martes, 13 de mayo de 2014

Anuncian recurso ante el TC contra acción arbitraria de INDOTEL


SANTO DOMINGO, R.D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) hizo hoy un llamado a las compañías telefónicas que recientemente resultaron irregularmente adjudicatarias de frecuencias radiofónicas para telefonía móvil, a no apresurarse y tener en cuenta que la ilegalidad de la operación será puesta en evidencia más temprano que tarde.

Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad, reveló nuevas anomalías e irregularidades altamente preocupantes en el caso de INDOTEL, cuyo presidente, sintiéndose lamentablemente por encima de la ley, otorgó la adjudicación de radiofrecuencias a pesar de que el órgano rector de las contrataciones públicas ha abierto una investigación al respecto.

Gedeón Santos, que aspira a Presidente de la República, pisotea todas las leyes y las reglas más elementales de la prudencia, dijo Potentini, afirmando que el referido funcionario ni siquiera responde las solicitudes de acceso a la información que se le han hecho a INDOTEL, ni en el caso de las telefónicas ni en otros casos.

La adjudicación al vapor de las radiofrecuencias que pertenecen al Estado dominicano, han tenido lugar como si se tratara de un milagro de reencarnación, luego de un largo letargo que mantuvo paralizada la licitación por espacio de casi tres años, pese a que las condiciones habían variado en muchos sentidos, la misma reabierta recientemente contrariando la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el estado.

Lo cierto es que estamos en presencia de una licitación ilegal e irregular donde estudiaron por resolución una cosa, y a la hora de vender adicionaron otra, además de hacer la licitación  con un Comité de evaluación ilegalmente creado por INDOTEL, entre otras irregularidades.

La FJT anunció igualmente que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Superior Administrativo, y procederá ante los tribunales ordinarios contra INDOTEL por el olímpico desprecio de la ley que ha marcado sus últimas ejecutorias, producto de la soberbia que campea por sus fueros en esa institución pública.


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