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miércoles, 6 de marzo de 2024

Comedores Económicos del Estado saluda decisión de Pro-Competencia de solicitar sanción a dos empresas por colusión o práctica concertada en procesos de compras

La institución a través de la consultoría jurídica procedió mediante el Acta Número CCC/116/22 de fecha 31 de agosto de 2022, declinar  la investigación de la denuncia de Candelca, S.R.L,  a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), órgano facultado para la misma.

 

Santo Domingo. -Los Comedores Económicos del Estado, saludó la medida asumida por la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) que solicita sancionar   a las empresas PROVILUZ, S.R.L. Y GRUPO MACABBI S.R.L. que participaron en la institución en el proceso de licitación CCC-LPN-2022-0009, utilizando una práctica anticompetitiva.

 

A través de una nota de prensa la institución explicó que, el Comité de Compras y Contrataciones de los Comedores Económicos al  ser advertido por otro oferente sobre lo que hasta ese momento era una sospecha de “presunta colusión o práctica concertada ”, se procedió mediante el Acta Número CCC/116/22 de fecha 31 de agosto de 2022, apoderar la investigación de la denuncia de Candelca, S.R.L a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), para que la misma pudiera analizar, profundizar y determinar si ciertamente se estaba presente ante el hecho denunciado.

 

El documento expresa que  Comedores Económicos utilizó los canales correspondientes, tomando en consideración que la Ley 340-06 no les permite realizar investigaciones, sino, derivar los casos que resulten sospechosos de alguna irregularidad a las instancias correspondientes.

 

“Nosotros saludamos esta decisión que pone de manifiesto el interés y el compromiso que tenemos en los Comedores Económicos del Estado, de que cada proceso de compras que realizamos se haga con la mayor transparencia, con reglas iguales para todos los oferentes que participan”, resalta el documento.

 

Señala la nota que a pesar de que la empresa Condelca, S.R.L en el mes de octubre de 2022, desistió de su denuncia, Pro-Competencia continuo con la investigación de oficio, haciendo uso de los derechos que le otorga la Ley número 42-08, contando con todo el apoyo de los Comedores Económicos del Estado.

 

Explicó que pesar de que esta licitación se realizó en el año 2022, los Comedores Económicos del Estado se mantuvieron dándole seguimiento y brindando todo el apoyo a Pro-Competencia en la investigación que realizaba.

 

“Cada proceso de licitación que realizamos lo hacemos de manera transparente, procurando que sea justo para los oferentes, que puedan competir en igualdad de condiciones, pero, sobre todo, resguardando el gasto público” finaliza la nota.

 

 

miércoles, 1 de diciembre de 2021

María Elena Vásquez: “Trabajamos por una cultura de competencia transparente en las licitaciones públicas”


 

SANTO DOMINGO, R. D.- La presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro Competencia), María Elena Vásquez, afirmó que trabaja en coordinación con la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) y sus agencias internacionales para instalar una cultura de eficiencia, transparencia y competitividad en las licitaciones.

 

Planteó la necesidad de funcionarios comprometidos con la transparencia y la ética, y que comprendan la importancia del trabajo conjunto, coordinado y efectivo en defensa del Estado.

 

En sus palabras de apertura del taller “Nuevas tendencias de competencia a nivel mundial”, la funcionaria refirió que “la contratación del sector público, con independencia de que se trate de una actividad de compra o de prestación de servicios y de su cuantía, está sujeta a los principios inspiradores de la contratación pública y, entre ellos, la salvaguarda de la libre competencia”.

 

La actividad tiene como objetivo analizar los riesgos de competencia en el ámbito de contratación pública y presentar recomendaciones para hacer de las normas que la rigen una herramienta eficaz de protección de la libre competencia económica. 

 

Vásquez advirtió que son claras las implicaciones de las prácticas restrictivas de la competencia en los procesos de contratación pública.

 

Especificó que la DGCP y Pro Competencia firmaron un acuerdo de colaboración técnica para fortalecer la investigación y la sanción de las prácticas colusorias en las contrataciones y la aplicación del marco legal vigente en estas instituciones.

 

Enfatizó que esta cooperación interinstitucional hará más competitivas las compras y contrataciones, “evitando con ello que no haya acuerdos entre competidores para licitar y dañar al Estado, ponerse de acuerdo para subir precios, repartirse territorio, lotes”.

 

Sin embargo, dijo que hay oportunidades de mejoras del sistema de normas, para lo cual han articulado alianzas con la DGCP, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Commercial Law Development Programo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre otras.

 

Conforme a Vásquez, el tiempo transcurrido de la promulgación de la ley 340 de 2006 sobre contrataciones públicas, y de la 42 de 2008, sobre defensa de la competencia, ha permitido comprender que existen distorsiones a partir del diseño legal del procedimiento de contratación y en aspectos que los compradores públicos toman dentro de la discrecionalidad que les permiten las normas procedimentales.

 

En el taller participan, además de la presidente de Pro Competencia, la subdirectora de la DGCP, Crystal Fiallo, y Karla Sánchez por USAID.

 

También William Kovavic, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad George Washington; Robert Anderson, profesor honorario de la facultad de Derecho de la Universidad de Nottingham; Juan Reyes, de Pro Competencia; Gianna Franjul, del Consejo Directivo de Participación Ciudadana, entre otros.

 

En el panel “Nuevas tendencias en competencia a nivel mundial”, se analizan los esfuerzos de Pro Competencia y la Dirección de Contrataciones Públicas para combatir las conductas anticompetitivas en los procedimientos de adquisiciones gubernamentales.