Denuncia estafa de empresa de la construcción a dominicanos en EEUU

Por Víctor Gómez

NUEVA YORK.- El dominicano residente en los Estados Unidos de Norteamérica, José M. Santiago Toribio, demandó de las autoridades del país a poner freno a la reiterada practica de estafas ejecutadas por empresas constructoras que ofrecen facilidades para la adquisición de viviendas y resultan ser un comprobado fraude económico.

Santiago Toribio, quien viene recorriendo un calvario desde el año 2015 con una reconocida constructora dominicana que se comprometió a entregarle un apartamento en Cerro Alto de Santiago, luego de este haber cumplido con la cuota de separación y el pago completo del inicial, dijo que han resultado infructuosos los requerimientos por diferentes vías de la devolución del dinero, siendo objeto de una aparente estafa comercial.

Se queja de que honró  su parte del contrato haciendo pagos mensuales de $1217.18 dólares desde el 30 de abril del 2016 hasta el día 30 de septiembre del 2017, totalizando la cantidad requerida por la empresa constructora de 22,909.20, pero que de ahí en adelante todo ha sido un calvario cuesta arriba y un dolor de cabeza pues dicha empresa y sus propietarios no han cumplido ningunos de los compromisos que han acordado.

Llamó a las autoridades dominicanas correspondientes a tomar carta en el asunto, pues al igual que él, miles de dominicanos son engañados con la misma práctica fraudulenta sin que se le ponga un freno ni se sancione de manera ejemplar a las empresas que de manera reiterada incurren en esa acción.

José M. Santiago Toribio resalta que ha aceptado todas las condiciones para que se le devuelva su dinero invertido pero que hasta la fecha ha resultado imposible lograr que la empresa que se comprometió a entregarle la vivienda en el Residencial Harmony III, Edificio número 6 apartamento 4-1 jardín número 2 Cerro Alto Santiago, le retorne la suma aportada por él.

El denunciante señala que la empresa que le adeuda la suma mencionada se da a la práctica de cancelar empleados que han asumido compromisos de devolución de dinero cuando no han cumplido lo pactado, dice además que la empresa en cuestión asumen postura de desconocimiento de lo acontecido como táctica dilatoria para cumplir sus compromisos.

Santiago Toribio entiende que las autoridades dominicanas deben velar por una real seguridad jurídica nacional, pues es penoso que dominicanos que se van a un exilio económico y quieren luego invertir en su tierra, empresas se dediquen a estafarlos.

Dijo que hace la denuncia en los medios de comunicación para alertar a otros dominicanos sobre esa práctica inmoral en contra de esforzados dominicanos que con el sudor de su trabajo ahorran para adquirir una propiedad 

                                                                                                               

“Estamos solicitando la ayuda de los medios de comunicación no solo para que la constructora con sede en la República Dominicana me devuelva el dinero que me adeuda, sino también para que paren los abusos a los cuales me han sometido los ejecutivos de dicha empresa, aunque sabemos que no soy ni el primero ni ultimo que ha pasado o está pasando por dicha situación con la referida empresa, por lo que llamo a todos los afectados unirse  a mi voz para recuperar lo que tanto esfuerzos y sacrificios logramos adquirir”, finalizó diciendo.

Schneiderman anuncia acuerdo por $298,000 con concesionario Nissan de New Rochelle

Cobraba a los consumidores fraudulentos servicios de protección contra robo

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo de $ 298.000 con Pana Nissan, LLC (d / b / a Nissan de New Rochelle) por engañar a cientos de consumidores con un producto antirrobo no deseado y falso que costó hasta miles de dólares por consumidor. Este servicio, conocido como producto "postventa", se añadía a menudo al costo final del vehículo sin el consentimiento o el conocimiento del consumidor, después de que el cliente había acordado el precio de compra de un vehículo, pero antes de finalizar la transacción de venta.

“Los consumidores no deberían tener que preocuparse de que están siendo engañados con la adición de productos y servicios fraudulentos cuando compran un vehículo”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Comprar un auto es una inversión importante para muchas familias, y añadirle miles de dólares puede convertirse en una carga financiera significativa. Me complace que podamos devolver cientos de miles de dólares en restitución a los casi 300 consumidores que fueron estafados y defraudados”.

Tras una querella de un consumidor en agosto de 2015 de que Nissan de New Rochelle había vendido fraudulentamente un producto de la posventa, la fiscalía comenzó una investigación sobre las prácticas del concesionario. La investigación encontró que Nissan de New Rochelle vendió a cientos de consumidores un producto llamado Protección de Pérdida Total, que estaba destinado a servir como una protección contra robo. Se les cobró por este concepto a los consumidores cantidades que van desde $215 a más de $5.000. En muchos casos, Nissan de New Rochelle añadió esta tarifa al precio de venta final sin el conocimiento o consentimiento de los consumidores. Como resultado, el precio final pagado por los consumidores fue inflado por la cantidad cobrada por el producto posventa.

Además, Nissan de New Rochelle no reveló claramente la naturaleza del producto post-venta a sus clientes. El producto "Protección de Pérdida Total" o "Garantía de Protección de Pérdida Total" fue anunciado como un grabado permanente en el NIV del vehículo o un número de serie registrado en las ventanas del vehículo, supuestamente para disuadir el robo. Sin embargo, Nissan New Rochelle realmente no grabó lo prometido en el VIN en las ventanas de los vehículos. En cambio, para algunos vehículos, la concesionaria colocó calcomanías adhesivas con números de registro asignados en el marco o interior de la puerta o donde nadie podía verlos, por lo tanto, no tenía ningún efecto disuasorio. Para otros vehículos, el concesionario ni siquiera proporcionó adhesivas o calcomanías.

A los consumidores también se les hizo creer que habría un crédito garantizado de hasta $3.000 o $5.000 para la compra de un nuevo vehículo en caso de que su coche sea robado. Sin embargo, existían numerosas condiciones y limitaciones, tales como que el crédito no se aplicaría si eliminaba el beneficio del concesionario en la venta, lo que hacía ilusorio el "crédito". Sólo un consumidor recibió un crédito a través del programa de protección contra pérdidas totales.

Según el acuerdo, Nissan de New Rochelle devolverá $276,127 a 298 consumidores a quienes se les cobró una tarifa adicional por el producto de Protección de Pérdida Total. Además de la restitución, el concesionario también pagará $22.084 en multas, honorarios y costos para el Estado. El concesionario también ha acordado ciertas reformas a sus prácticas de ventas, incluyendo:

Descubrir plenamente que todos y cada uno de los servicios o productos posventa son opcionales y que el precio es negociable; Explicar claramente a cada consumidor todos y cada uno de los servicios o productos posventa ofrecidos por el concesionario; y sólo agregar un servicio o producto post-venta a la factura final con el conocimiento y consentimiento total del consumidor.

Este acuerdo es parte de la iniciativa más amplia del Fiscal General para poner fin a la práctica de muchos concesionarios de "agrupar", o ilegalmente sobrecargar a los consumidores por productos y servicios sin su conocimiento o consentimiento.

El caso fue manejado por la Fiscal Adjunta Sandra Giorno-Tocco con la ayuda del Investigador del Departamento Jurídico Peter Schottenfeld, el Representante sobre Fraudes del Consumidor John Katzenstein y el Interno Scott Trivella, bajo la supervisión de Gary Brown, Fiscal  Adjunto de Westchester Oficina Regional, y Martin J. Mack, Fiscal Ejecutivo Adjunto de Asuntos Regionales.