Por Juan TH
Estoy en contra de la difamación y la
injuria. Lo he dicho durante toda mi vida profesional de más de 40 años. He
sido sometido a la justicia durante ese lapso en un par de ocasiones sin que hayan
prosperado.
La ley de expresión y difusión del
pensamiento es bastante clara. La Constitución, también. Todos tenemos derecho
a decir lo que pensamos sin ningún tipo de coerción, pero sin lesionar la
privacidad de las personas y su buen nombre, a lo que todos los ciudadanos
también tenemos derecho.
Para acusar a una persona, no importa su
condición social, político, empresario, funcionario del gobierno, artista,
deportista, periodista, abogado o comunicador, hay que tener pruebas
documentada en cualquiera de sus formas.
Usted no puede ultrajar o denigrar a los
demás por odio, conjeturas, comentarios callejeros o porque alguien le dijo tal
o cual cosa, sin sustento, lo cual me recuerda los llamados tres filtros que se le atribuyen al filósofo de la
antigua Grecia, Sócrates, que consiste en preguntar, antes de recibir una
información, si es útil, bueno y verdadero. Si lo que me vas a decir no es
bueno, útil o verdad, no me lo digas, porque no me interesa.
Todo el que se sienta difamado o injuriado,
por razones políticas, económicas o sociales, debe acudir a la justicia, que es
el instrumento legal más idóneo. Nadie debe tomar la justicia en sus manos,
aunque, a decir verdad, en ocasiones no hay más alternativa dada la complicidad
del Ministerio Público y de los jueces.
De un tiempo a esta parte las redes
sociales se han convertido en armas letales para destruir reputaciones, dañando
la imagen y el buen nombre de muchos ciudadanos funcionarios gubernamentales,
dirigentes públicos, empresarios, etc.
Es penoso, que algunos funcionarios se
dejen chantajear por determinados “comunicadores sociales” para que no hablen
de ellos, ni en bien, ni en mal. Otros pagan para dañar la imagen y la
reputación de sus propios compañeros de partido en la lucha interna que libran
los “presidenciables”.
Gente del gobierno y del PRM, patrocinan,
con mucho dinero, a verdaderos
delincuentes de las redes sociales y sus
plataformas, para que “acaben” , con denuncias de corrupción falsas, con sus propios compañeros de partido y del
Estado, algo inaceptable que el presidente Luis Abinader debe impedir
ordenándole al jefe de la DNI, Luis Soto, una investigación exhaustiva de
quienes son los que pagan con recursos públicos, la difamación y la injuria de sus compañeros,
para proceder a su desvinculación del gobierno y del partido.
Es tiempo de parar a los que hacen del
periodismo y la comunicación, una fuente de enriquecimiento. La degradación de
la comunicación ha llegado demasiado lejos. Algo había que hacer para detener
los agravios y las ofensas a la dignidad de las personas.
Repito: hacen bien los funcionarios,
dirigentes políticos, empresariales, etc., en someter a la justicia a los
difamadores que han hecho de la mentira, un negocio buscando “like”, (me
gusta), con palabras obscenas y vulgares, despertando el morbo en una población
con escasa educación y poca cultura, lo cual le impide distinguir entre lo
bueno y lo malo, creyendo que los Fake Niws (noticias falsas) son verdaderas y
creíbles, consumiéndolas sin ningún sentido crítico. (“Lo dijeron en las redes,
lo ley en el periódico o lo escuché en la radio”, sin detenerse a investigar o
verificar la información. Agreguemos la Inteligencia Artificial, un instrumento
que puede ser usado para lo positivo y lo negativo.
Conozco a muchas personas que al ser
injuriada o difamada no acuden a la justicia porque “es perder tiempo y dinero
pagando abogados”. Hay algo de verdad, principalmente por la complacencia o
incompetencia de la justicia que alarga los procesos, como le sucedió al
expresidente Hipólito Mejía que, tras ser injuriado y difamado groseramente por
un senador, debió esperar más de cinco años para que la Suprema Corte de
Justicia se pronunciara favorablemente. Casos como ese suceden frecuentemente.
“Justicia tardía, es justicia denegada”, dicen los juristas. El sistema de
justicia tiene que funcionar correctamente. Hay que dar algunos ejemplos en el
país para detener esa práctica malsana de dañar la imagen, el buen nombre y la
privacidad de las personas.
En este país se les ha perdido el respeto
a los padres, a los maestros, a los ancianos. Todos estamos expuestos a la
difamación y la injuria, sin consecuencias judiciales.
Repito: todo aquel ciudadano, hombre o
mujer, funcionario o funcionaria, que se sienta ofendido en sus funciones públicas
o privadas, debe acudir a los tribunales y reclamar se haga justicia, reparando
el daño causado en los medios de comunicación.
