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domingo, 16 de febrero de 2025

Mediante sentencias: Tribunal Constitucional y TSA confirman legalidad del reglamento de Roaming nacional emitido por INDOTEL

Santo Domingo, R. D.- El Tribunal Constitucional de República Dominicana (TC) y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) establecieron mediante sendas sentencias, la legalidad de la Resolución número 070-2023 emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y la legitimidad del organismo regulador para adoptarla.

 

En su sentencia, el TC rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por Altice Dominicana y la Compañía Dominicana de Teléfonos (Claro), contra la Resolución número 070-2023, emitida por el INDOTEL.  Esta resolución establece el Reglamento del Servicio de Itinerancia (Roaming) Automático Nacional (RAN) en beneficio de los usuarios del servicio telefónico. Con esta medida, el alto tribunal ha confirmado que no se está limitando el derecho de propiedad de las prestadoras propietarias de la red.

 

En cambio, este Tribunal habilita para que las prestadoras, temporalmente, tengan acceso a los servicios que por ellas se pueden prestar cuando las condiciones son difíciles de replicar la infraestructura, pagando un precio basado en el costo del servicio más una remuneración razonable de la inversión realizada. Para los usuarios, el servicio de RAN no significará cargos adicionales.

 

En tanto que el TSA, a través de su Cuarta Sala, decidió los recursos contenciosos interpuestos, ratificando la facultad que la Ley General de Telecomunicaciones le da al INDOTEL para asegurar el derecho de información y comunicación según las disposiciones de este texto legal.

 

En una nota enviada a los medios, INDOTEL explicó que con la medida se busca establecer reglas que promuevan la competencia y eviten distorsiones en el mercado. Esto permitirá que, mediante acuerdos libremente negociados, un operador (red de origen) pueda hacer uso de la red de otro (red visitada) en los lugares donde no tiene cobertura o infraestructura propia, sujeto a las condiciones de uso y pago por acceder a esa infraestructura.

 

El reglamento establece que ambas prestadoras (de red de origen y red visitada) cuenten con condiciones técnicas adecuadas que no degraden la calidad de los servicios de voz, SMS y datos, de acuerdo con las normativas vigentes para la prestación de servicios móviles.

 

La puesta en vigencia de este reglamento promueve la competencia, facilita la entrada de nuevos operadores, mejorar la cobertura de los pequeños operadores y fortalece la penetración de servicios por operadores, pudiendo reducir la concentración de mercado.   

 

Asimismo, el reglamento establece que no se requiere de una solicitud del usuario para su implementación. Las prestadoras interconectadas están llamadas a facilitar esta herramienta a nivel de sus redes mediante un proceso automático de autenticación, registro y activación. El servicio del usuario cambiará de la red de origen a la red visitante, y viceversa sin demoras ni interrupciones perceptibles.

 

Los usuarios serán informados por su prestadora de las zonas de cobertura propias, las zonas de Roaming nacional, las condiciones y restricciones de servicio, así como de los terminales móviles aptos para su realización, informó el INDOTEL.

 

Destacó que la calidad del servicio brindado a los usuarios de la red de origen debe ser igual a la ofrecida a los usuarios locales de la prestadora de la red visitada.

 

El INDOTEL sostuvo que las averías o problemas con el servicio mientras utilicen el RAN serán atendidas directamente por su prestadora. En caso de congestión de las redes por un alza imprevista en el volumen de tráfico generado por la prestadora de la red de origen, la prestadora dueña de la red visitada puede tomar medidas para dar prioridad a sus clientes.

 

Explicó que como beneficios específicos del Roaming nacional en el país, se encuentran minimizar el riesgo de que los usuarios móviles dejen de tener acceso a las telecomunicaciones por limitaciones de cobertura de su proveedor de servicio e incentiva la competencia entre un mayor número de operadores a través de la reducción de las limitaciones de cobertura geográfica.

 

Otros beneficios, fomenta una competencia más equilibrada, estimulando que las empresas se enfoquen en calidad del servicio, variedad de soluciones y precios bajos. 

 

La medida facilita, asimismo, la entrada de nuevas prestadoras de servicio móvil y mejora la experiencia de servicio de los usuarios móviles garantizando la continuidad y calidad del servicio a través de múltiples redes. 

 

Igualmente, favorece el uso eficiente de las inversiones de capital en la infraestructura de redes móviles y presenta más opciones para los usuarios elegir al prestador de servicios que a su criterio le convenga.

 

El INDOTEL señaló que el próximo paso para la puesta en práctica de este servicio será la firma de acuerdos por parte de las prestadoras.

 

miércoles, 19 de julio de 2017

FJT lleva a la Suprema Corte la anulación del contrato de concesión del Vertedero de Duquesa


FJT solicita a Compras y Contrataciones inhabilitación registro de proveedor de Lajun

SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), informó que sometió por ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia un recurso que busca que la Corte de Casación anule una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), sobre la anulación del contrato de concesión para la administración del Vertedero de Duquesa, otorgado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte a la empresa Lajun Corporation.

El presidente de la FJT, Trajano Potentini explicó que la Segunda Sala del TSA, dos años después de haber sido apoderada por esa organización, se destapó con una sentencia que desconoce la calidad de la sociedad, para, a través de los mecanismos establecidos en las leyes, ejerza el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos, según lo dispuesto en el artículo 246 de la Constitución.

Potentini deploró los despropósitos y revés que supone la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que firmaran y suscribieran los señores Diomede Villalona Guerrero, Alina Mora de Mármol y Antonio Sánchez Mejía, al quitarle la posibilidad a los ciudadanos y a las entidades de sociedad civil, la posibilidad de demandar en justicia por las actividades pocos transparentes y violatoria a la constitución y las leyes, tal como lo estableciera previamente contrataciones públicas, no sabemos en que estaban pensando estos jueces, al concretar esta acción antidemocrática y negadora de derechos fundamentales de los ciudadanos.

La organización de sociedad civil manifestó que la sentencia No. 00121 carece de toda lógica, estableciendo erróneamente que el contrato de referencia, fue producto de una “licitación pública nacional,  de los cuales la entidad recurrente no formó parte”, desconociendo que el principal motivo para la entidad demandar la nulidad del contrato es que se suscribió sin previamente realizar una licitación pública, como establece la ley 340-06.

Potentini recordó que la Dirección General de Compras y Contrataciones en su resolución No. 53/2014 dispuso que “Este Órgano Rector no ha podido evidenciar la realización de un procedimiento de Licitación Pública Nacional que vincule el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la razón social Lajun Corporation para la administración del Vertedero de Duquesa, suscrito en fecha primero (1ero) de marzo del dos mil siete (2007) y sus posteriores adendas de fecha veintisiete (27) de abril del dos mil nueve (2009), seis (06) de junio de dos mil once (2011) y diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014)”.

Además, entre las irregularidades y violaciones a la ley que estableció la Dirección de Contrataciones Públicas, mediante la citada resolución, se destacan la no inscripción de Lajun Corporation en el registro de proveedores del Estado, al momento de la contratación.

Además, la falta de un decreto del Poder Ejecutivo previsto para concesiones mayores de 5 años; la no evidencia de haber agotado un proceso de licitación pública nacional para le selección de la mencionada empresa, la ausencia de un seguro para cubrir los riesgo a que estén sujetas las obras, así como la extensión del referido contrato por 15 años más de manera administrativa y sin que mediara licitación alguna.

A juicio de la entidad, este es otro intento de suprimirle a la ciudadanía su calidad para demandar la nulidad de actos que violen la constitución y las leyes, tal como se intentó con la modificación al Código Procesal Penal que pretendía quitarle a la sociedad el derecho de querellarse contra los funcionarios.

Señaló que en virtud de la resolución emitida por la DGCP también le está solicitando a la Dirección de Compras la inhabilitación del registro de proveedores del Estado de Lajun Corporations, anulación que debió operar de oficio atendiendo a lo previsto en el artículo 66 de la ley 340-06 el Órgano Rector inhabilitará de manera permanente un proveedor en el caso de “Celebrar, en complicidad con funcionarios públicos, contratos mediante dispensas del procedimiento de licitación, fuera de las estipulaciones previstas en esta ley”.