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jueves, 29 de mayo de 2014

Cámara de Cuentas llega al Ayuntamiento de Los Alcarrizos


SANTO DOMINGO, R. D.- La  Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha solicitado un espacio en el Ayuntamiento de Los Alcarrizos con la finalidad de ubicar un grupo de auditores denominado “Los Incorruptibles” por la forma que han actuado en los ayuntamientos que han auditado en los últimos meses.  

Entre esos se mencionan el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, cuyo incumbente fue apresado y puesto en libertad condicional bajo fianza, el Ayuntamiento de La Romana y Cabarete, entre otros.   La solicitud de la Cámara de Cuentas ha provocado el nerviosismo de los funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Los Alcarrizos, que tendrán que presentarles a los auditores todos los expedientes que le sean requeridos de conformidad con la ley sobre la materia.

Se supo que el Alcalde, Yunior Santos, enterado de la situación se “tiró” hoy a las 6 de la mañana a la institución edilicia y encabezó una reunión con los funcionarios de contabilidad, planificación, el área financiera y administrativa, entre otros funcionarios, para instruirles sobre la forma en que deben de actuar con relación a los auditores.  

“el hombre está nervioso y bajo línea de que los expedientes que estén incompletos deben ser completados de cualquier manera y procurar mantener el control de la situación” dijo un empleado del Ayuntamiento.

Varias personalidades e instituciones de la sociedad civil de Los Alcarrizos habían pedido que la Cámara de Cuentas realizara una auditoría a la gestión de Junior Santos por los rumores que vienen circulando sobre anomalías en ese gobierno local, bajo su rectoría.

Cámara de Cuentas, como órgano superior de control externo de los recursos del Estado, debería practicarle una auditoría financiera y de gestión al Ayuntamiento de Los Alcarrizos, sostuvo el jurista Julio Cury, para quien la campaña promocional del alcalde de ese ayuntamiento a la Secretaría General del PRD, pudiera ser sintomática de ilícitos penales.
“Mueve a preocupación lo que la prensa ha aireado respecto de los gastos de personal y de servicios municipales de ese ayuntamiento, los cuales habrían excedido los límites establecidos en la Ley No. 176-07, violación que según su Artículo 21.4 es de por sí sancionable con penas de prisión de 2 a 5 años”, explicó el doctor Cury.

Añadió que la Cámara de Cuentas no solo debe apoderar al Ministerio Público del resultado de auditorías reveladoras de irregularidades administrativas cometidas en los ayuntamientos, sino también de las violaciones a los topes presupuestarios previstos en la ley.

“En el caso del de Los Alcarrizos es preciso determinar si los gastos que habrían excedido los límites fijados la Ley No. 176-07 guardan alguna relación con el financiamiento de la vasta publicidad de su alcalde en vallas y anuncios televisivos”, dijo.

Cury expresó que de ser así, tanto el alcalde como el tesorero y contralor municipal se habrían comprometido administrativos, civil y penalmente. El reconocido abogado agregó que como contribuyente le indigna que servidores públicos se prevalgan de sus posiciones para beneficiarse o aprovechar económicamente a allegados.

“Acabo de liquidar centenares de miles de pesos al fisco y confieso que cada vez que cumplo con el deber fundamental de tributar me asalta la duda de si mis aportes sirven para financiar las inversiones estatales o para satisfacer los arrebatos de lucro de este o aquel otro mercader de la cosa pública”, expuso.


jueves, 16 de enero de 2014

Critican sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano

Cury critica sentencia del Tribunal Constitucional

SANTO DOMINGO.-Julio Cury declaró que el Tribunal Constitucional está desnaturalizando algunos de los principios rectores de la justicia constitucional, y puso de ejemplo la sentencia No. 265-13, en la que la alta corte habría aplicado irrazonablemente el principio de favorabilidad.

A raíz de una acción directa en inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 8 de la Ley No. 111, que le reconoce a la Suprema Corte de Justicia, en instancia única, la atribución de juzgar disciplinariamente a los profesionales provistos de exequátur, el TC dedujo que ese texto, por razones de favorabilidad, fue implícitamente derogado por la Ley No. 91.

“El TC consignó en su sentencia 265/13 que el procedimiento disciplinario de la Ley No. 91 es más favorable para los abogados que el de la Ley No. 111, ya que contempla la apelación como vía recursiva. Ese criterio, sin embargo, no se corresponde en lo absoluto con el artículo 7.5 de la Ley No. 137-11, que únicamente permite que la Constitución y los derechos fundamentales sean interpretados favorablemente, no así las leyes ordinarias ni los principios procesales como el del doble grado de jurisdicción, que no es de orden constitucional”, dijo.

Le reprochó al TC haber considerado que el procedimiento disciplinario de la Ley No. 111 fue únicamente derogado con respecto a los profesionales del Derecho, tras considerar que las leyes tienen carácter general y no parcial ni relativo.

“Una ley no puede derogar otra solo en provecho de un grupo específico o de un sector profesional determinado. El artículo 40.15 de la Constitución dispone que la ley se aplica igualmente para todos, por lo que en mi opinión el TC estableció una irrazonable desproporcionalidad en torno a los efectos que el artículo 8 de la Ley No. 111 está llamado a surtir entre profesionales dotados de exequátur en condiciones sustancialmente iguales”, dijo el jurista.

Adujo que la sentencia 265/13 deja en una especie de limbo a los ingenieros, arquitectos, médicos y otros profesionales, pues al no haber valorado ni juzgado los argumentos de inconstitucionalidad invocados en la acción de que fue apoderado el TC, no se sabe si el artículo 8 de la Ley No. 111 es un precepto válido dentro del ordenamiento jurídico.


viernes, 9 de noviembre de 2012

Procede el juicio contra Leonel Fernádez


Cury dice es procedente denuncia contra Leonel Fernández y ex funcionarios

SANTO DOMINGO, R.D.- En el sometimiento a la justicia hecho contra el ex presidente Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, concurren hechos justificativos de los que pueden derivarse responsabilidades penales. El criterio es del doctor Julio Cury, quien dijo que el Código Penal prevé penas de reclusión en perjuicio de todo funcionario que contraríe la ejecución de las leyes.
Explicó que el artículo 44 de la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto, señala que las apropiaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo de gasto de que pueden disponer las instituciones públicas, y que esa misma ley les prohíbe a los funcionarios comprometer recursos si previamente no han recibido la asignación presupuestaria para cubrirlos.
Citó también el artículo 5 de la Ley 86-11, el cual establece que “el funcionario público que a sabiendas de la indisponibilidad de fondos presupuestarios ordenare la adquisición de bienes o contratación de obras y servicios que no hayan sido previamente consignados en el presupuesto de la institución y aprobados según la ley, incurrirá en falta grave en el ejercicio de sus funciones y será pasible de las sanciones previstas en la ley”.
El jurista expresó que el déficit fiscal implicó que los gastos realizados en los primeros 8 meses de este año, superaron excesivamente los ingresos presupuestados, “lo que a su vez significa que en lugar de atenerse a las partidas aprobadas, el Poder Ejecutivo violó, sin ignorarlo, el tope de gastos que el Congreso le fijó en la Ley General de Presupuesto del 2012”, sostuvo.
Alegó que el artículo 80 de la Ley No. 423-06 prevé que los responsables de afectar recursos sin apropiaciones presupuestarias son susceptibles de ser juzgados y sancionados con arreglo al derecho común. “Y es aquí donde entran en juego los artículos 123, 124, 166 y 167 del Código Penal. Los primeros dos castigan con penas de reclusión mayor a los funcionarios públicos que convengan disposiciones que violen o contraríen la ejecución de las leyes, en tanto que los dos últimos contemplan la degradación cívica como sanción a los funcionarios que infrinjan la ley en el desempeño de sus cargos”, manifestó Cury.