Por María Estela de León
El matrimonio infantil es una problemática que se ve en
las mayorías de los países de América Latina y otros continentes, siendo
también la República Dominicana unos de los países donde se visualiza esta
situación.
En la actualidad la corriente internacional es que se
elimine de una vez y por toda, de las legislaciones de los países que aún no lo
han hecho, el matrimonio infantil y la práctica de las uniones con menores de
edad.
En ese sentido se expresaron 8 países que forman parte
del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), organización de la cual
República Dominicana es miembro desde el año 2013. La Nación se coloca dentro
de los Estados que han asumido el compromiso de incorporar el matrimonio a
partir de la edad de 18 años.
Se recuerda que el Estado dominicano es signatario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, compromiso que ratificó en el año de
1991, así lo refiere el Artículo 24, párrafo 3 de este dispositivo
internacional “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas eficaces y
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean
perjudiciales para la salud de los niños”.
Es por ello, que saludamos las iniciativas del gobierno
de crear un plan interinstitucional de acción para erradicar esta práctica
dañina y vergonzosa, enquistada en la simiente de la sociedad, y la derogación
de los artículos 144 y 146 del Código Civil Dominicano.
Con esta postura el país se muestra cónsono con los
compromisos internacionales asumidos a través de los convenios, que buscan
proteger y salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin
embargo, es necesaria la implementación de políticas públicas que vinculen de
forma directa a la familia. Se espera que la discusión en relación al tema no
se centre solo en lo legal y en lo que establecen las legislaciones, sino más
bien que se le preste atención a combatir las causas sociales que dan lugar a
las relaciones tempranas.
En este sentido, creemos necesario que urge la necesidad
de activar los mecanismos preventivos y al mismo tiempo una eficaz política
pública promovida desde el Estado que involucre en primera instancia la familia
como el núcleo social donde cohabitan los infantes y de donde debe venir la
primera formación y educación, todo esto acompañado de un régimen de
consecuencia a todos los niveles, que permita identificar los responsables del
cuido de este segmento importantes de la población.
Es de conocimiento que estas relaciones en su mayoría son
de hecho no de derecho. Prevenir es la clave para la erradicación del
matrimonio infantil, toda vez que se sabe que dentro de las causas que dan
espacio para este tipo uniones están:
La pobreza, ausencia o escasa oportunidad para el acceso
a la educación en la población más vulnerable. A ellos se les suman, la
poca vigilancia del uso de redes sociales, la música sin regulación estatal con
contenido que incitan a la violencia y al uso de sustancias prohibidas, a la
promiscuidad, al irrespeto de figuras, símbolos y las relaciones sexuales de
manera irresponsables.
Ante este drama social, las familias de escasos recursos
encuentran la oportunidad de romper con el círculo de la pobreza y terminan
vendiendo como mercancía al mejor postor las niñas y niños a oportunistas,
depredadores y pedófilos que les venden sueños a cambio de unas cuantas monedas
y unos pocos lujos y acaban atrapados todos en un callejón sin salida.
Concluyo esta mirada al tema con la firme convicción de
que en la familia está la solución y en ella las garantías de criar niños,
niñas y adolescentes sanos, y así tendremos ciudadanos responsables y por vía
de consecuencia un país posible.
La autora es dominicana, periodista y
abogada
