Está orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, institucionalidad y la seguridad jurídica del país
El mandatario manifestó que este gobierno
cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y
comprometida. “No vemos la participación ciudadana como un obstáculo, la vemos
como una fortaleza de la democracia”
Presidente de FINJUS, Rafael Del Toro
Gómez, considera que este acuerdo institucional con la Consultoría Jurídica del
Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la trayectoria de cambios que ha
animado la institución que dirige desde hace años
Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis
Abinader firmó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Consultoría
del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS),
orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho, la
institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
El convenio establece un marco de
cooperación interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de
asistencia técnica especializada, revisión normativa, estudios jurídicos y
espacios de diálogo entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de
consolidar la institucionalidad democrática y promover una cultura de
colaboración constructiva.
El acuerdo fue suscrito por el presidente
Luis Abinader, en representación del poder Ejecutivo, y por el presidente de la
Fundación Institucionalidad y Justicia, Rafael del Toro Gómez.
Firmaron en calidad de testigos el
consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa y el vicepresidente
ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Durante el acto, el presidente Abinader
afirmó que su gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil
activa, crítica y comprometida, al considerar que la participación ciudadana
constituye una fortaleza esencial para la democracia y sostuvo que gobernar
bien implica escuchar, abrir espacios de participación y comprender que las
mejores decisiones públicas nacen del diálogo y la pluralidad.
“Y quiero decirlo con claridad, este
gobierno cree profundamente en el valor de una sociedad civil activa, crítica y
comprometida. No vemos la participación ciudadana como un obstáculo. La vemos
como una fortaleza de la democracia”, expresó el jefe de Estado.
El gobernante destacó que este acuerdo
representa una alianza estratégica para fortalecer las instituciones
democráticas y continuar promoviendo la transparencia, el respeto a la ley y la
participación ciudadana.
“La convicción de que las democracias no
se sostienen solamente con elecciones, ni con discursos, ni siquiera con buenas
intenciones. Se sostienen cuando existen instituciones fuertes, leyes legítimas
y ciudadanos dispuestos a defender el interés general por encima de cualquier
conveniencia particular”, expresó el jefe de Estado.
El presidente Abinader sostuvo que el
Gobierno mantiene un firme compromiso con el fortalecimiento institucional, la
transparencia, la rendición de cuentas y el respeto absoluto a la independencia
del Ministerio Público.
“No hay prosperidad duradera sin
instituciones confiables”, afirmó el mandatario, al destacar que la seguridad
jurídica es esencial para proteger derechos, fortalecer la confianza ciudadana
y promover estabilidad económica y cohesión social.
“Cuando las instituciones funcionan, gana
la democracia. Y cuando gana la democracia, gana la gente”, manifestó el
presidente.
El jefe de Estado destacó el papel
desempeñado por FINJUS durante décadas en favor del Estado de derecho, “una voz
que ha acompañado al país en momentos decisivos, siempre desde el rigor
técnico, la independencia de criterio y el compromiso con la nación”, manifestó
el presidente.
En ese sentido aseguró que el acuerdo
firmado tiene un valor que trasciende lo administrativo y representa una
voluntad compartida de fortalecer el Estado social y democrático de derecho
como base de la convivencia, la libertad y la institucionalidad del país.
El presidente también indicó que la
República Dominicana avanza en la actualización y modernización de su
ordenamiento jurídico, al considerar que una nación moderna no puede
construirse sobre normas desactualizadas ni instituciones débiles.
“La seguridad jurídica es lo que permite
que un ciudadano confíe en su país. Es lo que protege los derechos. Es lo que
da estabilidad a las inversiones. Es lo que genera confianza económica y
cohesión social”, afirmó.
El gobernante reiteró además el compromiso
de su gestión con la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento
institucional y el respeto absoluto a la independencia del Ministerio Público.
“Cuando las instituciones funcionan, gana la democracia. Y cuando gana la
democracia, gana la gente”, manifestó.
Abinader sostuvo que las instituciones
también se defienden desde la voluntad colectiva de los ciudadanos de creer en
la democracia, respetar las reglas y construir un futuro común y aseguró que
esta alianza simboliza el compromiso de seguir construyendo una República
Dominicana donde prevalezcan la institucionalidad, la transparencia y el
respeto a la ley.
“Las naciones verdaderamente grandes no
son las que tienen más poder, sino las que tienen mejores instituciones, más
confianza en su democracia y más fe en su gente”, enfatizó el presidente
Abinader.
Compromiso con la trayectoria de cambios
De su lado, el presidente de FINJUS,
Rafael Del Toro Gómez, consideró que este acuerdo institucional con la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo refuerza el compromiso con la
trayectoria de cambios que ha animado la institución que dirige desde hace años,
y especialmente ahora, con la presencia del Dr. Jorge Subero Iza, maestro de la
institucionalidad democrática y su valioso equipo, FINJUS asume las
responsabilidades que se derivan de este acuerdo, marco de colaboración, con el
ánimo sereno. “Las mejores energías de contribuir al fortalecimiento
institucional y de una perspectiva autónoma coherente con nuestros principios y
limitaciones, pero siempre desde una posición de respeto y espíritu
constructivo”.
Asimismo, manifestó la disposición de la
Fundación Institucionalidad y Justicia de trabajar de manera coordinada con el
Gobierno para fortalecer el marco institucional y democrático del país,
indicando que “nos ponemos a las órdenes de la Consultoría Jurídica para
establecer conjuntamente un plan de trabajo que conduzca al logro de sus
propósitos e inspire a otros organismos públicos y privados a ser actores
unidos en la defensa de la calidad de nuestra democracia, que es nuestro bien
más preciado.
“El equipo técnico de FINJUS se esforzará
por colocarse a la altura del compromiso que estamos asumiendo, con la garantía
de que recibiremos la colaboración permanente de importantes expertos juristas,
académicos, organizaciones similares y ciudadanos identificados con los altos
objetivos que animan este acuerdo, para hacer realidad una nueva experiencia,
para demostrar que la colaboración basada en el diálogo, el respeto, la
humildad y el análisis sistemático de la realidad social y jurídica entre Estado
y sociedad es posible y necesaria para nuestra democracia”, expresó Del Toro
Gómez.
Sobre el acuerdo
El acuerdo reconoce a la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo como órgano rector de la coordinación jurídica de
la Administración Pública, con funciones de asistencia al presidente y revisión
de iniciativas normativas.
También, resalta el rol de FINJUS como
entidad técnica y académica dedicada a la investigación jurídica, la reforma
institucional, la justicia, la seguridad ciudadana y la participación
democrática.
Entre los principales compromisos asumidos
por ambas partes se encuentra el apoyo a la elaboración, revisión y consulta de
anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos de interés
institucional.
Además, el convenio contempla la
realización de estudios técnicos, diagnósticos, informes, propuestas
normativas, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos, así como la
promoción de espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanía
para fortalecer la legitimidad y efectividad de las propuestas legales.
El convenio tendrá una vigencia de dos
años y las actividades derivadas serán ejecutadas mediante protocolos
específicos que definirán objetivos, alcances, condiciones y cronogramas de
trabajo. Asimismo, no generará obligaciones pecuniarias automáticas y contará
con mecanismos de confidencialidad y seguimiento técnico.
Estuvieron presentes el ministro
Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; así como miembros del
Consejo de Directores de FINJUS, miembros del equipo técnico de la Consultoría
Jurídica, jueces y otras personalidades.
