“Unir, actuar, cumplir”, una consigna buena para todo y… para todos

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Algunos piensan que la naturaleza nos ha venido haciendo muchas sorpresivas y muy malas jugadas y que estaría intentando mostrar su capacidad para destruir todo lo que encuentre a su paso, como para que la especie humana se dé cuenta, no olvide o aprenda, quién es quién.

 

Obviamente, se equivocan y pecan de ligeros y hasta de infames malagradecidos, porque esa misma naturaleza, por momentos agresiva, aplastante, demoledora, que lo arrastra todo, es la que ha sido capaz de garantizar la vida en armonía productiva, desde mucho antes de los casi tres milenios que lleva la humanidad, a partir de la era cristiana.

 

Desde el 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre próximo, se lleva a cabo, en Dubái, la 28ª reunión mundial que se conoce como COP, Conferencia de las Partes, y que es la Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en la que se reúnen los 196 países miembros, más la Unión Europea.

 

Participan miles de líderes globales, activistas, científicos y representantes de distintos sectores de la sociedad, en busca de soluciones para el futuro climático y energético de un mundo que, al parecer, comienza a desgranarse por pedazos ante la mirada incrédula de quienes suponían que el planeta sería inacabable.

 

La 28 Conferencia de las Partes inició y se desarrolla abarrotada de temas de la agenda climática, sobre los que trata de adoptar decisiones que impulsen a sus integrantes a la aplicación de políticas públicas y de prácticas colectivas que tengan como meta un futuro climático compatible con la vida.

 

“Unir, actuar, cumplir”, es el lema este año de esta cumbre, en la que deciden los grandes, aunque también participan medianos y pequeños, afectados, en mayor o menor proporción, por el cambio climático que deviene en altas temperaturas, lluvias o nieve escasas o muy abundantes, en períodos inusuales, inundaciones, elevaciones del mar, sequías, quemas de árboles y bosques, y un largo etcétera.

 

Bajo esa consigna, grupos de países desarrollados, al fin, han dado un importante paso al anunciar la creación de un fondo de contingencia de 476 millones de dólares, para compensar a naciones vulnerables que enfrentan daños y pérdidas como consecuencia del calentamiento global.

 

Fue una decisión adoptada por esa misma entidad multilateral en Egipto, el pasado año 2022, y que no había sido materializada hasta este jueves 30 de noviembre, cuando el sultán Ahmed Al Jaber, como anfitrión de esta 28ª reunión, hizo el anuncio en rueda de prensa. ¡Enhorabuena!

 

Es importante y necesario ese millonario fondo para la inversión, que se fundamenta en las estrategias de mitigación, sinergias y adaptación, cuyos buenos resultados dependerán más de la buena voluntad, la disposición y la conciencia de los seres humanos que de cualquier otro instrumento de respuesta.

 

República Dominicana es signataria de esa convención y, además, somos víctimas constantes, continuas y vulnerables de los efectos del cambio climático, por lo cual, figuramos como potenciales beneficiarios de los fondos ya establecidos en la COP28.

 

A todos los que habitamos la tierra nos cabe una responsabilidad frente al cambio climático y, pudiéramos recurrir a aquella frase histórica y lapidaria de John F. Kennedy, en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 1961: “no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por el país”.

 

La consigna de la cumbre “Unir, actuar, cumplir” adquiere mayor relevancia, cuando escuchamos la respuesta de los expertos a la pregunta de ¿qué es lo que está en juego, con el calentamiento global?... “Literalmente, la salud de nuestro planeta y el bienestar de la humanidad”.

 

 

 

 

 

 

Jóvenes y mujeres tienen el mayor peso para la decisión electoral

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Las mujeres siguen siendo mayoría para acudir a las urnas el próximo año 2024, tanto en los comicios municipales del 18 de febrero, como en los presidenciales y congresuales, del 19 de mayo.

 

En febrero, para los comicios municipales, la Junta Central Electoral, colocará cuatro mil 298 recintos, en los que funcionarán 16 mil 857 colegios electorales, en las 31 provincias y el Distrito Nacional, que componen el mapa geopolítico de República Dominicana.

 

De acuerdo al padrón presentado por la Junta Central Electoral (JCE), ocho millones 105 mil 151 personas están convocados para febrero y, un poco más, ocho millones 118 mil 214, para mayo de 2024.

 

Nadie debe confundirse con la diferencia en las cifras, si se toma en cuenta que quienes tienen derecho al voto en el país son las personas mayores de 18 años de edad.

 

El voto femenino representará para febrero del año 2024 un 51.28% y el masculino, el 48.72%, de una población actual de ocho millones 73 mil 589 dominicanos inscritos en el padrón.

 

Para los comicios presidenciales y congresuales no habría mayores diferencias, de acuerdo a lo proyectado, porque de febrero a mayo, el tiempo es muy corto, como para que se pueda producir algún desproporcionado aumento de la población.

 

En el pasado proceso electoral (2020), cuando el hoy presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, obtuvo el 52.52% de los votos depositados, el porcentaje de mujeres inscritas era de 51.1 y el de hombres, de 48.9, del total de siete millones 529 mil 932 ciudadanos registrados en el padrón.

 

Estos datos revelan el interés que deben generar la población femenina y la juvenil entre políticos y candidatos a las distintas posiciones electivas en el venidero año 2024, que se precien de actuar en función de las realidades y de estudios de mercado.

 

La mujer es más del 51 por ciento de los votantes, lo que resulta sumamente atractivo en un sistema, en el que, como el nuestro, la boleta presidencial y vicepresidencial, obtiene el triunfo en primera vuelta con el 50% más uno de los sufragios emitidos.

 

Y en el que el proceso municipal se legitima, mientras mayor nivel de participación ciudadana haya en el proceso, aunque no hay limitación porcentual de votos para ganar.

 

Antes hemos referido ya la importancia del voto joven en República Dominicana y los datos aportados por el tribunal comicial confirman la influencia de esta población en los procesos de escogencia de las autoridades nacionales.

 

Los jóvenes desde los 18 hasta los 40 años, alcanzan el 38% de la población inscrita en el padrón electoral del próximo año 2024; y es un rango excepcional, si se compara con la incidencia de los demás umbrales.

 

El 17.85% de los empadronados figura entre los 41 a 50 años de edad y el 8.32% de los registrados tiene más de 71 años de haber nacido.

 

De los empadronados para el proceso del 2024, casi 600 mil serán nuevos votantes.

 

¡No hay dudas! La estrategia discursiva, el accionar político y el programa de Gobierno que conformen los candidatos para sus campañas electorales tendrán que estar enfocados a los segmentos de las mujeres y los jóvenes, que son grupos de interés muy decisivos.

 

Esto, aunque parezca bueno y fácil, realmente no lo es para el sistema tradicional de partidos políticos dominicanos y, mucho menos, para los cada vez más desfasados e inactivos, llamados emergentes.

 

Tanto el partido de Gobierno, con su todavía muy potable candidato a la reelección, el presidente Luis Abinader; como la oposición política, con veteranos, unos; y con noveles candidatos, otros, tendrán que hilar muy fino en el intento de ganarse la simpatía de estas poderosas y decisivas poblaciones electorales.

 

 Y, ¿Por qué no? Esos partidos políticos también tendrán que pensar en representantes de esos dos segmentos, jóvenes y mujeres, para conformar boletas electorales más atractivas y con potencialidad de triunfo. ¡Ojalá no se les haga muy tarde!

 

La familia en la Constitución dominicana

Por Patricia Arache

 

La Constitución dominicana fue proclamada por primera vez en San Cristóbal, el 6 de noviembre del 1844. Este mismo mes, el undécimo del calendario, está dedicado en el país, desde el año 1971, a la familia, que es el principal y más importante núcleo de la sociedad.

 

La familia está definida en la Carta Sustantiva de la nación, como “el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”.

 

Por tanto, es oportuno que reflexionemos sobre el papel de la familia y sus responsabilidades, pero, también sobre los compromisos legales y constitucionales, muchas veces incumplidos, que sobre ese núcleo social posee el Estado.

 

El numeral 1 del artículo 55 de la Constitución del 26 de enero del 2010, modificada en junio del 2015, que es la vigente, establece que toda persona tiene derecho a constituir una familia, “en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco”.

 

Y, aunque la cosa no es como para reírse ni nada por el estilo, si lo antes dicho, fuera parte de una conversación cotidiana en cualquier esquina de nuestras calles, escucharíamos una voz que rauda y veloz diera como respuesta: “tú ves, comenzamos mal”.

 

A diario se observa como ese postulado, tan humano y natural, que ni siquiera tendría que ser potestad de leyes ni de la Constitución misma, rueda por las alcantarillas, como aguas residuales sin controles.

 

El tema de iguales derechos y deberes es cada vez más escaso y pocas veces se profesa y ni qué decir de la comprensión mutua y el respeto recíproco.

 

Todo un andamiaje de buen entendimiento, respeto y comprensión constituyen las normas que rigen a los dominicanos y dominicanas para la convivencia pacífica, comenzando desde el mismo seno de la familia, pero, en muchos casos esto sólo representa “letra muerta”. Y es una pena.

 

Solo hay que ver el comportamiento que muestran algunos “padres” y “madres” frente a reclamos que, con fundamento o no, puedan formularles a sus hijos en las escuelas o colegios. Intentar disciplinar desde esos centros, que antes eran considerados como “el segundo hogar” de los estudiantes, es ahora una labor tan arriesgada que puede conllevar hasta a la muerte.

 

La violencia y las agresiones parecen ser propias de un “todos contra todos”, sin límite de tiempo y sin empates. Adultos contra menores; menores contra menores, contra ancianos, contra quien sea, con lo que cobra vigencia la oprobiosa filosofía del momento del “ná e´ná” y el “tó e´tó”.

 

Con relación a las responsabilidades del Estado frente a la familia, también es poco lo que se ha asumido, sea por H o por R, como decían mi abuela y mi madre, aunque, en los últimos tiempos se advierte más conciencia y responsabilidad desde los estamentos oficiales hacia las personas, lo que debe extenderse y consolidarse, por el bien de todos.

 

Noviembre es una gran oportunidad para la reflexión sobre la Constitución de la República Dominicana y el mes de la familia.

 

Como también es la víspera del tiempo en el que la humanidad evoca el nacimiento de Jesús, no está de más que repasemos la lectura bíblica y que, por lo menos, intentemos practicar el mandamiento cristiano: “amaos los unos a los otros”.

 

 

 

 

 

 

 

Planeación y planificación necesarias y oportunas

Por Patricia Arache

 

En octubre del año 2016, viajó a la República Popular China, la primera comisión de mujeres periodistas de República Dominicana, en un recorrido que abarcó a Beijing o Pekín, la capital; y a Shangai, principal ciudad metropolitana, considerada el corazón financiero de esa gran nación del continente asiático.

 

Realizaba la tesis “Relaciones Diplomáticas y Comerciales entre las Repúblicas Dominicana y la Popular China: Importancia, retos y oportunidades”, presentada, junto al abogado y dilecto compañero de estudios, José Manuel Difó, con la cual culminamos la Maestría de Diplomacia y Derecho Internacional, y que nos permitió acercarnos a distintos contactos, en la búsqueda de datos e informaciones.

 

Las entonces representantes de la Oficina de Desarrollo Comercial de República Dominicana, en China, Rosa NG Báez, y su homóloga de la República Popular China, en el país, Fu Xinrong, habían proyectado materializar una disposición del Gobierno chino de invitar a periodistas a visitar esa nación.

 

Pronto se formó el grupo, que se convirtió en el primero de mujeres de esa profesión, procedente de República Dominicana, que fue recibido oficialmente en la República Popular China.

 

Por allí estuvimos, la Premio Nacional de Periodismo 2015, Margarita Cordero; Edith Febles, Rosa Alcántara, Elsa Peña, Petra Rondón, Doris Pantaleón, Miosotis Grullón, Andreis Chalas, y quien suscribe, en jornadas de trabajo que incluyó encuentros con autoridades, empresarios, visitas a lugares históricos, culturales y de trabajo social, así como a la Televisión Central de China (CCTV), y degustaciones de platos típicos, entre otros atractivos.

 

Siete años después, recuerdo el viaje a propósito de la XIX Reunión del Consejo Regional de Planificación del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se realizará en el país, del 7 al 9 de noviembre.

 

En este encuentro internacional, ministros, viceministros y otras autoridades de la región, así como representantes de organizaciones no gubernamentales y de organismos de las Naciones Unidas analizarán los avances y los desafíos de la planificación para el desarrollo de América Latina y el Caribe. ¡Necesario y oportuno!

 

El programa establece que la CEPAL presentará el documento de posición “Prospectiva para el desarrollo: aportes para una gobernanza territorial con mirada de futuro”, que busca instalar una reflexión en torno a la planificación y la prospectiva, para la institucionalización de esas prácticas en el aparato estatal.

Planear y planificar son dos verbos, cuyas acciones son habitualmente escasas por esta región y, particularmente, por nuestra República Dominicana, a tal punto que, incluso, cuando hemos tratado de darle cabida, el proceso ha resultado infructuoso.

 

Shanghái es una de las principales ciudades de China, con una población superior a los 26 millones de personas. Posee una exorbitante belleza urbana y artística que la hacen merecedora de los más altos reconocimientos y, créanme, todo ha sido bajo el espíritu de la planeación y la planificación estratégicas.

 

En nuestro viaje, fuimos testigos de excepción tanto de la planificación existente, como de la planeación que poseen para el futuro.

 

Tuvimos la oportunidad de ver la Shangai de hoy y la Shangai que los shanghaianos quieren tener en el año 2050, con todo previsto:

 

 Crecimiento poblacional, demanda inmobiliaria, de los servicios, tipos de habitad que necesitarán, volumen de plantas naturales que requerirán para la oxigenación de los espacios, servicios básicos, cantidad de vehículos que estarían transitando, semáforos para la regulación de la movilidad, el tipo de movilidad que tendrán, los perímetros culturales de los que dispondrán, en fin…

 

No exijo que los ordenamientos y previsiones que se llevan a cabo en Shangai, se produzcan ahora en República Dominicana, donde, todavía, una institución asfalta una calle y al otro día otra va y cava un pozo, un hoyo o cualquier otra cosa que implique destruir lo arreglado, sin más ni más, sin ton ni son, sin que ni siquiera medie la comunicación.

 

Ojalá que, en el encuentro regional coordinado por la CEPAL, los protagonistas y asistentes logren acercarse al ideal de ver las ventajas que arroja la existencia de “una gobernanza territorial con mirada de futuro”, no sólo como materia prima para el arsenal teórico del que se dispone, sino como líneas de trabajo a corto, mediano y largo plazo.

 

Ya es tiempo de que sean adoptadas acciones que hagan arrinconar el espanto urbano. El país puede dar pasos certeros hacia el ordenamiento, en todos los sentidos, pero hay que ponerse a hacerlo. Está dicho, planear, planificar, ejecutar y supervisar son verbos de acción entrelazados para el desarrollo.

 

 

Convertir debilidades y amenazas en oportunidades

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Cuando en la primavera del año 2011, inmensas cantidades de algas, que no sabíamos identificarlas, comenzaron a cubrir casi todas las playas del litoral Este, que luego se esparcieron por otras regiones de República Dominicana, muchos pensaron que “lo peor” había llegado.

 

Las playas del Caribe estaban plagadas de lo que, después se supo, se llama “sargazo” y el país no era la excepción, lo que generó gran preocupación, debido a que, además de provocar múltiples problemas de salud, la situación impactaba la principal fuente de ingresos y bastión de la economía nacional, desde los años 90.

 

Durante mucho tiempo los sectores gubernamental y hotelero intentaron hacer frente al flujo del sargazo en las playas, que se convierte, fuera del agua, en una masa hedionda y nauseabunda, cerca de la cual es casi imposible permanecer.

 

Los esfuerzos por combatir el sargazo, entonces, derivaron en acciones que atentaban contra el medio ambiente y los recursos naturales porque, en el afán de crear barreras contra la penetración de esas molestosas algas, los hoteleros y dependientes recurrían a equipos pesados y otros instrumentos que lesionaban la naturaleza misma de las playas.

 

Ha transcurrido más de una década desde aquella primavera, en la que se bloquearon, incluso, costumbres de familias locales de visitar las playas los fines de semana y cada vez que se tuviera un chance y que colocó en situación tan difícil a la industria del turismo que hasta pudo haberla hecho sucumbir.

 

Muchas voluntades, el Estado, empresarios, academias y sociedad civil se unificaron en un concierto de voces para la búsqueda de soluciones a un problema que de no haberse tratado con presteza habría sepultado el renglón de la economía nacional que, de acuerdo a estadísticas recientes, aporta aproximadamente el 26% del Producto Interno Bruto (PIB).

 

Recientemente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la voz del viceministro de Recursos marino y costero, José Ramón Reyes, calificó el sargazo como una catástrofe para la economía y el turismo dominicanos.

 

Ciertamente, sería una catástrofe si no se buscaran salidas para evitar que ese sargazo cubra nuestras playas y si, mientras tanto, no se estuviera aprovechando gran cantidad de esas algas para impulsar las exportaciones de materia prima hacia otros puntos del mundo, en torno a lo cual, al parecer, no hay intervención gubernamental.

 

Una información ofrecida por el empresario Andrés Bisonó León, quien ideó un equipo mecánico que ha permitido la extracción de más de 10 millones de libras de sargazo desde el año 2018 a la fecha, revela la existencia de un nuevo negocio en el país.

 

El empresario, fundador CEO de SOS Carbon, detalló que esa empresa ha enviado sargazo a unos diez países, entre los que figuran Finlandia, en primer lugar, que lo utiliza para la elaboración de cosméticos; así como Australia, y también California, en Estados Unidos de Norteamérica, donde lo convierten en plásticos biodegradables.

 

Esas prácticas son muestras inequívocas de que cuando se quiere, se puede, y de que siempre habrá fórmulas para convertir debilidades y amenazas en grandes oportunidades.

 

Estas son acciones importantes a favor de la salud de la gente, del medio ambiente, del turismo y de la economía del país, provenientes del sector privado, que también abren campos a posibles nuevas inversiones extranjeras y, con ello, a la creación de empleos.  Esta es, sin dudas, una muy buena historia para contar.

 

 ¡Es una gran noticia! Sí, se pueden convertir debilidades y fortalezas en grandes oportunidades.

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa con el Constitucional?

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

La Constitución de la República, proclamada el 26 de enero del año 2010, trajo consigo el establecimiento de importantes estamentos jurídicos, administrativos y de control, la mayoría consensuados y que, de inmediato, generaron simpatía entre distintos sectores de la vida nacional.

 

Fue en aquella reforma que la Constitución de la República Dominicana, incluyó estructuras y figuras hasta entonces inexistentes y algunas desconocidas en el país, por lo cual implicó un largo y profundo proceso de conversatorios, análisis y de búsqueda de consenso, contrario a las 37 modificaciones que le antecedieron, desde que fue creada en San Cristóbal, por primera vez, el 6 de noviembre de 1844.

 

El Tribunal Constitucional de República Dominicana (TC) es uno de esos órganos contemplados en esa Constitución del 2010 que, con la aprobación de la Ley Orgánica 137-11, que lo creó, provocó gran impacto entre quienes valoran la democracia como el sistema idóneo para el fortalecimiento del Estado de derecho, en el que se, consagra el precepto de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

 

Quedó instalado oficialmente a partir de la audiencia solemne celebrada en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el 26 de enero de 2012, en el marco de la celebración del Día de Juan Pablo Duarte, primer constitucionalista de República Dominicana.

 

Desde que inició sus funciones, el TC ha contado con un único magistrado presidente, el doctor Milton Ray Guevara, a quien pocos, incluyendo adversarios suyos, dudan en definirlo como un “constitucionalista a carta cabal, un profesional y hombre público de admirables dotes”.

 

Ray Guevara, el magistrado, que pronto arribará a los 12 años consecutivos de haber sido designado Magistrado Presidente del Tribunal Constitucional, en diciembre del año 2011, ha comenzado a despedirse de espacios que ha ocupado, no sólo por su hasta ahora inmaculada posición pública, sino, también, por su innegable, sólida y respetable reputación y trayectoria profesional.

 

Las primeras sesiones que realizó el Consejo Nacional de la Magistratura para constituir la barra de 13 jueces integrantes del TC, en el 2011, fueron de antología:  se presentaron quienes podían hacerlo, quienes querían hacerlo, quienes nunca imaginaron que podían hacerlo y quienes nunca debieron ni intentar hacerlo, lo que significa que hubo bastantes opciones para escoger.

 

 Quienes tuvieron la responsabilidad de elegir, lo hicieron bien, muy bien. Como también lo hicieron quienes escogieron a los sucesores de los miembros del TC que fueron reemplazados en los años 2018 y 2020. Ahora, nuevamente, corresponde el retiro de cinco jueces, entre los que figura el Magistrado Presidente, pero a pocos parecería interesarles sustituirlos o reemplazarlos.

 

Los otros miembros programados para salir del TC, ahora en diciembre de este año 2023, aparte de Ray Guevara, son Lino Vásquez Samuel, Justo Pedro Castellanos Khoury, Rafael Díaz Filpo y Víctor José Castellanos Pizano. Todos ejemplares.

 

 

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, dio a conocer el cronograma del proceso de escogencia de quienes sustituirán a esos cinco extraordinarios jueces, y el plazo para las postulaciones vence el 7 de noviembre próximo, muy próximo.

 

Aunque la convocatoria a postulaciones está abierta desde el pasado día 11 de este mes de octubre, no se siente ningún entusiasmo, ningún movimiento, ningún interés. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí?...

 

No quiero pensar que la cercanía de procesos electorales de febrero y de mayo puedan estar eclipsando la renovación de los miembros del TC, supuesta a materializarse el 16 de diciembre, de acuerdo a lo calendarizado por el CNM.

 

Prefiero seguir convencida de que el Tribunal Constitucional dominicano es una conquista de las luchas por la institucionalidad y la defensa de los derechos individuales y colectivos, cuyo impacto es vital en la consolidación de la democracia, como lo establecí en la tesis presentada en el año 2013, para optar por el título de licenciada en Derecho.

 

Exalto la calidad de los actuales y pasados miembros del TC y abro las puertas de la esperanza para que quienes los sustituyan sean, igualmente, inconmensurables, responsables, comprometidos y con voluntad de acero, para hacer cumplir la supremacía de la Constitución, como fundamento del ordenamiento jurídico, social y político del Estado.

 

 Y no dejo de preguntarme: ¿Qué está pasando con el Tribunal Constitucional dominicano? ...Me gustaría conocer a los candidatos.

 

 

 

La salud mental y las ARS ¿Para cuándo?

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Satisface sentir la ocupación de parte de las autoridades dominicanas para delinear políticas dirigidas a una mayor y mejor atención a la salud mental de las personas.

 

Desde hace tiempo, especialistas de la conducta y el pensamiento humanos han advertido sobre un acelerado deterioro de la salud mental, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo, atribuido, en parte, a efectos de la pandemia del coronavirus y su COVID-19.

 

Sectores profesionales han mantenido “el grito al cielo” frente a la virtual negligencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional e institucional de velar por la salud de las personas, sin limitar las áreas de atención.

 

Resultó muy esperanzadora la reunión del equipo del Gabinete de Salud del gobierno, que encabeza Luis Abinader, para abordar las preocupaciones provenientes de la casi total falta de atención a la salud mental en este país, por cuyas calles, a diario deambulan decenas de personas con trastornos, sin ninguna asistencia.

 

La reunión del Gabinete de Salud, en la que participó la primera dama de la República, Raquel Arbaje, funcionarios de distintas áreas socioeconómicas y administrativas y, por supuesto, las autoridades de Salud Pública, fue realizada en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 10 de octubre de cada año.

 

En esa reunión, el gobierno dio a conocer estrategias que, a todas luces, permitirán una nueva mirada, un nuevo enfoque del manejo de la salud mental de las personas e, incluso, unas mejores ponderaciones de los ambientes y las realidades que las rodea.

 

Tiene razón la primera dama cuando estima que existe un descomunal desconocimiento sobre la salud mental en el país, que debe ser combatido.

 

 “Cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de enfermedades, sino de bienestar emocional, psicológico y social en todas, absolutamente todas las etapas de nuestras vidas; es decir, desde la niñez hasta la ancianidad”.

 

Los especialistas han señalado que la salud mental se relaciona con la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos en todos los aspectos de la vida, pero también revela la forma en la que se maneja el estrés, la capacidad para la toma de decisiones y hasta el nivel de relación que se mantenga con los demás.

 

Significa, entonces, que toca a todos y no discrimina a nadie, por lo que el tema de salud mental debe ser una responsabilidad de todos, por el bienestar de las familias y de la sociedad, en su conjunto.

 

Lo peor es que las causas que generan trastornos mentales, de acuerdo a los estudios, constituyen prácticamente el pan de cada día de sociedades en las que, como la dominicana, persisten factores socioeconómicos que la sustentan.

 

Los genes e historia familiar; experiencia de vida, como el estrés o si ha sufrido de abuso, en especial durante la infancia; desequilibrios químicos en el cerebro; lesión cerebral traumática; exposición de una madre a algún virus o productos químicos durante el embarazo; consumo de alcohol o drogas; enfermedades, como el cáncer; tener pocos amigos y sentirse solo o aislado, son causas que afectan la salud mental.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) citaba en el año 2017 que en República Dominicana el 4.7% de la población presentaba trastornos depresivos, mientras que un 5.7% mostraba trastornos de ansiedad. Todo esto antes del muy lesivo COVID-19.

 

Si se suman ambos trastornos, el impacto a la salud mental de los dominicanos rondaba solo con esos dos diagnósticos, más del 10% del total de la población. ¡Eso es mucho, muchísimo!

 

Por eso, valoro en toda su dimensión la estrategia que busca la ampliación de la Red de Salud Mental, en el país y, optimista como soy, no pierdo la esperanza de que el proceso de atención vaya más allá, porque falta.

 

 Es necesario también lograr que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) incluyan en sus catálogos de servicios la atención a la salud mental, que no lo hacen, lo cual refleja una de las muchas deficiencias e injusticias que exhibe el actual modelo de “seguridad social” contra los ciudadanos.

 

Un encuentro para enfrentar desafíos globales

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Bajo el lema “La formación profesional como eje del desarrollo económico y social”, acaba de realizarse, en Punta Cana, República Dominicana, la 46ª Reunión de la Comisión Técnica de la OIT/Cinterfor, que convocó a unas 60 delegaciones de 27 países de América Latina, el Caribe, España, Portugal y Cabo Verde, de los que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), fue el anfitrión.

 

Se trató de un espacio multinacional para la necesaria concertación entre gobiernos, empleadores y empleados de los países participantes que analizaron con prudencia, pertinencia y responsabilidad los desafíos que plantean los cambios tecnológicos, demográficos, sociales, económicos, sanitarios, ambientales y fronterizos en estos tiempos.

 

Esta reunión coincidió con el 60 aniversario del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR), coordinadora de una red de más de 60 instituciones de formación profesional en el mundo, la mayoría de las cuales estuvo representada en este cónclave.

 

Cinterfor, una estructura de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es de las pocas entidades que, a lo largo de su historia, ha sabido sentarse a la mesa del diálogo para discutir temas de interés global, proponer soluciones y evaluar resultados.

 

La pasada reunión, 45ª de la Comisión Técnica de OIT/Cinterfor, fue realizada en Madrid, España, con la participación del ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps; el director del INFOTEP, Rafael Santos; así como representantes de los sectores empresarial y laboral dominicano, que constituyen una tríada infalible en las historias de éxitos en el INFOTEP: Estado, empleador y trabajador.

 

En aquel momento, cuando RD fue escogida sede y el INFOTEP, anfitrión, el mundo estaba sacudido aún por la pandemia del COVID-19, lo que supuso un gran reto para la organización que, no obstante, resultó airosa en sus visiones y decisiones adoptadas en ese encuentro, bajo el lema de “Formación para la recuperación y transformación productiva con trabajo decente”.

 

Ahora, desde República Dominicana, la OIT/Cinterfor ha podido evaluar los resultados y, si se toma como ejemplo el obtenido en este país, no cabe dudas de que ha sido excelente, extraordinario, brutal.

 

Tocó al presidente Luis Abinader, quien encabezó el acto inaugural de la 46ª RCT de la OIT/Cinterfor, en Punta Cana, ofrecer estadísticas: habló de un aumento del 43% en el salario mínimo, con dos reajustes; y de la reducción del 4.7% en los índices de desempleo, en los últimos años, incorporando a jóvenes a su primer empleo. Y todo fue corroborado por los sectores empresarial y sindical que allí estuvieron.

 

Queda entonces, abogar para que la agenda asumida en este nuevo encuentro internacional, del que República Dominicana fue sede, pueda ser desarrollada con éxito y que en la 47ª Reunión de la Comisión Técnica OIT/Cinterfor, que tendrá lugar en Chile, en el año 2025, los informes sean alentadores en la construcción de un mundo mejor; en la solidaridad y la defensa del medio ambiente; y en la inclusión de todos y todas al mercado productivo, en forma respetable.

 

La 46ª RCT OIT/Cinterfor  fue una inigualable experiencia que permite concluir en que mientras los pueblos estén unidos y luchen por metas comunes, habrá esperanzas de un mundo mejor para la convivencia, la paz y para el desarrollo de su potencial humano, a través de la formación profesional. ¡Enhorabuena!

 

Lástima que en este siglo XXI, todavía haya gente que azucen y promuevan las guerras, en el mundo.

  
 

Alerta AMBER, para y por los desaparecidos

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Cada vez y con más frecuencia llegan a los medios de comunicación convencionales y digitales; así como a las redes sociales, denuncias sobre desaparición de personas, de todo tipo.

 

Las desapariciones de personas se han convertido ya en una práctica, casi cotidiana sobre la que la sociedad, en forma alarmante, parece irse acostumbrando. Y, he aquí lo peor.

 

Las estadísticas de los últimos tiempos revelan una alarmante incidencia de esos hechos, en un país que, como República Dominicana, no se conoce de lugares mágicos en el que, con varitas y sombreros, pueda desaparecerse a alguien, sin dejar rastros.

 

Cuando el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas sometió el proyecto de ley para la creación de la Alerta AMBER, en mayo de este año, lo hizo motivado en el escándalo en el que han devenido las desapariciones y en la falta de respuestas rápidas y oportunas que brindan las autoridades frente a estos casos.

 

AMBER, por sus siglas en inglés, significa America's Missing: Broadcast Emergency Response, que deberíamos españolizarlo, pero bueno, eso es lo de menos.

 

El legislador de la circunscripción número 1, del Distrito Nacional, y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en su momento, compartió la preocupación sobre la falta de protocolos y mecanismos que afecta a las instancias oficiales para asumir y resolver los casos de desapariciones.

 

Basta con exponer los datos de los últimos cuatro años, del 2019 a junio del presente año 2023, aportados por la Procuraduría General de la República.

 

Establecen que, en ese período, mil 103 personas han sido reportadas como extraviadas. Sabemos, por tradición cultural o social, que hay un sub registro, involuntario quizás, porque algunas familias se abstienen de hacer públicas situaciones que puedan involucrar a sus miembros, y en el peor de los casos, también pueden carecer de formas para compartir colectivamente el sufrimiento.

 

Otros diagnósticos, como el presentado por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), revelan que en el país han desaparecido 1,183 personas entre el 2017 y el 2023. ¡Es un escándalo!

 

El dato de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el país, ofrecido en junio pasado, de que los desaparecidos en República Dominicana en los últimos 5 años suman más de 10 mil personas, no deja lugar a dudas de que en mucho estamos fallando.

 

La desaparición de personas no es un problema exclusivo de República Dominicana, es global, como lo son la mayoría de las falencias sociales de larga data, pero la búsqueda de una solución debe ser local, esencialmente, porque cada caso tiene características particulares.

 

Es urgente que los legisladores, cuya mala reputación no ha logrado superar los niveles de lo insólito, aunque hay un esfuerzo, agarren al toro por los cuernos, en vez de al rábano por las hojas, y conozcan el proyecto sometido por Jorge Villegas.

 

Casos recientes nos sobrecogen, sin olvidar los ya muy dolorosos anteriores, como el de una señora que sale a primeras horas del día hacia su iglesia y jamás se ha vuelto a saber algo de ella; o el de una pareja de novios que, sentados en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó, no dejan rastros de su existencia, aunque fueron encontrados el vehículo que ocupaban y otras pertenencias.

 

O la desaparición de un niño, de siete años de edad, en condición de autismo del que se desconoce su paradero desde el año 2017; o el del joven Alexander Sang Díaz, extrañado del seno de su familia, en mayo pasado, en fin. La lista es muy larga y las expectativas siguen insatisfechas.

 

Hombres, mujeres y niños desaparecen y, con el tiempo, hasta se olvidan sin que exista un mecanismo que permita a sus familiares y allegados contar, por lo menos, con la certeza de lo que ocurrió.

 

La alerta AMBER no será un muro de contención a las desapariciones de personas, pero proporcionará posibilidades para que sus angustiados parientes inicien el proceso oficial de búsqueda tan pronto sientan la ausencia, sin tener que esperar, como ocurre ahora, entre 48 y 72 horas para que pueda ser declarada perdida.

 

A propósito, alguien puede informar ¿Qué pasó con el predicador evangélico Jeferson Peña?, de 27 años de edad, de quien no se sabe absolutamente nada hace aproximadamente un mes. 

 

Que la mezquindad no haga cambiar nuestra esencia

Por Patricia Arache

@patriciarache

 

Los últimos días han sido reveladores de que la visión y la valoración que tienen los gobernados en distintos países, a veces, está muy por encima de la que pretenden imponer sus gobernantes sobre cualquier aspecto.

 

La hostilidad que exhiben autoridades haitianas frente al pedido de cese de la construcción del canal que derivaría aguas del río Dajabón o Masacre hacia esa nación, no es la misma que muestran compatriotas suyos, acogidos en distintos momentos en República Dominicana, donde han encontrado espacio para existir y construir familias y hasta negocios.

 

Muchos haitianos han aprendido a tomar con pinzas los discursos politiqueros y anarquistas de unos cuantos que, a lo largo de la historia de su nación, han medrado el presupuesto que manejan, así como las esperanzas de sus connacionales de encontrar el camino hacia la paz, la convivencia y el desarrollo social y económico, al que tienen derecho.

 

Han visto a una casta política que se aleja cada vez más de ellos y se apropian de lo poco que le queda a la nación, lo que los obliga a iniciar arriesgadas travesías que los llevan a tierras ajenas, donde encuentran un lugar donde pernoctar, a pesar de su condición de indocumentados.

 

No está de más referir la falta de Registro Civil que prevaleció en Haití, hasta el año 2012, cuando el gobierno de Canadá anunció el financiamiento de un proyecto, propuesto desde el 2005 por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dotar de acta de nacimiento a los haitianos que nacieran, a partir de esa fecha.

 

Esto revela que muchos de los nacidos antes del año 2012 carecían de identidad hasta en su propio país, y, entonces, se produjo un plan que permitió dotar de documentos a apenas 5 millones de haitianos adultos, de una población que alcanzaba los casi 12 millones de personas, en el añ0 2021.

 

La falta de institucionalidad y compromiso gubernamental en Haití es una dolorosa realidad de la cual se derivan muchas consecuencias: ¿Quién puede legitimar la presencia de un extranjero en cualquier parte del mundo, que carece de identificación en su propio país?

 

La imposibilidad de no poder demostrar quién es quién, es la negación de derechos más bárbara, cruel y nefasta que ha tenido que sufrir el pueblo haitiano, ante la mirada indolente de sus políticos y gobernantes.

 

Un análisis detallado sobre el comportamiento social, político, económico, militar e institucional en la hermana República de Haití, a lo largo de su historia, permite ver con claridad que los problemas de esa nación caribeña, no son generados por elementos ni comportamientos externos.

 

Es todo un vendaval de falencias internas que subyuga a los haitianos, lo que, sumado a la presencia de depredadoras bandas armadas criminales, los hace sumamente vulnerables y esto, también, no hay dudas, es aprovechado por algunos desalmados para “hacer y deshacer”, con ellos a su antojo, en cualquier otra parte del mundo.

 

La situación de crisis permanente en Haití no es provocada por otros países y, menos por República Dominicana, su vecino más cercano, y que constituye su más alcanzable paño de lágrimas.

 

Sus problemas están en su interior, en el propio corazón de una sociedad diluida, atomizada, sin liderazgo y sin agallas para reivindicar la dignidad, la seguridad y la protección de su gente, en su propio suelo.

 

República Dominicana, su gente, su pueblo ni sus autoridades deben permitir que la mezquindad, la cobardía, el mal agradecimiento, la ineptitud y la rabia de grupos irracionales haitianos intenten cambiar su espíritu de solidaridad, amistad y colaboración.

 

Escuché a un haitiano referirse a la disputa existente entre dominicanos y haitianos por la construcción del canal para el uso de las aguas del río Masacre.

 

Considera, con razón, que serán esos mismos que hoy se envalentonan para dizque defender sus derechos sobre el río Masacre los que dentro de poco estarán enfrentados y destruyéndolo todo, incluso, la propia obra.

 

República Dominicana debe seguir siendo esa nación hospitalaria, cálida y acogedora que ha sido hasta ahora, a pesar de las arpías, las de aquí, las de allá o las de cualquier otra parte del mundo. Eso sí, sin que nadie intente mancillar o menospreciar la condición de país “libre e independiente”, en el que las instituciones deben funcionar con responsabilidad, honestidad y ética.