Por Patricia Arache
@patriciarache
Cada vez y con
más frecuencia llegan a los medios de comunicación convencionales y digitales;
así como a las redes sociales, denuncias sobre desaparición de personas, de
todo tipo.
Las
desapariciones de personas se han convertido ya en una práctica, casi cotidiana
sobre la que la sociedad, en forma alarmante, parece irse acostumbrando. Y, he
aquí lo peor.
Las estadísticas
de los últimos tiempos revelan una alarmante incidencia de esos hechos, en un
país que, como República Dominicana, no se conoce de lugares mágicos en el que,
con varitas y sombreros, pueda desaparecerse a alguien, sin dejar rastros.
Cuando el
diputado Orlando Salvador Jorge Villegas sometió el proyecto de ley para la
creación de la Alerta AMBER, en mayo de este año, lo hizo motivado en el
escándalo en el que han devenido las desapariciones y en la falta de respuestas
rápidas y oportunas que brindan las autoridades frente a estos casos.
AMBER, por sus
siglas en inglés, significa America's Missing: Broadcast Emergency Response,
que deberíamos españolizarlo, pero bueno, eso es lo de menos.
El legislador de
la circunscripción número 1, del Distrito Nacional, y dirigente del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), en su momento, compartió la preocupación sobre la
falta de protocolos y mecanismos que afecta a las instancias oficiales para
asumir y resolver los casos de desapariciones.
Basta con
exponer los datos de los últimos cuatro años, del 2019 a junio del presente año
2023, aportados por la Procuraduría General de la República.
Establecen que,
en ese período, mil 103 personas han sido reportadas como extraviadas. Sabemos,
por tradición cultural o social, que hay un sub registro, involuntario quizás,
porque algunas familias se abstienen de hacer públicas situaciones que puedan
involucrar a sus miembros, y en el peor de los casos, también pueden carecer de
formas para compartir colectivamente el sufrimiento.
Otros
diagnósticos, como el presentado por el Centro de Estudios de Seguridad y
Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),
revelan que en el país han desaparecido 1,183 personas entre el 2017 y el 2023.
¡Es un escándalo!
El dato de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el país, ofrecido en junio pasado,
de que los desaparecidos en República Dominicana en los últimos 5 años suman
más de 10 mil personas, no deja lugar a dudas de que en mucho estamos fallando.
La desaparición
de personas no es un problema exclusivo de República Dominicana, es global,
como lo son la mayoría de las falencias sociales de larga data, pero la
búsqueda de una solución debe ser local, esencialmente, porque cada caso tiene
características particulares.
Es urgente que
los legisladores, cuya mala reputación no ha logrado superar los niveles de lo
insólito, aunque hay un esfuerzo, agarren al toro por los cuernos, en vez de al
rábano por las hojas, y conozcan el proyecto sometido por Jorge Villegas.
Casos recientes
nos sobrecogen, sin olvidar los ya muy dolorosos anteriores, como el de una
señora que sale a primeras horas del día hacia su iglesia y jamás se ha vuelto
a saber algo de ella; o el de una pareja de novios que, sentados en la avenida
Francisco Alberto Caamaño Deñó, no dejan rastros de su existencia, aunque
fueron encontrados el vehículo que ocupaban y otras pertenencias.
O la
desaparición de un niño, de siete años de edad, en condición de autismo del que
se desconoce su paradero desde el año 2017; o el del joven Alexander Sang Díaz,
extrañado del seno de su familia, en mayo pasado, en fin. La lista es muy larga
y las expectativas siguen insatisfechas.
Hombres, mujeres
y niños desaparecen y, con el tiempo, hasta se olvidan sin que exista un
mecanismo que permita a sus familiares y allegados contar, por lo menos, con la
certeza de lo que ocurrió.
La alerta AMBER
no será un muro de contención a las desapariciones de personas, pero proporcionará
posibilidades para que sus angustiados parientes inicien el proceso oficial de
búsqueda tan pronto sientan la ausencia, sin tener que esperar, como ocurre
ahora, entre 48 y 72 horas para que pueda ser declarada perdida.
A propósito,
alguien puede informar ¿Qué pasó con el predicador evangélico Jeferson Peña?,
de 27 años de edad, de quien no se sabe absolutamente nada hace aproximadamente
un mes.
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