Exhortan a partidos a cumplir con el 10% para formación política

Santo Domingo, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, exhortó hoy a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país a cumplir con la obligación legal de destinar el diez por ciento (10%) del financiamiento público recibido a programas de educación, formación y capacitación política, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley núm. 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

 

El llamado se produce tras la reciente emisión por parte de la Junta Central Electoral (JCE) de la Resolución 16-2025, que distribuye RD$750 millones como financiamiento público correspondiente al segundo semestre de 2025. De ese monto, RD$75 millones deben invertirse exclusivamente en programas de formación política, conforme a lo dispuesto en la ley.

 

“El artículo 38 es claro cuando manda que los partidos deben destinar no menos del 10% de los recursos que reciben del Estado a programas de formación política, orientados preferiblemente a mujeres y jóvenes, con el propósito de incentivar una participación consciente y responsable en la vida política y el fortalecimiento de la democracia”, afirmó el especialista en derecho electoral Pablo Vicente.

 

Vicente enfatizó que la capacitación política no debe verse como un gasto, sino como una inversión necesaria para contar con liderazgos mejor preparados, fomentar la participación inclusiva y construir una ciudadanía crítica y activa.

 

Asimismo, el presidente de FUJUDEL instó a la Junta Central Electoral a supervisar rigurosamente el uso de estos recursos ya exigir a los partidos informes claros y verificables sobre la ejecución de sus programas de formación, para asegurar que el dinero público cumpla su verdadero propósito de fortalecer la institucionalidad democrática.

 

Propone fortalecer el reglamento de afiliación política

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL), Pablo Vicente, depositó ante la Junta Central Electoral (JCE) un documento con observaciones y propuestas de mejora al borrador del “Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y el proceso de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos”, actualmente en consulta pública.

 

La propuesta, dirigida al presidente de la JCE, magistrado Román Jáquez Liranzo, tiene como finalidad fortalecer aspectos esenciales del reglamento como la transparencia, la seguridad digital, la protección de derechos fundamentales y la eficacia institucional.

 

"El fortalecimiento de la democracia empieza por asegurar procesos claros, verificables y justos en la afiliación política. Es un derecho ciudadano saber dónde está inscrito y cómo puede cambiar esa decisión si lo desea", sostuvo Vicente tras entregar el documento.

 

Entre las principales recomendaciones presentadas por Vicente se encuentran: la incorporación de definiciones más precisas como la de “doble militancia”; el establecimiento de auditorías aleatorias para evitar afiliaciones fraudulentas; la implementación de mecanismos de validación electrónica y consentimiento informado; así como garantías procesales en los casos de desafiliación.

 

Asimismo, el documento sugiere la creación de protocolos de notificación a ciudadanos, sistemas automatizados de verificación, penalidades por omisión de registros, y la exigencia de formación para quienes gestionen la plataforma digital que soportará estos procesos.

 

“Desde FUJUDEL reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, procurando normativas que garanticen el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía”, expresó Vicente, quien es especialista en derecho electoral y políticas públicas.

 

El documento fue entregado dentro del plazo establecido por la JCE para la recepción de observaciones, como parte del proceso de consulta pública convocado por el órgano electoral.

 

Piden al senado considerar propuesta de la JCE

Advierten que las leyes electorales tienen que contribuir con la transparencia, el fortalecimiento del sistema de partidos y el estado social y democrático de derecho.

 

SANTO DOMINGO OESTE, R. D.- El presidente de la Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) Pablo Vicente demandó a la Comisión Especial del Senado que estudia la reforma a las leyes Electoral y de Partidos reconsiderar aquellos puntos que hasta el momento han sido rechazados por la comisión por entender que son aspecto neurálgico en un sistema democrático y de derecho.

  

Pablo Vicente expresó que la Junta Central Electoral realizó un aporte valioso a la sociedad, presentando propuestas muy bien fundamentadas para la modificación de la Ley Electoral y de Partidos. Y que, además, los actores políticos y sociales, junto a representantes de la JCE, se sentaron a discutir las reformas del sistema electoral en el marco del Consejo Económico y Social (CES), logrando consensuar una propuesta que contribuya al sistema democrático.

 

¨Hay elementos claves que es importante preservar tales como el establecimiento de topes para el gasto de precampañas y campañas, para fomentar el principio constitucional de equidad en la contienda e impedir que las diferencias que pudiera haber en cuanto a los recursos de los que disponen las distintas organizaciones políticas afectan de manera excesiva las posibilidades reales de competencia¨, preciso Pablo Vicente

 

Para el dirigente de la sociedad civil y especialista en derecho electoral se debe garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público y no solamente para la posición de diputados nacionales y al Parlacen como propone la comisión.

 

El presidente de FUJUDEL también pidió a la comisión reconsiderar el rechazo a reformar otros aspectos de la ley electoral, concernientes a presentación de informes y sanciones y organización de los debates a nivel presidencial.

 

Hacemos un llamado a la comisión del senado a que ponga el ojo en el corazón del pueblo ya que la sociedad demanda un marco legal electoral que contribuya a la transparencia, el fortalecimiento de la democracia y el sistema de partido en la República Dominicana. Puntualizó.

 

FUJUDEL rechaza aumentar la cantidad de provincias en dominicana

SANTO DOMINGO, R. D.- Advierte que dicha división debe de plantearse  cuando se apruebe el  proyecto de ley de ordenamiento territorial el cual establece los criterios que se deben tomar en cuenta para que un territorio sea declarado como nueva provincia.

SANTO DOMINGO. La Fundación Justicia y Desarrollo Local –FUJUDEL-, manifestó que el  intento de división de la provincia Santo Domingo solo incrementaría  la burocracia y el Presupuesto General de la Nación, señalaron que el proceso de dividir no es el camino ideal, ni lo más conveniente para el desarrollo del país.

Pablo Vicente presidente de FUJUDEL destaco que el proceso de dividir por dividir no es lo recomendable, sino que a lo que debe abocarse nuestro país es un poco a fortalecer  la gestión administrativa del territorio, y el fraccionamiento del territorio en más provincias quizás lo que hace es contribuir  a complejizar el sistema, cuando lo que tiene que plantearse es el fortalecimiento de la gestión municipal, enfatizó.

Criticó además que se plantee la idea en momento en que cursa un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial donde habría primero que aprobar la ley y  entonces pensar cómo debe quedar parcialmente dividida o administrativamente dividido el Estado dominicano", analizó.

Para el experto en asunto municipal  de lo se trata es de una postura “poco institucional”, ya que en el Congreso Nacional está depositado un proyecto ley sobre Ordenamiento Territorial, el cual establece los criterios que se deben tomar en cuenta para que un territorio sea declarado como nueva provincia.

El presidente de FUJUDEL se cuestiono sobre los estudio de lugar que puedan justificar dicha división, “no cabe duda que de lo que se trata es de ver la posibilidad de más puesto político con  nuevas personas figurando en lo que es el pastel del Estado en donde cada cacique tendría su pedacito, destaco Pablo Vicente.

FUJUDEL califica como positivo 2014 en materia de política social

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) destacó que en este año que finaliza unos de los grande avances que se puede mostrar es el relacionado a la política social del gobierno ya que ha habido una disminución de la pobreza de 42.2% a un 36.6% y una disminución de la indigencia de un 11.1% a un 8.6%

Para el presidente de FUJUDEL, Pablo Vicente, la Coordinadora del Gabinete de las Políticas Sociales del gobierno la Doctora Margarita Cedeño de Fernández ha pasado la prueba, por la forma en que ha manejado sus funciones ya que desde ahí ha realizado importantes aportes a la ciudadanía pero especialmente a la clase más desposeída.

Vicente entiende que el país debe sentirse orgulloso de los logros en materia de lucha contra la pobreza, que a dos años de gobierno muestra el Presidente de la República, por lo que entiende que  las políticas sociales que se coordinan desde el Gabinete Social  buscan el bienestar de toda la población y contribuir a romper el círculo vicioso de la pobreza.

El año 2014 sin lugar a duda ha sido un año positivo en materia de política social ya que los programas sociales como Progresando con Solidaridad ha logrado integrar  más de 800 mil familias  que reciben la atención social del Estado, lo que al combinarse con las políticas de generación de empleos, acceso al microcrédito, integración de las personas con discapacidad y   bancarización se constituyen en  una vía segura hacia la superación de la pobreza y eliminación de la desigualdad en la República Dominicana, preciso Vicente.

El Lic. Vicente destaco que  el principal desafío que tiene el gobierno en materia de política social es seguir creando la base para lograr que ese 8.6% de la ciudadanía pueda salir de la indigencia y por lo tanto sentar  la base para la superación de la pobreza.