EDEESTE desmantela fraude eléctrico y retira transformador a procesadora de carnes en Higüey

El establecimiento operaba con un consumo estimado de 75,000 kWh mensuales sin pagar el servicio, en violación directa a la Ley 125-01

 

Higüey, provincia La Altagracia, R. D.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) desmanteló un esquema de fraude eléctrico de gran magnitud en la procesadora de carnes Hacienda Misael, ubicada en el sector La Imagen, municipio de Higüey, tras detectar múltiples irregularidades técnicas que permitían el uso intensivo de energía sin ningún tipo de facturación.

 

Durante una inspección técnica realizada el 2 de enero de 2026, como parte de un barrido de control, personal especializado de EDEESTE comprobó que el suministro eléctrico operaba sin sello de protección, con el medidor instalado de manera irregular y en posición invertida, además de presentar cables de señal cortados en la base porta-medidor, lo que anulaba por completo el registro del consumo, aun cuando el establecimiento se mantenía plenamente energizado y en operación.

 

Los técnicos también verificaron que el suministro permanecía activo a pesar de encontrarse en su tercera orden de corte, evidenciando una acción deliberada y sostenida para evadir el pago del servicio eléctrico. El nivel de demanda detectado reflejaba un consumo aproximado de 2,500 kWh diarios, equivalente a 75,000 kWh mensuales, energía que no estaba siendo facturada y que representaba un impacto significativo para el sistema eléctrico y para los usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.

 

Tras el análisis técnico y administrativo del caso, el 9 de enero de 2026, EDEESTE ejecutó un operativo de intervención, acompañado por un notario público, quien certificó la violación a la Ley General de Electricidad No. 125-01. Durante la acción, el personal procedió al desmantelamiento y retiro total del transformador que alimentaba el suministro utilizado de forma fraudulenta, dejando sin servicio la operación irregular.

 

La empresa informó que este cliente presenta un historial reincidente de fraude eléctrico, con evidencias claras de manipulación técnica premeditada, orientada a evadir la medición y el pago del servicio. A pesar de mantener órdenes de corte activas por impago y una deuda acumulada de RD$ 2,489,291, las facturas históricas reflejaban consumos insignificantes, resultado directo de la alteración del sistema de medición.

 

EDEESTE advirtió que este tipo de prácticas no solo constituyen un delito, sino que afectan directamente la sostenibilidad del servicio, encarecen el sistema eléctrico y perjudican a los clientes que cumplen responsablemente con el pago de su energía. Asimismo, recordó que el fraude eléctrico conlleva consecuencias legales, administrativas y operativas, incluyendo el retiro de equipos, la suspensión del servicio y procesos judiciales conforme a la ley.

 

La distribuidora informó que, hasta la fecha, el cliente no se ha presentado para regularizar su situación ni para negociar la deuda pendiente, y reiteró que continuará actuando con firmeza frente a cualquier acción que atente contra el uso legal y responsable de la energía eléctrica.

 

EDEESTE reafirmó su compromiso con la lucha frontal contra el fraude eléctrico, como parte de sus esfuerzos para garantizar un servicio justo, seguro y sostenible para todos los usuarios dentro de su zona de concesión.

 

Pgase y Edeeste desmantelan fraude eléctrico millonario en hotel de San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís, R. D.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) informan que realizaron un amplio operativo de desmantelamiento de conexiones irregulares en diversos establecimientos comerciales de la provincia San Pedro de Macorís.

 

Durante estas intervenciones, en las que también participa la Superintendencia de Electricidad (SIE), las autoridades detectaron un “grave fraude eléctrico” en las instalaciones del Hotel Carmen de esta provincia, especialmente en la acometida, evidenciando una manipulación intencional del sistema de medición, buscando ocultar el consumo real del reconocido hospedaje.

 

Edeeste señala que, según las estimaciones hechas por el área técnica, el hotel dejaba de facturar aproximadamente 55,510.59 kWh equivalente a un monto aproximado d RD$510,142.22.

 

Cabe resaltar que las conexiones fraudulentas en el servicio energético por parte de grandes consumidores comerciales e industriales representan una violación de la Ley General de Electricidad 125-01 y atentado al sistema eléctrico nacional.

 

Se recuerda que las últimas semanas la Pgase, junto con la empresa distribuidora de electricidad, han desmantelado una gran cantidad de conexiones clandestinas por parte de establecimientos dedicados a diversos rubros, siendo estos debidamente notificados, sancionados y procesados para su posterior normalización.

 

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a Pgase, SIE y Edeeste reiteran su compromiso con la estrategia nacional de cero tolerancias al fraude eléctrico, ya que este no solo afecta financieramente al sistema, sino que provoca una sobrecarga en la red de distribución, reduce la calidad del servicio para otros usuarios y encarece los costos operativos, los cuales terminan impactando de forma injusta a quienes sí cumplen con sus obligaciones.

 

En ese sentido, llaman a la población a denunciar por los canales institucionales todo tipo de acciones ilegales que afecten el sistema eléctrico, en especial las conexiones irregulares de ciudadanos y empresas.

 

Pastor reincide en fraude: EDEESTE y PGASE desmonta nueva conexión ilegal en fundación de Higüey

La Altagracia, R. D. – La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) realizaron un operativo conjunto en el municipio Salvaleón de Higüey, provincia La Altagracia, donde nuevamente fue detectada una conexión ilegal en la Fundación Hospedero de Jesucristo, dirigida por el señor José Agustín Martínez, quien se hace pasar por pastor.

 

Esta actuación forma parte del seguimiento iniciado meses atrás, cuando la entidad fue encontrada operando con una conexión directa, sin contrato ni medidor. Tras esa primera intervención, Martínez procedió voluntariamente a normalizar su situación y contrató el servicio eléctrico. Sin embargo, luego de colocarse el equipo de medida, las brigadas técnicas detectaron una manipulación que alteraba el registro del consumo.

 

El medidor fue enviado al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), donde se confirmó que presentaba un subregistro de 87.42 %, evidencia de una intervención para reducir la facturación mensual. Con esto, quedó comprobada la reincidencia del señor Martínez en acciones fraudulentas, primero mediante conexión ilegal y posteriormente con la alteración del medidor contratado.

 

Durante la inspección reciente, el equipo técnico verificó que el consumo reportado, apenas 1,829 kWh mensuales, no corresponde al nivel de carga instalada en la fundación. En el lugar operan cuatro aires acondicionados de 12,000 BTU, seis aires acondicionados de 18,000 BTU, dos bebederos de agua fría y caliente, una nevera ejecutiva, una computadora laptop, dos televisores de 32” y 42”, catorce luminarias de 9 watts y una bomba de agua de 3/4 HP. Esta capacidad instalada demanda un uso energético significativamente mayor al reflejado en la facturación, lo que reafirma la detección del fraude.

 

EDEESTE recuerda que, en un video difundido en redes sociales el pasado mes de septiembre, se observó al señor José Agustín Martínez, junto a otra persona en una escalera, ejecutando la conexión irregular y amenazando a los brigadistas de EDEESTE, conducta que constituye un acto de intimidación hacia el personal técnico en el ejercicio de sus funciones.

 

EDEESTE lamenta profundamente la conducta del señor Martínez y condenó que, ostentando la condición de pastor y líder comunitario, incurra repetidamente en acciones que violentan la ley y ponen en riesgo el sistema eléctrico y la calidad del servicio.  La empresa enfatizó que quienes asumen roles de orientación social deben actuar conforme a las normativas vigentes y ofrecer un ejemplo de rectitud y transparencia ante la sociedad, y no utilizar su posición para justificar prácticas ilegales o intimidatorias.

 

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar combatiendo el fraude eléctrico en todos los niveles sociales, económicos e institucionales, y llamó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier irregularidad a través de los canales oficiales habilitados.

 

Ante indicios de maniobras fraudulentas en licitación, PRM denuncia y pide investigación de involucrados

Con capital de 100 mil pesos, a Tools & Resources Enterprises le han adjudicado obras y servicios por más de RD$3 mil millones

SANTO DOMINGO, R. D.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), depositó este lunes en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional una formal denuncia y solicitud de investigación a la empresa Tools & Resources Enterprises –Toreen, S. R. L. en lo relativo al proceso de licitaciones y compras realizados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) en el estado de emergencia por Covid-19.

En el documento, depositado por los abogados Jorge Luis Polanco Rodríguez, Bernardo Elías Almonte Checo, Carlos Alberto Polanco Rodríguez y Víctor Rogelio Benavides Valerio, a nombre del PRM y su presidente, senador José Paliza, el partido opositor hace la solicitud en vista de que existen indicios serios para sostener que en ocasión de los procesos de compras realizados por el MISPAS en el estado de emergencia ha operado una estructura orquestada por particulares y funcionarios públicos adscritos a dicho Ministerio, para favorecer, con precios sobreevaluados, a la entidad Tools & Resources Enterprises –Toreen, S. R. L.; que a su vez estaría siendo utilizada como instrumento para ocultar los verdaderos beneficiarios finales de tales actos, cometidos en violación a la ley y en perjuicio del patrimonio del Estado dominicano.

A propósito de la pandemia de coronavirus (Covid-19) el gobierno dispuso carácter de emergenciapara las compras de bienes y servicios que guarden relación con la prevención, asistencia y construcción de infraestructuras, para enfrentar la aludida enfermedad, y además, autorizados el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Defensa y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), a adquirir los mismos bajo el procedimiento de excepción, para casos de seguridad y emergencia nacional, previsto por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (en lo adelante, Ley de Compras y Contrataciones).

Detalles de los indicios de fraude objeto de esta denuncia.

Sostienen que desde 2012 la referida empresa ha sido utilizada especialmente para licitar en obras y suministros del Estado, que a pesar de su capital social de RD$100,000.00 y de las constantes denuncias públicas en torno a incumplimientos por parte de esta y de manejos irregulares en los procesos de licitación y pagos realizados en su favor, ha sido adjudicataria por obras y suministros que superan los tres mil millones de pesos RD$3,000,000,000.00).

Ponen de ejemplo que resultó beneficiada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), con el Contrato de Obra No. OISOE-LS-177-1-2012, de fecha 29 de mayo de 2012, para la ejecución de los trabajos de “Construcción de carretera Hato Mayor, Santa María Libonao, Yerba Buena las Claras, Carretera Santa María el Batey y Libonado, Carretera Sabana de la Mar, Caño Hondo entrada Los Haitises, provincia Hato Mayor”, por un valor de RD$927,061,344.85.

Fue beneficiada en fecha 22 de junio de 2012, obviando los procedimientos de compras y contrataciones y amparándose en un supuesto decreto no aplicable para tal ejecución, con la adjudicación del equipamiento del Hospital Morillo King, de la provincia La Vega, por un monto ascendente a RD$658,398,734.00.

Fue beneficiada en el año 2012, con un contrato para la “reconstrucción de la carretera Nagua-Cabrera por un monto de $946 millones 860 mil 524 pesos” y resultó adjudicataria del proceso de compras No. SNS-MAE-PEEN-2020-0001, iniciado por el Servicio Nacional de Salud (SNS), en fecha 20 de marzo de 2020, por un monto de RD$1,515,702,682.81; y cuyas compras, luego de las denuncias públicas realizadas como consecuencia de las sobrevaluaciones intervenidas en las mismas, fueron declaradas parcialmente desiertas por incumplimientos de parte Tools & Resources Enterprises – Toreen, de los términos establecidos en torno al tiempo de entrega y calidad de productos.

No obstante, un análisis al perfil profesional y económico de “sus socios”, aunado a las informaciones que circulan en la opinión pública en torno a los mismos, evidencian una grave discordancia del perfil profesional y económico del que se deriva de ser propietario una sociedad con tal capacidad de servicios, ingresos y beneficios.

Lo que representa indicios serios para sostener que la sociedad Tools & Resources Enterprises – Toreen ha estado participando y obteniendo licitaciones del Estado, a través de una conformación societaria falsa, utilizada como mecanismo fraudulento para ocultar a los verdaderos gestores y beneficiarios finales de tales licitaciones.

De manera concreta, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó en fecha 25 de marzo de 2020, un proceso de licitación identificado con el No. MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, para la compra de 30,000 unidades de traje de protección personal tipo “TYVEK”, y 5,000 unidades de traje de protección biológica, por un precio total estimado de RD$167,750,000.00.

Diez minutos después de la convocatoria realizada en el Portal del Ministerio de Salud Pública, Tools & Resources Enterprises –Toreen se había apersonado al indicado Ministerio y depositado su oferta. Lo que indica, que al menos, previo a que se hiciera público y formal el llamado para participar en el indicado proceso de compras, Tools & Resources Enterprises –Toreen, S. R. L. ya contaba con los términos e informaciones del indicado proceso de compras, y tenía constituida e impresa su oferta para la indicada licitación.

Los abogados contrastan el anterior proceso con el de compras (MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040), las mismas treinta mil unidades de “TRAJE DE PROTECCIÓN PERSONAL TIPO “TYVEK”” adjudicadas a Tools & Resources Enterprises –Toreen en el proceso de compras No. MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, por un valor total de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIEN MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$230,100,000.00), fueron ofertadas por la empresa MEDEK PHARMA, S. A., por un monto de CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$113,280,000); lo que equivale a decir que Tools & Resources Enterprises –Toreen mediante el fugaz proceso de compras No. MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036, fue beneficiada con un sobreprecio superior al cien por ciento, del que podría ofrecer otras empresas por los mismos productos.

116,8 RD$ millones en perjuicio del Estado

Lo que de manera inequívoca permite determinar una compra sobreevaluada en beneficio de Tools & Resources Enterprises –Toreen, y un perjuicio generado al Estado dominicano, por al menos CIENTO DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$116,820,000.00).

Proposición de diligencias.. La parte denunciante propone y solicita al Ministerio Público que con la finalidad de profundizar la investigación de los hechos narrados en la presente denuncia, identificar los posibles autores y cómplices y determinar la responsabilidad comprometida, solicitar a la Contraloría General de la República, una certificación o informe, de todos los libramientos realizados por el Estado dominicano en favor de la empresa Tools & Resources Enterprises – Toreen, desde el 2012 a la fecha.

A la Dirección General de Compras y Contrataciones, un informe o certificación de todos los procesos de compras y/o licitación en los que ha resultado adjudicataria Tools & Resources Enterprises – Toreen, así como copias del expediente completo de tales procesos de compras, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), copia del expediente completo que conforman los procesos de compras en los que haya participado Tools & Resources Enterprises – Toreen, especialmente, los procesos de compras Nos. SNS-MAE-PEEN-2020-0001, MISPAS-MAE-PEEN-2020-0036 y MISPAS-MAE-PEEN-2020-0040, a la Dirección General de Impuestos Internos, las declaraciones juradas de impuestos desde el 2012 a la fecha de los señores Efraín Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia en sus condiciones de socios supuestos de la entidad Tools & Resources Enterprises – Toreen; así como del señor Fernando Crisóstomo Herrera (titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-0860595-7), dada su condición de apoderado constante para el manejo y representación de todo lo concerniente a las actividades financieras de Tools & Resources Enterprises – Toreen.

Requerir una certificación a la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se haga constar, si los señores Efraín Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia realizan aportes a la seguridad social, y en caso de hacerlo a cargo de quién.

Requerir al Ministerio de Trabajo una certificación en la que se haga constar si los señores Efraín Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia, se encuentran registrados en dicho Ministerio bajo la condición de empleados, y en caso de encontrarse, indicar su empleador, ocupación y salarios.

Requerir, previa autorización judicial, a la Superintendencia de Bancos, un informe sobre los productos bancarios y sus respectivos movimientos, que pueda tener la entidad Tools & Resources Enterprises – Toreen (desde el 2012 a la fecha), y los señores Efraín Santiago Báez Fajardo, José Andrés Familia y Fernando Crisóstomo Herrera, desde el 2016 a la fecha.

Realizar entrevistas a los señores Efraín Santiago Báez Fajardo, José Andrés Familia Fernando Crisóstomo, para que ofrezcan informaciones relativas a la denuncia, a Rosalba Arias Cruz, Directora General Administrativa y Financiera del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en torno, entre otras cosas, a los incumplimientos incurridos por la empresa Tools & Resources Enterprises – Toreen, de los términos previstos en ocasión de las licitaciones que ha resultado adjudicataria.

Solicitar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, un listado de todo el personal involucrado directamente en los procesos de compras y contrataciones públicas, especialmente, de aquellos que tuvieron participación en los procesos de compras realizados bajo de estado de emergencia por la pandemia del covid-19.-

En cuanto a la proposición de diligencia investigativa, solicitan que se proceda a requerir los informes, documentos e informaciones descritos en el apartado que antecede, así como realizar las entrevistas indicadas en el mismo, que se mantenga informado al PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM), de los resultados de las diligencias propuestas, y se le garantice su derecho a participar de las entrevistas sugeridas bajo la modalidad de proposición de diligencias.

Que se libre acta de que el PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM), se reserva el derecho de solicitar cualquier otra medida investigativa que entienda de lugar, de ampliar la presente denuncia, así como de depositar cualquier otra pieza o documento que tienda a esclarecer los hechos denunciados. Igualmente, librar acta de la disposición del denunciante para colaborar en todo cuanto resulte útil y necesario para los fines de la denuncia que nos apodera.

También que proceda a adoptar todas las medidas pertinentes y útiles que finalmente permitan precisar, perseguir y sancionar la responsabilidad incurrida a partir de los hechos denunciados, por particulares y funcionarios públicos en perjuicio del patrimonio del Estado y que se reserve el derecho a la denunciante de su participación en todas las fases del proceso en que se conozca de la presente acción, todo lo cual debe serle debidamente notificado y en los plazos legales de lugar.

Comunicaciones y Prensa del PRM informaron que el texto completo del documento será colgado en su portal prm.org.do y en el sitio de WhatsApp PRM Prensa PRM desde las 11:30 AM, luego de que Paliza, Orlando Jorge Mera, delegado político ante la JCE, y los abogados depositen ante el PEPCA.

Schneiderman anuncia demanda civil y formula cargos criminales contra propietario de farmacia

En millonario fraude al MEDICAID, Hin T. Wong presuntamente pagó sobornos a pacientes y facturó a Medicaid para medicamentos contra el VIH nunca dispensados

El acusado presuntamente usó dinero robado de Medicaid para financiar gastos personales, incluyendo viajes y muebles

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy una demanda y cargos criminales contra el farmacéutico Hin T. Wong, de 49 años, de Manhattan, y NY Pharmacy, Inc. ("NY Pharmacy") por presuntamente defraudar al programa Medicaid del Estado de Nueva York de millones de dólares.

Wong, un farmacéutico licenciado y propietario de NY Pharmacy, ubicado en 131 Walker Street, en Manhattan, presuntamente pagó a agentes encubiertos que se hacían pasar como beneficiarios de Medicaid por las recetas de VIH y para que le refiriaran a otros recipientes de Medicaid para que trajeran sus recetas a NY Pharmacy. Wong y NY Pharmacy también supuestamente facturaron y finalmente fueron pagados más de $60,0000 por Medicaid por recargas de medicamentos en recetas enviadas por agentes encubiertos que NY Pharmacy no dispensó o se basaron en pagos de sobornos.

Varias leyes estatales y las regulaciones de Medicaid prohíben el pago de sobornos para referir pacientes o recetas individuales. Además, el Fiscal General también anunció la presentación de una acción de confiscación de bienes civiles solicitando más de $11 millones en daños de Wong, NY Pharmacy y otras dos farmacias propiedad de Wong que ahora están cerradas.

"Robar al Medicaid con el fin de comprar accesorios de lujo y boletos de viaje es absolutamente vergonzoso", dijo el Fiscal General Schneiderman. "No permitiremos que Medicaid sirva como una alcancía personal para criminales. Los estafadores que buscan estafar este vital programa que ayuda a millones de neoyorquinos tendrán que rendir cuentas".

La investigación en curso de NY Pharmacy que es conducida por la Unidad de Control del Fraude del Medicaid del Fiscal General ("MFCU") reveló que en varias ocasiones entre julio de 2014 y agosto de 2017, Wong presuntamente pagó sobornos a los agentes MFCU encubiertos que se presentaban como pacientes para satisfacer recetas, la mayoría de las cuales involucraban medicamentos para tratar el VIH, en NY Pharmacy o en otras dos farmacias de su propiedad, las cuales fueron cerradas. Los acusados supuestamente presentaron reclamaciones de reembolso a Medicaid a través de NY Pharmacy para rellenos que no fueron dispensados por la farmacia, un esquema conocido como "auto-reabastecimiento".

Al mismo tiempo que el arresto de hoy, el Fiscal General presentó una acción de confiscación de bienes civiles contra Wong, NY Pharmacy y las dos farmacias cerradas de Wong en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, en el condado de Manhattan. En los documentos presentados en el tribunal, el Fiscal General alega que Wong personalmente obtuvo millones del plan y utilizó el producto, entre otras cosas, para hacer compras de tarjetas de crédito de artículos de marcas de lujo (incluyendo Prada y Vuitton) y pagar gastos de viaje y muebles caros.

Una auditoría de investigación reveló pruebas que indican que las farmacias de Wong no compraron suficientes medicamentos para respaldar sus considerables facturaciones a Medicaid. Entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de agosto de 2017, las farmacias de Wong facturaron a Medicaid y otras aseguradoras más de $15 millones por medicamentos, pero supuestamente compraron sólo una fracción de la cantidad de medicamentos necesarios para llenar esas recetas. Como parte de la acción civil, el Fiscal General también obtuvo una orden judicial congelando las cuentas bancarias de los acusados​​para preservar el dinero obtenido ilegalmente de Medicaid.

Investigadores de la Fiscalía General con la ayuda de investigadores de la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York, ejecutaron una orden de allanamiento esta mañana en NY Pharmacy. Hin T. Wong y NY Pharmacy fueron arrestados y acusados por en expediente de delito grave presentado en la Corte Criminal de la Ciudad de Nueva York, Condado de Manhattan, acusados de Gran Robo en Tercer Grado, un delito de clase D y Pricticas Prohibidas para Proveedores de Asistencia Médica: Sobornos, un delito mayor Clase E delito. Si es declarado culpable del cargo principal, Wong enfrenta hasta siete años en prisión estatal. Wong puede enfrentar cargos criminales adicionales mientras continúa la investigación criminal.

El Fiscal General agradece a la Oficina del Inspector General de Medicaid del Estado de Nueva York bajo la dirección del Inspector General Dennis Rosen por su continua colaboración y su asistencia en esta investigación. El Fiscal General también agradece a Amida Care y Metro Plus, aseguradoras de atención médica administradas por Medicaid, por referir el asunto y por su cooperación durante toda la investigación.

Los cargos contra los acusados son meras acusaciones. Los acusados son presuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

La investigación de MFCU fue conducida por el Investigador Nefertiti Clarke con la ayuda del Investigador Supervisor Dominick DiGennaro y el Investigador Jefe Adjunto Kenneth Morgan. La investigación de la auditoría fue realizada por la Investigadora Principal Cristina Marin y la Investigadora Auditora Megan Scott con la asistencia del Auditor Principal Adjunto de la Ciudad de Nueva York, Jonathan Romano, y la Auditora Principal Regional de la Ciudad de Nueva York, Thomasina Smith.

El caso criminal está siendo procesado por el Fiscal Especial Imran S. Ahmed con la ayuda del Director Regional Adjunto de la Ciudad de Nueva Yorkde MFCU, Twan Bounds, y el Director Regional de la MFCU, Nueva York, Christopher M. Shaw. La acción civil está siendo llevada a cabo por la Asesora Superior Marie Spencer y la Fiscal Adjunta Elizabeth Kappakas con la asistencia de la Jefa de Cumplimiento Civil de MFCU, Carolyn Ellis. El Fiscal Adjunto Especial Thomas O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. La MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Fiscal Adjunto Paul J. Mahoney.

Schneiderman anuncia sometimiento de director de casa de rehabilitación acusado de fraude contra Medicaid

Schneiderman: Medicaid no puede servir como cuenta bancaria para criminales que no tienen consideración por el bienestar de sus compañeros neoyorquinos

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la acusación, detención y procesamiento de Robert H. Corrado, de 56 años, Kristina Corrado, de 32 años, de Nesconset, Nueva York, y la compañia Interline Employee Assistance Program, Inc. por participar en un sistemático esquema de sobornos, violando los derechos de los pacientes. Además de la detención, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General ("MFCU") presentó varias causas civiles de acción contra Robert Corrado y Kristina Corrado, Interline, y otros que buscan recibir dinero obtenido indebidamente como resultado de su conducta criminal.

"Alegamos que los acusados se involucraron en un esquema sistemático y continuo para explotar a aquellos que luchan con la falta de vivienda y el abuso de sustancias con el fin de llenar sus bolsillos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Medicaid no puede servir como una cuenta bancaria para los criminales que no tienen en cuenta el bienestar de sus compañeros neoyorquinos.

Mi oficina continuará luchando por la integridad del programa de Medicaid para asegurar que nuestros dólares de impuestos no se desperdicien - y en cambio poner estos recursos a ayudar a nuestros ciudadanos más vulnerables, según lo previsto.

En una acusación develada ayer en el Tribunal Supremo del Condado de Queens y los documentos presentados en el Tribunal Supremo del Condado de Queens, los Fiscales alegan que los Corrados e Interline participaron en un plan ilegal de sobornos por el cual Robert Corrado, Director Ejecutivo de Interline, un programa de tratamiento ambulatorio de abuso de sustancias, y propietario de varias casas de rehabilitacion ubicadas en Queens y Brooklyn, proporcionó viviendas por debajo de la renta del mercado a clientes desamparados a condición de que los clientes asistieran a tratamiento en Interline y en ningún otro lugar. Robert Corrado e Interline, a su vez, recibieron el pago de Medicaid por reclamos de tratamiento de abuso de sustancias basado en este acuerdo de sobornos.

Los centros de rehabilitación de Interline, según los fiscales, están ubicados en Queens y Brooklyn y son administradas por Kristina Corrado, la hija de Robert Corrado, en las oficinas de Interline, donde supervisó la asistencia de residentes de “Care House” en el programa ambulatorio de Interline. La asistencia y el progreso del tratamiento de los residentes de Care House fueron compartidos regularmente por el personal de Interline con el personal de las casas de cuidado y los residentes que no cumplían con los requisitos de tratamiento obligatorios establecidos por Interline fueron desalojados de las casas de cuidado. La duplicidad de personal y operaciones entre el programa de tratamiento ambulatorio de Interline y sus casas de cuidado creó un programa de tratamiento residencial de facto, que ninguna de las dos entidades tiene licencia para operar. Bajo la ley de Higiene Mental de Nueva York, es un crimen operar un programa de tratamiento residencial sin licencia. El requisito de que los residentes de Care House deben recibir tratamiento en Interline les privó de su libertad fundamental de elección en la atención médica en violación de numerosas leyes estatales, incluyendo la Declaración de Derechos del Paciente.

Los fiscales alegan que Robert Corrado y Kristina Corrado actuaron en concierto con Interline para perpetuar este esquema de sobornos. Como resultado, se alega que Robert Corrado y Interline intencionadamente y conscientemente presentaron, y causaron que se presentaran, por lo menos $2,327,524 en reclamaciones fraudulentas de reembolso a Medicaid. Estas reclamaciones, según los fiscales, eran fraudulentas porque resultaron de comisiones ilegales, privaron a los pacientes de su libertad de elección y fueron el resultado de la operación de un programa de tratamiento residencial sin licencia.

Robert Corrado y Interline fueron acusados de Gran Robo en el Primer Grado, un delito de clase B. Robert Corrado y Interline junto con Kristina Corrado fueron acusados además de violar la Ley de Servicios Sociales que prohíbe el pago de sobornos relacionados con la prestación de servicios bajo el programa estatal Medicaid, un delito de clase E. Interline también fue acusada de tres cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en el Primer Grado, un delito de clase E, y violar la Ley de Higiene Mental del Estado que prohíbe la operación de un programa de tratamiento residencial sin el certificado operacional apropiado, un delito menor de Clase A.

Además de la acusación el día de ayer, el Fiscal General presentó una demanda civil contra Interline, Robert Corrado, Kristina Corrado y Kim Corrado, quien es la esposa de Robert Corrado. La denuncia, que afirma violaciones de la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York, Sección 145-b de la Ley de Servicios Sociales de Nueva York y otras causas de acción, busca recuperar millones de dólares de dinero de Medicaid obtenido por estos acusados como resultado de su conducta fraudulenta. Aunque Kim Corrado no ha sido acusada criminalmente, aparece en declaraciones estatales como la única propietaria de Interline, y la demanda civil alega que ella, al igual que los acusados criminales, obtuvo beneficios financieros sustanciales del fraude.

La semana pasada, la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General también ejecutó una orden de registro en las oficinas de Interline ubicadas en 148-39 Hillside Avenue en Queens.

A lo largo de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha trabajado estrechamente con las diversas agencias municipales y estatales. En particular, el Fiscal General desea agradecer a la Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York ya la Oficina del Estado de Nueva York de Alcoholismo y Servicios de Abuso de Sustancias por su cooperación, colaboración y valiosa asistencia durante toda la investigación. El Fiscal General además agradece a la Oficina del Inspector General de Medicaid por su asistencia.

La investigación fue dirigida por el investigador Shavaun Clawson, con el apoyo del Investigador Supervisor Victor Maldonado; Todo bajo la supervisión del Sub Jefe Investigador Kenneth Morgan. El investigador de auditoría, Nicholas Thottam, prestó apoyo a la auditoría financiera con la ayuda del investigador principal y auditor especial de la MFCU, Emmanuel Archer, y de Thomasina Smith, Jefa de Auditoría de MFCU.

El caso criminal está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos David Arias y Konrad Payne con la ayuda del Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas O'Hanlon es Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. El caso civil está siendo manejado por el Fiscal Auxiliar Especial Konrad Payne con la ayuda de la Jefa Civil de MFCU, Carolyn Ellis. MFCU es dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador Adjunto Paul J. Mahoney.

Los cargos presentados en este caso son meras acusaciones. Los acusados son resuntos inocentes a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.