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miércoles, 23 de julio de 2025

Cámara de Diputados convierte en ley modificaciones a legislación de Contrataciones Públicas

SANTO DOMINGO, R. D.- La Ley que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos.

 

Asimismo, procura una mayor satisfacción de las necesidades de interés general de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.

 

Los diputados también se convirtieron en Ley el proyecto que declara a Hermanas Mirabal, provincia Ecoturística, de la autoridad de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

 

Además, el pleno permitido en segunda lectura, con modificaciones, el proyecto que reforma los artículos 36, 64 y 81, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, relativos a la sucesión de los alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores, suplentes de directores y vocales de las juntas de distritos municipales.

 

Otras iniciativas

 

Los diputados, en la sesión de este miércoles, aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de Agricultura Familiar de la República Dominicana.

 

La pieza legislativa, de la autoridad de Nelsa Shoraya Suárez Ariza, que ahora pasa al Senado de la República tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales y acciones coordinadas de los entes encargados por esta ley.

 

También fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Estadio Cibao Miguel "Guelo" Diloné, al Estadio Cibao de béisbol de la provincia de Santiago, del diputado Nelson Marmolejos.

 

En la sesión también fue convertida en ley al ser aprobada en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de José Valverde al estadio de béisbol Paso Cibao, ubicado en la carretera de Hato Mayor-El Seibo, provincia Hato Mayor, senador Cristóbal Venerado Castillo.

 

Mientras que fue aprobado en primera lectura el proyecto de ley que dispone la implementación de detectores de metales en instituciones públicas y privadas de la República Dominicana, propuesto por el senador Santiago José Zorrilla.

 

Los diputados, de igual forma aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que declara los sitios de Las Pozas, El Tablazo y La Rosita como áreas de protección natural, histórica y cultural del municipio Matanzas y de la nación dominicana, sometido por el senador Julito Fulcar Encarnación.

 

Fue aprobado en primera lectura por los diputados, el proyecto de ley que declara el 2 de mayo de cada año "Día de la Defensa de la Soberanía" en República Dominicana, en conmemoración de la Gesta de 1861 o Grito de Moca, presentado por el senador Carlos Manuel Gómez Ureña.

 

El pleno de la Cámara de Diputados también aprobó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre del doctor Ángel María Gatón el nuevo hospital regional de la ciudad de San Francisco de Macorís, de la autoridad del senador Franklin Martín Romero Morillo.

 

Fue refrendado con el voto favorable en primera lectura por los diputados, el proyecto de ley que dispone la protección del Festival Cultural de la provincia Hermanas Mirabal de la senadora María Mercedes Ortiz Diloné.

 

En la sesión de este miércoles los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre "presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández" el tramo carretero San Víctor-Jamao al Norte, que inicia en la calle 27 de febrero, del pueblo de San Víctor, en la provincia Espaillat, hasta el cruce del distrito municipal Sabaneta de Yásica, en la provincia Puerto Plata, del senador Carlos Manuel Gómez Ureña.

 

Minuto de silencio

 

A solicitud del diputado José Fabian fue guardada un minuto de silencio a la memoria del fenecido arquitecto y poeta Cristian Tiburcio exponente del arte moderno, en la República Dominicana, quien era nativo de la Ciudad de Bonao.

 

Mientras que, en lo que respeta al Código Penal, los diputados están dando lectura al proyecto, para luego iniciar con los debates y así escuchar las posiciones de todos los legisladores.

 

miércoles, 23 de octubre de 2024

Cámara de Diputados aprobó modificaciones a Ley de Trata de Personas

La iniciativa en lo adelante pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación

 

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el objetivo de reformar los artículos 3 y 7 de la legislación.

 

El texto legal pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

 

La solicitud de modificación, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, había sido aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado, donde fue aprobada con modificaciones, motivo por el cual debió ser conocida nuevamente por los diputados.

 

En la carta de motivación enviada al Congreso, el Poder Ejecutivo planteó que el objeto de esta iniciativa es modificar el artículo 3 del referido texto legal, de manera puntual, con miras a brindar mayor seguridad y protección a las niñas, niños y adolescentes, víctimas especialmente vulnerables y objeto de victimización en la trata de personas, en cumplimiento del deber del Estado de establecer medidas tendentes a prevenir y combatir la trata de personas.

 

De igual forma, plantea que dicha modificación busca el fortalecimiento de la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada, y que son persuadidos para ser sometidos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos, acciones estas que representan vulneraciones graves de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los convenios en la materia ratificados por la República Dominicana.

 

“Se modifica el artículo 3 de la Ley num.137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico de Migrantes Trata de Personas, para que en lo adelante diga lo siguiente: Se considera pasible del delito de trata de personas el que mediante la captación, el transporte, el traslado, la acogida o receptación de personas, recurriendo a la fuerza, coacción, rapto, fraude, la amenaza, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, uso de sustancia o método de alteración de la conciencia, concesión o receptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, para que ejerza la mendicidad, cualquier clase de explotación sexual, pornografía, trabajo o servicio forzado, servidumbre por deudas, matrimonio servil, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos, aun con el consentimiento de la persona víctima”., establece la legislación.

 

La pieza legislativa en lo adelante, agrega el artículo 3.1; que establece que la trata de personas será sancionada con pena de 10 a 20 años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientos salarios mínimo del sector público.

 

También, se modificó el artículo 7 de la Ley, y en lo adelante, cuando se produzca la muerte del o de las personas involucradas en trata de personas u objeto del tráfico ilícito de migrantes o cuando la víctima resulte afectada de un daño físico o psíquico temporal o permanente, se establece una pena de cinco años de prisión, en adición a la pena principal y multa de 175 a 300 salarios mínimos del sector público.

 

Además, establece que si las acciones agravantes antes descritas se realizan con personas que padezcan inmadurez psicológica o trastorno mental, personas discapacitadas o vulnerables, en niños, niñas o adolescentes, la pena de reclusión será de 20 a 30 años y multa de 200 a 400 salarios mínimos del sector público.

 

Al cerrar los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que oportunamente convocará para la próxima sesión.

 

viernes, 22 de julio de 2022

Diputados aprueba en primera lectura proyecto de ley de extinción de dominio con modificaciones

SANTO DOMINGO, R. D.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó a unanimidad este jueves en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio con una serie de modificaciones y convocó a los diputados para conocerla en segunda lectura este viernes.

 

La pieza, que fue aprobada a unanimidad de los 161 diputados presentes en la sesión, tendrá que ser  ratificada en segunda lectura y luego será devuelta al Senado de la República para su consideración de aprobar o rechazar las modificaciones.

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, leyó punto por punto las modificaciones que se les hizo al proyecto de ley que ya había aprobado el Senado.

 

Indicó que para la Cámara es sumamente importante aprobar esta ley es necesario cumplir con lo establecido en la Constitución de la República.

 

“Ahora corrijo, porque aprendí en el camino que debe presumirse en una ley como esta, que está dirigida a las cosas, no a la persona, es que se presumiera de la buena fe y que básicamente los ciudadanos que fuesen sido sometidos a un juicio de dominio tuvieran la posibilidad de agotar el debido proceso”, enfatizó.


 

Sostuvo que como presidente de la Cámara de Diputados consultó con las diferentes bancadas de los partidos políticos, lo que provocó que se elaborara el consenso para elaborar una ley acorde con la Constitución Dominicana.

 

Diputados de las distintas bancadas saludaron al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco por haber logrado el consenso para la aprobación de una iniciativa tan importante como lo es la ley de extinción de dominio.

 

El proyecto de ley de Extinción de Dominio aprobado en dos lecturas por el Senado de la República contiene 11 artículos, de los cuales el presidente de la Cámara de Diputados hizo 36 modificaciones.

 

Objeto de la ley

Esta ley tiene por objeto regular el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana; establecer el procedimiento que permita hacer dicho instituto efectivo; definir las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación; reconocer los derechos y garantías de los intervinientes y partes afectadas; sentar los principios fundamentales para funcionamiento del sistema de administración de los bienes de que trata esta ley; así como el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano, observando el debido respeto de los derechos de terceros acreedores.

 

En dicha ley se establece que el procedimiento de extinción de dominio es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o cualquier otro de naturaleza jurisdiccional, administrativo o arbitral. La existencia de otro procedimiento judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un procedimiento de extinción de dominio.

 

 Artículo 6.- Hechos ilícitos susceptibles de extinción de dominio. A los efectos de esta ley, serán considerados como hechos ilícitos, que pueden dar lugar a la extinción de dominio de los bienes de acuerdo con las causales de procedencia, los siguientes:

 

1) El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas;

2) Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo;

3) Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales;

4) Trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores,

5) Pornografía infantil;

6) Tráfico ilícito de órganos humanos;

7) Tráfico ilícito de armas;

8) Secuestro;

9) Extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales;

10) Falsificación de monedas, valores o títulos;

11) Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno, tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones;

12) Soborno trasnacional;

13) Delito tributario;

14) Estafa agravada;

15) Contrabando;

16) Piratería y piratería de productos;

17) Delito contra la propiedad intelectual;

18) Delito de medioambiente;

19) Testaferrato;

20) Sicariato;

21) Enriquecimiento no justificado;

22) Falsificación de documentos públicos;

23) Falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.

24) Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas;

25) Delitos financieros;

26) Crímenes y delitos de alta tecnología;

27) Uso indebido de información confidencial o privilegiada;

 

 

lunes, 8 de febrero de 2021

Consejo del Indotel aprueba modificaciones a cuatro reglamentos y normas regulatorias


 

SANTO DOMINGO, R. D. -El consejo directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) aprobó modificaciones a cuatro reglamentos y normas regulatorias, a los fines de adecuar sus normativas para afianzar las herramientas de defensa de los derechos de los usuarios, garantizar la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos de telefonía y acceso a internet, el derecho de elección del usuario para contratar y activar los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

La medida contenida en la resolución número 102-2020 fue firmada el presidente del consejo, Nelson Arroyo, y demás miembros del consejo directivo del Indotel.

 

 La resolución introduce en términos específicos modificaciones al a) Reglamento general de servicio telefónico, b) Norma de calidad de servicio de telefonía y acceso a Internet, c) Reglamento sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y d) la Norma que regula la contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

Además, busca unificar conceptos y definición de criterios entre normativas con el objetivo de lograr uniformidad y coherencia normativa conforme a resoluciones recientes dictadas por el consejo directivo del Indotel. 

 

La citada resolución abarca aspectos sobre la solicitud de un nuevo servicio, el contrato, interrupciones del servicio telefónico, reporte de las prestadoras por averías, libertad de los usuarios de elegir la prestadora que a su criterio le convenga, así como derechos y deberes de las partes involucradas en la contratación y prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

En uno de sus señalamientos, el Reglamento de Servicio Telefónico establece que “el contrato para prestación del servicio debe ser realizado de forma separada e independiente de la venta o financiamiento de equipos terminales.

 

“Si el cliente incumple en el pago del financiamiento del equipo, esto no podrá dar lugar a la suspensión del servicio de telecomunicaciones, ni afectar, en modo alguno, las condiciones en la prestación de este servicio”, destaca el citado reglamento.  

 

Señala que en caso de imposibilidad técnica para la instalación de un servicio solicitado o si el cliente reporta mal funcionamiento del servicio dentro de los primeros siete (7) días de instalado sin que haya sido subsanado el inconveniente, la prestadora procederá a la devolución del importe que haya sido pagado dentro de los quince días calendario siguientes al vencimiento del plazo establecido para la instalación o resolución del problema en el servicio.  

 

Sostiene que “esta devolución podrá hacerse, a opción del usuario, en efectivo o como crédito en otro servicio que el usuario tenga con la prestadora”, la cual dispondrá de un plazo máximo de setenta y dos (72) horas para subsanar el inconveniente reportado.  

 

“Una vez vencido este plazo sin respuesta efectiva de la prestadora, el usuario podrá cancelar el contrato de prestación del servicio, pagando los consumos realizados y sin cargos adicionales”, explica la resolución. 

 

Agrega que “en caso de que la prestadora no cumpliera con la devolución de la mencionada suma dentro del plazo referido, deberá pagar al usuario el porcentaje equivalente a la tasa de interés cobrada por mora, que ésta aplica por el retraso del cumplimiento en el pago de las facturaciones de los servicios consumidos”.  

 

En cuanto a la calidad del servicio de telefonía y acceso a Internet, la norma correspondiente señala que en caso de averías que afecten parte o en la totalidad del servicio de telefonía local fija y móvil (incluyendo SMS) y servicios de acceso a internet fijo y móvil, la prestadora deberá informar a los usuarios afectados dentro de las primeras cuatro (4) horas de haberse detectado el problema, ya sea por contacto directo o avisos en los medios de comunicación masiva. o medios electrónicos.  

 

Asimismo, la prestadora dispondrá de un plazo de veinticuatro (24) horas para remitir al Indotel un informe con los detalles de lo acontecido y la posible compensación a los usuarios. 

 

En tanto, el Reglamento sobre los Derechos de los Usuarios y Prestadoras establece que los usuarios tendrán la libertad de elegir el prestador que a su criterio le convenga y el derecho a recibir la opción de convenir la prestación del servicio sin sujeción a un período mínimo de vigencia.

 

Solo estará sujeto a un período mínimo de vigencia en los casos en que las prestadoras proporcionen descuentos para la obtención de interfaces o de los mismos servicios de telecomunicaciones ofrecidos 

 

En lo que respecta a la regulación de la contratación y activación de los servicios, en la norma se indica que en los casos que el usuario opte por descuentos, rebajas o exoneraciones en las tarifas vigentes, éste “reconoce que debe someterse a un plazo mínimo de permanencia, cuyo incumplimiento conlleva un cargo de penalidad, que deberá pagar para garantizar a la prestadora la recuperación del monto subsidiado o descontado”. 

 

Todas las disposiciones contenidas en la resolución 102-202 deberán ser implementadas por cada una de las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en un plazo de un año a partir de la fecha de su publicación.

 

La parte dispositiva de esta resolución ha sido publicada en un periódico de circulación nacional conforme a la Ley General de las Telecomunicaciones y de manera íntegra, en el portal web  www.indotel.gob.do que mantiene el Indotel en la Internet en cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.