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miércoles, 15 de octubre de 2025

Empresas extranjeras y locales bajo observación: intervenciones revelan irregularidades en República Dominicana

Por Yanet Girón

 

En los últimos días, varias empresas extranjeras, principalmente de origen chino, han sido intervenidas y cerradas por las autoridades dominicanas debido a presuntas irregularidades en sus operaciones. Estas acciones, ejecutadas en distintos puntos del país, han despertado la atención pública y reabierto el debate sobre el control estatal y la transparencia en el sector empresarial.

 

Durante un recorrido reciente, se observaron dos tiendas chinas clausuradas, donde las autoridades habrían detectado faltas en permisos de operación y registros fiscales. Situaciones como estas reflejan vacíos en la supervisión institucional, ya que muchos negocios logran establecerse y operar por largo tiempo sin una inspección formal ni control técnico.

 

Expertos en temas económicos advierten que este tipo de prácticas afecta directamente la competencia leal. Al evadir impuestos y reducir sus costos, estas empresas pueden ofrecer productos a precios inferiores a los del comercio formal, provocando un desequilibrio en el mercado y reduciendo los ingresos fiscales del Estado.

 

Pero el impacto no es solo económico. Detrás de esas operaciones hay una realidad laboral que preocupa. Muchos de estos establecimientos emplean trabajadores extranjeros y dominicanos en condiciones precarias, recibiendo salarios muy por debajo del mínimo establecido y sin acceso a la seguridad social. En la mayoría de los casos, antes de cumplir los tres meses de trabajo, son despedidos sin liquidación, sin prestaciones y sin el pago correspondiente al doble sueldo o las vacaciones acumuladas.

 

Estas acciones, además de inhumanas, violan la legislación laboral dominicana y exponen la falta de vigilancia por parte de las instituciones competentes. Los trabajadores quedan desprotegidos, mientras las empresas continúan beneficiándose de la informalidad y del silencio administrativo.

 

A esto se suma la preocupación por los productos que ofrecen: muchos ingresan al país sin certificación ni control de calidad, lo que representa un riesgo para los consumidores y un golpe para los comercios que sí cumplen con las normas.

 

Aunque las autoridades han comenzado a realizar operativos y cierres, las medidas parecen llegar tarde. Muchos de estos locales funcionan desde hace tiempo a plena vista, lo que deja abierta la pregunta de por qué no fueron inspeccionados desde el inicio o si simplemente hubo permisividad.

 

La inversión extranjera es necesaria y bienvenida, pero no puede sostenerse sobre la base de la explotación laboral ni la evasión fiscal. El desarrollo económico de la República Dominicana debe estar respaldado por leyes claras, respeto a los derechos humanos y justicia social.

 

Los recientes cierres deben servir como advertencia y punto de reflexión. Es urgente fortalecer los mecanismos de control, garantizar condiciones laborales dignas y promover un sistema empresarial que crezca dentro de la legalidad, en beneficio del país y de su gente.

 

 

 

La autora es modelo, periodista y locutora y vive en Santo Domingo Norte.

 

miércoles, 21 de mayo de 2025

Cuando la comunicación se prostituye: el chantaje como espectáculo

Por Yanet Girón

 

Hace días cargo una rabia en el pecho. La siento cada vez que veo a supuestos comunicadores convertir el micrófono en un arma y la información en chantaje. La comunicación, por vocación, debe servir a la verdad y a la gente. Pero lo que hoy vemos es otra cosa: morbo, amenazas veladas y un afán de destruir bajo la excusa de “denunciar”.

 

Hay quienes ni siquiera tienen formación, y viven del escándalo. Pero más grave aún son los profesionales que, con título en mano, han cambiado los principios por el dinero fácil. Usan la vida íntima de otros como moneda de cambio. Si la víctima no cede, intensifican el ataque hasta romper su imagen pública.

 

Y aclaremos algo: la vida privada no es de interés público si no causa daño social. La orientación, los gustos, lo íntimo… no justifican escarnio ni chantaje. En un país donde la doble moral es pan de cada día, el periodista no puede prestarse a ser verdugo de esa hipocresía.

 

El deber del comunicador es fiscalizar al poder, no hurgar en las sábanas ajenas. Es servir, no extorsionar. Se comenta en pasillos que algunos cobran por callar o por atacar. Si esto es cierto, estamos ante una traición profunda al oficio. Pero no todos son así: aún hay colegas íntegros, comprometidos con la ética y la verdad. A ellos, mi respeto.

 

La comunicación no es espectáculo de miseria humana. Es compromiso con la dignidad. El que la prostituye, pierde el derecho a llamarse comunicador.