Por Eduardo Sanz Lovaton
En pleno siglo XXI, la República
Dominicana sigue aplicando un Código Penal promulgado en el siglo XIX. Con más
de 140 años de vigencia, esta norma, concebida en otra época, ya no responde a
la complejidad de los delitos actuales ni a las expectativas de justicia de la
sociedad dominicana. Reformarlo no es una opción ideológica ni un debate
estéril: es una necesidad urgente. Esto es sencillamente una barbaridad.
La guerra de intereses sociales,
filosóficos y religiosos han evitado que se pueda finalmente consensuar una
aprobación sobre este tema. Algo parecido presenciamos con la Ley de comercio
exterior o aduanas que esperó décadas y que finalmente se logró.
Conozco de primera mano el liderazgo de
Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos en nuestras cámaras legislativas. He
visto sus esfuerzos por consensuar de la mano del presidente Luis Abinader.
Ahora bien, en una sociedad democrática es necesario el ánimo social o consenso
para que una legislación de esta envergadura no solo sea aprobada, sino que sea
exitosa en su aplicación. Esa es la labor que todas las fuerzas vivas de
nuestra sociedad, que deben cohesionarse en procura de lograr este hito
histórico, como parte del proceso de reforma y modernización del Estado.
La ciudadanía ha sido testigo de cómo
crímenes graves reciben sanciones mínimas o quedan impunes por falta de
tipificación o por tecnicismos legales. Conductas como el feminicidio, el
sicariato, el acoso escolar, los delitos cibernéticos o las estafas piramidales
—que hoy amenazan gravemente la seguridad y la dignidad de las personas— no
están adecuadamente contempladas en el viejo código. No podemos permitir que la
ley se quede muda ante las formas modernas del crimen.
Aprobar un nuevo Código Penal representa
una oportunidad histórica para fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar la
eficiencia judicial, y consolidar el Estado de derecho. Dotar a fiscales y
jueces de herramientas legales claras y modernas es esencial para combatir la
impunidad, proteger a los más vulnerables y restablecer la confianza en el
sistema de justicia.
No obstante, debemos entender que una
nueva ley, por sí sola, no resolverá todos los problemas. Su impacto dependerá
de su aplicación estricta, eficiente y efectiva por parte de todos los
operadores del sistema: jueces, fiscales, defensores públicos, policías y
servidores judiciales. Una ley moderna sin voluntad institucional y sin
recursos para ejecutarla sería como construir una carretera sin vehículos.
Ahora bien, si aspiramos a una reforma
integral, no podemos dejar vacíos estratégicos, y un gran espacio de vacío, es
la responsabilidad social de las empresas, en perspectiva con sus relaciones
con la administración, y sobre todo, con el deber de contribución con las
cargas públicas y el combate efectivo a la competencia desleal, en sus diversas
manifestaciones; y las desviaciones que se producen en los comportamientos
empresariales, incluso con elementos que afectan de manera grave ciertos
intereses públicos, esto debe abrir un espacio para profundizar la discusión de
lograr sanciones penales severas para ciertos comportamientos en materia de
competencia desleal, radicalización de las penas en materia tributaria y
aduanera, flexibilización probatoria en el ámbito de estos delitos económicos,
y que, la eliminación de estos vacíos estratégicos, venga de la mano de una
nueva cultura de moralidad fiscal, en el que se potencie el cumplimiento, y se
castigue de manera mas drástica las desviaciones que ocurren en el seno de
nuestras empresas.
A pesar de que, nuestra normativa
tributaria y aduanera, se ha especializado, y contempla muchos ilícitos
modernos, este proyecto de Código Penal, podría contribuir a dar mayor
coherencia al sistema de justicia penal, para enviar un mensaje más contundente
al crimen organizado que se disfraza de comercio, la responsabilidad societaria
de las empresas, y a criminalizar algunas aristas de la competencia desleal,
que por el transcurso del tiempo, ha de robustecerse la legislación, con la
finalidad de fomentar mejores practicas comerciales
Como dice la Escritura en Isaías 1:17a:
“Aprendan a hacer el bien; busquen la
justicia, reprendan al opresor.”
Como partido, el PRM tiene la oportunidad
histórica de casarse con la gloria y dar respuesta a un clamor ciudadano que
lleva años esperando: la aprobación del nuevo Código Penal. Esta es una deuda
con la sociedad dominicana que no podemos seguir posponiendo. Desde mi posición
como secretario de finanzas del partido, asumiré el compromiso de ayudar con
esta reforma junto a nuestros compañeros legisladores, con el propósito de
fortalecer el Estado de derecho y la justicia en nuestro país. Esto lo hemos
hecho en iniciativas como las nuevas leyes de aduanas, de centros logísticos
entre muchas otras. Conozco el compromiso de Luis Abinader con esta causa y sé
que las controversias no son pocas y que el tema no es simple. Es hora de
actuar con visión de Estado y responsabilidad institucional.
