles de una prestadora propietaria de la red visitada, sujeto a la suscripción de un acuerdo a tales fines, eliminando así barreras de entrada a las nuevas concesionarias o prestadoras emergentes, a la vez se establecen las condiciones para la diversidad de ofertas de estos servicios para un segmento importante de la población.

 

Con la aprobación del indicado reglamento, INDOTEL ha establecido las condiciones apropiadas para que las operadoras de servicio de telecomunicaciones oferten sus servicios en forma accesible a los usuarios, se beneficia la interconexión, y se norman los principios y las condiciones generales para la prestación del servicio de roaming automático en todo el territorio nacional.

 

El INDOTEL enfatizó que por vía del indicado reglamento “no sólo garantiza el acceso igualitario a los servicios de telecomunicaciones en localidades sin cobertura o infraestructura propia por parte de las prestadoras actuales, sino que también facilita la entrada de nuevos operadores al mercado”. Destacó que la resolución y el Reglamento RAN fomentan “la competencia, elimina barreras de entrada para prestadoras emergentes y promueve una mayor diversidad en la oferta de servicios para un amplio segmento de la población”.

 

 

SCJ reconoce derechos que tienen socios (as) a requerir información financiera de su empresa

                                                

SANTO DOMINGO, R. D.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció la postura de que no existe impedimento alguno para que el socio/a de una empresa que reúne las condiciones haga valer los derechos que le otorga la ley y solicite la designación de un perito imparcial vía al juez de los referimientos, para conocer la situación financiera del negocio. 

 

El criterio jurisprudencial está contenido en la sentencia número SCJ-PS-22-0327 de fecha 31 de enero del 2022, sobre una demanda en rendición de cuentas sobre el estado financiero de la empresa en virtud de los artículos 36 y 132 de la Ley núm. 479-08 sobre Sociedades Comerciales. 

 

Conforme la sentencia enunciada, la referida Corte de Casación retuvo la postura de que desde la fecha en que la empresa indicó estar realizando las indagaciones de lugar hasta la decisión de la alzada rechazando la medida solicitada han transcurrido 11 meses, resultando un tiempo suficiente para dar cumplimiento y, al no hacerlo es, en efecto, una limitante para el socio de conocer, como es su derecho, el estado de la empresa de la cual forma parte. 

 

Según el razonamiento adoptado fue casada con envió la ordenanza impugnada retornando la causa y las partes al estado en que se encontraban antes de la indicada sentencia a fin de que la jurisdicción de envío procede como entienda en buen derecho. Para tener acceso de manera íntegra a la sentencia firmada por los magistrados Justiniano Montero Montero, Vanessa Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier ir al siguiente enlace:

Presidente SCJ dice Poder Judicial busca desjudicializar procesos administrativos para descongestionar los tribunales

La medida beneficiaría a los usuarios al recibir esos servicios de manera ágil, ahorrando tiempo, recursos  y reduciendo pasos para la obtención de dichos servicios 

 

LA VEGA, R. D.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina Peña, sostuvo que la implementación de una Ley de Desjudicialización y Simplificación de Trámites Administrativos permitiría reducir en aproximadamente un 20% los 551 mil casos que entran a los tribunales cada año, y así contribuir con una justicia oportuna, accesible y más eficiente. 

 

Molina Peña dijo que, de esos 551 mil casos, el 49% corresponden a trámites administrativos, es decir, asuntos cuya naturaleza no implica un conflicto entre partes, y que la implementación de Ley de Desjudicialización y Simplificación de Trámites permitiría que estos casos no lleguen a los tribunales ahorrando tiempo y recursos a los usuarios, reduciendo pasos para la obtención del servicio. 

 

En ese sentido, manifestó que trámites como el registro de estampa de animales, de contratos de prenda sin desapoderamiento, divorcios por mutuo consentimiento y ratificaciones de actas del estado civil, deben quedar fuera de la responsabilidad de los jueces, al considerar que éstos intervienen cuando hay que dirimir conflictos entre partes.

 

Dijo que ese tipo de servicios al usuario pueden ser resueltos perfectamente por otras instancias especializadas del Estado.

 

El presidente de la SCJ hizo el señalamiento al encabezar un encuentro con 123 jueces y juezas de los departamentos judiciales de La Vega y San Francisco de Macorís, el quinto de este tipo, organizado para explicar los cambios en el tren judicial desde la perspectiva del Plan Estratégico Visión Justica 20/24 del Poder Judicial. 

 

El también presidente del Consejo del Poder Judicial sostuvo que para la transformación que lleva a cabo el Poder Judicial se hace imprescindible la modificación de esa y otras iniciativas legislativas, tales como la modificación de la Ley sobre Procedimiento de Recurso de Casación, la de Organización Judicial, la que modifica límites de jueces y otra que permita optimizar y eficientizar los procesos en todas las materias.

 

 

Indicó con la implementación de esas legislaciones, sumadas a la que ya se aplica en el país sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, aportarían significativamente a los cambios que requiere la justicia.

 

Las palabras de apertura de este encuentro estuvieron a cargo del juez coordinador del Departamento Judicial de SFM, magistrado Juan Aníbal Medrano, quien manifestó que Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas es la razón de ser del sistema de justicia, y valoró los proyectos que se implementan a través de esa estrategia para colocar a las personas como centro de la actividad  judicial.

 

La presentación de los hitos y logros de ambos departamentos estuvo a cargo de los coordinadores departamentales de La Vega y SFM respectivamente, magistrada Arelis Ricourt y el magistrado Claudio Aníbal Medrano, quienes expusieron sobre las iniciativas implementadas en esas jurisdicciones dirigidas a mejorar la calidad de los servicios brindados a los usuarios. 

 

En el encuentro participaron el magistrado Francisco Jerez, presidente de la Segunda Sala de la SCJ; así como los integrantes del Consejo del Poder Judicial, Modesto Martínez y  Bionni Zayas.

 

También los jueces del Departamento Judicial de SFM Martha Díaz Villafaña, coordinadora adjunta; Gregorio Cordero Medina, juez presidente del Tribunal Superior de Tierra; Julio Manuel Castillo, juez presidente de la Corte de Trabajo; Delfina A. de León, jueza presidenta de la Corte de la Corte de Apelación Niños Niñas y Adolescentes; y del Departamento Judicial de La Vega, Amauris Antonio Pimentel, Juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación.

 

El Departamento Judicial de La Vega comprende, además, los Distritos Judiciales de Espaillat, Constanza, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel; mientras que el de SFM, lo integran los Distritos de Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná.

 

 

 

 

 

 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia aprueba reglamento de aplicación de la Ley Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial

SANTO DOMINGO, R. D.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó el Reglamento de aplicación de la Ley núm. 339-22 que habilita el Uso de Medios Digitales, en el Poder Judicial, normativa que tiene por objeto la implementación y regulación de las herramientas tecnológicas en los procesos judiciales y administrativos de cara a las competencias de los tribunales.

 

El Reglamento aprobado establece que la firma digital o electrónica cualificada será de aplicación para todos los tribunales del país dentro de las 48 horas siguientes a la publicación del mismo.

 

En cuanto a la plataforma digital y las audiencias virtuales entrarán en funcionamiento de manera gradual y paulatina de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley núm. 339-22, bajo la supervisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, a través de la implementación de planes piloto por materia, jurisdicción e instancia.

 

El Reglamento fue consensuado a través de un proceso de consultas y socializado a lo interno del Poder Judicial con jueces/zas y servidores(as) judiciales de los 11 Departamentos Judiciales; mientras que a lo externo fueron consultados juristas, decanos y directores (as) de Escuelas de Derecho, así como más de 1,500 representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), e integrantes de órganos de la sociedad dentro de lo que cabe destacar la Asociación de Jóvenes Empresarios. En ocasión de lo que se podría denominar como un diálogo participativo, abierto, democrático y plural fueron recibidas 299 opiniones y comentarios durante las consultas.

 

Con la Ley que habilita el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial núm. 339-22 y su Reglamento de aplicación, se facilitará a los usuarios el acceso a la justicia, teniendo la opción de realizar sus solicitudes y depósitos en línea, así como visualizar, dar seguimiento a sus expedientes desde cualquier lugar y recibir citaciones, notificaciones y avisos de los tribunales por medios digitales siempre cuando lo hayan asentido. Igualmente, los abogados podrán fijar las audiencias de sus expedientes desde cualquier lugar, así como remitir todas las solicitudes a la plataforma, vía remota las 24 horas al día, sometido al sistema de plazos y de cada materia.

 

Otro aspecto de gran valor que consagra la nueva Ley es que los abogados (as) y ciudadanos (as) tendrán la opción de asistir a las audiencias de manera virtual en todas las materias excepto la jurisdicción penal. Se trata de una normativa que apuesta a la transformación y al desarrollo institucional con marcada fortaleza hacia a la eficiencia y consecuentemente a la potenciación de un servicio de calidad.

 

Jueces de la SCJ conocen operatividad del Tribunal Supremo y Constitucional de España

SANTO DOMINGO, R. D.- Los jueces y juezas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocieron en España el funcionamiento de la estructura organizativa del Tribunal Supremo y Constitucional de ese país, con el objetivo de fortalecerla alta corte dominicana y crear los mecanismos necesarios para atender los desafíos que enfrentan los poderes judiciales, entre ellos el problema de la mora judicial. 

 

Con la visita, se pretende también optimizar los procesos para contribuir con la salida eficaz de los casos sometidos a la alta corte, aplicando nuevos métodos operacionales que buscarán aumentar la calidad en la administración de justicia en República Dominicana. 

 

El Poder Judicial dominicano está impulsando una Justicia al Día para garantizar la dignidad de las personas, la que se sustenta en cuatro hitos fundamentales, entre ellos mora cero con fallos en los plazos previstos. 

 

La comisión la integraron, la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, jueza presidenta de la referida sala; y los jueces integrantes Samuel Arias Arzeno, Justiniano Montero Montero, Napoleón Ricardo Estévez Lavandier y Vanessa Elizabeth Acosta Peralta. Asimismo, César García Lucas, secretario general de la SCJ y las gerentes del área Civil del Gabinete Técnico y de Cooperación Internacional, Laura Amelia Álvarez Félix y Rosa M. Reynoso Robiou, respectivamente.  También participó el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz. 

 

Durante la visita al Tribunal Supremo, los magistrados de la Primera Sala de la SCJ compartieron con el vicepresidente de esa corte, Francisco Marín Castán, y con el director del gabinete técnico, Juan Manuel San Cristóbal Villanueva, a quienes les expresaron que actualmente el Poder Judicial dominicano se encuentra en un proceso de reforma de la Ley sobre Procedimiento de Casación, proyecto a cargo del Senado de la República y en socialización por los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Conversaron sobre las novedades del proyecto de Ley que persigue abordar una reforma sustancial del recurso de casación, a fin de restituir su verdadera naturaleza extraordinaria cuya función trasciende la solución del caso concreto en interés de la parte y se orienta a la protección del ordenamiento jurídico y mantener la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Dentro de estas novedades, socializaron sobre la inclusión del interés casacional como criterio de admisión del recurso de casación, concepto que ha sido implementado y desarrollado con éxito en España y otros países europeos garantizando la efectividad del recurso. 

 

Mientras que en el Tribunal Constitucional Español se realizó un encuentro con su presidente, el magistrado Pedro José González-Trevijano Sánchez; y el secretario general, Andrés Javier Gutiérrez Gil; así como con letrados de la sección de Derecho Civil de esa alta corte. 

 

 

Comisiones de la SCJ y del Senado tratan modificación de la Ley sobre Procedimiento de Casación

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina Peña, calificó el proyecto de modificación de la Ley sobre Procedimiento de Casación como el segundo de mayor impacto para el Poder Judicial, lo que aseguró contribuirá con una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas.

 

Molina Peña ofreció la información durante una reunión entre los integrantes de las comisiones de Agenda Legislativa de (SCJ) y los de Justicia y Derechos Humanos del Senado República, en la que socializaron el proyecto  de  autoría del senador Dionis Sánchez.

 

Las comisiones estuvieron encabezadas por  Molina Peña; y Pedro Manuel Catrain Bonilla, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

 

Durante el encuentro, el presidente de la SCJ propuso que las futuras reuniones se realicen en conjunto con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para discutir la agenda de modificaciones legislativas para el Poder Judicial.

 

“Otro proyecto que para nosotros es también de gran importancia es la Ley de Simplificación y Desjudicialización de Trámites Administrativos. Queremos un Poder Judicial al cual las personas acudan a dirimir conflictos, no uno que complique o abulte trámites administrativos”, indicó.

 

La presentación de los puntos propuestos por la SCJ para la reforma de la Ley de Procedimiento de Casación la realizó el magistrado Napoleón Estévez Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia e integrante de la Comisión de Agenda Legislativa del alto tribunal, quien destacó las bondades y novedades del proyecto, el cual dijo vendrá a eliminar puntos que son obstáculos para el sistema de justicia dominicano y provocan retrasos en el fallo de los recursos de casación.

 

Manifestó que esa Ley es eminentemente necesaria para el sistema de justicia, porque regula la Suprema Corte de Justicia como corte de casación. Indicó que la Ley actual data de 1953, hace 69 años, y que el nuevo proyecto viene a reorganizar totalmente el recurso de casación.

 

Expuso que la Suprema Corte de Justicia, con la Ley actual de Casación, es utilizada como un escudo para el litigante temerario y el deudor recalcitrante, cuya inacción en los casos que recurren provoca que los archivos de la SCJ se llenen de expedientes sin posibilidad de ser fallados por la inactividad de las partes.

 

“Nosotros hemos tratado en la Suprema Corte de Justicia de superar esa inactividad, pero la Ley no lo permite porque pone su movimiento en manos de las partes, el proyecto elimina eso para que la SCJ pueda activar y encaminar los recursos de casación en tiempo oportuno y sin que las partes tengan el control total”, sostuvo.

 

Concluyó puntualizando que el proyecto abarca la casación y sus efectos en toda su extensión, traza quiénes son los que tienen calidad para recurrir y establece que los plazos sean calculados en días hábiles, no francos como actualmente dispone la Ley de Procedimiento de Casación. 

 

Entre los puntos que se discutieron en la reunión están los siguientes: fase de admisibilidad del recurso, donde además de revisar los aspectos formales del recurso se incluye la evaluación del interés casacional que permitirá a la Suprema Corte de Justicia determinar si el recurso reviste la trascendencia necesaria para ser conocido o si se tratar de un caso donde existe una jurisprudencia constante. 

 

La propuesta de modificación también suprime el dictamen del procurador, excepto en aquellos casos donde figure una institución del Estado o la Suprema lo estime necesario y además establece como nueva facultad de la Suprema dictar decisiones directas que falle el fondo y concluyan de manera definitiva el caso.

 

El proyecto también regula el carácter no suspensivo del recurso de casación, la forma de los escritos, depósito y trámite del recurso de casación y suprime el auto de emplazamiento. 

 

En el encuentro estuvieron presentes también los integrantes de la Comisión de Agenda Legislativa de la SCJ, magistrados Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico. Asistieron también el magistrado Alexis Read, presidente de la Tercera Sala de la SCJ, y las magistradas Vanessa Acosta, de la Primera Sala, y Nancy I. Salcedo, de la Segunda Sala Penal. Además, César García Lucas, secretario general de la Suprema Corte de Justicia; Javier Cabreja, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos; y Rosaura Quiñones, directora de Análisis de Políticas Públicas.

 

Por la Comisión de Justicia del Senado estuvieron presentes también Aris Lorenzo Suero, vicepresidente;  Dionis Sánchez, secretario y autor del proyecto; José Manuel Del Castillo Saviñón, Milcíades Franjul, Félix Bautista Rosario y Faride Raful, miembros.

 

Presidente SCJ recibe directiva de ADOMA y tratan temas en beneficio de la comunidad jurídica

Se dejó conformada una comisión para dar seguimiento a los puntos planteados durante la reunión.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, recibió en su despacho a la directiva de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), encabezada por su titular Jhonny Aristy Tejeda, donde debatieron tema de interés para la comunidad jurídica.

 

Durante la reunión realizada en la sede del Poder Judicial fueron debatidos los puntos planteados mediante una comunicación entregada por la directiva del gremio, los cuales Aristy Tejeda destacó que son gran de preocupación para la comunidad jurídica nacional.

 

El gremialista precisó que dentro de los planteamientos tratados figura la creación de salas de espera de audiencia y gestiones procesales en los Palacios de Justicia, en condiciones dignas y adecuadas para los colegas esperar sus turnos.

 

Indicó, que requieren el desarrollo juntamente con ADOMA de una jornada nacional de capacitación, socialización e instrucción de las novedades de la nueva Ley número 339-22, sobre Uso de Medios Digitales para los procesos judiciales en la República Dominicana.

 

También se solicitó que se establezcan filas exclusivas para los abogados en los centros de servicios judiciales, además de instruir y capacitar al personal de atención al usuario para adoptar la comunicación efectiva al momento de ofrecer un servicio.

 

Otras solicitudes de ADOMA

 

Jhonny Aristy Tejeda destacó, que hay que trabajan en la búsqueda de soluciones queproduzcan cambios y modificaciones a los fines de garantizar mejores condiciones físicas y ambientales en los Palacios de Justicia, señalando que requieren urgente intervención.

 

Dijo, que es preciso establecer dos horarios para la celebración de las audiencias, con la finalidad de evitar grandes congestionamientos en los Palacios de Justicia.

 

El destacado abogado pidió a la Suprema Corte de Justicia establecer mediante resolución que los aplazamientos de audiencia de manera consensuada se realicen administrativamente vía la Secretaría del Tribunal.

 

También solicitó que el Poder Judicial realice a la mayor brevedad posible la apertura de concurso para la designación de notarios en los municipios que aún no los tienen.

 

Compromiso asumido por el presidente de la SCJ

 

Durante el encuentro, el magistrado Molina se comprometió a darle seguimiento para la búsqueda de soluciones a la problemática presentada por ADOMA.

 

Asimismo, el juez destacó los trabajos que realiza el Poder Judicial para fortalecer el sistema de justicia de la República Dominicana.

 

Dentro de los puntos que trató se destacan los temas: eliminación de la mora -mora cero-, el 100% de acceso de las personas vulnerables a la justicia, estadísticas en línea, la virtualización de los procesos judiciales, entre otros.

 

Al finalizar la reunión quedó establecida una comisión de seguimiento para buscar soluciones a los puntos tratados durante el encuentro celebrado en la sede el Poder Judicial.

 

Al magistrado Luis Henry Molina le acompañaron parte de su equipo de trabajo, conformado por César García, secretario de la Suprema Corte de Justicia; Javier Cabreja, coordinador de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales; Dariel Suarez, director de la Escuela Nacional de la Judicatura; y Moisés Jáquez, asesor técnico del presidente de la Suprema.

 

La directiva de ADOMA estuvo representada, además de su presidente, por Aleida de la Cruz, secretaria general del gremio, Miguel Ángel Duran, asesor, Miguelina Cambero, secretaria de Organización, Claudio Gregorio Polanco, secretario de Educación y Eleuterio Fernández, juez del Consejo Disciplinario.

 

Sobre crespones, cubos y otras indelicadezas

Por Miguel Ángel Cid Cid

 

La reforma judicial dominicana fue el resultado directo de la crisis post electoral de1994. En buena lid, José Francisco Peña Gómez, ganó las elecciones. Balaguer hizo lo que sabía hacer de sobra, orquestar un fraude para quedarse con la ñoña. La salida a la crisis obligó al presidente de facto a recortar su período a dos años y modificar el sistema de justicia, entre otras cosas.

 

Entonces la reforma judicial se concretó en 1997. El presidente Leonel Fernández convocó el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir los jueces de las altas Cortes. El doctor Jorge Subero Isa fue escogido como presidente de la Suprema Corte de Justicia.

 

Todos creímos que habíamos logrado un sistema de justicia íntegro, pero la sentencia de la SunLand enterró la confianza de la sociedad en los avances logrados. El veredicto fue evacuado a imagen y semejanza del expresidente Fernández.

 

Luego Subero fue sustituido en la SCJ y, al poco tiempo, se desgarró la vestidura y definió el fallo judicial como un crespón negro que “tuvo un carácter político”. Tan político que los jueces fueron marionetas reducidas a los caprichos del León.

 

La sonada independencia de la justicia dominicana recibió aire fresco con la llegada del PRM al gobierno. El Presidente Luis Abinader luce negado a incurrir en la intervención en la justicia. Lo propio hace con el Ministerio Público. A pesar deque la Procuraduría y la Fiscalía son órganos bajo la orientación del ejecutivo.

 

Es más, la negativa a trazar pautas a la justicia por parte del mandatario, es consistente. Sin embargo, Ramón Arístides Madera Arias, ex juez del Tribunal Superior Electoral, tronó para empañar las buenas intenciones del jefe de Estado.

 

-- el Presidente Luis Abinader me cubió, me dejó con el traje hecho --, dijo.

En lo que pestaña un pollo, las declaraciones de Madera Arias coparon los medios de comunicación y las redes sociales. Pero Arias no se quedó ahí, afirmó que si Luis Abinader hoy es Presidente de la República se lo debe a él.

 

La declaración insinúa un acuerdo entre Madera Arias y el entonces candidato del PRM a la Presidencia. El ex juez, según su propia narrativa, cumplió con su parte. Es decir, evacuó una sentencia favorable al candidato Luis Abinader. Se la jugó dando un veredicto contrario al partido de gobierno.

 

A Luis Abinader le correspondía, al ganar las elecciones, nombrar a Madera Arias como diplomático en la embajada dominicana en los Estados Unidos. Pero Madera no vio visos de cumplimiento de la segunda parte del supuesto acuerdo y cantó como un gallo pelón. En el desespero olvidó el lenguaje de un letrado. Le salió la lengua viperina de un cabaretero cualquiera, con eso de cubiar.

 

Lo ético y responsable en este caso debió ser, denunciar la propuesta indecente, si fue cierto que la hubo, en el mismo momento que le fuera hecha. Callar para sacarla a relucir años después, para pescar en río revuelto, es tan indecente como la propuesta misma.

 

Es cierto que lo hecho por Madera, sea ético o antiético, deja una mancha en el proceso de independencia de la justicia. Mancha que sólo el tiempo borrará.

 

Con todo, las declaraciones lucen un chantaje al Presidente de la República. Pretenden matar dos pájaros de un sólo tiro. Primero enlodar la bandera de laindependencia de la justicia, en especial el Ministerio Público. Y, segundo, cuestionar las intenciones del mandatario de propiciar el avance autónomo del Poder Judicial, como lo manda la Constitución.

 

El aporte de Madera Arias, con sus lamentables declaraciones, está en confirmar que los jueces eran, en efecto, manipulados por sectores de Poder. Y que larevelación deja señas claras de que la manipulación no era exclusiva de los gobernantes de turno, sino que también venía motivada por los mismos jueces.

 

El Presidente Abinader, en una verdadera verónica política, guarda silencio sobre lo dicho por el ex juez. Y hay que felicitarlo porque responder sería darle paso al chantaje de los que siempre están en venta.

 

 

Empresarios extranjeros y dominicanos elevan recurso de amparo contra el Poder Judicial

Procuran que los magistrados también puedan ser juzgados en materia penal a fin de garantizar inversión extranjera

 

SANTO DOMINGO.- Empresarios extranjeros y dominicanos acusaron a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Luis Henry Molina; de violar la ley en materia penal, por lo cual elevaron un recurso de amparo en su contra, por denegación de justicia en un caso que lleva ya casi dos años sin que se le fije audiencia y que afecta el clima para la inversión extranjera en el país.

 

La falta de confianza y garantía jurídica para la inversión extranjera se ha convertido en un elemento de gran preocupación para empresarios dominicanos y extranjeros, quienes ven como una traba para el combate a la corrupción la resistencia que mantiene el Poder Judicial para que los jueces dominicanos no puedan ser juzgado en materia penal, tal y como ocurre con senadores, diputados y demás personas en el país.

 

El recurso fue elevado por los demandantes norteamericanos Julián Rodríguez y Carol Jaramillo; Huang Kitty Qua, de China, y los dominicanos Eduardo Vásquez Matos, Julio César Núñez Alvarado, así como la empresa Continental Progreso Turístico, quienes se hicieron representar por el abogado George Andrés López Hilario, quien advirtió que en caso de no prosperar dicho recurso, el país podría quedar muy lastimado en materia de inversión extranjera, por la falta de transparencia y seguridad jurídica, y más ahora con la crisis dejada por el COVID 19.

 

“El cambio debe llegar al fuero del Poder Judicial, para erradicar la corrupción en dicho poder del Estado, de lo cual históricamente, gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción a lo interno del Poder Judicial, pues dichos funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito, sabiéndose inmunes al fuero penal, lo que pone de manifiesto la acción de amparo en curso; no obstante, evidencias historias de corrupción, no hay jueces sancionados penalmente, inaceptable”, indicó.

 

Dicho recurso también abarca al secretario de la SCJ, César José García Lucas, y al  juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, a quienes además emplazan para que fijen audiencia sobre un recurso de objeción a jueces para que sean juzgados penalmente, de acuerdo al artículo 283 del Código Procesal Penal que ordena fijar audiencia en un plazo de 5 días de ser recibido.

 

El destacado jurista afirmó que ese retraso favorece a los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Ynoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales, así como a Marino Rosario Gullón, Lorenzo Alexander Reynoso Encarnación, Franklin Manuel Faña, Esmerlin Tejada, y demás involucrados.

 

“Nosotros estamos demandando que el juez Francisco Ortega fije audiencia para que se abra la puerta y que los jueces sean procesados como ocurre con senadores, diputados, que los jueces también sean juzgados penalmente”, explicó el jurista.

 

Advirtió que si los jueces no son juzgados esto envía una mala señal en una sociedad como la nuestra que cada día enfoca sus miradas en la transparencia, apego a la constitución, respeto al debido proceso y  combate a la corrupción.

 

“No es justo que los abogados en ejercicio aceptemos impunidad como vía normal en el ejercicio de la profesión para poder permanecer y sobrevivir en el mercado laboral, resultando los jueces de la Suprema Corte de Justicia excluidos del fuero sancionador del Consejo del Poder Judicial, en virtud del artículo 156 numeral 3 de la Constitución y del fuero penal por pautas de los artículos 152 y 154 del Código Procesal Penal, lo que rasga el principio de igualdad, seguridad jurídica y contraviene el control de poder a que deben estar sujetos todos los poderes del Estado, lo que impide mayor auge de la inversión extranjera e inversión local en la República Dominicana”, manifestó López Hilario.