Puerto Plata, R. D.- La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, destacó que la libre competencia trasciende el ámbito estrictamente económico y constituye un componente relevante del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución dominicana.
Al dictar la conferencia magistral
“Democracia, Derechos Fundamentales y Libre Competencia: Pilares para el
Fortalecimiento del Estado de Derecho”, en el marco del II Congreso
Internacional de Derecho organizado por la Seccional Puerto Plata del Colegio
de Abogados de la República Dominicana (CARD), Vásquez Taveras analizó la
relación existente entre la efectividad de los derechos, las garantías
constitucionales, la democracia y las condiciones que permiten una
participación económica abierta y competitiva.
La jurista explicó que los artículos 50 y
217 de la Constitución sitúan la libertad de empresa y la libre competencia
dentro de un modelo económico orientado también al desarrollo humano, la
justicia social y la igualdad de oportunidades.
“La competencia no garantiza el éxito de
ninguna empresa, pero sí debe garantizar que todas puedan competir en
condiciones abiertas y sin barreras injustificadas”, afirmó.
Durante su exposición, Vásquez Taveras
sostuvo que la competencia y la democracia pertenecen a ámbitos diferentes, pero
encuentran puntos de conexión en valores como la participación, el pluralismo y
la existencia de oportunidades reales. Precisó, asimismo, que el Derecho de la
Competencia no penaliza el tamaño ni el éxito empresarial, sino aquellas
conductas que utilizan el poder de mercado de manera anticompetitiva para
excluir o impedir injustificadamente la participación de otros agentes
económicos.
La presidenta de ProCompetencia resaltó
también que la protección de la competencia debe desarrollarse dentro del
sistema de garantías propio del Estado de Derecho. En ese sentido, señaló que
las potestades de investigación y sanción de las autoridades públicas deben
ejercerse con estricto respeto al debido proceso, la motivación de las
decisiones, la proporcionalidad y la seguridad jurídica.
“El debido proceso no debilita a la
autoridad; la legitima. La eficacia y las garantías no son valores
contrapuestos”, expresó.
República Dominicana ante los desafíos de
una nueva economía
Vásquez Taveras señaló que la República
Dominicana enfrenta el desafío de continuar modernizando su marco jurídico de
defensa de la competencia para responder adecuadamente a mercados muy distintos
de aquellos existentes cuando fue promulgada la Ley núm. 42-08, en 2008.
Indicó que las plataformas digitales, los
datos, los algoritmos, la inteligencia artificial, las operaciones
transfronterizas y los procesos de concentración económica plantean nuevas
realidades que requieren instrumentos jurídicos e institucionales adecuados.
En ese contexto, destacó que la
actualización del régimen dominicano debe contemplar, entre otros aspectos, un
sistema general de control de concentraciones económicas y, al mismo tiempo,
responder a la evolución constitucional experimentada por el país desde 2008,
particularmente a partir de la Constitución de 2010 y de la Ley núm. 107-13
sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración.
“La República Dominicana necesita una
legislación de competencia económicamente moderna y constitucionalmente garantista,
capaz de responder a los mercados actuales y, al mismo tiempo, ofrecer
seguridad jurídica y garantías a todos los agentes económicos”, sostuvo.
La presidenta de ProCompetencia destacó
finalmente que la política de competencia adquiere una dimensión especialmente
concreta en ámbitos como la contratación pública, donde una competencia
efectiva contribuye al uso eficiente de los recursos del Estado, y en el acceso
a los mercados, donde la eliminación de barreras artificiales amplía las
oportunidades para emprendedores y empresas.
Vásquez Taveras concluyó señalando que la
protección de la competencia debe entenderse como parte de una arquitectura
institucional más amplia orientada a promover mercados abiertos, igualdad de
oportunidades, desarrollo económico y efectividad de los derechos dentro del
Estado Social y Democrático de Derecho.
