Buscan alternativa al modelo chileno para reformar Ley 87-01 en el país

Por Balbueno Medina  

 

Ante el derrumbe total del Sistema de Seguridad Social Chileno, luego que el presidente Gabriel Boric, aboliera los regímenes que lo sustentaban, la Comisión Bicameral del Congreso Nacional de la República Dominicana apuró el paso en la búsqueda de la solución al problema que confrontamos en el país. 

 

Una nutrida delegación de la referida Comisión se trasladó de inmediato a los Estados Unidos Mexicanos para evaluar de primera mano la forma en que opera el Instituto Mexicano de Seguridad Social y que contrario al modelo chileno, pese a que lleva más años de servicios, se mantiene dando cobertura a sus afiliados a través de los diferentes regímenes sin que hasta el momento se haya presentado ninguna dificultad. 

 

De acuerdo a algunos de los legisladores que se dieron cita en la ciudad de México y que tuvieron la oportunidad de conocer el IMSS, quedaron maravillados por la forma en que éste ha venido ofreciendo servicios a los más de 60 millones de afiliados con que cuenta en todo el territorio nacional, garantizando la cobertura total de los regímenes en que se sustenta. 

 

El sentir de la mayoría de los miembros de la Comisión Bicameral es de que el Sistema de Seguridad Social Mexicano, podría dar resultados en la República Dominicana y en ese sentido estarían a la espera de la propuesta que haga el gobierno para compararla con la que previamente han asumido como alternativa al modelo chileno del cual han renunciado como lo hizo el gobierno de ese país. 

 

Orientados en la visión que acogieron del modelo de Seguridad Mexicano, los miembros de la subcomisión de Procuraduría de Seguridad Social, que ha sido encargada de presentar la propuesta de creación del organismo persecutor de las violaciones a los derechos de los afiliados a la Seguridad Social y de la propia Ley que sería creada a raíz de la reforma a la Ley 87-01, han declarado estar preparados para rendir su informe con el objetivo de que a más tardar en la primera legislatura del 2023 se conozca la modificación a esa legislación. 

 

Visto lo expuesto en estas consideraciones, a raíz del seguimiento que hemos venido dando al tema de la Seguridad Social, el cual hemos abordado en nuestra condición de diplomado en la materia, nos atrevemos afirmar que la Comisión Bicameral del Congreso Nacional se encuentra en medio de una gran disyuntiva si tomamos en cuenta que aunque la mayoría de sus miembros están a favor de que se aplique en el país el modelo mexicano, existen sectores de poder decididos a mantener los regímenes de las Administradoras de Seguro de Salud y de Fondo de Pensiones, pese a las reformas que se hagan a la Ley 87-01. 

 

Por su parte, el gobierno se ha visto frenado ante esa misma disyuntiva y por esa razón, tal y como dicen los propios miembros de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, no ha presentado una propuesta oficial de reforma a la Ley de Seguridad Social, cosa que ha retrasado el cronograma que ésta se planteó para producir la tan esperada modificación a esa normativa. 

 

Reiteramos que dado los grandes compromisos que se tejen alrededor de los recursos que durante estos 21 años ha generado la Ley de Seguridad Social y el interés de los sectores de poder de preservar las ARS y las AFP, en nuestro país podría aprobarse una reforma a la Ley 87-01 bajo la premisa de un Sistema de Seguridad Social Mixto que garantice la existencia de todos los actores en la nueva normativa. 

 

De eso están conscientes los miembros de la Comisión Bicameral y los líderes de los diferentes estamentos de la sociedad dominicana, razón por la cual en estos momentos se rajan las cabezas por encontrar una vía alternativa que nos pueda dejar satisfechos a todos. Ojalá que el espíritu de Salomón los ilumine. 

 

agendasemanal@hotmail.com 

 

 

MI SENTIR: El Censo va y no se detendrá

Por Balbueno Medina

 

En nuestro país, hemos llegado a un estadio en el que hay sectores que se quieren oponer a todo lo bueno o lo malo que se haga desde el gobierno, y eso ha venido afectando la convivencia colectiva de la sociedad, que observa cómo se pretende polarizar la nación. 

 

Desde el punto de vista de lo que deberíamos aspirar en estos momentos como país, esa medida que sectores de la oposición han adoptado en aras de incrementar su popularidad en el seno de la población, nos podría hacer mucho daño ante el reto que debemos enfrentar de cara al problema haitiano. 

 

Esos grupos o partidos políticos que en su mayoría están siendo dirigidos por dirigentes de larga trayectoria política, están haciendo esa oposición irracional convencidos del daño que le hacen al país en un momento en que necesita más que nunca mantenerse unido para poder salir airoso de los embates de los males que le afectan como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la invasión rusa a Ucrania y el desafío que representa Haití, en medio de la turbulencia que vive. 

 

Esas contradicciones que se han venido arreciando contra todo lo que emprende el gobierno, la hemos podido observar con las ejecutorias que ha venido haciendo a favor de los afectados del huracán Fiona, los afectados por las lluvias del viernes 4 de noviembre y el Censo Nacional de Población y Familia, que desde el año 2010 no se realiza en la República Dominicana. 

 

La realidad es que la única justificación que se tiene para que el gobierno no lleve a cabo las medidas que tiene que ejecutar para que esas acciones se lleven a cabo, es meramente políticas y de eso el pueblo dominicano se encuentra harto y estoy seguro de que no tolerará que se le siga utilizando como tonto útil con fines politiqueros. 

 

Salvo los deslices en que han caído algunos funcionarios del presente gobierno, la población dominicana está más que consciente de que las intenciones del presidente Luis Abinader, es de hacer una gestión gubernamental que trace la pauta del futuro en cuanto a la administración pública se refiere, para que desde el Estado no se pueda hablar más de corrupción e impunidad. 

 

Sin embargo, esas aspiraciones del presidente Abinader, han encontrado fuerte oposición en sectores de la oposición y hasta de su propio partido, que intentan impedir el cambio de la forma en que se ha venido manejando el Estado dominicano porque les favorece para seguir enriqueciéndose como lo han hecho durante tantas décadas. 

 

Se opusieron al Ministerio Publico Independiente, se opusieron a las 13 reformas que fueron discutidas en el seno del Consejo Económico y Social y ahora también se están oponiendo a la creación del Ministerio de Justicia, como si lo que pretendieran es que el país se cierre y sigamos sin dar un paso de progreso hacia la consecución de un mejor bienestar para la colectividad nacional. 

 

Ante lo que he estado exponiendo y observando que pese a que se ha pretendido atar de pies y manos al gobierno para que no haga lo que prometió al electorado nacional, quiero pedirle a esos sectores políticos y grupos de la sociedad civil que reflexionen sobre el daño que con sus actitudes vienen haciendo a la población, porque al fin y al cabo el daño se lo van a terminar haciendo ellos mismos, porque se les va a revertir como ha estado sucediendo según las encuestas profesionales creíbles que se han realizado en el país. 

 

Esos sectores deben saber que no vivimos en la República Dominicana de los años 90s y de mediados de la década del año 2000, porque contamos con una población de votantes conscientes que evalúan frecuentemente a los líderes políticos y candidatos a través de los múltiples medios de comunicación de masas y redes sociales en base a las acciones que ejercen para manipular o desinformar a quienes pretenden utilizar para sus fines politiqueros en desmedro de los intereses de todos. 

 

Es por esa razón, que esos mismos sectores, que dicen oponerse a todo para desacreditar al gobierno y la posible reelección del presidente Abinader, no se explican el por qué el gobernante se mantiene tan alto en los resultados de las encuestas creíbles que se han hecho en el país, y la respuesta deben encontrarla en su errada política de oposición a los cambios que se deben de dar en la sociedad dominicana y que sin lugar a dudas las encarna hoy quien gobierna la nación. 

 

 

 

 

Los aumentos en las Superintendencias del Estado son normales

Por Balbueno Medina  

 

Las Superintendencias del Estado dominicano, son órganos de regulación descentralizadas que velan por el buen funcionamiento de los sectores especializados que se dedican a prestar servicios desde el ámbito privado a la sociedad dominicana. 

 

Entre esos órganos de regulación, contamos con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), que regula el funcionamiento de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones,  la Superintendencia de Bancos (Sb), que regula el funcionamiento de la Banca Comercial, la Superintendencia de Seguros (Sg), que regula las empresas prestadoras de Servicios de Seguros, la Superintendencia de Electricidad (Sie), que regula el Sector Eléctrico, la Superintendencia de Pensiones (Sipen), que regula las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Superintendencia de Valores (Siv), que regula el Mercado de Valores de la República Dominicana, entre otras, que operan bajo leyes especiales aprobadas por el Congreso Nacional que les confieren autonomía financiera y administrativas. 

 

A su vez, las Superintendencias como órganos descentralizados del Estado dominicano, se encuentran adscriptas a diferentes Ministerios que son los que presiden los Consejos de Dirección de las mismas, y estos son los que finalmente adoptan mediante resoluciones aprobadas por mayoría de sus integrantes las políticas a seguir por el órgano en cuestión. 

 

De ahí, es que tomando en cuenta las diferentes variables que se presentan en el ámbito del sector regulado, los miembros de los Consejos de las Superintendencias adoptan las políticas salariales a favor de sus servidores en el interés de equipararlos a los niveles de montos que percibidos por los funcionarios y empleados de las empresas reguladas para evitar el éxodo de técnicos calificados que laboran para el Estado. 

 

Desde ese punto de vista, es que hemos sostenido que los aumentos que se han producido en algunas Superintendencias del Estado, no son pecaminosos, ni mucho menos tienen indicios de corrupción, sino de que más bien obedecen a una necesidad o realidad del mercado porque los niveles de inflación que se registran en nuestra economía han obligado a ciertas empresas a reajustar los sueldos a sus servidores y eso podría ser visto como algo tentador por técnicos que les sirven al Estado y que devengan salarios inferiores para decidirse por optar por un empleo privado con mayores garantías sociales. 

 

Lo mismo puede aplicar para los ejecutivos principales de las Superintendencias del Estado, que mientras ven que en las empresas del sector privado que regulan, sus principales funcionarios devengan altos sueldos y otros beneficios marginales que no les son proporcionados por esos órganos reguladores, se ven obligados a regularizar su situación salarial para poder equipararse a los mismos como autoridad del sector. 

 

Quizás el tiempo para tomar esas decisiones no fue el apropiado, y aun en medio de las actuales circunstancias económicas que vive el país, debió mediar una consulta previa al más alto nivel del gobierno para tratar de detenerlas con tiempo, porque la mayoría de esas Superintendencias tienen como norma aumentar los sueldos a sus ejecutivos y servidores en base a las reglas del mercado que dirigen para no desencajar en su ámbito de regulación. 

 

Recuerdo que en el año 1997, cuando el Banco Mundial (BM), decidió patrocinar la creación del Indotel como órgano regulador del mercado de las Telecomunicaciones en el país, una de las principales condiciones que puso para otorgar el préstamo al Estado dominicano fue que sus incumbentes fueran designados con salarios iguales o por encima de los que percibían los ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones en el momento. 

 

Fue así que para el año 1998, cuando se aprueba la Ley 153-98, el presidente del Indotel y los demás ejecutivos de ese órgano regulador fueron designados con sueldos semejantes a los ejecutivos de las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones, porque también fue una exigencia de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), que es la entidad que agrupa a todos los órganos reguladores de las Telecomunicaciones en el mundo, lo que supongo deberían aplicar las demás Superintendencias del Estado en caso de que los órganos regionales e internacionales que las agrupan mantengan esa condición como mandato. 

 

De manera, que en las decisiones tomadas por los Superintendentes que aumentaron los salarios en sus instituciones, lo único que faltó fue que primara un dialogo de alto nivel jerárquico a nivel del gobierno dominicano, porque esas revisiones salariales son normales y necesarias para la operatividad de esas instituciones, por cuanto cada consejo tiene la facultad de hacerlo cuando lo considere oportuno tomando en cuenta las condiciones que les imponga el mercado que regulan en el momento. 

 

 

MI SENTIR: Las ligaduras que rompió Luis Abinader

Por Balbueno Medina  

 

A partir de la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, se han roto mitos y tradiciones que la gran mayoría de los gobernantes dominicanos habían mantenido desde la conducción del Estado. 

 

No obstante, debemos admitir que el gran desafío que el presidente Abinader, ha vencido ha sido el de la tradición que desde el gobierno impusieron pasados mandatarios de extracción perredeista, que ideológica y filosóficamente es de donde proviene la matriz del gobernante Partido Revolucionario Moderno. 

 

Sin embargo, debemos resaltar que la enorme sapiencia del hoy presidente de nuestra República Dominicana radica en el hecho de que en sus acciones ha sabido continuar las medidas que en su momento permitieron que los gobiernos fundamentalmente de factura perredeistas alcanzaran el más alto reconocimiento del pueblo dominicano. 

 

Vale decir, que Luis Abinader, en lo que lleva de su gestión de gobierno ha sintetizado lo mejor del profesor Juan Bosch, Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía, quienes con luces y sombras dirigieron el país, en medio de un común denominador que se caracterizó fundamentalmente por el respeto a las libertades públicas y al ejercicio ético de la función gubernamental. 

 

Para ser más específico y comprensivo en lo que quiero que sepan quienes cotidianamente me leen, debo señalar que del profesor Juan Bosch, Luis Abinader, escogió la parte ética y moral en el ejercicio de la función pública, de Antonio Guzmán Fernández, las libertades públicas y la institucionalidad, de Salvador Jorge Blanco, la cercanía con el pueblo y de Hipólito Mejía, la protección a sectores populares con las políticas económicas sociales. 

 

En menor medida, el presidente Luis Abinader, también ha conservado las cosas buenas que tuvieron otros gobiernos como los de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina, que se resumen en cuanto a las políticas migratorias, de construcción y de avances tecnológicos que ha seguido llevando a cabo su gobierno. 

 

Del caudillo reformista, el presidente Abinader, se ha destacado por salvaguardar la protección del Estado dominicano mediante la aplicación de una política migratoria que persigue proteger nuestros límites fronterizos con Haiti, de los gobiernos peledeistas que encabezaron Leonel Fernández y Danilo Medina, ha decidido mantener el ritmo de crecimiento de los modelos de construcción y los avances tecnológicos alcanzados por el país. 

 

Aun cuando pudiéramos señalar que estos aspectos han caracterizado el accionar de la administración Abinader, no podemos obviar que el presidente de la República le ha dado a su gobierno un toque personalista que por demás le ha ganado una gran simpatía en el seno de la población dominicana, que se sustenta en su vocación comunicativa, en la sensibilidad social que proyecta y en la capacidad de rectificación que ha manifestado cada vez que considera que ha tomado una decisión que no conviene al interés mayoritario de la sociedad. 

 

Sin embargo, lo que más resalta en el accionar del presidente Luis Abinader, es la rotura que intenta imponer desde la conducción del Estado, de las prácticas de confrontación y división que caracterizaron a los gobiernos del Perredeismo y que le impidieron aplicar efectivamente sus proyectos de gobierno una vez asumieron la cosa pública y sobre todo su lucha contra la corrupción. 

 

Contrario a esas malas prácticas que costaron muchos años de oposición al perredeismo y que ahora bajo las nuevas siglas del PRM, retornó al gobierno hace año y medio, el presidente Abinader, busca reencauzar el futuro de esa clase política dándole un giro al manejo de su partido y el Estado dominicano en base al debate de las ideas, la continuación de las buenas políticas gubernamentales y las reformas que necesita el país para enfrentar los retos futuro 

 

 

 

MI SENTIR: Ojo con el caos haitiano

Por Balbueno Medina  

 

El deterioro a que ha llegado la sociedad haitiana y el control que ejercen las bandas armadas que gobiernan el territorio de ese país, nos advierten que debemos prepararnos para defender nuestra soberanía hoy más que nunca. 

 

El caso omiso que han hecho las principales potencias del mundo al llamado que ha hecho la República Dominicana y, ahora más reciente, Costa Rica y Panamá, para que la comunidad internacional intervenga en la solución del problema haitiano, nos da la sensación de que se procura por encima de todo el deterioro de las condiciones de vida de los pobladores del vecino país para justificar una salida en perjuicio de nuestra nación. 

 

Se trata de un plan que se ha venido fraguando hace muchos años y que en una ocasión fue denunciado durante los gobiernos del extinto Joaquín Balaguer, que busca como alternativa posible la unificación de la Isla como solución definitiva al problema haitiano, que por múltiples razones se ha venido deteriorando, y del cual las potencias que se beneficiaron de ese país se rehúsan a tirarse a cuestas. 

 

De igual manera, Francia, Estados Unidos y Canadá, al parecer han ignorado que pese a que República Dominicana y Haití, comparten la misma Isla y las mismas fronteras, son naciones completamente diferenciadas por diversas características, idiomas, culturas y costumbres, que aunque nos encontremos territorialmente bastante cerca, nos alejan en todos los aspectos de la convivencia humana. 

 

Esa expresión sociocultural que nos separa de los vecinos haitianos es muy clara de identificar, a través de los niveles de desarrollo humano y la vinculación de nuestras sociedades con las demás naciones del Continente Latinoamericano, cosa que deben tomar en cuenta los países que han acuñado la idea de una posible fusión entre ambas naciones. 

 

Con las provocaciones que se han estado produciendo en los últimos años, desde las acciones tomadas por autoridades haitianas y la indiferencia que han mostrado las grandes naciones a los llamados que se han hecho para encarar el problema haitiano, debe subyacer el interés de ciertos sectores en crear las condiciones para provocar un conflicto entre los dos países que no conviene a ninguna de las dos naciones porque acarrearía un estado de desestabilización que podría sumergirnos en la miseria total. 

 

Los problemas sociales, políticos y económicos en los que se encuentra sumergido el pueblo haitiano no son únicamente de la competencia de la República Dominicana, que en los últimos años ha cargado con el duro fardo de los mismos, sino de la Comunidad Internacional y fundamentalmente de las grandes naciones que en reiteradas ocasiones han prometido contribuir con la solución del mismo y que ahora están en la imperiosa obligación y necesidad de pasar de las palabras a los hechos, debido al proceso de implosión social que vive hoy día el vecino país.

 

Solo una intervención militar y humanitaria de las Naciones Unidas puede comenzar a levantar el resquebrajado pueblo haitiano en estos momentos, ya que ni la vida de sus propios nacionales está garantizada, debido al control y poderío que ejercen las bandas armadas que controlan ese país, mucho menos la de los extranjeros que de manera voluntaria han visitado su territorio para solidarizarse con los que más sufren los rigores de la crisis que lo afecta. 

 

Por su parte, el presidente Luis Abinader, ha sido firme y categórico en los planteamientos que ha hecho frente a la grave crisis que vive el país de Haití y por la magnitud y contundencia de los mismos se ha ganado el respaldo y la admiración de la mayoría de la población dominicana que aspira a ver solucionado el problema que confrontan los vecinos haitianos, desde una perspectiva en que todas las naciones del mundo hagan sus aportes y de que la carga no solamente recaiga sobre los hombros de la República Dominicana como ha sido hasta este momento. 

 

Nos satisface que por su postura el presidente de la República haya logrado la unidad casi total de la sociedad dominicana y de que las medidas que se han tomado para salvaguardar la soberanía nacional hayan sido acatadas por la población, lo que demuestra una vez más el nivel de conciencia que tenemos los dominicanos en preservar nuestra identidad y evitar que un éxodo desorbitado de haitianos provoque una catástrofe social como la que vive ese país. 

 

 

 

Cobros de viviendas generarían al Estado más de 20 mil millones de pesos en tres años

Por Balbueno Medina  

 

En vista de que la sociedad dominicana y el gobierno se encuentran ante el dilema de hacer o no, una Reforma Fiscal, en las actuales circunstancias en que vive el país, y considerando que existen fuentes importantes de generación de recursos que podrían permitir al Estado la posposición de la misma hasta que culmine la pandemia, es razonable ofrecer la alternativa de cobrar cientos de proyectos habitacionales que se encuentran en manos de particulares. 

 

Entre los años 2002 y 2004, las Direcciones de Bienes Nacionales y el Instituto Nacional de la Vivienda, se enfrascaron en un proyecto de gestionar el pago de cientos de viviendas que el Estado dominicano había otorgado entre 1987 y 1993, a particulares mediante contratos de ventas condicionales que establecían el pago de esos inmuebles a 20 y 25 años para ser saldados por los adquirientes de las mismas. 

 

Todos esos contratos, de acuerdo a lo que estipulaban, deberían ser enviados al Congreso Nacional para ser ratificados por los legisladores y luego que fueran saldados por sus adquirientes, las Direcciones de Bienes Nacionales y el INVI, deberían de entregarles a cada uno el Titulo definitivo de propiedad para desvincular ese bien del Estado y que los beneficiarios fueran objeto de crédito por el cumplimiento del pago acordado. 

 

Luego de los casi 15 años transcurridos, los Directores de Bienes Nacionales, Bienvenido Brito y del Instituto Nacional de la Vivienda, Juan Vargas Mención, iniciaron exitosamente la gestión de cobros de esos inmuebles, y una gran cantidad de los beneficiarios lograron ponerse al día en el pago de las cuotas asignadas por el Estado para la adquisición de sus viviendas, pero después dejaron de pagar porque los incúmbentes de esas instituciones no dieron seguimiento a las políticas de cobro que se implementaron para recuperar los recursos invertidos por el gobierno en esos proyectos. 

 

Desde entonces han transcurrido más de 16 años y los adquirientes de los inmuebles del Estado no han venido pagando con regularidad las cuotas de sus viviendas, por lo que conjuntamente con el capital atrasado han venido acumulando una prolongada mora que si pusiéramos calcular podría superar el monto de éste en varios miles de millones de pesos. 

 

Recordamos muy bien que para llevar a cabo la ardua y titánica tarea de cobrar a los beneficiarios de los proyectos habitaciones del Estado, los señores Brito y Vargas Mención, tuvieron que enfrentar a una gran batería de influyentes periodistas que, habiendo sido favorecidos con la entrega de apartamentos, trataron de revertir las políticas de cobro que diseñaron para devolver al gobierno los recursos destinados a los mismos. 

 

Esas políticas de cobro, que contaron con el apoyo del Poder Ejecutivo, tenían como propósito recaudar los recursos del Estado invertidos en esos proyectos para crear un fondo de reinversión en la construcción de viviendas de clase media y seguir fomentando el levantamiento de unidades sostenibles y de calidad como las que se otorgaron en esos años del 1997 al 1993, que todavía se encuentran en muy buen estado de estructuración. 

 

Para quienes tienen la oportunidad de leer este artículo, simple y llanamente quiero recordarles que entre los proyectos a que hago referencia se encuentran: los Habitacionales de las Lauras, ubicado en la Avenida Núñez de Cáceres, José Contreras y Pedro Livio Cedeño, ubicados en las Avenidas de esos mismos nombres, cuyas edificaciones son y han sido emblemáticas en la ciudad de Santo Domingo y para la época constituyeron un referente moderno de arquitectura para el país. 

 

Los apartamentos de esos proyectos, que fueron repartidos entre figuras de clase media, por las gestiones de Rodolfo Rincón Martínez y Camilo Antonio Nazir Tejada, oscilaban entre 4 y 6 millones de pesos y si su costo se actualizara al momento que vivimos hoy, podrían rondar entre 12 y 15 millones de pesos cada uno, lo que significa que en un proceso de reevaluación el Estado dominicano podría conseguir más recursos que los que inicialmente estamos proponiendo en este escrito, que hacemos de la mejor intención para que se pueda agenciar recursos con el objetivo de hacer frente a las necesidades del país. 

 

Al desempolvar estos expedientes, de seguro que las nuevas autoridades de Bienes Nacionales y el Ministerio de Viviendas y Asentamientos Humanos, de reciente creación, se encontrarán con la gran sorpresa de que potentadas figuras de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de otros estamentos de clase media de nuestro país, fueron beneficiados con la entrega de los apartamentos construidos en esos proyectos, que ya no viven en ellos y que les fueron traspasados a otras personas que aunque le compraron a los adquirientes originales, carecen de la propiedad de los mismos porque todavía permanecen a nombre del Estado dominicano, dado que los mismos no han sido liquidados como establecen los contratos que les fueron entregados por las instituciones correspondientes. 

 

Con la disposición de cobrar los recursos dejados de percibir por el Estado dominicano a través de la construcción de los Proyectos Habitacionales, que hemos hecho referencia, el gobierno dominicano, no solamente recaudará más de 20 mil millones de pesos para inyectárselos a la economía nacional y generar nuevas fuentes de empleo y recuperar el país, sino que facilitará a los que actualmente usufructúan esos inmuebles el privilegio de poseerlos de manera definitiva y por medio de sus Títulos de propiedad servir a la sociedad como sujetos de crédito para  beneficio propio.  

 

 

 

MI SENTIR: El gobierno frente a las reformas que necesita el país

 

Por Balbueno Medina  

 

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, está obligado a producir todas las reformas que en el orden económico, político y social necesita la República Dominicana, o por el contrario en lo que resta de su mandato se le hará muy difícil pasarlas con la oposición que le viene. 

 

Desde el año 2012, nuestro país se comprometió a llevar a cabo una serie de reformas que están contenidas en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), que el pasado gobierno no logró aplicar y por esa razón todas se les han acumulado a la presente gestión, la cual está compelida a impulsarlas para evitar el deterioro total de los parámetros macroeconómicos que han sustentado el país en los últimos años. 

 

La Ley 1-12, entre otras cosas no menos importantes, estableció la aprobación de tres pactos fundamentales que debieron ser aprobadas por la administración peledeista que encabezó el presidente Danilo Medina, como son: los Pactos Educativos, Eléctrico y  Fiscal, con los cuales se suponía luego de su aprobación la República Dominicana continuaría sin ningún tipo de dificultades la ruta de su consolidación económica, política y social, pero de esos acuerdos solo fueron cumplidos los primeros dos, ya que el surgimiento de la pandemia también frustro los intentos de concretizar el tercero. 

 

Sin embargo, el Pacto Fiscal, que ha sido el más controversial de los mandatos que nos dejó la Estrategia Nacional de Desarrollo, representa hoy por hoy el talón de Aquiles para el despegue que necesita la sociedad dominicana para consolidar el grupo de reformas que consensuaron los partidos políticos en la campaña electoral del año 2012. 

 

Los diversos sectores de la sociedad dominicana reconocen la gravedad de la situación económica por la que atraviesa el país, pero también están conscientes de la necesidad que tiene el gobierno de recibir ingresos para continuar llevando a cabo los programas de desarrollo que necesita la nación, los cuales no pueden seguir siendo financiados con préstamos internacionales, debido al peso de la deuda externa que carga a cuestas el Estado dominicano. 

 

Ante ese reto, el gobierno se encuentra en una tremenda encrucijada que tendrá que vencer tratando de salvar la estabilidad y transparencia del Estado Dominicano como se ha propuesto, y por esa razón tendrá que buscar todas las alternativas posibles para concretizar la reforma fiscal pendiente y de esa manera seguir avanzando con las demás reformas institucionales y democráticas que necesita el país, como las del Poder Judicial y la Policía Nacional. 

 

Sabemos que habrá resistencias de sectores políticos y empresariales que desde ya han comenzado a poner sus objeciones sobre todo a la Reforma Fiscal, pero esos sectores deben entender que el momento demanda sacrificios para gobernantes y gobernados y que el deterioro del país, no solo se llevará de paro al gobierno de turno, sino también que empeorará la vida de todos los dominicanos, mayormente de los más pobres. 

 

Las reformas al Sistema de Justicia y a la Policía Nacional, tampoco se pueden detener y eso depende fundamentalmente también de los fundamentos de una Reforma Fiscal, que devuelva el poder recaudatorio al Estado Dominicano para poder llevar a cabo las transformaciones que necesitan esas instancias de poder gubernamental de la nación. 

 

Otra de las reformas que ansía la sociedad dominicana y que tampoco se debe soslayar es la atinente a la Ley Seguridad Social 87-01, cuyo estudio de modificación reposa en manos de una Comisión Bicameral del Congreso Nacional y que el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se ha comprometido a impulsar porque las pasadas autoridades no tuvieron el interés y la voluntad política de resolverle ese problema que mantiene intranquilos y sin esperanzas a millones de ciudadanos dominicanos que claman constantemente por una mejora sustancial de esa legislación. 

 

El reto que tiene este gobierno, desde el punto de vista de lo que hemos señalado en este artículo, es muy grande y esperamos que se arme de valor y coraje para que produzca los cambios que necesita el país, en cuanto a lo que ha venido reclamando de ellas en este momento, porque dudo que si no lo hace ahora pueda cumplir la promesa de pasarlas al llegar el segundo año  de su mandato, debido a lo que conocemos de la idiosincrasia del político opositor dominicano que cuando está en campaña electoral actúa como el caballo con Orejuela que solo mira para lante sin observar el horizonte a ambos lados. 

 

 

Choque de funcionarios; otra amenaza en medio de la pandemia

 

Por Balbueno Medina  

 

Uno de los problemas más grave que confronta en estos momentos el gobierno del presidente Luis Abinader, es la desavenencia que manifiestan legisladores del oficialista Partido Revolucionario Moderno, contra funcionarios del tren gubernamental a los que acusan de haberse ensimismado luego de asumir el poder. 

 

Los senadores y diputados del PRM, que en principio se resistían a manifestar públicamente sus inconformidades con los funcionarios que acompañaron a trabajar por el triunfo del presidente de la República en las elecciones pasadas, decidieron romper el silencio para dar a conocer los desplantes y maltratos de que han sido víctima por parte de sus compañeros de partido. 

 

Los congresistas del Partido Revolucionario Moderno han utilizado diversos medios de comunicación, redes sociales y hasta los escenarios naturales del Congreso Nacional, no solo para denunciar públicamente las clases de desplantes y vejaciones, que según ellos han recibido de los funcionarios del gobierno, sino para que el presidente Luis Abinader se entere de esa situación que amenaza con crear un malestar mayor a lo interno del gobierno y el partido oficial. 

 

Tales son los casos muy particulares de los senadores de Monseñor Nouel y de la provincia Duarte, Héctor Acosta (El Torito) y Franklin Romero, así como el diputado del Municipio Santo Domingo Este, Elías Báez, quienes han denunciado que los funcionarios del gobierno no cogen ni devuelven llamadas a los legisladores de su propio partido con quienes deben tratar asuntos de mutuo interés para el gobierno y el PRM. 

 

Esas contradicciones evidencian que en los actuales momentos existe un eventual distanciamiento entre dos de los principales poderes del Estado, que se encuentran en manos del Partido Revolucionario Moderno, que amerita una rápida intervención de la cúpula del partido y del propio presidente Luis Abinader, en su condición de líder del país y del partido gobernante. 

 

De no producirse una intervención oportuna que corte por lo sano las heridas que se han venido abriendo como consecuencia de la negativa de funcionarios a recibir a los legisladores del partido oficial y de la oposición, pudiéramos ver en los meses por venir un desbordamiento de las pasiones de esos congresistas que en la mayoría de las ocasiones buscan el auxilio de las instituciones del Estado para canalizar las necesidades de sus comunidades. 

 

Los legisladores del oficialismo y también de la oposición, como es el caso del senador por Pedernales Dionis Sánchez, han afirmado que contrario a la apertura que desde el ejercicio del poder ha mostrado el presidente Luis Abinader, los funcionarios de su gobierno demuestran lo contrario porque ni siquiera las llamadas les reciben a los representantes del Congreso Nacional. 

 

Se recuerda que como respuestas a las desavenencias y contradicciones que se producían en el pasado entre los poderes ejecutivo y legislativo, hace un buen tiempo se creó la figura del funcionario gubernamental que sirve de enlace entre ambos estamentos del Estado dominicano y todo luce indicar que en este momento el mismo no ha hecho su trabajo por lograr la necesaria armonía que debe prevalecer para beneficio del país entre funcionarios del gobierno central y los congresistas de ambas cámaras legislativas. 

 

Todavía estamos a tiempo de evitar la profundización de esas contradicciones y enfrentamientos entre funcionarios públicos, siempre y cuando se utilicen los mecanismos y la voluntad política que permitan un entendimiento efectivo entre las partes que han mostrado inconformidad por la apatía de quienes no quieren dar la cara a favor del gobierno. 

MI SENTIR: Al asecho de la corrupción sin importar el color

 

Por Balbueno Medina  

 

La proclama que ha hecho el presidente Luis Abinader, de no tolerar los actos de corrupción que se cometan desde el gobierno, debe servir de advertencia a todos los funcionarios de la presente administración del Estado para no incurrir en excesos del pasado. 

 

Por años, la impunidad ha sido la peor aliada de la sociedad dominicana en la lucha contra la corrupción, porque desde las esferas gubernamentales el castigo de ese flagelo ha sido dirigido a los más débiles, no así contra los actores intelectuales y fundamentales de los hechos que se han producido en el país. 

 

Las garantías que ha dado el presidente de la República de que en la presente gestión gubernamental no se tolerarán los actos de corrupción que se produzcan en el Estado, sin importar caiga quien caiga, es un indicativo de que por primera vez se persigue acabar con la impunidad que tanto daño nos ha hecho a todos desde el ejercicio del poder. 

 

Con medidas como esas, siempre y cuando se cumplan desde el ejercicio gubernamental, también nos encaminaremos a poner fin al abuso que cometen funcionarios, que al ser designados en las dependencias estatales se creen amos y señores de los puestos que les son asignados por los jefes de gobiernos, debido a que sus acciones frecuentemente van orientadas a favorecer a amigos y relacionados, sin tomar en cuenta las necesidades de la sociedad dominicana. 

 

Refuerzan la confianza que la sociedad  ha conferido a la lucha contra la corrupción que ha mantenido el gobierno, las acciones que llevan a cabo la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental que dirige la doctora Milagros Ortiz Bosch y la Procuraduría General de la República que encabeza la doctora Miriam Germán Brito, por las medidas que han emprendido contra los depredadores de la administración pública, mediante la instrumentación de expedientes bien sustentados contra los casos que han sido presentados a la justicia dominicana. 

 

Conseguir que nuestros tribunales condenen ejemplarmente a quienes se comprueben hayan defraudado el erario público y se les obligue a devolver lo sustraído, debe ser una de las principales aspiraciones de las agencias gubernamentales que luchan contra la corrupción que se comete en el Estado dominicano, porque de nada valdría la pena que simplemente se señalen a los que cometen esos actos y todo siga igual. 

 

La denuncia que ha hecho la Magistrada Germán Brito, en el sentido de que en la actualidad la Procuraduría General de la República investiga 500 expedientes de corrupción, de los cuales 100, corresponden a la presente administración gubernamental, resulta algo preocupante porque eso marca una señal negativa, debido a que al parecer hay funcionarios del gobierno que han querido seguir los pasos de incumbentes de gestiones anteriores. 

 

Por esa razón es que tanto el presidente Abinader como las doctoras Germán Brito y Ortiz Bosch, en este momento deben contar con el mayor apoyo de la sociedad dominicana en la lucha que han emprendido de erradicación de la corrupción administrativa gubernamental, debido a que la misma marcará un antes y un después en el desempeño de nuestros funcionarios ante la cosa pública. 

 

Porque la corrupción nos afecta a todos y mucho más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que los cohíbe de acceder a mejores programas sociales y oportunidades de progreso, pedimos que la lucha en su contra sea constante y decidida ya que de esa manera su eliminación será efectiva y provechosa para el país. 

 

Confiemos en que esta vez no habrá marcha atrás en el combate a la corrupción y que la impunidad no se impondrá ante la voluntad de quienes han decidido llevar continuar la batalla contra los que han castrado el futuro de la nación. 

 

MI SENTIR: Soplan aires de recuperación

 

Por Balbueno Medina  

 

Los frecuentes anuncios de nuevos proyectos de construcción en los sectores turísticos e inmobiliarios por parte del presidente Luis Abinader, y las variables económicas que nos muestra el Banco Central, nos dan la sensación de que la República Dominicana ha entrado en un proceso de recuperación de su ritmo económico. 

 

Los organismos internacionales han afirmado que como consecuencia de la pandemia del Covid-19, la economía mundial se ha retrocedido al año 2019, razón por la cual la población dominicana no podrá hacerse mayores ilusiones esperando que la recuperación que está en marcha será mejor que en ese periodo. 

 

Esa recuperación que todos anhelados y deseamos que fuera lo más pronto posible, ha sido condicionada a muchos factores, por los mismos organismos internacionales y los gobiernos que se han trazado metas para que la misma no sea tan traumática para los sectores de menor poder adquisitivo de las naciones, que necesitan sobrevivir a la etapa pos pandemia y no sucumbir ante el caso social que podría provocar la profundización de la pobreza mundial. 

 

Esas medidas de recuperación obligarían a los gobiernos a tomar medidas fiscales que garanticen la obtención de recursos para poder enfrentar los programas sociales que todavía reclaman los organismos internacionales, se mantengan a favor de los sectores más vulnerables, y que los que más tienen paguen el sacrificio con tributando más a los Estados para balancear la situación actual. 

 

En nuestro país, tenemos pendiente desde que se aprobó la Ley que creó la Estrategia Nacional de Desarrollo, END, la aprobación de un Pacto Fiscal Integral que devuelva a la nación la capacidad de ser eficiente en el manejo de los recursos del Estado, debido a la gran cantidad de distorsiones que a lo largo de más de 40 años se han establecido en el manejo del aparato público. 

 

Estas distorsiones, van desde enormes exenciones, muchas de las cuales cumplieron los cometidos para las que fueron creadas y algunas cargas impositivas que necesariamente hay que revisar, hasta la adecuación de diversos marcos jurídicos que quedaron pendientes de ser actualizados como consecuencia de la reforma constitucional del año 2010. 

 

Por lo visto, el reto que tiene por delante el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, no solo tendrá que lidiar con enfrentar directamente los efectos que nos dejará la pandemia Covid-19, sino también con tomar una seria de medidas e iniciativas que nos permitan enmendar algunos entuertos heredados de los pasados gobiernos. 

 

Se trata de una tarea patriótica y titánica a la vez, que requerirá de mucha capacidad y coraje para tomar las medidas que se necesitan para restablecer el orden institucional, económico y social de la República Dominicana, de manera que sus resultados puedan demostrar que definidamente se ha producido el cambio que le fue prometido al país. 

 

Aun cuando ha habido señales de que el cambio ha sido puesto en marcha y se perciba que hay quienes quieren hacer abortar muchas de las medidas que se han tomado para avanzar en la dirección de traer algo nuevo y diferente a lo que hemos tenido por mucho tiempo, necesitamos que el gobierno sea más diligente en el tratamiento de ciertos privilegios que benefician a algunos sectores poderosos y con las reformas que demanda la población a la Ley de Seguridad Social. 

 

Entendemos que hacer frente a todas esas demandas y necesidades de la población dominicana en estos momentos de pandemia, no es muy fácil para el gobierno, pero el momento amerita de que se prioricen las necesidades de subsistencia de las personas más vulnerables para seguir avanzando en la recuperación del país en sentido general. 

 

Las autoridades en el tiempo que tienen y las medidas que han tomado en el momento que nos ha tocado vivir como país, en medio del Covid-19, han logrado robustecer su credibilidad en los actores fundamentales de la economía nacional, y eso se ha convertido en un punto positivo para la buena marcha que ha tenido la República dominicana en su recuperación después de la pandemia. 

 

Sin embargo, los dominicanos y el gobierno no podemos descuidarnos, porque el Covid-19, no se ha ido y pese a que el mundo se encuentra en un proceso de inoculación de las vacunas contra esa pandemia, los rebrotes comienzan a hacer estragos en muchos países del mundo y ante esa realidad se hace necesario que se mantengan ciertos controles como ha sucedido hasta el momento, hasta que esta nueva ola que viven naciones de Europa. India y América, vuelva a bajar como esperamos todos. 

 

MI SENTIR: Un contrato leonino y abusivo para la CAASD y el país

 

Por Balbueno Medina 

 

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Subervi, debe recibir el respaldo del gobierno y de la población dominicana en sentido general, con relación a la medida que ha tomado de rescindir el contrato leonino y abusivo que mantenía esa institución con la empresa AAA para el cobro de la factura del agua en el gran Santo Domingo.

 

Las justificaciones que ha dado el funcionario para poner fin al acuerdo que la pasada gestión del PLD suscribió con la empresa en cuestión, es más que suficiente para que ese contrato hubiese sido rescindido hace mucho tiempo porque nada más beneficia a la empresa, mientras el Estado ha salido grandemente perjudicado, debido a que le ha estado pagando por un servicio que no ofrece de manera eficiente.

 

Por el solo hecho, de tan solo reportar el 30 por ciento de los ingresos percibidos por el cobro del agua y gestionar el pago a un número insignificante de los usuarios del servicio del preciado líquido en el Gran Santo Domingo que ronda el 16 por ciento, es más que demostrable que el contrato firmado por la CAASD con AAA, es un fraude al Estado, que amerita ser investigado profundamente y sancionado ejemplarmente conforme a las leyes de nuestro país.

 

El ingeniero Fellito Subervi, quien hemos podido observar se tomó un tiempo prudente, casi nueve meses de la presente gestión gubernamental para poder adoptar la medida que anuncio, de seguro que hizo todas las evaluaciones y consideraciones de lugar, porque al igual que su padre Rafael Subervi Bonilla, conocen muy bien cómo manejar los asuntos de Estado para no fallar en sus ejecutorias.

 

Es de ahí, que consideramos que el contrato de la CAASD con la empresa AAA, no solamente debe ser rescindido, sino también judicializado porque de la forma en que se contextualizó se evidencia que mucha gente se beneficiaba del mismo en perjuicio del Estado dominicano y de la sostenibilidad de esa institución que mantiene la responsabilidad de abastecer de agua potable a la población más numerosa y grande de la República Dominicana, el Gran Santo Domingo.

 

El pasado director de la CAASD el arquitecto Alejandro Montás, debería darle una explicación al país sobre el alcance del contrato que firmó con la empresa AAA, porque a todas luces el mismo se estructuró solo para beneficiar a esa compañía en perjuicio de la institución y del pueblo dominicano, situación que podría ser objeto de sanciones civiles y penales contra quienes cometieron esas malas negociaciones.

 

Saludados la valentía y la responsabilidad que tuvo el ingeniero Fellito Subervi, en tomar la decisión de rescindir el contrato leonino y abusivo firmado por las pasadas autoridades de la CAASD con la empresa AAA, porque es un buen ejemplo de defensa del  patrimonio nacional que da a la sociedad dominicana y a los demás funcionarios del Estado para que actúen de manera similar siempre y cuando se encuentren con situaciones como las que ha tenido que encarar desde que asumió la dirección de esa institución gubernamental.

 

Abogamos porque los demás funcionarios del Estado, que han encontrado situaciones anómalas como la denunciada por Fellito Subervi en la CAASD, las den a conocer al país y que las autoridades correspondientes investiguen los hechos y de ser necesario tomen las sanciones de lugar en contra de los responsables de asociarse con empresas particulares para perjudicar al Estado y al pueblo dominicano con el propósito de beneficiarse económicamente  de las funciones que desempeñan, cosas que también son sancionadas por las leyes dominicanas.