SANTO DOMINGO, R. D.- La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó a unanimidad este jueves en primera lectura el proyecto de ley de extinción de dominio con una serie de modificaciones y convocó a los diputados para conocerla en segunda lectura este viernes.
La pieza, que fue aprobada a unanimidad de los 161 diputados presentes
en la sesión, tendrá que ser ratificada en segunda lectura y luego será
devuelta al Senado de la República para su consideración de aprobar o rechazar
las modificaciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, leyó punto por
punto las modificaciones que se les hizo al proyecto de ley que ya había
aprobado el Senado.
Indicó que para la Cámara es sumamente importante aprobar esta ley es
necesario cumplir con lo establecido en la Constitución de la República.
“Ahora corrijo, porque aprendí en el camino que debe presumirse en una
ley como esta, que está dirigida a las cosas, no a la persona, es que se
presumiera de la buena fe y que básicamente los ciudadanos que fuesen sido
sometidos a un juicio de dominio tuvieran la posibilidad de agotar el debido
proceso”, enfatizó.
Sostuvo que como presidente de la Cámara de Diputados consultó con las
diferentes bancadas de los partidos políticos, lo que provocó que se elaborara
el consenso para elaborar una ley acorde con la Constitución Dominicana.
Diputados de las distintas bancadas saludaron al presidente de la Cámara
de Diputados, Alfredo Pacheco por haber logrado el consenso para la aprobación
de una iniciativa tan importante como lo es la ley de extinción de dominio.
El proyecto de ley de Extinción de Dominio aprobado en dos lecturas por
el Senado de la República contiene 11 artículos, de los cuales el presidente de
la Cámara de Diputados hizo 36 modificaciones.
Objeto de la ley
Esta ley tiene por objeto regular el proceso de extinción de dominio de
bienes ilícitos, previstos en la Constitución de la República Dominicana;
establecer el procedimiento que permita hacer dicho instituto efectivo; definir
las competencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación;
reconocer los derechos y garantías de los intervinientes y partes afectadas;
sentar los principios fundamentales para funcionamiento del sistema de
administración de los bienes de que trata esta ley; así como el procedimiento
requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano,
observando el debido respeto de los derechos de terceros acreedores.
En dicha ley se establece que el procedimiento de extinción de dominio
es independiente y autónomo del procedimiento penal, civil o cualquier otro de
naturaleza jurisdiccional, administrativo o arbitral. La existencia de otro
procedimiento judicial no podrá ser obstáculo para el inicio de un
procedimiento de extinción de dominio.
Artículo 6.- Hechos ilícitos susceptibles de extinción de
dominio. A los efectos de esta ley, serán considerados como hechos ilícitos,
que pueden dar lugar a la extinción de dominio de los bienes de acuerdo con las
causales de procedencia, los siguientes:
1) El tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas;
2) Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el
financiamiento al terrorismo;
3) Tráfico ilícito de seres humanos, incluyendo inmigrantes ilegales;
4) Trata de personas, incluyendo la explotación sexual de menores,
5) Pornografía infantil;
6) Tráfico ilícito de órganos humanos;
7) Tráfico ilícito de armas;
8) Secuestro;
9) Extorsión, incluyendo aquellas relacionadas con las grabaciones y
fílmicas electrónicas realizadas por personas físicas o morales;
10) Falsificación de monedas, valores o títulos;
11) Estafa contra el Estado, desfalco, concusión, cohecho, soborno,
tráfico de influencia, prevaricación y delitos cometidos por los funcionarios
públicos en el ejercicio de sus funciones;
12) Soborno trasnacional;
13) Delito tributario;
14) Estafa agravada;
15) Contrabando;
16) Piratería y piratería de productos;
17) Delito contra la propiedad intelectual;
18) Delito de medioambiente;
19) Testaferrato;
20) Sicariato;
21) Enriquecimiento no justificado;
22) Falsificación de documentos públicos;
23) Falsificación y adulteración de medicamentos, alimentos y bebidas.
24) Tráfico ilícito de mercancías, obras de arte, joyas y esculturas;
25) Delitos financieros;
26) Crímenes y delitos de alta tecnología;
27) Uso indebido de información confidencial o privilegiada;
