Misión Cumplida en Ito Bisonó

Por Roberto Valenzuela

 

Debemos expresar nuestro más sincero y profundo reconocimiento al gran trabajo realizado por el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) y, en particular, por el exministro Víctor (Ito) Bisonó y todo su equipo de Construcción, Edificación y Supervisión, en el marco de la celebración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

 

La culminación oportuna, la alta calidad y la esmerada supervisión desplegada en la adecuación de las instalaciones deportivas han sido fundamentales para el éxito de ese magno evento, que reunió a aproximadamente 6,200 atletas y 37 países representados.

 

Bajo su liderazgo, el MIVHED cumplió cabalmente con la misión encomendada por el presidente Luis Abinader, dejando un legado de infraestructuras modernas, seguras y de alto nivel para el deporte dominicano.

 

Desde el inicio, ellos asumieron el compromiso de que todas las obras estarían listas dentro de los plazos previstos. A pesar de las dudas iniciales, hoy la realidad es otra: hablamos de hechos, de obras terminadas y de compromisos continuo y directo a las obras, los recorridos técnicos, la supervisión constante de cada detalle garantizaron que los trabajos avanzaran sin contratiempos, respetándose el cronograma original y poniendo al país por encima de todo. Por lo menos eso es lo que vimos y por eso lo escribimos.

 

La calidad de las instalaciones entregadas es otro aspecto digno de encomio. Cada una de las obras realizadas fueron adecuadas con áreas de competencia certificadas, graderías, vestidores, consultorios médicos, oficinas administrativas, sistemas eléctricos y sanitarios, iluminación, accesibilidad y tecnología, siempre conforme a todos los estándares internacionales para competencia de alto rendimiento.

 

El liderazgo (de Ito) y su presencia constante en cada obra fueron clave para alcanzar estos resultados. Siempre veíamos los medios tradicionales con sus noticias y los medios digitales con actualización constante de los avances y la supervisión adecuada. Las huellas están ahí.

 

En mi opinión, el ministro Bisonó ha demostrado un compromiso inquebrantable con la excelencia. La enorme inversión ejecutada a través del MIVHED es un reflejo del esfuerzo estatal por posicionar al país como un referente regional en materia de infraestructura deportiva; aquí no podemos negar que el compromiso y apoyo del presidente Abinader, que jugó un papel fuera de serie.

 

Estas obras, después de terminados los juegos, representan un legado permanente para los atletas, la juventud y las familias dominicanas. Por eso toma un gran valor lo informado recientemente por el presidente Abinader, otorgando la gran responsabilidad del cuido, seguimiento y mantenimiento a las Federaciones y los Voluntarios. En este último grupo, nosotros decimos claramente que se debe referir a los Patronatos, quienes deberán jugar un papel preponderante y un compromiso con la transparencia, informando oportunamente sobre temas que se tienen que hacer y que posiblemente no se están haciendo.

 

Por todo lo anterior, reiteramos nuestro más alto reconocimiento y agradecimiento al anterior ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Lic. Víctor (Ito) Bisonó, y a todo el equipo que le acompañó, por su invaluable contribución al éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, en los cuales, por demás, la República Dominicana rompió su propio récord de medallas, al salir airoso con 150 medallas, para colocarse en el 5to lugar entre todos los países participantes.

 

Enhorabuena.

 

La desgracia de ser «prieto» o «pata prieta» en la Guerra Restauradora

Con la anexión a España, firmada el 18 de marzo de 1861, Santo Domingo pasó a ser una dependencia española, como lo eran Cuba y Puerto Rico.

 

Por Roberto Valenzuela

 

Hace 163 años, en la Guerra de la Restauración —que conmemoramos este 16 de agosto de 2026—, hasta la valentía tenía una forma de medirse.  Quien se apartaba del combate podía recibir un apodo o sobrenombre que un dominicano prefería la muerte antes de que lo llamaran así.

 

Pues, los combatientes dominicanos de la Guerra de la Restauración eran voluntarios que abandonaban sus conucos y a sus familias para luchar por la República. Cuando marchaban hacia las batallas, los jefes los estimulaban así: «Ni un paso atrás, a morir por la Patria». Enseguida sentenciaban: «Y eso sí, el que sea prieto que hable claro». Era como una especie de ritual, según explicó el historiador Bernardo Vega durante una exposición en la Academia Dominicana de la Historia.

 

Otros investigadores indican que la expresión era: «El que sea pata prieta, que hable claro», y que se referían al cobarde, al traidor (vendepatria) e indigno de defender el honor de su nación.

 

En algunas crónicas históricas se utilizan los términos «prieto» y «pata prieta» para referirse al dominicano que no quería combatir, desertaba del combate o colaboraba con los anexionistas, como Pedro Santana, o con los militares españoles.

 

Pero sí quedó claro que los dominicanos entraban en combate con un feroz grito: «¡Viva la República!». El grito de guerra de los españoles era: «¡Viva la Reina!». Es decir, la reina era la inspiración de la soldadesca española. Los dominicanos, en cambio, trataban de restablecer la República, que había sido convertida en una colonia de España bajo el reinado de Isabel II.

 

Al ser España una potencia militar, sus tropas estaban bien armadas, con uniformes, zapatos, gorras y corbatas. Superaban en armas, número y logística a las dominicanas, asoladas por la pobreza.

 

Los restauradores luchaban descalzos, sin camisa, y su arma más común era el machete; algunos llevaban lanzas y viejos rifles. Montaban a caballo al pelo, a diferencia de la caballería española, que utilizaba silla de montar y todos los ajuares para la guerra.

 

El fallecido director del Archivo General de la Nación (AGN), Emilio Rodríguez Demorizi, recopiló la descripción que hizo Pedro Francisco Bonó del cantón de Bermejo, en Monte Plata, establecido por Gregorio Luperón, donde venció al caudillo anexionista Pedro Santana.

 

«No había casi nadie vestido. Harapos eran los vestidos; el tambor de la Comandancia estaba con una camisa de mujer por toda vestimenta. Daba gusto verlo redoblar con su túnica. El corneta estaba desnudo de la cintura para arriba. Todos estaban descalzos y con las piernas desnudas», relataba Bonó, ministro de Guerra del Gobierno Restaurador, que tenía su sede en Santiago de los Caballeros.

 

Demorizi escribió la obra Papeles de Pedro F. Bonó (1964). Demorizi (1906-1986) es considerado el investigador histórico más prolífico de la República Dominicana.

 

Es importante precisar que este artículo tiene un propósito exclusivamente histórico y documental. La expresión «pata prieta» o «el que sea prieto que hable claro» se cita tal como aparece en las fuentes de la época y no responde a una valoración ni pretende promover ideas racistas o discriminatorias. Su inclusión busca explicar el lenguaje y el contexto histórico en que fue utilizada durante la Guerra de la Restauración.

 

Informes de EE. UU. vinculan a un senador con el contrabando a Haití

Documentos diplomáticos secretos revelan que el senador del Partido Liberal y sus seguidores impulsaron el contrabando a Haití, afectando los ingresos de la aduana de Montecristi.

 

Por Roberto Valenzuela

 

"Montecristi es un cementerio de hombres vivos".  Nunca he podido olvidar aquella cobertura que realicé como reportero del Palacio Nacional para el diario El Caribe. Acompañaba un Consejo de Gobierno encabezado por el entonces presidente Leonel Fernández cuando varios comunitarios resumieron, con una frase tan dura como desgarradora, la realidad de Montecristi: "Es un cementerio de hombres vivos".

 

No era una exageración. Era el retrato de una provincia marcada por el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades.

 

Esa misma noche, al llegar al hotel, el legendario fotógrafo de prensa Pedro Canela rompió el silencio con una observación que todavía conservo en la memoria. Dijo que Montecristi parecía sacado de una película del Viejo Oeste: calles cubiertas de polvo, casas deterioradas y una atmósfera que transmitía el peso del olvido.

 

Aquella conversación nos llevó a una pregunta: ¿cómo una provincia que antes de 1930 figuraba entre las más prósperas del país terminó sumida en semejante decadencia?

 

Montecristi llegó a ser uno de los principales puertos de la República Dominicana y del Caribe. Por allí transitaban comerciantes nacionales y extranjeros. Su aduana era una importante fuente de ingresos para el Estado.

 

La tradición popular sostiene que el dictador Rafael L. Trujillo castigó la provincia por su vínculo con su enemigo el general Desiderio Arias, poderoso caudillo de la Línea Noroeste y senador por Montecristi, representante del Partido Liberal. Trujillo conocía muy bien la provincia porque su segunda esposa, Bienvenida Ricardo, pertenecía a una familia acomodada de ese lugar.

 

El dictador eliminó militarmente al caudillo y, al mismo tiempo, dejó morir la principal fuente económica que lo sostenía: el puerto, la aduana de Montecristi. El objetivo habría sido impedir que surgiera otro líder regional con suficiente poder económico y político para desafiar su régimen.

 

Existe otro elemento poco conocido que aparece en documentos diplomáticos de Estados Unidos, pero que eran de conocimiento de Trujillo, quien tenía asesoría de militares de Estados Unidos.

 

El historiador Bernardo Vega, en su libro Desiderio Arias y Trujillo se escriben, recopiló informes confidenciales, cartas diplomáticas y documentos oficiales estadounidenses. En ellos se describe a Desiderio Arias como un caudillo involucrado en actividades de contrabando y comercio ilegal en la frontera dominico-haitiana.

 

De acuerdo con estos informes, una de las principales preocupaciones de la delegación norteamericana era la caída de las recaudaciones aduaneras en Montecristi. Los diplomáticos atribuían esa disminución al incremento del contrabando hacia Haití.

 

Los documentos señalan que Desiderio Arias y varios de sus seguidores, aprovechando el control político y militar que ejercían sobre la Línea Noroeste, facilitaban el tráfico ilegal de mercancías con comerciantes y grupos del lado haitiano. Esa situación afectaba directamente los ingresos de las aduanas.

 

Para los funcionarios estadounidenses, el problema no era solo de seguridad, sino también financiero. Desde la ocupación militar de 1916, Estados Unidos había asumido el control de las aduanas dominicanas para garantizar el cobro de la deuda externa del país. Cada peso que dejaba de ingresar por concepto de impuestos aduaneros representaba una pérdida para la administración militar.

 

Los informes diplomáticos revelan incluso la frustración de los funcionarios estadounidenses ante la persistencia del contrabando y muestran que consideraban a Desiderio Arias el principal obstáculo para controlar esa actividad ilícita.

 

Según documentos que recopiló el historiador Bernardo Vega, los diplomáticos norteamericanos estaban tan molestos que sugerían, con insistencia, que la solución era asesinar al general Arias. O sea, parece que ellos decían la frase: “Muerto el perro, se acabó la rabia”. Es decir, muerto Desiderio se iban a acabar sus actividades mafiosas con Haití, las cuales afectaban las recaudaciones aduanales. 

 

Fuente: Vega, B. (2009). Desiderio Arias y Trujillo se escriben. Fundación Cultural Dominicana.

 

 

 

Una sola familia participó en la muerte de Lilís y Trujillo

«Bien muerto, pero mal matao»: historia de asesinatos de presidentes. La violencia política marcó nuestro país con «frases-tragedias».

 

Por Roberto Valenzuela

 

Hemos sido tan belicosos, tan «guerreros» y «guerrilleros», que una vieja costumbre consistía en ver la guerra como un empleo normal: una forma de ganarse la vida y de ascender socialmente. Hacer la guerra era, en cierto modo, equivalente a ser barbero, zapatero, carpintero o labrador.

 

Era habitual que un hombre descalzo, armado de un filoso machete, desnudo de la cintura para arriba y montado en un caballo al pelo, acompañara a un caudillo —como Desiderio Arias— en una de tantas guerras civiles.

 

Junto a ese caudillo se pelea contra otro caudillo, o se participa en atentados contra cualquier presidente. Peleamos entre nosotros mismos; peleamos contra las potencias extranjeras que nos invaden.

 

Al regresar a sus comarcas, después de cada contienda, muchos volvían con un grado militar que les garantizaba una mejor posición económica.

 

Miren este caso.  26 de julio de 1899, el presidente Ulises Heureaux (Lilís) fue asesinado en Moca por un grupo de conspiradores entre los que figuraban los primos Ramón Cáceres y Horacio Vásquez.

 

Años después, la historia pareció repetirse. Ramón Cáceres, conocido como Mon Cáceres, llegó a la Presidencia y desarrolló una administración orientada a fortalecer el Estado y reducir el poder de los caudillos regionales. El 19 de noviembre de 1911 fue víctima de un atentado que le costó la vida.

 

Mataron a Mon.  La tradición popular conserva una escena dramática de aquel episodio. Los atacantes continuaban disparando contra el presidente, ya mortalmente herido. Una mujer exclamó: «¡Están matando a un muerto, dejen de disparar!».

 

Primero mataron a Mon. Después mataron a quienes mataron a Mon. La represalia fue brutal. A don Emiliano Tejera le mostraron el cadáver destrozado de su hijo Luis Tejera, uno de los conspiradores. Entonces pronunció una frase que quedó para la historia: «¡Bien muerto, pero mal matao!».

 

Tal vez quiso decir que su hijo merecía pagar por haber participado en el asesinato de un mandatario, pero no de una forma tan salvaje. Su hijo fue apresado herido y rematado a machetazos.

 

Para imponer el orden y contener las continuas rebeliones, Mon creó la Guardia Republicana, cuerpo armado que adquirió fama de disciplina y severidad. Su reputación fue tan grande que el pueblo comenzó a llamarla «la Guardia de Mon», expresión que pasó a formar parte del lenguaje popular.

 

«Tá preso por la guarida e' Mon». Pocas expresiones retratan mejor el lenguaje popular para describir a quien, de repente, se hace con el control absoluto de una situación y actúa como dueño de ella.

 

Ni siquiera aquella fuerza militar pudo salvar a su fundador. El propio presidente cayó víctima de la violencia política que había intentado contener. Parecía cumplirse el viejo refrán: «El que a hierro mata, a hierro muere».

 

La muerte de Mon desató el caos político. El último gran desafío armado al gobierno fue protagonizado por Desiderio Arias durante la crisis de 1916. Las fuerzas rebeldes amenazaban con una nueva guerra civil, los Estados Unidos intervinieron militarmente y ocuparon el país el 16 de mayo de 1916.

 

El presidente Juan Isidro Jimenes, hombre de profundas convicciones nacionalistas, rechazó mantenerse en el poder bajo la protección de tropas extranjeras y optó por abandonar la Presidencia. Su decisión quedó como uno de los gestos más dignos de la historia política dominicana.

 

La ocupación militar estadounidense (1916-1924) puso fin a las continuas revoluciones regionales mediante la creación de instituciones armadas centralizadas y el desarme de numerosos grupos caudillistas. Más tarde, la dictadura de Rafael L.Trujillo terminaría de eliminar los viejos liderazgos militares independientes.

 

La violencia política pareció heredarse de generación en generación. Antonio de la Maza y Luis Manuel (Tonty) Cáceres, protagonistas del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, descendían de dos de los principales participantes en el asesinato de Lilís en 1899: Vicente de la Maza y Mon Cáceres.

 

Referencias

 

Bosch, J. (1982). Composición social dominicana. Alfa y Omega.

 

Gutiérrez Félix, E. (2008). Los magnicidios dominicanos. Editora Corripio.

 

Hacemos votos por la paz de Haití, que es también la paz de la República Dominicana, pero mediante la gestión de una embajadora cristiana, dinámica y humana.

Por Roberto Valenzuela

 

A las puertas del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, hemos venido analizando el impacto de esa nación en Haití y la República Dominicana. Quien estudia la historia de los pueblos y su diplomacia sabe la importancia estratégica de contar —o no contar— con una embajada activa y con un embajador en funciones. Ha ocurrido en distintos momentos, cuando administraciones demócratas han dejado vacíos diplomáticos en República Dominicana que impactan las relaciones bilaterales.

 

Los gobiernos republicanos siempre procuran que tengamos una adecuada representación diplomática. Suelen ser más respetuosos y tolerantes con las creencias religiosas y las costumbres del pueblo dominicano. Al contrario, como reportero, recuerdo a dos embajadores demócratas que nos generaron a los dominicanos muchos dolores de cabeza. Crearon conflictos que, desde el punto de vista de la diplomacia, eran innecesarios. La diplomacia, una carrera tan valiosa para la solución de conflictos, era precisamente lo que menos se practicaba en esos casos.

 

Tanto Haití como la República Dominicana han tenido más problemas con administraciones demócratas que con republicanas. En 1915 invadieron Haití y, en 1916, ocuparon la República Dominicana. Y en 1963 fueron los demócratas quienes fueron señalados como artífices del golpe de Estado a Juan Bosch, uno de los gobernantes más democráticos y más votados en la historia, además de su reconocida honestidad. En 1965 intervinieron durante la guerra civil dominicana.

 

El caso es que hay que reconocer los parabienes de la señora embajadora, Leah Francis Campos, quien ha logrado acercamiento con todos los sectores, sin discriminar. Se reúne tanto con sectores populares como urbanos, visitando la Catedral Primada de América o Higüey para venerar a la Virgen de la Altagracia, así como compartiendo en espacios como colmados populares, como La Venganza, y también con empresarios y sectores de la élite económica.

 

Una de las cosas que más nos ha agradado es que ha traído dinamismo a la Embajada, promoviendo su país. Para los 250 años de la independencia de Estados Unidos, organizó un concurso para quienes mejor canten el himno de su país. Y, un gesto que agradecemos incluyó la interpretación del Himno Nacional de la República Dominicana.

 

Mi petición, después de estas merecidas consideraciones, es que intervenga en todo lo que esté a su alcance para que Haití logre la paz. Como dice el comunicador Ricardo Nieves, si Estados Unidos quiere, en menos de media hora puede poner fin al conflicto de las pandillas en Haití.

 

Hago esta petición a la señora embajadora, quien ha dado muestra de amor por nuestro país. Ella sabe, como buena diplomática, que los problemas haitianos repercuten en la República Dominicana, y los de la República Dominicana en Haití.

 

¡Así que intervenga en lo que pueda!, pues usted, como ferviente cristiana, sabe que un pueblo bueno y trabajador como el haitiano merece vivir en paz. Haití y la República Dominicana son dos grandes aliados entre sí, y ambos son viejos amigos, socios comerciales y políticos de Estados Unidos.

 

La lección de EE.UU.: el poder tiene fecha de vencimiento

Por Roberto Valenzuela

 

Como este 4 de julio los Estados Unidos cumplen dos siglos y medio (250 años), debemos destacar algunas curiosidades de ese sistema político. Por ejemplo, es una sagrada tradición de sus presidentes —por muy buenos, malos o muy malos que sean— traspasen el mando sin rechistar. Optan por un segundo mandato y nada más.

 

El que puso el buen ejemplo fue su primer presidente, el general George Washington. Al finalizar su segundo mandato, sus adulones —que siempre abundan— le pidieron que buscara la reelección nuevamente. Lo animaban diciéndole que la Constitución se lo permitía. Él respondió que, si había hecho la guerra contra la monarquía inglesa, no podía convertirse en un rey o dictador. Explicó que no podía desvirtuar el origen de un gobierno democrático que da oportunidades a todos los ciudadanos que quisieran optar por la presidencia de la nueva nación. Y se fue a la vida civil.

 

Ascendió al poder el abogado John Adams, quien había sido el primer vicepresidente de EE.UU. Este lamentaba que la vicepresidencia era el cargo más aburrido y de menor importancia del mundo.

 

Unos 31 presidentes respetaron la tradición de una reelección —“y nunca jamás”—, hasta que Franklin Delano Roosevelt la “rompió” y permaneció en el poder durante 4 períodos. Es el único presidente en ganar 4 elecciones: 1932, 1936, 1940 y 1944. Se debió a circunstancias especiales. Roosevelt llegó al gobierno durante la peor crisis económica que ha sufrido ese país, bautizada como “La Gran Depresión”. Está considerado como uno de los mejores gobernantes de la historia por la forma en que sacó al país de la crisis. Para enfrentar el problema, se hizo acompañar de los “cerebros”, nombre que recibieron los miembros de su gabinete y colaboradores.

 

La otra coyuntura que permitió su reelección fue la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. EE.UU., en alianza con Rusia e Inglaterra, ganó la guerra, aunque Roosevelt murió unos meses antes de la rendición de Alemania y Japón. Es curioso que, después de la guerra, para que a nadie se le ocurriera “inventar”, se realizó la Enmienda Constitucional número XXII, en 1951, limitando a dos mandatos —“y nunca jamás”—.

 

 

 

Usó fertilizante en ataque terrorista en USA

Por Roberto Valenzuela

 

El perpetrador del ataque terrorista de Oklahoma City, Timothy McVeigh —conocido con el apodo de “Fideo McVeigh” o “El Flaco”, diríamos en buen dominicano, por su delgadez— era un infante de marina con un enfermizo resentimiento contra el gobierno y su pueblo.

 

Ocurrió el 19 de abril de 1995. Un camión cargado con explosivos estalló frente a un edificio gubernamental y dejó la cifra de 168 muertos. Fue el acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense hasta entonces, una marca superada seis años más tarde por el atentado del 11 de septiembre de 2001.

 

Las agencias de prensa señalaron que McVeigh, excombatiente de la Guerra del Golfo Pérsico, indicó que cometió el atentado en venganza por la intervención de agentes federales contra el rancho de la secta de los Davidianos, en Waco, Texas, donde fallecieron 83 personas, entre ellas 23 niños. Increíblemente, ocurrió el 19 de abril de 1993, tras un asedio policial de 52 días.

 

Una de las críticas de la opinión pública —de la prensa de la época— fue que las autoridades utilizaron un exceso de fuerza militar y que el incendio del recinto davidiano habría sido provocado por las bombas lacrimógenas lanzadas por los agentes.

 

Según una crónica del Listín Diario, entre las 168 personas que murieron a causa de la explosión en Oklahoma City, 19 eran niños menores de seis años que se encontraban en la guardería del edificio federal. Más de 680 personas resultaron heridas.

 

La potencia del explosivo, elaborado a base de fertilizantes (abono) y materiales de uso común dañó 312 edificios en un radio de 16 manzanas, y destrozó 86 automóviles. Causó daños por unos 652 millones de dólares, según informaron autoridades estatales.

 

Este escrito es un fragmento de un artículo publicado tiempo atrás, motivado por nuestra preocupación ante el odio y la violencia política, que incluso han afectado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, víctima de varios atentados, por suerte todos fallidos.

 

EE.UU. 250: entre libertad y atentados

Por Roberto Valenzuela

 

El próximo 4 de julio de 2026, los Estados Unidos alcanzarán un hito histórico: 250 años de su nacimiento como nación. La fecha nos remite al 4 de julio de 1776, cuando las trece colonias —el 13, considerado por muchos un número de superstición— proclamaron su independencia del reino de Gran Bretaña. Aquel acto sentó las bases de un exitoso experimento político que, con el paso del tiempo, se convertiría en un referente mundial: la democracia representativa.

 

A diferencia de las monarquías —encabezadas por reyes, reinas o emperador, emperadora— predominantes en su época, el nuevo Estado se estructuró bajo la inspiración de Montesquieu y su doctrina de la separación de poderes. Así, el poder Ejecutivo, encabezado por un presidente electo; el Legislativo, representado en un Congreso sujeto a renovación democrática; y el Judicial, garante último del cumplimiento de la Constitución y las leyes, configuran un equilibrio institucional que ha resistido el paso del tiempo. Y 250 años es, sin duda, mucho tiempo.

 

Es innegable que Estados Unidos ha construido una historia de grandeza institucional. Ha sido inspiración para pueblos como Haití, que fue la segunda nación americana en proclamar su independencia y la primera república negra independiente. También inspiró a líderes independentistas que lucharon por la libertad de sus pueblos, entre ellos Simón Bolívar, José Martí, José de San Martín, Juan Pablo Duarte y Benito Juárez. Su sistema democrático, con tensiones y desafíos, no ha sido interrumpido desde su fundación, y su aparato de justicia mantiene una fortaleza que inspira a otras naciones. Sin embargo, esa misma historia también arrastra un capítulo oscuro y funesto: la violencia política dirigida contra sus propios líderes.

 

Es el país donde más presidentes han sido asesinados. Cuatro mandatarios han muerto en el ejercicio del cargo: el influyente Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y el carismático John F. Kennedy en 1963. A estos hechos se suman múltiples intentos de magnicidio a lo largo de su historia, lo que evidencia que ni siquiera las democracias más sólidas están exentas de amenazas extremas.

 

El caso de Ronald Reagan —uno de los presidentes más populares en la historia de esa nación—, herido en un atentado en 1981, así como los recientes incidentes de seguridad en torno a Donald Trump, reafirman una realidad inquietante: el poder político, en cualquier contexto, sigue siendo un blanco de alto riesgo. Cabe recordar que el intento de agresión contra Trump ocurrió en un entorno simbólicamente comparable al de otros episodios históricos de violencia política en el país. Tanto Trump como Reagan pertenecen al Partido Republicano y representan corrientes conservadoras.

 

Este contraste —entre la estabilidad institucional y la persistencia de la violencia política— define, en buena medida, la complejidad de la experiencia estadounidense. A 250 años de su fundación, Estados Unidos no solo celebra su permanencia democrática, sino que también enfrenta el desafío de preservar la seguridad de sus líderes y la calidad del debate público.

 

Porque, si algo enseña su historia, es que la democracia no es un logro estático, sino una construcción permanente, donde los avances conviven con amenazas que obligan a una vigilancia constante.

 

Las “travesuras” de Víctor Mañaná y Wellington Carpio

Mañaná utilizaba su frase “lapidaria” y “amenazante”:

“¡Ayúdenme, que esto da vuelta!”

 

Por Roberto Valenzuela

 

Ahora que todo ha cambiado con la revolución de las redes sociales, y que el periodismo tradicional ya no es el mismo, hay que hablar de los buenos reporteros. ¡Sí, de aquellos! De los que, en las décadas de los 80 y 90, y hasta bien entrados los 2000, llevaron sobre sus hombros este difícil oficio.

 

Son muchos buenos o buenísimos —es imposible mencionarlos a todos—, pero siempre he mostrado una especial simpatía hacia dos reporteros que, a mi juicio, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) debería reconocer. ¡Y ahora que están en vida y con salud! No debemos esperar a que enfermen o mueran para lamentarnos luego en un cementerio o al enterarnos de su fallecimiento. ¡No! Tampoco cuando, al preguntar por ellos, descubramos que ya no están en el mundo de los vivos.

 

Estos compañeros no solo se destacaron por su profesionalidad, sino también por el cariño y la simpatía que siempre generaron entre colegas. Eran —y siguen siendo— buena gente. ¡Gente de verdad! Siempre de buen humor, incluso en los momentos más difíciles y de mayor presión.

 

Porque el día a día de un reportero no es fácil. ¡Para nada! En medio de ruedas de prensa, reuniones interminables y crisis políticas que sacudían nuestra amada nación, ellos estaban ahí: haciendo cuentos, soltando chistes, aligerando la carga. Y nosotros, inevitablemente, terminábamos a su alrededor.

 

Me refiero a Wellington Carpio y Víctor Mañaná.

 

Ambos conservan —todavía hoy— un muchacho por dentro. Aunque adultos responsables, tienen el alma noble de niños juguetones. Siempre “salen con una muchachá”, como diríamos en los barrios.

 

La frase “lapidaria” de Víctor Mañaná era inconfundible:

“¡Ayúdenme, que esto da vuelta!”

Y eso, claro, cuando trabajando en medios como El Caribe, El Siglo o Listín Diario, se daba una escapadita… ¡y llegaba tarde a la fuente!

 

A propósito, hace unos días conversaba con el buen amigo y buen periodista Camilo Javier sobre la influencia de Víctor y sus sólidas relaciones en fuentes clave: Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Palacio de la Presidencia. Coincidimos en algo: Mañaná no solo informaba, ¡formaba! Se convertía en tutor y protector de los reporteros novatos.

 

Pero hay más. Tiene un “récord” no escrito: cuando un periodista —novato o veterano— enfrentaba un problema, ya fuera policial o de cualquier índole, incluso en la madrugada… ¡ahí estaba Víctor! Defendiendo a gente que apenas conocía o ayudando a familiares de colegas. ¡Así, sin preguntar mucho!

 

Sobre Wellington Carpio, lo vi recientemente y le hice un pedido directo:

“¡Tienes que escribir un libro!”

 

Porque Wellington no solo es un gran periodista; es, probablemente, uno de los reporteros mejor informados del país. Maneja tanto lo que se puede saber… como lo que no se puede contar.

 

Ha sido testigo de soluciones a grandes crisis políticas, de momentos decisivos en la historia reciente de nuestro país. ¡De esos que no salen en los libros! Ha estado cerca de negociaciones delicadas, amarres políticos, acuerdos tras bastidores entre presidentes, empresarios, sindicalistas y miembros de la jerarquía católica.

 

Y, además, posee una memoria fotográfica envidiable. Es detallista, agudo y, sobre todo, un cronista excepcional.

 

¡Un libro suyo sería un legado invaluable! Aportaría enormemente a las nuevas generaciones de reporteros y a todos aquellos que sueñan con entrar en este oficio.

 

Porque historias como estas… ¡no se pueden perder!

 

El Ministerio de Justicia no interviene en decisiones de jueces ni fiscales

Por Roberto Valenzuela 

 

La persecución penal en la República Dominicana permanece, sin excepción, bajo el control absoluto del Ministerio Público. El surgimiento del Ministerio de Justicia no altera ese principio, sino que viene a llenar un vacío histórico: la República Dominicana era la única nación de la región que carecía de esta entidad, pese a que desde su primera Constitución se concibió la existencia de un Ministerio de Justicia.

 

En ese contexto, el Dr. Antoliano Peralta Romero ha señalado —incluso en tono de broma— que no puede atribuirse el mérito de ser el primer ministro de Justicia de la historia nacional. Y tiene razón. El Ministerio de Justicia no es una creación inédita ni una figura novedosa en el ordenamiento institucional dominicano.

 

Conviene recordarlo con claridad: el Ministerio de Justicia ha existido en el país desde la fundación de la República en 1844, cuando operaba bajo la denominación de “Ministerio de Justicia e Instrucción Pública”. Por tanto, cuando el presidente Luis Abinader somete al Congreso la iniciativa para su restablecimiento, aun reconociendo el valor político de impulsarla, no se trata de un descubrimiento institucional, sino de la recuperación de una figura histórica del Estado dominicano.

 

El Ministerio de Justicia se mantuvo vigente hasta uno de los gobiernos más progresistas del país, el encabezado por Juan Bosch. El golpe de Estado de 1963 y el posterior gobierno del Triunvirato desmantelaron las reformas impulsadas en ese período, incluyendo la desaparición del Ministerio de Justicia.

 

En la misma línea, las funciones registrales y administrativas que ahora se transfiere al Ministerio de Justicia no constituyen atribuciones nuevas ni ajenas a su naturaleza. Por el contrario, se trata de competencias que históricamente siempre estuvieron bajo la tutela del Ministerio de Justicia y que, al ser asumidas por el Ministerio Público, terminaron distrayéndolo de sus funciones esenciales.

 

Desde esta perspectiva, la Ley núm. 80-25, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, no debilita al Ministerio Público, sino que lo fortalece, al tiempo que representa un avance en la independencia del Poder Judicial.

 

Es importante subrayar que el recién creado Ministerio de Justicia no tendrá atribuciones jurisdiccionales ni funciones de juzgamiento. Es decir, no interviene en las decisiones de jueces y fiscales. Su misión se circunscribe a la formulación y coordinación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento y la mejora integral del sistema de justicia, dentro del marco de las competencias que la Constitución y las leyes asignan al Poder Ejecutivo.

 

Las dependencias que pasarán a su tutela continuarán operando con el mismo presupuesto y personal, garantizando la continuidad y mejora de los servicios ofrecidos tanto a la comunidad jurídica como a la ciudadanía en general. Entre las atribuciones que asumirá se encuentra el sistema penitenciario, anteriormente bajo la dependencia del Ministerio Público.

 

Asimismo, el Ministerio de Justicia asumirá competencias en materia de derechos humanos y funciones registrales, incluyendo registros y certificaciones de documentos oficiales y notariales, así como la inscripción de organizaciones sin fines de lucro, responsabilidades que también se encontraban bajo la órbita del Ministerio Público.

 

La nueva entidad tendrá a su cargo la representación y defensa del Estado ante los estamentos judiciales, con la exclusión expresa de la materia penal, que seguirá siendo competencia exclusiva del Ministerio Público. En consecuencia, el Ministerio de Justicia no juzga ni persigue delitos penales, incluyendo los relacionados con la corrupción.

 

Tras la última reforma constitucional, la figura del “procurador general administrativo” pasó a denominarse “abogado de la administración pública”, quedando adscrita al Ministerio de Justicia. La Oficina de la Abogacía del Estado contará con profesionales competentes y especializados, atendiendo a una debilidad histórica del Estado dominicano en la defensa de sus intereses frente a demandas judiciales.

 

El Ministerio de Justicia tendrá representación en el Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.  En este último caso con representación directa del ministro. También asumirá la defensa del Estado dominicano ante tribunales internacionales, función que hasta ahora estaba bajo la tutela de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

 

 

 

Duarte: "unidos somos invencibles"

Por Roberto Valenzuela

 

Juan Pablo Duarte fue, sin duda, un genio adelantado a su tiempo. Su pensamiento político y moral no sólo dio origen a la República Dominicana, sino que dejó advertencias claras sobre los peligros que acechan a los pueblos que se dividen. Una de las más contundentes fue su convicción de que una nación fragmentada, como ocurrió en Haití, estaba condenada a la miseria permanente.

 

Duarte observó con atención la experiencia haitiana. A pesar de haber logrado una hazaña histórica —ser la segunda nación independiente de América y la primera república negra del mundo— Haití no logró consolidar un proyecto nacional estable. Las divisiones políticas y la ambición de pequeños grupos de poder impidieron que un país rico en minería, tierras fértiles, ríos, montañas, costas, bellas playas pudiera desarrollarse plenamente. En lugar de progreso, prevaleció la autodestrucción.

 

La historia lo confirma. El 22 de septiembre de 1804, el general Jean-Jacques Dessalines se proclamó dizque “emperador” con el nombre de “Jacques I”, instaurando una monarquía autoritaria. Su mandato fue breve: el 17 de octubre de 1806 fue traicionado y asesinado, por Alexandre Pétion y Henri Christophe.  Tras su muerte, el país se partió en dos: Christophe estableció un supuesto “reino” (se proclamó “rey”) en el Norte y Pétion, una república (se proclamó “presidente”) en el Sur. Desde entonces, la fragmentación ha marcado el destino haitiano, con una élite reducida concentrando la riqueza y una mayoría sumida en la pobreza extrema.

 

Ese ejemplo fue una advertencia para Duarte. Por eso sostuvo que la República Dominicana no podía imitar a Haití, pues los pueblos divididos “caminan hacia la ruina y son juguete de las pasiones y de la ambición de unos pocos”. Su llamado a la unidad fue reiterado, memorablemente, cuando en Puerto Plata exhortó a los dominicanos a permanecer unidos si querían ser felices y libres, evitando el fraccionamiento regional que había destruido a la nación vecina.

 

Hoy, cuando celebramos el natalicio de Duarte, ese mensaje conserva una vigencia inquietante. En tiempos recientes, una serie de hechos —no siempre aislados— han intentado proyectar la imagen de una República Dominicana caótica, insegura y sin control. Informaciones falsas sobre supuestos bloqueos de pandillas en la frontera, ataques simbólicos a nuestros emblemas patrios, intentos burlescos de distorsionar el Himno Nacional, rumores alarmistas tras la desaparición de niños que luego fueron desmentidos por las autoridades, y denuncias amplificadas con fines internacionales, parecen tener un hilo conductor: erosionar la estabilidad, la identidad y la imagen del país.

 

No se trata de negar problemas reales ni de cerrar los ojos ante desafíos legítimos, sino de comprender que la desinformación, la manipulación y el irrespeto a los símbolos nacionales debilitan a la Nación desde dentro. Duarte lo entendió con claridad meridiana: sin unidad, no hay República posible.

 

Este 26 de enero no debe ser solo una fecha para discursos y homenajes formales, sino un momento de reflexión profunda. Defender la verdad, proteger nuestros símbolos, actuar con responsabilidad y mantener la cohesión nacional es, hoy más que nunca, un deber patriótico.

 

Como advirtió Juan Pablo Duarte, “Unidos somos invencibles”. ¡🇩🇴✨

 

 

«Vacatio legis»: el tiempo que la ley necesita para ser justa

Roberto Valenzuela

 

Aunque suene a un tecnicismo que algunos abogados usan para parecer más expertos de la cuenta, «vacatio legis» es un término en latín que cumple una función clave en la vida jurídica de cualquier país. Se refiere al período que transcurre entre la publicación de una ley y el momento en que comienza a aplicarse, un lapso pensado para que la sociedad conozca la norma y pueda adaptarse a ella.

 

Lejos de ser un simple formalismo, la «vacatio legis» es una garantía de orden, previsibilidad y respeto al ciudadano, y marca la diferencia entre una ley que se prepara y una que se impone de golpe. Justamente lo contrario ocurrió con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que irrumpió sin la debida «vacatio legis» y provocó desajustes y trastornos evidentes en nuestro sistema de justicia.

 

La ausencia de un período de «vacatio legis» no solo tomó por sorpresa a jueces, fiscales y abogados, sino que provocó un escenario de desorden que hoy se traduce en audiencias suspendidas, confusión procesal y malestar generalizado en los tribunales.

 

No es exagerado hablar de caos. En las salas de audiencia del país ya se escuchan expresiones de frustración que reflejan el sentir de muchos operadores del sistema. Un abogado, visiblemente molesto, llegó a decir que el nuevo código “agarró a todos con los pantalones abajo”, una frase coloquial, pero reveladora del nivel de improvisación con que se ha manejado un cambio de esta magnitud.

 

Uno de los aspectos más trascendentes del nuevo código es la eliminación de la facultad de las cortes de apelación para devolver los casos a los tribunales de primera instancia. A partir de ahora, los tribunales de alzada están obligados a conocer el fondo del proceso y a decidir. El objetivo parece claro: evitar el ir y venir interminable de expedientes que durante años dilató la justicia y desesperó a las partes. Sin embargo, una reforma de esta naturaleza exige preparación, capacitación y tiempo, tres elementos que brillaron por su ausencia.

 

La realidad pudo observarse en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde su presidenta, la magistrada Josefina Pujols, asumió un rol pedagógico poco común en un tribunal de segundo grado. Con paciencia, explicó a abogados, a los privados de libertad, a las víctimas y sus familiares que el nuevo Código había sido promulgado apenas el domingo anterior y que entraba en vigencia de inmediato, sin margen alguno para la adaptación.

 

Resultó preocupante comprobar que muchos profesionales del derecho siguen formulando peticiones ya eliminadas por la nueva normativa, desconociendo que el nuevo código redistribuye competencias y obliga a la corte a asumir decisiones que antes devolvía a primera instancia. No se trata de ignorancia individual, sino de una falla sistémica: nadie puede aplicar correctamente una ley que no ha tenido tiempo razonable para estudiar.

 

Durante una de esas explicaciones, un juez precisó algo esencial: el Congreso no hizo una modificación, aprobó un nuevo código. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta obligada: ¿por qué no se otorgó un período de «vacatio legis», como ocurrió con el Código Penal? ¿Por qué se sometió al sistema judicial a una transición abrupta, sin preparación previa?

 

La implementación del nuevo Código Procesal Penal representa un reto enorme para jueces, fiscales, defensores y todo el personal de justicia. Exigir resultados inmediatos, sin ofrecer las condiciones necesarias, es una forma sutil de empujar al error y al colapso operativo.

 

 

 

 

El caso SeNaSa como precedente de independencia judicial

En esta ocasión no hubo interferencia del poder político. Aunque la Fuerza del Pueblo presentó la denuncia, el presidente Abinader permitió que la justicia actuara con plena independencia, aun cuando uno de los acusados es una persona cercana a él.

 

Por Roberto Valenzuela

 

La forma en que el sistema de justicia dominicano ha conocido el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye un hecho relevante para la institucionalidad democrática del país. El proceso se ha desarrollado sin señales de interferencia del poder político, lo que reafirma el principio constitucional de separación de poderes.

 

La denuncia inicial fue presentada por la opositora Fuerza del Pueblo y, a partir de ese momento, las autoridades judiciales asumieron el caso conforme a los procedimientos establecidos. El presidente de la República, Luis Abinader, permitió que los órganos competentes actuaran con autonomía, sin que desde el Poder Ejecutivo se condicionara, frenara o direccionara el curso del proceso.

 

Desde una perspectiva histórica, este comportamiento representa una diferencia sustancial respecto a prácticas observadas en el pasado reciente. Durante mis años como reportero del Palacio Nacional, desde los gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina, rara vez se vio que procesos judiciales contra personas cercanas al poder avanzaran sin interferencias políticas evidentes.

 

El precedente que deja el caso SENASA apunta a un objetivo fundamental: consolidar un modelo en el que la justicia opere con independencia, independientemente de quién ocupe el poder. Esto implica dejar atrás una tradición en la que la política intervenía directa o indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial.

 

En la actualidad, la República Dominicana muestra señales claras de un cambio institucional. El Ministerio Público actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, mientras que los tribunales son los únicos llamados a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo, por su parte, no asume el rol de árbitro ni de protector de intereses particulares.

 

Algunos elementos refuerzan esta lectura institucional:

 

• El presidente Abinader ha manifestado que el Poder Ejecutivo no interfiere en la selección de los casos que se investigan ni en las decisiones que adoptan los órganos judiciales.

• El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley y bajo el control de los tribunales.

• El presidente Abinader no coloca el impacto político de los procesos judiciales por encima del cumplimiento del debido proceso y la transparencia.

• Que un caso vinculado a una institución estratégica como SENASA sea conocido por la justicia demuestra que la rendición de cuentas es un principio operativo.

• Otra de las cosas que ha dejado claro Luis Abinader es que el proceso judicial no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio, sino que puede contribuir al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la gestión institucional.

 

Durante años, situaciones similares se resolvían mediante silencios administrativos, archivos discrecionales o traslados internos. En el contexto actual, la aplicación de la ley no distingue entre aliados, funcionarios o adversarios políticos.

 

Cuando la justicia actúa con independencia, el Estado de derecho se fortalece y se refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. El caso SENASA, más allá de sus resultados específicos, se convierte así en una referencia importante para la consolidación democrática y el respeto a la legalidad en la República Dominicana.