Un foro necesario para repensar las contrataciones públicas

Por Pablo Vicente

 

La reciente celebración del Foro en Contrataciones Públicas se convirtió en un espacio trascendental para la reflexión y el diálogo en torno a uno de los temas más sensibles de la gestión estatal: la administración transparente y eficiente de los recursos públicos. El encuentro reunió a representantes de la academia, el sector privado, la sociedad civil y las autoridades, consolidándose como una plataforma de debate plural y constructiva.

 

Bajo el lema “Fortaleciendo las compras públicas en bienestar para la gente”, el foro colocó en el centro de la discusión la necesidad de que las adquisiciones del Estado dejen de ser percibidas como meros procedimientos administrativos y pasen a asumirse como un verdadero instrumento de desarrollo, capaz de dinamizar la economía, impulsar la competitividad e incrementar la confianza ciudadana en las instituciones.

 

Uno de los ejes que despertó mayor interés fue el triple impacto de las compras públicas. Se destacó que cada proceso de contratación puede y debe generar beneficios no solo económicos —a través de la eficiencia y la competitividad—, sino también sociales, al promover la inclusión de MIPYMES, mujeres y jóvenes emprendedores; y ambientales, mediante criterios de sostenibilidad que contribuyan a la protección de los recursos naturales. Este enfoque integral reafirma que la contratación pública es una poderosa herramienta de política pública.

 

Durante el evento se resaltó, además, la importancia de continuar avanzando en la digitalización de procesos y la apertura de datos, elementos que refuerzan la transparencia y la rendición de cuentas.

 

Otro de los aspectos más valiosos fue el intercambio con expertos nacionales e internacionales, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas que enriquecieron la visión local y permitieron identificar nuevas rutas para perfeccionar el sistema de contrataciones.

 

El foro, lejos de ser un punto final, se constituyó en un punto de partida para seguir consolidando una cultura de integridad y eficiencia en las compras públicas. Su mayor aporte fue demostrar que el debate público sobre la gestión estatal debe trascender lo coyuntural y convertirse en una práctica permanente de mejora institucional en beneficio de la ciudadanía.

 

Foros como este demuestran que cuando se abren espacios de diálogo inclusivo y técnico, la democracia se fortalece y las instituciones avanzan hacia una gestión más moderna, transparente y enfocada en el bienestar colectivo.

 

Exhortan a partidos a cumplir con el 10% para formación política

Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, exhortó hoy a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país a cumplir con la obligación legal de destinar el diez por ciento (10%) del financiamiento público recibido a programas de educación, formación y capacitación política, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley núm. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

 

El llamado se produce tras la reciente emisión por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de la Resolución 16-2025, que distribuye RD$750 millones como financiamiento público correspondiente al segundo semestre de 2025. De ese monto, RD$75 millones deben invertirse exclusivamente en programas de formación política, conforme a lo dispuesto en la ley.

 

“El artículo 38 es claro cuando manda que los partidos deben destinar no menos del 10% de los recursos que reciben del Estado a programas de formación política, orientados preferiblemente a mujeres y jóvenes, con el propósito de incentivar una participación consciente y responsable en la vida política y el fortalecimiento de la democracia”, afirmó el especialista en derecho electoral Pablo Vicente.

 

Vicente enfatizó que la capacitación política no debe verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para contar con liderazgos mejor preparados, fomentar la participación inclusiva y construir una ciudadanía crítica y activa.

 

Asimismo, el presidente de FUJUDEL instó a la Junta Central Electoral a supervisar rigurosamente el uso de estos recursos ya exigir a los partidos informes claros y verificables sobre la ejecución de sus programas de formación, para asegurar que el dinero público cumpla su verdadero propósito de fortalecer la institucionalidad democrática.

 

Propone fortalecer el reglamento de afiliación política

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, depositó ante la Junta Central Electoral (JCE) un documento con observaciones y propuestas de mejora al borrador del “Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y el proceso de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos”, actualmente en consulta pública.

 

La propuesta, dirigida al presidente de la JCE, magistrado Román Jáquez Liranzo, tiene como finalidad fortalecer aspectos esenciales del reglamento como la transparencia, la seguridad digital, la protección de derechos fundamentales y la eficacia institucional.

 

"El fortalecimiento de la democracia empieza por asegurar procesos claros, verificables y justos en la afiliación política. Es un derecho ciudadano saber dónde está inscrito y cómo puede cambiar esa decisión si lo desea", sostuvo Vicente tras entregar el documento.

 

Entre las principales recomendaciones presentadas por Vicente se encuentran: la incorporación de definiciones más precisas como la de “doble militancia”; el establecimiento de auditorías aleatorias para evitar afiliaciones fraudulentas; la implementación de mecanismos de validación electrónica y consentimiento informado; así como garantías procesales en los casos de desafiliación.

 

Asimismo, el documento sugiere la creación de protocolos de notificación a ciudadanos, sistemas automatizados de verificación, penalidades por omisión de registros, y la exigencia de formación para quienes gestionen la plataforma digital que soportará estos procesos.

 

“Desde FUJUDEL reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, procurando normativas que garanticen el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía”, expresó Vicente, quien es especialista en derecho electoral y políticas públicas.

 

El documento fue entregado dentro del plazo establecido por la JCE para la recepción de observaciones, como parte del proceso de consulta pública convocado por el órgano electoral.

 

"sí" al financiamiento público

 

Por Pablo Vicente

 

Recientemente hemos estado viendo por las redes sociales actividades de recaudación de firmas con el propósito de proponer la eliminación del financiamiento público que reciben los partidos políticos, me parece que esta acción para nada contribuye  con el fortalecimiento de la democracia y el sistema de partidos.

 

En las democracias, el financiamiento público de los partidos políticos es mucho más que un simple aporte económico; es una inversión en la equidad, la transparencia y la estabilidad y fortalecimiento del sistema de partidos. Aunque este mecanismo es frecuentemente objeto de críticas, su correcta implementación es esencial para garantizar la representación plural y evitar que el dinero ilícito entre a la política.

 

En muchos países latinoamericanos, incluido República Dominicana, el financiamiento público se ha convertido en un componente clave del sistema electoral y es un tema central en las democracias modernas. Este mecanismo busca garantizar igualdad de oportunidades en la competencia política, asegurando que todos los partidos, independientemente de su tamaño o de su capacidad para recaudar fondos privados, puedan participar en igualdad de condiciones, pero además busca reducir la dependencia de intereses privados y fortalecer la institucionalidad democrática, es evidente que también plantea retos importante relacionados con la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos, si la lucha fuera esa, ahí estaría totalmente de acuerdo, pero jamás pensar en la eliminación total del financiamiento público.

 

Los partidos políticos tienen básicamente 4 formas en la que financian sus actividades, financiamiento público, financiamiento privado, cuotas de los miembros y actividades de recaudación. De toda ellas, las grandes preocupaciones tienen que ver con el financiamiento público, sobre ese particular la ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en el artículo 23 como derechos de los partidos, acceder al financiamiento público para la realización de las actividades, de hecho, la misma ley plantea el cómo se deben de gastar esos recursos que reciben los partidos y destaca en el artículo 62, el 10% para educación y capacitación, 50% gastos administrativo y 40% apoyo a las a candidaturas a puestos de elección popular.

 

Es importante destacar, además, que el artículo 66 plantea que la supervisión de los recursos estará a cargo de una unidad especializada de control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, dependiente de la Junta Central Electoral.

 

Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, tienen que presentar cada año, ante la Junta Central Electoral, una relación pormenorizada de los ingresos y gastos, hasta seis meses después del cierre del ejercicio presupuestario del año correspondiente.

 

Decir "sí" al financiamiento público no implica una aceptación ciega, sino un llamado a perfeccionar su implementación. La democracia requiere partidos fuertes, transparentes y conectados con los ciudadanos, y el financiamiento público es una herramienta fundamental para lograrlo. Ahora bien, es deber de todos, desde la JCE, los partidos políticos y la sociedad civil, garantizar que estos recursos se usen de manera eficiente y en beneficio de un sistema político que represente verdaderamente los intereses de la población. Solo fortaleciendo este modelo y ajustándose a las exigencias de transparencia y eficiencia, podremos construir una democracia más equitativa y transparente.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral, presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com

 

 

Observador de Escrutinio

Por Pablo Vicente

 

A pocos días de las elecciones los partidos políticos intensifican sus actividades, tanto en el ámbito operativo de activismo político, pero también en su proceso de selección y formación de los delegados electorales que defenderán los votos en los colegios electorales.

 

En ese sentido, un tema que es importante precisar y que al parecer algunos partidos y dirigentes políticos no lo tienen claro se trata de la figura del observador de escrutinio.

 

He escuchados algunos dirigentes políticos que incluso encabezan alianza, plantear que han estado trabajando en la selección del observador de escrutinio, este planteamiento evidentemente que refleja un desconocimiento en los temas políticos electorales. Por lo que quisiera aprovechar este artículo para hacer algunas precisiones al respecto.

 

De acuerdo con la ley 20-24 en el numeral 6 artículo 3, define el escrutinio como el proceso bajo la supervisión de la Junta Central Electoral, mediante la cual se verifican y se consolidan los resultados de las votaciones. Consiste en el conteo, cotejo, registro, observación y levantamiento de acta de los votos depositados por cada elector, tras la culminación de la jornada de votación.

 

En ese sentido recientemente la JCE emitió la Resolución No.3-2024 mediante la cual se autoriza la presencia del observador de escrutinio en los colegios electorales que serán abiertos en las elecciones generales del año 2024, en dicha resolución la JCE dispone que en los colegios electorales que habrán de funcionar en las Elecciones Generales el año 2024, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos que no tengan representación en los colegios electorales, por concurrir aliados a otras organizaciones políticas, puedan acreditar un observador de escrutinio, cuya presencia de éste sólo será permitida, una vez se haya declarado cerrado la votación y abierta la fase de escrutinio.

 

El observador de escrutinio tiene derecho a presenciar el conteo de los votos, el llenado de las actas y el escaneo y transmisión de los resultados, sin que en ningún momento pretende tener voz y voto en las actuaciones o decisiones que se tomen en los colegios electorales. De igual forma, podrán grabar la jornada de escrutinio ya sea con sus propios aparatos celulares o cualquier dispositivo electrónico utilizable para tales fines y, además, podrán solicitar que les sea entregada una copia de la relación de votación.

 

Dicha resolución me parece muy atinada en vista de que históricamente los partidos políticos minoritarios en cada proceso electoral levantan la queja de que sus votos nunca son contado, incluso argumentan que en muchos casos los partidos que encabezan alianza no defienden sus votos y que además en muchas ocasiones se suman los votos para ellos mismos.

 

indiscutiblemente que la creación de la figura del Observador de Escrutinio es una merecida conquista de los partidos minoritarios, que lo reclamaron a causa del nivel de desconfianza en los delegados de los partidos que encabezan las alianzas.

 

Tal y como se puede observar, el observador de escrutinio es una figura reservada sólo y exclusivamente para aquellos partidos que no tengan delegados electorales, por lo que un partido político que encabeza alianza no puede ni le corresponde acreditar la figura de Observador de Escrutinio.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral, presidente de FUJUDEL  fujudel@gmail.com

 

Milei y los valores de la democracia

Por Pablo Vicente

 

Con el triunfo de Javier Milei en Argentina sin lugar a duda que fracasa el sistema democrático, una democracia ideal no solamente se sustenta en la cantidad de votos que saca un candidato, la democracia también se sustenta en valores, que de hecho son más importantes que acudir a las urnas y contar los votos.

 

La democracia en su esencia es un sistema político que se basa en la participación ciudadana, respeto a los derechos humanos, en la igualdad, en la toma de decisiones colectivas y la aplicación justa y equitativa de la ley. Esos valores son fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema democrático y contribuyen a la creación de sociedades justas, inclusivas y participativas.

 

Milei pretende recortar programas sociales, su programa no es democrático y de seguro va a perjudicar a los sectores más débiles de la sociedad, plantea propuestas extremistas que, según él son necesarias para revertir una economía y un gobierno quebrado.

 

El nuevo presidente de Argentina  ha prometido recortar el gasto público y los impuestos, cerrar el Banco Central de Argentina y reemplazar la moneda nacional, el peso, con el dólar estadounidense. También ha propuesto prohibir el aborto y solo considerar como países aliados de Argentina a las naciones que quieran combatir el socialismo, y a menudo pone como ejemplo a Estados Unidos e Israel.

 

Desde luego cabe preguntarse ¿porque Milei ha conseguido tanto apoyo que lo llevó a la presidencia de la república? ¿Cómo es posible que un partido antisistema (La Libertad Avanza) que no existía hasta hace dos años gane las elecciones?

 

La respuesta puede ser tan complicada como sencilla, Argentina está sumida en una profunda crisis económica, con una inflación anual que supera los dos dígitos y con índices de pobreza que van en aumento, acompañado del hartazgo con el peronismo, todo esto elementos fueron fundamentales para la arrasadora victoria del candidato libertario.

 

Desde luego, solo resta esperar si es posible poner en la práctica sus planteamientos, deseando todo lo mejor para ese país, lo que, sí está claro es que los argentinos estaban ante dos disyuntivas, el desastre o la locura, optaron por la locura que ojalá no lo lleve al desastre.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL, fujudel@gmail.com

 

JCE y los plazos fatales

Por Pablo Vicente

 

Dice un viejo refrán que no hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague, esto a propósito de los plazos electorales que cada día más va clarificando y definiendo el escenario político electoral de la República Dominicana.

 

 A pesar de que el artículo 20 de la ley 20-23, sobre las funciones del pleno de la JCE. Establece en el numeral 13 establece que el pleno de la JCE Podrá modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada los plazos que establece esta ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derecho, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho al sufragio".

 

Como se puede apreciar a pesar de la facultad que tiene la JCE de modificar los plazos hasta el momento se mantienen tal y como está establecido en el marco legal.

 

En ese sentido recientemente, específicamente el 21 de octubre la JCE cerró el plazo para la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral que se usará en los comicios municipales de febrero y para realizar cambios en la cédula de identidad y electoral con fines electorales, entre ellos de recinto de votación, en virtud de lo que establece el artículo 85 de la ley 20-23, que dispone la clausura de ese proceso 120 días antes de las elecciones. De forma preliminar, el padrón electoral cerró con un total de 8,103,292 ciudadanos inscritos para las elecciones municipales del 18 de febrero del 2024.

 

Próximamente según establece el Artículo 46, Párrafo II, de la ley 33-18, el domingo 29 de octubre es la fecha tope de los partidos políticos para que seleccionen a las personas que postularán en las elecciones de febrero y mayo del 2024, mediante asambleas, convenciones y encuestas. Los partidos han estado celebrando ese tipo de eventos internos durante los últimos fines de semana de este mes, con la fiscalización del órgano electoral.

 

Es importante destacar que también hay una fecha tope que los partidos políticos tienen que considerar es los relacionados al establecimiento de alianza la cual vence el 20 de noviembre según se estipula en el artículo 132 de la ley 20-23, el mismo es muy preciso cuando plantea que la solicitud de aprobación de fusión, alianza o de coalición deberá ser depositada en la Secretaría de la JCE a más tardar cien días antes de la fecha señalada para las próximas elecciones municipales, acompañadas de los documentos que requiere la JCE.

 

De igual manera el Párrafo I establece que “En el caso de la aprobación de alianzas o coaliciones para las elecciones de los niveles senatoriales, de diputaciones y presidencial, las solicitudes serán depositadas a más tardar cinco días después de la celebración de las elecciones municipales”.

 

Sobre el particular el Párrafo IV, concede un plazo de cinco días calendario, contando a partir de la notificación, para que la parte que se considere afectada pueda interponer un recurso de revisión ante la propia JCE, o impugnar en el mismo plazo, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

 

Tal y como se puede apreciar hay plazos fatales que los partidos políticos tienen que considerar en pro de ir cumpliendo con el calendario electoral y poder desarrollar un proceso electoral sin ningunas complicaciones.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL, fujudel@gmail.com

 

De “Ley y Orden” a “Proteger y Servir”

Por Pablo Vicente

 

Un lema es una frase que expresa la motivación, la intención, el ideal, describe la forma de conducta de una persona, de un grupo, de una institución e incluso de un estado, por lo que el nuevo lema de la policía nacional “Proteger y Servir” manda un mensaje claro de la necesidad de que la policía tenga siempre presente que su misión está en proteger a la ciudadanía y sobre todo estar siempre en una actitud de servicio.

 

Además del lema el Consejo Superior Policial aprobó que los agentes de la Policía Nacional vestirán próximamente de color azul, dejando atrás el antiguo uniforme gris, mientras que el nuevo lema de la institución será proteger y servir en vez de ley y orden.

 

El color gris, que vistieron hombres y mujeres de la Policía Nacional durante 87 años, entró en la fase final para su desaparición, según el Ministro de Interior y Policía el cambio de color y lema se enmarca dentro del plan de reforma policial que esta desarrollando la institución.

 

Ahora bien, ¿Quién ha pensado que, con cambiar lema y color de vestimenta, cambiará la institución? Indiscutiblemente que la fiebre no está en la sábana y estoy seguro de que incluso los miembros del Consejo Superior Policial están conscientes de que con el cambio de color de uniforme y lema no se resuelve el problema de la delincuencia y la inseguridad. No es sólo cambiar de lema y color, se trata de hacer una transformación integral en la policía nacional.

 

El lema de ley y orden es un lema trujillista, que surge en un contexto histórico del país que gracias a Dios ha sido superado y que por lo tanto esa cultura trujillista hay que irlas desterrando del país, por lo que me parece bueno y válido que se pueda hacer ese cambio de lema por uno que refleje más la realidad actual que vive la república dominicana, sustentado en un estado social y democrático de derecho.

 

Hay que abogar para que la Policía tenga la capacitación y condiciones suficientes y de esa manera pueda cumplir con el rol encomendado por la Constitución de proteger efectivamente a la población.

 

La policía ideal debe cumplir con un conjunto de características y condiciones que garanticen su eficacia e integridad del ejercicio de sus funciones y sobre todo que genere la confianza de la ciudadanía para que pueda lograr eficazmente sus objetivos y poder cumplir tal y como establece el nuevo lema de proteger y servir.

 

El autor es abogado, presidente de FUJUDEL fujudel@gmail.com

 

¿Qué hacer con los locales de los partidos políticos?

Por Pablo Vicente

 

Confieso que me llena de preocupación pasar por algunos locales de partidos políticos y en la mayoría de los casos se encuentren cerrados, con rara excepción los locales de los partidos políticos no son aprovechados por la dirigencia local para impulsar procesos de desarrollo que contribuyan con el fortalecimiento de la organización y de la militancia política.

 

El uso de los locales de los partidos políticos en la República Dominicana, en la mayoría de los casos sólo tiene utilidad los últimos meses previos a las elecciones y básicamente son utilizados para la realización de reuniones y asambleas, por lo que el espacio no se aprovecha para el desarrollo de la organización.

 

Sobre el particular la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en el artículo 15, numeral 7 lo siguiente: ¨En el caso de los partidos políticos, estos tendrán su sede establecida, abierta y funcionando, en el Distrito Nacional o en la provincia Santo Domingo, ubicado en la zona urbana. En el caso de las agrupaciones o movimientos políticos, estos tendrán su local en algunos de los municipios de la provincia o en el municipio al cual pertenecen. En todos los casos los locales de partidos, agrupaciones y movimientos políticos serán infraestructuras físicas debidamente instaladas para los fines exclusivos del funcionamiento de la organización política de que se trate¨.

 

En la práctica, solo las sedes de los partidos políticos tienen una dinámica activa de funcionamiento, los demás locales lamentablemente tienen poca vida y en la mayoría de los casos son utilizados para la realización de eventos puntuales.

 

Tomando en cuenta esta realidad, quiero compartir con los lectores algunas ideas que pueden ser de utilidad a los partidos políticos sobre el uso eficiente de los locales.

 

Considero que los locales pueden servir como punto de encuentro para los miembros del partido, donde puedan realizar reuniones, planificar actividades, coordinar campañas electorales y fortalecer los vínculos entre los militantes.

 

Estos pueden convertirse además en centros de atención al público, donde los ciudadanos puedan acudir para obtener información sobre los programas y propuestas del partido, realizar consultas, presentar sugerencias, y recibir asesoramiento en relación con temas políticos.

 

Otro uso que se puede hacer en los locales es que pueden ser utilizados como lugares de encuentro para organizar debates, mesas redondas y charlas sobre temas de interés político. Estos eventos pueden ser abiertos al público o dirigidos a miembros del partido, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y promover el intercambio de ideas.

 

Es importante convertir los locales de los partidos en espacio de capacitación en el que se realicen cursos, talleres y seminarios sobre diversos aspectos de la política, como comunicación política, estrategias electorales, liderazgo, negociación y resolución de conflictos. Estas actividades pueden estar dirigidas tanto a los miembros del partido como a la ciudadanía en general.

 

Durante los períodos electorales, los locales de los partidos políticos se convierten en centros de la actividad política, dichos locales se pueden utilizar para coordinar la campaña, realizar actos de propaganda, almacenar material electoral y brindar apoyo logístico a los candidatos y militantes políticos.

 

Los locales también pueden abrirse a la sociedad y convertirse en centros culturales y sociales en lo que la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil tengan un espacio donde reunirse, pueden ser utilizado para organizar exposiciones, conciertos, presentaciones de libros, proyecciones de películas, cine foro y otras actividades que fomenten la participación ciudadana y fortalezcan los lazos entre el partido y la sociedad.

 

Es importante además que los locales puedan convertirse en espacios de debate intelectual y cultural, donde se organizan conferencias, coloquios y presentaciones de expertos en diferentes áreas relacionadas con la política y otros temas relevantes. Esto permitiría enriquecer el conocimiento y la reflexión dentro del partido y la comunidad.

 

También pueden ofrecer servicios de apoyo a la participación política, como asistencia en la inscripción en el padrón electoral, orientación en la presentación de candidaturas, ayuda en el registro de inscripción, entre otros.

 

Los locales pueden ser utilizados como lugares de encuentro y diálogo entre diferentes partidos políticos y sus representantes. Esto fomentaría el intercambio de ideas, la construcción de consensos y la búsqueda de soluciones conjuntas para temas de interés común.

 

Me parece relevante que desde los locales se puedan llevar a cabo actividades de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones llevadas a cabo por el estado y el partido, lo que permitiría analizar los resultados, identificar áreas de mejora y realizar ajustes en la estrategia política.

 

Como se puede apreciar estas son solo algunas ideas que pueden contribuir a hacer un uso adecuado de los locales de los partidos políticos ya que de esa manera se contribuye a profesionalizar la actividad política y con ellos al fortalecimiento del sistema de partido.

 

Ojalá que desde los partidos políticos orienten a la militancia para que elaboren planes de trabajo con mira a hacer un uso permanente de los locales de los partidos para de esa manera lograr que ningún local de un partido se mantenga cerrado, abrir los locales con la idea de formar líderes en el ámbito político es abrirse al conocimiento y a una mejor ciudadanía.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral, presidente de FUJUDEL  fujudel@gmail.com

 

Los 100 años de la JCE

Por Pablo Vicente

 

Los aniversarios son siempre una ocasión propicia para revisar el trabajo realizado, ver las fortalezas y debilidades, cuáles han sido los logros y fracasos, aprender de ellos y comenzar con nuevos bríos y nuevas oportunidades.

 

El 12 de abril de este año la Junta Central Electoral cumplirá 100 años de existencia, es el órgano más antiguo de América, fue creada en el 1923 mediante la Ley No. 3413, y se incorporó en la Constitución dominicana con el artículo 82 en la reforma que se realizó en el 1924, actualmente la JCE se encuentra regulada por el artículo 212 de la Constitución de la República, tiene el rol de organizar las elecciones, pero también es la encargada de salvaguardar el registro civil.

 

A 100 años de su nacimiento, la JCE se encuentra inmersa en un año preelectoral ya que tenemos elecciones en febrero y mayo del próximo año, en ese contexto está en un proceso de aplicación de dos reformas importantes, la Ley 4-23 de Registro Civil y la ley 20-23 de Régimen Electoral.

 

La JCE se está preparando para la primera cita con las urnas que será el 18 de febrero de 2024 con los comicios a alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías y el proceso culminará el 19 de mayo con las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y de diputados de ultramar, desde luego si en los comicios presidenciales ningún aspirante consigue en primera vuelta los votos necesarios, tendrá lugar una segunda ronda prevista para el 30 de junio de ese mismo año.

 

En ese contexto la JCE ha iniciado los trabajos propios de la organización y preparación del montaje electoral con el propósito de garantizar la celebración, dentro de su complejidad, de unas elecciones limpias y transparentes y no repetir los errores del pasado.

 

En este 100 aniversario, la JCE se encamina hacia un verdadero proceso de transformación y relanzamiento que procura salvaguardar la integridad electoral e impactar de manera positiva los cimientos de nuestra vida ciudadana y democrática.

 

Recientemente la JCE fue valorada como una de las 4 instituciones del país con mayor prestigio y credibilidad, según un sondeo realizado por la entidad Voto RD 2024, el órgano electoral ocupa el cuarto lugar, con un 47 por ciento de aceptación, me parece que es un buen porcentaje para una institución que en el proceso electoral pasado puso en jaque el sistema democrático de país, con la suspensión de las elecciones y que hoy cuente con ese nivel de aceptación es un buen indicio del trabajo que desde la JCE se está realizando,  la confianza en el árbitro es clave en todo proceso electoral.

 

Sin embargo, para un proceso electoral exitoso es necesario saber que es un reto compartido, que no solamente recae en la JCE y los partidos políticos, sino que el pueblo dominicano debe de hacer conciencia de este compromiso cívico, por lo que es vital para la democracia del país trabajar activamente y participar en las mesas electorales y desde ahí hacer un gran aporte a la nación.

 

100 años después de la creación de la JCE, la sociedad dominicana debe abogar por seguir apostando al fortalecimiento del órgano rector en todo el ámbito de sus actuaciones, y los partidos políticos están en la obligación de hacer que así sea, ya que en una democracia como la nuestra juegan un papel predominante en pro de la gobernabilidad democrática y el fortalecimiento del estado social y democrático de derecho.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL, fujudel@gmail.com

Cuidemos el árbitro electoral

Por Pablo Vicente

 

A raíz de la convocatoria que hiciera la Junta Central Electoral para detener la campaña a destiempo de los partidos políticos, he escuchado algunas voces, pretendiendo desacreditar el órgano electoral por el llamado a la firma del compromiso por la integridad electoral, me parece que quienes piensan de esa manera hacen un flaco servicio a la democracia y al sistema de partidos, no han entendido o no entienden el rol preventivo, de arbitraje, de  concertación, más allá de su espíritu sancionador que desde luego tiene la JCE.

 

Ya, en otras ocasiones la junta ha jugado un papel interesante cuando se plantearon las reformas a las leyes electorales desde el Consejo Económico y Social (CES), propuestas que surgieron en el marco del CES y que aún espera por la aprobación en el congreso.

 

El accionar de la JCE como árbitro de los procesos electorales tiene un gran impacto en la legitimidad de los mismos, ya que los actores políticos tienen necesariamente que tener confianza en los resultados y evidentemente comprometerse a cumplir y aceptar las reglas del juego.

 

Es válida la iniciativa de la JCE de comprometer a los partidos políticos a la firma de un pacto que procure garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en las elecciones del 2024.

 

La JCE tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes electorales, además de que los actores políticos tienen el deber de contribuir con el órgano electoral para el cumplimiento de lo que establecen las leyes, de manera que, si además de las leyes que tenemos se firma un compromiso por la integridad electoral, es un motivo más para que los partidos políticos respeten las reglas del juego y desde luego la JCE poder realizar un proceso diáfano y transparente.

 

Los órganos electorales tienen la función de resguardar el derecho universal a elegir y ser elegido, así como la celebración de elecciones limpias y creíbles como expresión de la soberanía del pueblo, tal y como está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en nuestra Constitución.

 

La Junta Central Electoral como órgano rector del sistema de partido tiene el compromiso de la supervisión y la fiscalización del proceso electoral, orientados evidentemente a asegurar la equidad, la integridad y la transparencia de las elecciones.

 

Es por eso, que para nada sirve demeritar o desacreditar el árbitro electoral, todo lo contrario, tenemos que cuidarlo, protegerlo, apoyarlo para que su desempeño se desarrolle en un ambiente de confianza como merece y espera el sistema de partido y la ciudadanía en general.

 

El autor es abogado, magíster en derecho electoral y presidente de FUJUDEL

 

 

Reclaman mayor presupuesto para la JCE

La Junta Central Electoral ha demostrado ser eficiencia en el manejo de los recursos del estado por lo que debe de contar con los recursos necesarios para poder montar un proceso electoral diáfano y transparente  

 

SANTO DOMINGO OESTE, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) Pablo Vicente, demandó del congreso de la república valorar la propuesta de asignación del presupuesto del Estado destinado para la Junta Central Electoral.

 

Para el especialista en derecho electoral y presidente de  FUJUDEL el 2023 es un año preelectoral en que se deben llevar a cabo todos los trámites y proyectos para la organización de dos elecciones en el 2024, por lo que el órgano electoral debería contar con los recursos suficientes para el montaje de las elecciones, pero además para seguir impulsando proceso vinculado al registro de nacimiento. preciso Pablo Vicente.

 

El presidente de FUJUDEL consideró que el 15 de febrero del 2024, el país va a concurrir a las elecciones municipales y que luego, el último domingo de mayo, habrá de celebrarse los comicios generales en que se elegirán al Presidente de la República y a los congresistas.

 

Pablo Vicente advirtió que la asignación que el Poder Ejecutivo hizo a esa entidad para el próximo año, en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional, de acuerdo al presidente de la JCE es insuficiente para cubrir todos los gastos de las primarias y los equipos que se deben comprar para las elecciones del 2024.

 

Aseguró que es fundamental que se garantice el proceso electoral del 2024, y cuyo montaje comienza desde el actual año y no después.

 

“Confiamos en el presidente de la República, y esperamos que el Gobierno cumplirá con la solicitud de recursos de la JCE, que son tan prioritarios como necesarios para el sistema democrático”, destacó

 

 

 

Llaman a detener campaña política a destiempo

Santo Domingo, R. D.- El Presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local – FUJUDEL-,  Lic. Pablo Vicente, destacó que la Junta Central Electoral tiene que tomar las medidas de lugar para detener la campaña política a destiempo que han iniciados los diferentes partidos políticos.

Pablo Vicente destacó que con el inicio anticipado de la campaña electoral  lo que contribuye es a crear una competencia desleal frente a otros postulantes que no cuentan con los  recursos necesarios para iniciar una campaña electoral a partir del tiempo establecido.

“El  proselitismo por la candidatura presidencial del 2016 da la impresión de que la Junta Central Electoral  ha dictado la proclama electoral para dejar el proceso abierto, cuando ni siquiera esos partidos han dado apertura a la campaña para los distintos cargos electivos que de manera interna tienen que darse”, destaco Vicente.

Vicente coincide con el miembro de la Junta Central Electoral Jose Ángel Aquino en el sentido de que la junta debe solicitar a los partidos políticos, a los precandidatos y a los ayuntamientos respectivos, el retiro de carteles, afiches o cualquier propaganda gráfica que se encontrare en jurisdicciones o que hayan sido contratadas a través de compañías de publicidad.

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Nosotros hacemos un llamado a la Junta Central Electoral, para que regule en el menor tiempo posible esta situación, ya que uno de los propósitos por lo que se planteaba la unificación de las elecciones es precisamente para evitar que el país  esté siempre en campaña electoral, y que de seguir así no tiene sentido la unificación de las elecciones, enfatizo Vicente.