Mostrando entradas con la etiqueta Luis Aníbal Medrano Silverio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Luis Aníbal Medrano Silverio. Mostrar todas las entradas

miércoles, 18 de noviembre de 2026

48 años de CONANI: Casi medio siglo transformando la protección de la niñez dominicana


Por Luis Aníbal Medrano Silverio

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Al arribar a su 48.º aniversario este 23 de noviembre, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) consolida una trayectoria marcada por la evolución institucional y el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de los menores de edad en la República Dominicana.

 

Lo que nació en 1978 por iniciativa de la entonces primera dama doña Renée Klang de Guzmán como un organismo enfocado en la asistencia directa y la investigación social, es hoy el ente rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. A lo largo de casi cinco décadas, la institución ha logrado transformar el paradigma nacional, pasando de una visión benéfica a un modelo garantista respaldado por la Ley 136-03.

 

De la asistencia a la rectoría nacional

 

Uno de los mayores logros históricos de CONANI ha sido su capacidad para articular a los distintos actores del Estado y la sociedad civil. Con la entrada en vigencia del Código para el Sistema de Protección (Ley 136-03), la entidad asumió la rectoría administrativa del sector, logrando descentralizar los servicios a través de oficinas regionales y directorios municipales en todo el territorio nacional.

 

En sus primeras etapas, programas emblemáticos como los Centros Infantiles de Atención Integral (CIANI) y el proyecto "Ayúdame a ser Niño" marcaron un hito en la atención temprana y el rescate de menores en situación de calle. Hoy, ese legado se traduce en una red estructurada de protección integral.

 

Hitos en la restitución de derechos y prevención

 

Durante estas casi cinco décadas, los aportes de CONANI al sector se reflejan en avances tangibles en áreas críticas para el desarrollo infantil:

 

• Fortalecimiento del acogimiento y las adopciones: La institución ha profesionalizado los protocolos de atención en sus hogares de paso, priorizando el derecho de cada niño a vivir en familia mediante el impulso a las familias acogedoras y la agilización transparente de los procesos de adopción nacional e internacional.

 

• Regulación y supervisión del sector: Como órgano fiscalizador, CONANI ha elevado los estándares de calidad y seguridad en el país al implementar rigurosos sistemas de habilitación y supervisión para las organizaciones sin fines de lucro (ONG) y centros privados que brindan servicios a menores de edad.

 

• Combate a problemáticas estructurales: A través de alianzas estratégicas con organismos internacionales y el sector privado, el Consejo ha liderado planes nacionales de alto impacto contra el trabajo infantil, la explotación comercial y las uniones tempranas, logrando posicionar estos temas en el centro de la agenda pública.

 

• Promoción de la crianza positiva: En años recientes, la institución ha apostado por la prevención primaria desde el hogar, llevando programas de educación y sensibilización a miles de familias dominicanas para erradicar la violencia y el maltrato infantil.

 

Una mirada hacia el cincuentenario

 

A dos años de cumplir medio siglo de existencia, el balance de CONANI muestra una institución madura que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Con la mira puesta en la modernización de su marco legal y el abordaje de nuevos desafíos —como la salud mental juvenil y la seguridad en los entornos digitales—, el organismo reafirma su papel insustituible como garante del interés superior de cada niño, niña y adolescente en la República Dominicana.

 

Usamos este espacio para felicitar esa institución, su Directorio Nacional, a la profesora Ligia Pérez Peña, presidenta ejecutiva, a Alexandra Santelises, directora ejecutiva, y a todos sus colaboradores.

 

Aprobado…

 

 

El autor es periodista, municipalista y político.  

 

domingo, 15 de noviembre de 2026

Descripción honesta de las propuestas de Guido Gómez Mazara para preservar el gobierno y la unidad del partido


 Por Luis Aníbal Medrano Silverio

 

De acuerdo con diversas declaraciones públicas y comunicaciones dirigidas a la cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante 2026, Guido Gómez Mazara ha centrado sus propuestas para preservar el gobierno y la cohesión interna en la regulación del proselitismo, la ética administrativa y la profundización de las políticas sociales.

 

En octubre y noviembre de 2026, el dirigente oficialista y presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) detalló estos planteamientos mediante una carta a la Dirección Ejecutiva del partido y diversas intervenciones ante la prensa.

 

Propuestas para preservar la unidad del PRM

 

Protocolo para regular el activismo interno.

 

En una carta enviada el 18 de octubre de 2026 al presidente Luis Abinader y a la Dirección Ejecutiva del PRM, Gómez Mazara solicitó incluir en agenda la regulación de las actividades proselitistas anticipadas. Advirtió que hacer campaña fuera de los plazos establecidos por la legislación electoral genera fricciones que amenazan la estabilidad de la organización.

 

Competencia basada en propuestas y respeto.

 

De acuerdo con declaraciones en noviembre de 2026, el dirigente exhortó a que la carrera interna hacia 2028 se desarrolle sobre la base de trayectorias e ideas. Pidió evitar los insultos, las descalificaciones personales y las presiones sobre dirigentes o militantes para conseguir respaldos.

 

Postergación de definiciones personales.

 

Gómez Mazara afirmó que ningún liderazgo individual debe dividir al partido y anunció que pospondrá hasta 2027 su decisión pública sobre si competirá por la candidatura presidencial o si respaldará a otro aspirante.

 

Actualización y organización de la militancia.

 

El dirigente ha respaldado jornadas internas como el programa #VerifícatePRM para actualizar el padrón y medir el crecimiento territorial de las bases, señalando que la organización interna es clave para sostener el proyecto político.

 

Planteamientos para proteger y dar continuidad al Gobierno

 

Prohibición del uso de recursos públicos en campaña. Gómez Mazara cuestionó el presunto uso de fondos o estructuras del Estado para promover aspiraciones políticas. Aseguró que no utilizará su cargo público para hacer proselitismo y se comprometió a renunciar a sus funciones en el INDOTEL si decide lanzar una candidatura en 2027.

 

Prioridad a la gestión sobre los intereses particulares.

 

El dirigente advirtió que anteponer los proyectos presidenciales individuales a las responsabilidades gubernamentales deteriora la imagen del oficialismo. Recordó que los triunfos electorales de 2020 y 2024 no garantizan un respaldo permanente, sino que la continuidad dependerá de los resultados concretos de la administración.

 

Profundización de políticas sociales y rostro popular.

 

Sostuvo que el Gobierno debe fortalecer los servicios públicos y otorgar un rostro más popular a la gestión. Añadió que es necesario lograr que el crecimiento económico se traduzca en mejoras tangibles para toda la población y ampliar la participación de las bases en la gestión pública.

 

Autocrítica y reconexión con la ciudadanía.

 

Gómez Mazara exhortó a los funcionarios a escuchar las críticas ciudadanas y reconocer errores. Asimismo, señaló la necesidad de reconstruir puentes de entendimiento con diversos sectores sociales para combatir el desencanto ciudadano y la abstención electoral, defendiendo al mismo tiempo las obras ejecutadas por el Gobierno.

 

De acuerdo con análisis políticos de medios dominicanos y las argumentaciones expuestas por el propio Guido Gómez Mazara, estos planteamientos buscan evitar la fragmentación interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y blindar la reputación ético-administrativa del Gobierno frente a la ciudadanía.

 

Analistas y cronistas políticos en la República Dominicana destacan que estas medidas tienen un impacto directo tanto en la estabilidad institucional de la gestión pública como en la competitividad electoral del oficialismo.

 

 

Beneficios para el Partido Revolucionario Moderno (PRM)

 

Prevención de divisiones traumáticas.

 

Establecer un protocolo que regule el proselitismo temprano reduce las fricciones entre los distintos equipos de aspirantes presidenciales. Evitar confrontaciones personales protege la cohesión necesaria para mantener el poder más allá de 2028.

 

Equidad en la competencia interna. Al proponer que ningún aspirante utilice cargos o estructuras del Estado para promoverse, se nivelan las condiciones de participación dentro del partido. Esto disminuye el descontento de las bases y de los dirigentes que no ocupan funciones públicas de alto presupuesto.

 

Fortalecimiento de la estructura territorial. El respaldo a procesos como la actualización del padrón y la inclusión de las bases en la toma de decisiones mantiene activa y motivada a la militancia, lo que resulta fundamental para la movilización en futuros procesos electorales.

 

Cumplimiento de la normativa electoral. Ajustar las actividades internas a los plazos de la Junta Central Electoral (JCE) evita sanciones legales y protege al partido de cuestionamientos públicos por violar la Ley de Partidos y Régimen Electoral.

 

Beneficios para la gestión del Gobierno

 

Protección de la imagen de transparencia

 

El llamado a separar las funciones públicas de las ambiciones electorales respalda la narrativa de ética y lucha contra la corrupción que ha promovido la administración del presidente Luis Abinader. El compromiso de renunciar al cargo en caso de aspirar sienta un precedente de institucionalidad.

 

Enfoque en la ejecución de obras y servicios.

 

Al exigir que los funcionarios prioricen sus responsabilidades administrativas sobre sus proyectos políticos personales, se evita la parálisis o el desvío de atención en las instituciones estatales durante los años previos a las elecciones.

 

Reducción del desgaste político y la abstención.

 

Según ha señalado el propio Gómez Mazara, profundizar las políticas sociales y dar un rostro más popular al Gobierno permite que el crecimiento macroeconómico llegue a los sectores más vulnerables. Esto ayuda a mitigar el descontento social y reduce el riesgo de abstención entre los simpatizantes del oficialismo.

 

Capacidad de rectificación temprana.

 

Fomentar la autocrítica dentro del tren gubernamental permite identificar fallos en los servicios públicos y corregirlos antes de que se conviertan en pasivos electorales irreversibles para el partido en el poder.

 

En resumen, el doctor Guido Gómez Mazara está librando una batalla con armas no tradicionales en un país donde hacen acto de presencia permanente la forma bellaca de hacer política; donde el compañerismo sincero, la solidaridad, el apego a las leyes y reglamentos internos, así como el rescate de los principios democráticos que deben de prevalecer, muchas veces están ausentes en la mente y acciones de determinados lideres políticos.

 

La esperanza es lo ultimo que se pierde, mantenerla es lo ideal para ver si “se cae una viga” y muchos modifican su conducta en favor del gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno.

 

Aprobado…

 

 

El autor es periodista, municipalista y político.  

 

 

miércoles, 11 de noviembre de 2026

Importancia de la crianza positiva para una mejor sociedad

Por Luis Aníbal Medrano Silverio

 

La crianza positiva es fundamental para construir una sociedad más pacífica, empática y funcional, ya que transforma la manera en que las nuevas generaciones gestionan sus emociones y resuelven conflictos. Al sustituir los castigos físicos o humillantes por el respeto mutuo y los límites claros, se rompen ciclos intergeneracionales de violencia desde el hogar.

 

En ese sentido, es de justicia destacar los aportes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), como órgano rector del Sistema Nacional de Protección en la República Dominicana, que ha liderado la promoción de la crianza positiva mediante programas de formación comunitaria, reformas legislativas y alianzas interinstitucionales. Sus esfuerzos buscan erradicar el castigo físico y humillante en los hogares dominicanos, sustituyéndolo por métodos disciplinarios basados en el respeto y el afecto.

 

Entre sus principales aportes e iniciativas de CONANI a fomentar la crianza positiva podemos destacar:

 

• Programa Nacional de Promoción de la Crianza Positiva. Implementado desde 2016, este programa consiste en talleres presenciales estructurados en sesiones prácticas para padres, madres y cuidadores de menores de 0 a 18 años. A través de esta iniciativa se capacita a las familias en técnicas de disciplina sin violencia, manejo de conductas de riesgo y prevención del abuso infantil.

 

• Impulso al marco legal contra el castigo físico. La institución presentó y ha dado seguimiento en el Congreso Nacional al anteproyecto de Ley de Crianza Positiva, Disciplina sin Castigo Físico y Trato Humillante. Asimismo, ha abogado por la actualización de la Ley 136-03 y la reforma del Código Penal para eliminar cualquier ambigüedad legal que justifique el maltrato físico bajo la excusa de corregir o disciplinar.

 

• Integración en políticas de prevención juvenil. En coordinación con el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), CONANI adaptó estos talleres dentro de la Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes (PPA). Esta estrategia ha permitido impactar a decenas de miles de familias y jóvenes en decenas de municipios mediante diálogos comunitarios y jornadas de sensibilización.

 

• Campañas de sensibilización y trabajo en escuelas. A través de campañas nacionales como "Crianza Positiva: Porque podemos hacerlo mejor", la entidad trabaja junto al Ministerio de Educación (MINERD) y la Procuraduría General de la República para orientar a las familias directamente en los centros educativos. También forma agentes multiplicadores en las comunidades para que el mensaje del buen trato se replique de manera sostenida.

 

Todas esas acciones favorables del Conani, sin lugar a duda producen impactos directos en la convivencia social que la crianza positiva genera, entre ellos podemos destacar:

 

• Reducción de la violencia. Erradicar el maltrato infantil evita que los niños normalicen la agresión como herramienta para resolver problemas. Como destaca UNICEF, el buen trato garantiza los derechos de la infancia y sienta las bases para entornos comunitarios seguros.

 

• Desarrollo de la empatía y conducta prosocial. Los niños criados con afecto y escucha activa aprenden a ponerse en el lugar de los demás. Investigaciones sobre el bienestar adolescente, reseñadas en el blog educativo de Red Educa, confirman que este enfoque impulsa conductas solidarias y de cooperación.

 

• Ciudadanos con pensamiento crítico. Educar sin miedo fomenta que los jóvenes actúen por convicción ética y no por temor al castigo. Esto forma adultos autónomos, responsables y capaces de participar de manera constructiva en su comunidad.

 

Beneficios en el desarrollo individual que trascienden al colectivo

 

• Mejor salud mental y regulación emocional. Validar los sentimientos infantiles enseña a las personas a manejar el estrés y la frustración sin recurrir a conductas destructivas. Este acompañamiento fortalece la autoestima y el equilibrio psicológico a largo plazo.

 

• Habilidades de comunicación y diálogo. El hogar funciona como la primera escuela de resolución de conflictos. Quienes aprenden a negociar y expresar desacuerdos con calma en familia replican esas mismas habilidades en sus escuelas, trabajos y relaciones ciudadanas.

 

La diferencia fundamental entre estos tres estilos radica en el equilibrio entre el afecto (sensibilidad emocional) y la firmeza (establecimiento de límites). Mientras que la crianza autoritaria prioriza el control sin calidez y la permisiva ofrece afecto sin estructura, la crianza positiva combina ambos elementos con respeto mutuo.

 

Aspectos clave para distinguirlos en la práctica

 

• El rol de la firmeza. En la crianza positiva, ser firme significa sostener el límite con calma y respeto hacia uno mismo y hacia el niño. En el estilo autoritario, la firmeza se confunde con rigidez y dominación.

 

• La gestión del conflicto. Ante un berrinche o desacuerdo, el enfoque permisivo cede para que el niño deje de llorar, y el autoritario lo reprime con amenazas. El enfoque positivo acompaña la emoción sin ceder en la norma necesaria para su bienestar.

 

Para aplicar límites sin violencia, la estrategia debe adaptarse al nivel de desarrollo cerebral y emocional de cada etapa, combinando siempre la validación del sentimiento con la firmeza en la norma. A medida que los hijos crecen, el enfoque evoluciona desde la redirección física en la primera infancia hasta la negociación de acuerdos en la adolescencia.

 

 

El autor es periodista, municipalista y político.

 

 

viernes, 6 de noviembre de 2026

El periodismo de chantaje, negocio próspero en República Dominicana


 

Por Luis Anibal Medrano Silverio

 

El denominado «chantaje mediático» o «sicariato de la información» se ha consolidado en la República Dominicana como un esquema paralelo y altamente lucrativo que desvirtúa el ejercicio periodístico tradicional. Esta práctica, operada tanto por comunicadores empíricos como por plataformas digitales y generadores de contenido, utiliza la difamación y la presión pública organizada para extorsionar a empresarios, funcionarios públicos y figuras políticas a cambio de beneficios económicos, contratos o pautas publicitarias.

 

Mecánica de la «Empresa del Chantaje»

 

Diversos líderes de opinión y analistas locales coinciden en que este fenómeno funciona bajo una estructura corporativa de la extorsión:

 

• Fabricación de campañas: Se estructuran falsas acusaciones, rumores o ataques morales sistemáticos contra la reputación de una persona o institución.

 

• La oferta de contención: Tras iniciar el asedio digital o radiofónico, los operadores presentan propuestas económicas o contratos de asesoría/publicidad como la única vía para detener los ataques públicos.

 

• Usurpación de funciones: El auge de las redes sociales y programas de panel independientes ha facilitado que actores sin formación ética ni credenciales profesionales («influencers» o comunicadores denominados popularmente como Pica Pica) asuman roles periodísticos para presionar de forma ilegítima.

 

Impacto en la sociedad y la democracia

 

Los principales diarios y gremios del país señalan que este ecosistema afecta múltiples aristas del orden nacional:

 

1. Inseguridad jurídica y económica: Sectores productivos clave, como el desarrollo hotelero e inmobiliario en polos turísticos (por ejemplo, la zona de Punta Cana-Bávaro), sufren persecuciones mediáticas destinadas a frenar inversiones si no se cede ante extorsiones.

 

2. Erosión de la credibilidad: Al utilizar los micrófonos y los algoritmos de visualización como herramientas de negociación privada, se desgasta la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación legítimos que sí realizan fiscalización social fundamentada en hechos probados.

 

3. Daño reputacional permanente: Aunque las tendencias en redes sociales son pasajeras, las campañas de descrédito causan perjuicios prolongados a la honra de individuos y empresas.

 

Organismos de prensa y analistas jurídicos insisten en que combatir este modelo de negocios no requiere censura ni el silenciamiento de voces disidentes, sino la aplicación estricta de la institucionalidad y el marco legal vigente en materia de difamación, injuria y delitos de alta tecnología, garantizando un debate público basado en la veracidad y la responsabilidad penal del emisor.

 

Para combatir eficazmente el periodismo de chantaje y el "sicariato mediático" en la República Dominicana, los expertos y gremios coinciden en que no existe una solución única. El mecanismo ideal requiere una estrategia integral y coordinada que combine reformas legales, asfixia financiera, autorregulación y educación ciudadana.

 

A continuación, se detallan las acciones clave que componen este frente de combate:

 

1. Marco legal y sanción judicial efectiva

 

El pilar judicial es el más urgente para acabar con la impunidad de los extorsionadores.

 

• Modernización de la Ley 6132: Modificar la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento para adaptarla a la era digital, tipificando claramente el uso de plataformas web y redes sociales como agravantes en delitos de difamación con fines extorsivos.

 

• Aplicación rigurosa del Código Penal: Perseguir el chantaje no solo como un delito de prensa, sino como un delito penal de extorsión y asociación de malhechores, lo que conlleva penas de prisión y no solo multas económicas.

 

• Fiscalías especializadas: Crear unidades en el Ministerio Público dedicadas exclusivamente a Delitos de Alta Tecnología (DICAT) con capacidad técnica para rastrear campañas de descrédito coordinadas (redes de bots y cuentas falsas).

 

2. "Asfixia financiera" por parte del sector público y privado

 

El chantaje prospera porque genera dinero. Cortar el flujo de recursos de estas plataformas es el mecanismo más rápido para desmantelarlas.

 

• Depuración de la pauta estatal: El Gobierno dominicano debe aplicar criterios estrictos de idoneidad, alcance real y ética profesional al asignar publicidad oficial, vetando a programas dedicados a la difamación.

 

• Políticas corporativas éticas: Las empresas privadas deben comprometerse a no ceder al chantaje. Pagar por el silencio financia futuros ataques. El sector empresarial debe canalizar sus denuncias por la vía legal y retirar publicidad de medios que utilicen malas prácticas.

 

3. Fortalecimiento gremial y colegiación

 

Las organizaciones que agrupan a los profesionales de la comunicación juegan un rol de arbitraje y depuración.

 

• Tribunales disciplinarios activos: El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) deben aplicar sanciones públicas, suspensiones y expulsiones a miembros que violen el código de ética.

 

• Certificación y deslinde: Crear mecanismos públicos de verificación para que la ciudadanía y los anunciantes puedan distinguir entre un periodista profesional o medio legítimo y un "enganchado" digital o extorsionador.

 

4. Educación y responsabilidad de las audiencias

 

El público general alimenta el negocio al consumir y replicar el contenido sensacionalista.

 

• Alfabetización mediática: Fomentar en la ciudadanía la capacidad de verificar fuentes y dudar de informaciones escandalosas sin sustento.

 

• Cultura de la denuncia en redes: Incentivar el reporte masivo y la denuncia en plataformas como YouTube, Facebook o X de aquellas cuentas que violen las políticas comunitarias de acoso, difamación y extorsión, logrando la desmonetización o el cierre de sus canales.

 

 

 

 

 

 

 

Para combatir eficazmente el periodismo de chantaje en la República Dominicana sin caer en la censura previa o el silenciamiento de la prensa libre, el consenso de juristas, gremios de prensa y expertos apunta a un mecanismo integral basado en la reforma legal civil, la persecución penal de la extorsión digital y la asfixia financiera de los extorsionadores.

 

El equilibrio óptimo consiste en diferenciar jurídicamente la legítima crítica periodística (que debe estar protegida) de la extorsión pura y dura camuflada de información.

 

1. Despenalización de los delitos de opinión y fortalecimiento de la vía civil

 

La legislación tradicional dominicana (la obsoleta Ley 61-32 de 1962) contempla penas de prisión para la difamación, lo que suele ser usado por el poder para intimidar a periodistas serios. La Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y juristas proponen cambiar el enfoque:

 

• Eliminar la cárcel para la difamación ordinaria: Evita que se creen «leyes mordaza» que limiten el debate público.

 

• Establecer sanciones civiles severas y proporcionales: El mecanismo idóneo es el castigo económico. Indemnizaciones multimillonarias indexadas al daño reputacional real provocado a empresas o individuos desincentivan el negocio del chantaje, volviéndolo financieramente inviable.

 

2. Tipificación precisa del «Chantaje Extorsivo» en el Código Penal

 

Para frenar a los extorsionadores mediáticos, instituciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) han señalado que el mecanismo penal debe enfocarse estrictamente en la coacción.

 

• El detonante económico: No se debe penalizar la publicación de una denuncia o rumor, sino el acto de solicitar dinero, contratos o pautas publicitarias a cambio de retirar o no publicar dicha información.

 

• Si se demuestra el flujo o la solicitud de un beneficio económico bajo amenaza de difusión, el acto deja de ser un delito de prensa y se convierte en un delito ordinario de extorsión (con penas severas, como las contempladas en las reformas del Código Penal).

 

 

El autor es periodista, municipalista y político.

 

miércoles, 4 de noviembre de 2026

¿Huelga Médica?




Por Luis Aníbal Medrano Silverio

 

Durante sus periodos de gobierno, el comportamiento del presidente Luis Abinader hacia la clase médica dominicana se ha caracterizado por una política de apertura al diálogo, la firma de acuerdos reivindicativos históricos y sustanciales mejoras salariales y laborales. A pesar de las naturales tensiones y convocatorias a huelga propias de las demandas gremiales, el mandatario ha mantenido una postura receptiva que ha sido reconocida de manera pública por directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD).

 

Los aspectos más destacados de su comportamiento y gestión en favor de los médicos incluyen:

 

• Aumentos salariales significativos: Al inicio de su gestión en diciembre de 2020, firmó un acuerdo que otorgó un incremento del 30% al salario base y al incentivo por antigüedad de los médicos del sector público. Posteriormente, se implementó otro aumento escalonado del 25% aplicado entre 2025 y enero de 2026 para médicos del Servicio Nacional de Salud (SNS), Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión, el servicio de emergencia y Conape.

 

• Disposición constante al diálogo directo: Abinader ha intervenido personalmente para frenar paros nacionales convocados por el gremio. En momentos de alta tensión, ha convocado directamente a la junta directiva del CMD al Palacio Nacional para revisar y negociar pliegos de demandas laborales, como las tarifas de las guardias presenciales y la seguridad en los hospitales.

 

• Mejora de la infraestructura hospitalaria: La dignificación del trabajo médico ha estado vinculada al remozamiento y equipamiento de más de 90 hospitales y unos 600 Centros de Primer Nivel de Atención. Esto les ha permitido disponer de mejores condiciones y equipos para ejercer su profesión de manera óptima.

 

• Inclusión en la toma de decisiones: Durante la crisis sanitaria del COVID-19, el mandatario integró formalmente a representantes del CMD en las mesas de trabajo y agendas del Gabinete de Salud, validando sus criterios técnicos y científicos en la gestión de la pandemia.

 

• Facilidades de exequátur y contrataciones: Al inicio de su mandato, agilizó la entrega de cientos de exequátur a nuevos profesionales de la medicina para su inserción inmediata en el mercado laboral y contrató a personal de refuerzo para mitigar la sobrecarga en los centros de salud.

 

Incluso líderes históricos del gremio con un perfil combativo, como el doctor Waldo Ariel Suero, han manifestado públicamente que Abinader figura como uno de los presidentes que más ha aportado a la clase médica dominicana debido al cumplimiento de los compromisos pactados.

 

En materia de infraestructura y mantenimiento hospitalario, el desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader se ha enfocado en una estrategia masiva de remozamiento de plantas físicas preexistentes, la construcción de nuevos hospitales especializados y un agresivo plan de equipamiento médico moderno.

 

A través del Servicio Nacional de Salud (SNS), la inversión acumulada ha buscado descentralizar los servicios y saldar deudas históricas de infraestructuras que estuvieron abandonadas por décadas.

 

El balance de su gestión en infraestructura hospitalaria se consolida bajo los siguientes pilares:

 

Construcción y Apertura de Nuevos Centros

 

• Hospitales entregados: En sus rendiciones de cuentas se destaca la entrega de decenas de nuevos hospitales y centros de atención especializada distribuidos en todo el territorio nacional (incluyendo hitos recientes como la apertura de 30 centros sanitarios consolidados durante el año 2025).

• Infraestructuras recuperadas: Destaca el rescate de obras paralizadas por más de 20 años, como el Hospital Municipal Hacienda Estrella, entregado completamente renovado y equipado con tecnología de vanguardia.

 

Expansión de la Red Nacional de Trauma

 

• Multiplicación de centros traumatológicos: Para descentralizar la atención de emergencias viales, el gobierno puso en funcionamiento nuevos hospitales traumatológicos regionales en Azua e Higüey.

 

• Proyecciones a corto plazo: Con el fin de expandir la red, se encuentran bajo construcción y desarrollo avanzado los hospitales traumatológicos de Sosúa (Puerto Plata), Yaguate (San Cristóbal) y Mao (Valverde), con la meta de alcanzar un total de 8 centros especializados.

 

Remozamiento Integral y Atención Primaria

 

• Ampliación de Emergencias: Se han intervenido y expandido estructuralmente más de 34 áreas de emergencias en hospitales municipales y regionales para mitigar el hacinamiento y optimizar el flujo de pacientes.

 

• Primer Nivel de Atención: Se han remodelado y adecuado de forma integral más de 680 Unidades de Atención Primaria (UNAP) y Centros Clínicos de Diagnóstico (como el recientemente entregado en Dajabón), garantizando el acceso a la salud preventiva en comunidades vulnerables.

 

Inversión en Equipamiento Tecnológico

 

• Presupuesto récord en equipos: Paralelamente al mantenimiento estructural, se han invertido más de RD$3,500 millones en dispositivos médicos distribuidos en 270 instituciones. Esto incluye la habilitación de nuevas unidades de atención oncológica en zonas rurales (como Monte Plata y Cotuí) y la Red Nacional de Pie Diabético.

 

Resumiendo, y sin caer en lisonjas, adulonería, ni mucho menos, no entendemos la posición retrotraída de la dirigencia del Colegio Médico Dominicano porque las ingratitudes y politiquerías son desnudadas con la realidad de las realizaciones y el visto bueno de la población favorecida directamente.

 

En un momento de crisis internacional a la cual no escapamos, es un despropósito convocar a una huelga nacional que afectará a los desposeídos de la fortuna, los que escasamente pueden y hasta los pudientes que disimuladamente van a consulta médicas públicas por los excesivos cobros de las consultas privadas.

 

Reflexiones autoridades del CMD, vístanse de humano y compadézcanse de la población, esa misma que al final es quien pagará los platos rotos por ustedes.

 

Aprobado…

 

El autor es periodista, municipalista y político.

 

 



 

lunes, 26 de octubre de 2026

El grano de la discordia: Soberanía alimentaria, libre comercio y la politización del arroz en la República Dominicana




 Por Luis Aníbal Medrano Silverio

 

Para estructurar un planteamiento académico sobre el carácter político del problema del arroz en la República Dominicana, debe abordarse el tema no solo como un dilema agrícola o comercial, sino como un conflicto de soberanía, gobernabilidad y confrontación partidaria motivado por el vencimiento del plazo de desgravación del DR-CAFTA. El grano más consumido por los dominicanos se ha transformado en un terreno de intensa disputa política activa.

 

El contexto inmediato: el arroz en la República Dominicana trasciende lo nutricional; es una industria estratégica que involucra a más de 30,000 productores y genera cerca de 300,000 empleos directos e indirectos en más de 20 provincias.

 

El detonante político: El cumplimiento del calendario del DR-CAFTA, que estipulaba llegar a un arancel cero para el arroz estadounidense tras un periodo de transición de 20 años, ha colocado al Estado en una encrucijada internacional y local.

 

El problema del arroz en la República Dominicana ha dejado de ser un asunto puramente técnico-agrícola para convertirse en un conflicto geopolítico y partidario, donde la inacción histórica del Estado y la vulnerabilidad rural son utilizadas como armas de debate electoral y medición de soberanía nacional.

 

La confrontación partidaria y la "paternidad" de la crisis

 

La retórica de la oposición: Analiza cómo partidos como la Fuerza del Pueblo y el PLD utilizan la crisis para cuestionar la "autoridad moral" y la capacidad negociadora del gobierno actual ante los Estados Unidos. Figuras de la oposición argumentan que las importaciones masivas autorizadas y la derogación de decretos protectores (como el Decreto 693-24) desamparan al productor local.

 

La contrarréplica del oficialismo: El gobierno defiende que la crisis es la consecuencia de "20 años de inercia y promesas incumplidas" por parte de las administraciones pasadas, que firmaron el tratado en 2004 y no prepararon tecnológicamente al campo para competir con el arroz fuertemente subsidiado de EE. UU..

 

La asimetría internacional y el discurso de soberanía

 

La presión de Washington: Washington exige el cumplimiento estricto del DR-CAFTA. Debemos abordar la debilidad de la diplomacia comercial dominicana frente a las dinámicas del libre mercado y las presiones directas de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR).

 

El Arroz como Seguridad Nacional: Examinemos el viraje discursivo del gobierno y de sectores nacionalistas (como el MPD), quienes catalogan el arroz como un bien público no negociable y una cuestión de seguridad y soberanía alimentaria. Al elevar el cereal a esta categoría, el Estado busca justificar medidas proteccionistas excepcionales y esquemas de subsidios bajo justificaciones de paz social.

 

Clientelismo agrario vs. Eficiencia productiva

 

La dependencia del productor hacia el Estado: Es un deber exponer que el productor arrocero dominicano promedio opera en parcelas minifundistas con baja tecnificación en comparación con los productores norteamericanos. Esto los vuelve crónicamente dependientes de subsidios al fertilizante, compra directa por parte de agencias estatales (como el INESPRE) y pautas de financiamiento preferenciales.

 

La rentabilidad del voto rural: Se explica que el sector agropecuario, especialmente en el Cibao y el Bajo Yuna, representa un nicho de votantes masivo y altamente organizado. Ningún gobierno puede asumir el costo político de permitir la quiebra masiva de este sector, pues implicaría la destrucción de la economía de comunidades rurales enteras y protestas sociales generalizadas.

 

En conclusión. el debate en torno al arroz demuestra que en países en desarrollo como la República Dominicana, la apertura comercial absoluta choca de frente con la estabilidad social y la gobernabilidad.

 

Reflexión analítica: El error original no fue solo la firma del DR-CAFTA, sino la falta de políticas de reconversión productiva coherentes a largo plazo que trascendieran los periodos presidenciales de cuatro años.

 

Concluimos señalando que mientras el arroz siga utilizándose como una trinchera para ganar simpatías electorales en lugar de tratarse a través de una reforma tecnológica profunda, el país seguirá vulnerable ante las imposiciones de los mercados internacionales.

 

El autor es periodista, político y municipalista.