Por Mariluz
Fermín
El Gobierno acaba de anunciar,
a través del Ministro de Hacienda, que tomará un nuevo préstamo por un monto de
RD$ 189 mil millones, de los cuales unos 73 mil millones se utilizarán para
cubrir el déficit previsto para el presupuesto del 2016 y el resto, unos 116
mil millones, para pagar el servicio de la deuda acumulada al 2015.
Ese anuncio hecho de esa forma plantea de inmediato algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿Cuántos millones se han tomado prestados en lo que va del 2015 para cubrir deudas y qué se ha hecho con esos préstamos? ¿Cuánto de lo tomado prestado se ha aplicado a la deuda? ¿Por qué un monto tan alto de unos 116 mil millones para pagar la deuda del 2015, cuando el déficit que se previó para ese mismo año fue de un monto de poco más de 73 mil millones? Estas preguntas ponen de relieve la necesidad de que el Gobierno sea más claro o, como se dice ahora más transparente.
Ese anuncio hecho de esa forma plantea de inmediato algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿Cuántos millones se han tomado prestados en lo que va del 2015 para cubrir deudas y qué se ha hecho con esos préstamos? ¿Cuánto de lo tomado prestado se ha aplicado a la deuda? ¿Por qué un monto tan alto de unos 116 mil millones para pagar la deuda del 2015, cuando el déficit que se previó para ese mismo año fue de un monto de poco más de 73 mil millones? Estas preguntas ponen de relieve la necesidad de que el Gobierno sea más claro o, como se dice ahora más transparente.
Mientras no se cuenten con
claridad esas cuentas se hace razonable que la gente común asocie ese
anuncio de un nuevo préstamo tan voluminoso, equivalente a unos 4,200
millones de dólares, con el financiamiento requerido para aplicarlo a la
campaña electoral para la reelección. Esa es una sospecha razonable. Pero lo
que está de fondo con ese manejo de las fianzas públicas es que el gobierno
sigue como su antecesor atado a un modelo presupuestal basado en el
endeudamiento cada vez más preocupante; el déficit fiscal elevado y crónico;
los reajustes tributarios como ya se vaticina con el próximo “paquetazo”
fiscal; y los exagerados gastos corrientes, sobretodo en gastos del personal
supernumerario, consecuencia de una estrategia de gobernabilidad fundamentada
en el clientelismo patrimonialista.
Ese manejo de las finanzas
públicas no solo pone en peligro la soberanía fiscal de la República, como ha
sucedido en algunos países de la vieja Europa y a nuestro propio país en
tiempos históricos, sino que la misma tiende al derroche de los recursos y a la
pérdida del país de la oportunidad de aplicar los grandes volúmenes de recursos
allegados, a los renglones económicos y sociales que fomenten el desarrollo
sostenible que la propia ONU ha asumido, recientemente, como meta de los
países.
En consecuencia, esa forma de
dilapidar los recursos, unido al flagelo asociado de la corrupción, hacen que
la Nación tenga que pagar un altísimo costo de oportunidad, que hasta ahora
solo ha servido para enriquecer a unos cuantos oligarcas, viejos y nuevos, y
para crear una gran incertidumbre y desesperanza en la mayoría de la población
que resulta excluida de los beneficios del crecimiento económico.
Cambio de rumbo
Por esas razones es que se
justifica y se hace necesario un cambio de rumbo, que sanee el manejo
presupuestal que la nueva clase gobernante ha instaurado, para que el país haga
un uso más racional de los recursos públicos y presupuestales, que permita
enrumbar al país hacia un estado de prosperidad, orden y seguridad para todos.
¡Cuidado, pues, con ese
alocado endeudamiento!
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