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domingo, 8 de agosto de 2021

Autoridades del sector eléctrico garantizan el 98% de la demanda de energía a nivel nacional


 

Los apagones del sábado 7 en varias provincias se produjeron por trabajos de interconexión de la subestación Bonao III

 

SANTO DOMINGO, R. D.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y EDENORTE informaron que para mantener en óptimas condiciones la infraestructura eléctrica nacional, esas empresas realizan un amplio programa de trabajo para mejorar el servicio eléctrico de todo el país.

 

Explicaron que con esos trabajos se procura también garantizar un transporte de energía en alta tensión acorde a los requerimientos del país y que por ese motivo ocurrieron los apagones del 7 de agosto en varias provincias del país.

 

La información la dio a conocer el administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), Martín Robles, junto al  vicepresidente ejecutivo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y Secretario del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio y el gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Andrés Cueto Rosario.


 

Robles explicó que el trabajo de interconexión de la nueva subestación Bonao III que realiza la ETED implica dejar de transmitir energía a través de las líneas que van desde Canabacoa a Piedra Blanca y desde Piedra Blanca a Julio Sauri.

 

Precisó que estos trabajos que se realizan afectaron diferentes puntos del país, en especial las provincias Espaillat, La Vega, Moca, Santiago, Duarte y Monseñor Nouel.

 

“Este trabajo de interconexión dará una mayor estabilidad energética a la zona Norte con cuatro nuevas líneas 345 kV: Bonao III - Naranjo L1 y L2; y Bonao III - Julio Sauri L1 y L2. Además, las unidades de Generación Quisqueya 1 y 2 operarán con una mayor y mejor confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI)”, manifestó el funcionario.

 

Sostuvo que con la entrada en funcionamiento de esta nueva estación se podrá duplicar la capacidad de transporte de energía a la región norte “y así acabaremos definitivamente con el viejo problema de las interrupciones del servicio eléctrico por restricciones de línea”.

 

El administrador de ETED dijo que estos trabajos, que llevaban varios años de retraso, estarán terminados hoy domingo 8 de agosto, lo que permitirá normalizar el servicio eléctrico en la zona.

 

“El resumen de la situación eléctrica diaria emitido el 7/08/21 por la Dirección de Operaciones del Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) indica que de los 2,580 MW programados por el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado se abastecieron 2,472 MW”, explicó.

 

Sostuvo que eso significa que ese día la generación suplió el 100% de la demanda nacional.

 

Martín Robles durante la rueda de prensa pidió disculpas por los inconvenientes, “en nombre de la ETED y de todo el sector eléctrico pedimos excusas por los inconvenientes causados a toda la población por la realización de intervenciones que procuran garantizar un transporte de energía en alta tensión acorde a los requerimientos del país”.

 

lunes, 22 de febrero de 2021

Fiscal General NY James demanda a Libre by Nexus por aprovecharse de inmigrantes vulnerables


 

Libre encadenó a los inmigrantes con dolorosos rastreadores GPS y cobró enormes sumas

 

CFPB y MA y VA AGs se unen a AG James en la presentación de la demanda acusando a Libre, a la empresa matriz y a los fundadores de prácticas engañosas e ilegales

 

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, continuó hoy su lucha para proteger a los inmigrantes en Nueva York y en todo el país de las prácticas engañosas y abusivas. En una demanda presentada contra Libre por Nexus y su empresa matriz, Nexus Services, la Fiscal General James, como parte de una coalición que incluye a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y a los fiscales generales de Massachusetts y Virginia, alega que la empresa se aprovecha de los inmigrantes retenidos en los centros de detención federales ofreciéndoles el pago de sus fianzas de inmigración para asegurar su liberación, mientras oculta o tergiversa la verdadera naturaleza y los costos de sus servicios. Libre cobra grandes honorarios por adelantado y cuantiosos pagos mensuales, que suelen ascender a miles de dólares más que el valor nominal de la fianza. Libre también comercializa sus servicios entre los amigos y familiares de los detenidos, que están desesperados por conseguir la liberación de sus seres queridos y también pagan algunas de las exorbitantes tarifas.

 

"Las comunidades de inmigrantes son el sustento de esta nación, pero Libre by Nexus se aprovechó de sus temores y se dirigió a los más vulnerables de nuestro estado", dijo la fiscal general James. "Libre engañó a personas pobres para que pagaran tarifas astronómicas y se benefició ilegalmente de millones, mientras que simultáneamente encadenaba a los inmigrantes con dispositivos de localización. Esta demanda debe enviar un mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras comunidades más indefensas de que utilizaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para acabar con su actividad ilegal y el sufrimiento que infligen."

 

La demanda -presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Oeste de Virginia- alega que los acusados han violado y continúan violando varias leyes, incluyendo la prohibición de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor sobre actos y prácticas engañosas y abusivas, así como las leyes de protección al consumidor de los estados. En particular, la demanda alega que:

 

- Libre encadena a sus clientes con dispositivos GPS que no se pueden quitar. Los voluminosos dispositivos pueden causar daños físicos e irritación y a menudo no funcionan.

 

- Libre exige a los consumidores que firmen contratos confusos y engañosos que presentan a los consumidores sólo en inglés, a pesar de que la gran mayoría de los clientes de Libre no hablan ni leen inglés y no lo entienden.

 

- Libre califica erróneamente sus servicios financieros como un "programa" al presumir de que ofrece "servicios integrales", incluidos servicios jurídicos gratuitos. Pero, en realidad, Libre no ofrece nada más que una derivación a abogados para sus clientes, que pueden no recibir ningún servicio legal.

 

- Libre engaña a los consumidores haciéndoles creer que sus cuotas mensuales están pagando su fianza como una deuda contraída con Libre y que se les reembolsará al concluir sus procedimientos de inmigración. Pero, sólo más tarde, muchos consumidores descubren que Libre no reembolsará miles o decenas de miles de dólares en honorarios.

 

- Para cobrar las tasas, Libre crea la falsa impresión de que está asociada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) o con otros agentes gubernamentales y que no pagar las tasas a Libre puede llevar a la detención o deportación.

 

La demanda de hoy también nombra a los directores de Libre -Michael Donovan, Richard Moore y Evan Ajin-, que idearon el modelo de negocio de la empresa y actualmente lo aplican, dirigen su funcionamiento y conocen los detalles de su funcionamiento.

 

La demanda pretende poner fin a las prácticas ilegales de la empresa, obtener millones de dólares en concepto de indemnización para las miles de víctimas e imponer sanciones a las empresas.

 

La demanda está a cargo de los Fiscales Generales Adjuntos Joseph P. Mueller y Stewart Dearing, bajo la supervisión de la Jefa de la Oficina Jane M. Azia y la Jefa Adjunta Laura J. Levine, todas de la Oficina de Protección y Fraude al Consumidor. La Oficina de Protección y Fraude al Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, supervisada por el Subprocurador General Chris D'Angelo y la Primera Subprocuradora General Jennifer Levy.

 

jueves, 17 de agosto de 2017

El Fiscal General Schneiderman y el Gobernador Cuomo anuncian demanda de Nueva York a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.


La demanda presentada por el Estado de Nueva York cita violaciones de la Ley de Depósitos de Desechos de Océano y Ley de Manejo de Zonas Costeras y el fracaso de EPA para abordar los impactos ambientales en el Estrecho de Long Island

El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Gobernador Andrew M. Cuomo anunciaron hoy que el Estado de Nueva York ha presentado una demanda contra la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito de Nueva York para impugnar la decisión de la EPA de designar un en el extremo oriental del Estrecho de Long Island Sound para deposito permanente decenas de millones de metros cúbicos de sedimentos dragados. La designación del sitio de la EPA viola la Ley de Deposito de Desperdicios en Océanos y la Ley de Manejo de Zonas Costeras.

"Nuestras aguas no son vertederos. El primer trabajo de la EPA es proteger nuestros recursos naturales, pero al designar este sitio de desecho innecesario, la EPA está permitiendo que grandes cantidades de desechos se viertan en otra área del Estrecho de Long Island. Eso es inaceptable", dijo el Fiscal General Schneiderman. "No dudaremos en actuar cuando el gobierno federal no cumpla con su obligación de proteger la salud y el medio ambiente de los neoyorquinos".

"Continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger el medio ambiente de Nueva York, y con la decisión incomprensible y destructiva de la EPA de convertir el este del Estrecho de Long Island Sound en un vertedero, ahora es el momento de actuar", dijo el Gobernador Cuomo. "Vamos a establecer que esta designación no sólo representa una gran amenaza para un importante recurso comercial y recreativo, sino que también socava los esfuerzos de larga data de Nueva York para poner fin al depósito de desperdicios en nuestras atesoradas aguas".

En agosto de 2016, el Gobernador anunció la intención de Nueva York de luchar contra la designación de la EPA del sitio del este de Long Island Sound para fines de depósito de desperdicios debido a sus efectos adversos a la vía acuática. Posteriormente, el Departamento de Estado de Nueva York objetó que la designación de sitio propuesta por la EPA fuera inconsistente con las políticas del Programa de Manejo Costero del Estrecho de Long Island. En diciembre de 2016, el Estado de Nueva York presentó un Aviso de intención de presentar una demanda inmediatamente después de que la EPA finalizara su designación.

"Las aguas de Nueva York siguen siendo uno de los activos más valiosos y apreciados de nuestro estado", dijo la secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado. "Esta acción dirigida por el Gobernador Cuomo para proteger el Estrecho de Long Island envía un claro mensaje de que utilizará todos y cada uno de los medios legales para prevenir cualquier uso de la franja oriental mientras continuamos los esfuerzos para proteger este y otros recursos naturales en todo el estado".

"El Estrecho de Long Island es un tesoro económico y ecológico vital que necesita ser protegido, no debilitado por las obsoletas decisiones de manejo de dragado de la EPA", dijo Basil Seggos, Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York. "El Gobernador Cuomo ha dejado claro que el Estado de Nueva York no tolerará que el gobierno federal destruya su compromiso y niegue su responsabilidad de reducir o eliminar el depósito de desechos de draga en las aguas abiertas de este ecosistema irremplazable".

En 2005, los estados de Nueva York y Connecticut solicitaron, y la EPA posteriormente estableció por reglamento, el importante y necesario objetivo de reducir o eliminar el desecho de materiales dragados en las aguas estuarinas del Estrecho de Long Island. En contravención de la intención de ese reglamento, en 2016, la EPA aumentó el número de sitios permanentes de vertederos de agua abierta en el Estrecho de Long Island designando un tercero en el este del Estrecho de Long Island.

La demanda reclama que, al designar el sitio de descarga, la EPA falló: identificar los conflictos de navegación que serán causados por la ubicación del sitio de vertido, en examinar los impactos ambientales del vertimiento de materiales dragados bajo diferentes regímenes de prueba, y cuantificar adecuadamente la capacidad existente en los sitios ya designados. Además, la EPA no ha respondido a las preocupaciones manifestadas por Nueva York sobre la fiabilidad de las pruebas de sedimentos y no ha hecho suficientes garantías de que el material dragado no tendrá un impacto negativo en el medio ambiente, como lo ha hecho en el pasado.

Nueva York también sostiene que el aumento del volumen de desechos de materiales de dragado en aguas abiertas y el número y disponibilidad de sitios de aguas abiertas es inconsistente con la inversión pública y las políticas que ya están en marcha para restaurar el Estrecho de Long Island. Este litigio subraya el compromiso continuo de Nueva York de perseguir alternativas para la reutilización benéfica del material para preservar y proteger la integridad del Estrecho de Long Island para las generaciones futuras.



Schneiderman anuncia restitución para cientos de estudiantes engañados por la Universidad Devry


La restitución llega luego de que una investigación del Fiscal General Schneiderman encontró que DeVry engañó a estudiantes con respecto a las perspectivas de empleo y sueldo tras la graduación

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy que cientos de estudiantes recibirán restitución tras la investigación de la Fiscalía General sobre DeVry Education Group, Inc. y sus subsidiarias DeVry University, Inc. y DeVry / New York, Inc. (colectivamente, DeVry "). La investigación del Fiscal General concluyó que DeVry atraía a los estudiantes con anuncios que exageraban el éxito de los graduados en encontrar empleo y contenían afirmaciones inadecuadamente justificadas sobre el éxito salarial de los graduados. El Fiscal General alcanzó un acuerdo de $2,25 millones de dólares con DeVry en enero de 2017.

En promedio, cada uno de los 809 estudiantes recibirá aproximadamente $2,800 en restitución. Se espera que Better Better Business Bureau, que está administrando el proceso de restitución, empiece a enviar cheques a los estudiantes a finales de este mes.

"DeVry explotó a los estudiantes que simplemente estaban tratando de mejorar su educación", dijoel Fiscal General Schneiderman. "No permitiremos que los neoyorquinos trabajadores sean estafados por compañías codiciosas, por lo que DeVry ahora está pagando millones en restitución a cientos de estudiantes. Mi oficina no se detendrá en la persecución de colegios con fines de lucro sin escrúpulos en el estado de Nueva York".

La investigación del Fiscal General encontró que muchos de los anuncios de DeVry se centraban en una afirmación de que el 90 por ciento de los graduados de DeVry que estaban buscando empleo activamente obtenían empleo en su campo de estudio dentro de los seis meses después de la graduación. La investigación del Fiscal General reveló que la afirmación del 90 por ciento era engañosa porque un número sustancial de los graduados incluidos en la cifra del 90% eran graduados que ya estaban empleados antes de graduarse de DeVry. De hecho, muchos de los graduados incluidos en la cifra del 90 por ciento fueron empleados antes de que incluso se inscribieron en DeVry.

Además, las estadísticas de resultados de empleo de DeVry clasificaron incorrectamente a un número significativo de graduados como empleados en su campo de estudio, cuando en realidad los graduados no estaban trabajando en su campo. Por ejemplo, DeVry contó a los graduados del programa de Gerencia Técnica de DeVry como "empleados en el campo" cuando los graduados estaban empleados como vendedores minoristas, recepcionistas, cajeros de banco y trabajadores de digitación de datos. En algunos casos, los graduados fueron contados como empleados en su campo de estudio, a pesar de ocupar puestos que no requieren un título universitario.

DeVry también describió erróneamente a ciertos solicitantes de empleo sin éxito como "inactivos", a pesar de la evidencia de que los graduados habían realizado de hecho una búsqueda de trabajo activa, aunque no exitosa. Además, la demanda de 90% de DeVry no refleja con precisión los resultados en todos los programas ofrecidos por DeVry. Ciertos programas tuvieron resultados de empleo significativamente inferiores al 90 por ciento en años consecutivos.

DeVry también hizo afirmaciones inadecuadamente fundamentadas en sus anuncios relativos a los resultados de los graduados de DeVry. Por ejemplo, algunos anuncios de DeVry promocionaron que los graduados de licenciatura de DeVry obtuvieron un 15 por ciento más un año después de la graduación que todos los graduados con títulos universitarios de todas las demás universidades. Esta alegación, que se basaba en estudios encomendados realizados por una entidad de terceros, era incompatible con otros datos que DeVry tenía sobre los salarios de los graduados.

Los graduados de DeVry elegibles para participar en el proceso de reclamaciones incluyeron: (1) graduados de programas asociados y licenciatura en los campus de DeVry en Nueva York que comenzaron su programa entre julio de 2008 y septiembre de 2015; Y (2) residentes de Nueva York que se graduaron de los asociados en DeVry en línea o programas de licenciatura y que comenzaron su programa entre julio de 2008 y septiembre de 2015. Para ser elegible para la restitución, los graduados tuvieron que completar un formulario de reclamación indicando que no pudieron encontrar empleo en su campo de estudio en el plazo de seis meses de la graduación, a pesar de buscar tal empleo.

El Fiscal General ha dado prioridad al sometimiento por actividades ilegales de centros académicos con fines de lucro. La oficina alcanzó un acuerdo de $10.25 millones con Career Education Corporation por fabricar las tasas de colocación, y fue parte de un acuerdo con Education Management Company para resolver las acusaciones de que la escuela engañó a los futuros estudiantes sobre los costos del programa, las tasas de graduación y las tasas de colocación. Como parte de los acuerdos, EDMC acordó perdonar más de $100 millones de deuda pendiente de préstamo estudiantiles.

En julio, la oficina formó parte de una coalición de fiscales generales que demandaron al Departamento de Educación de los Estados Unidos por abandonar las protecciones críticas a los estudiantes relacionados con los colegios con fines de lucro.

Este caso fue manejado por la Asesora Especial Carolyn Fast y el Fiscal Adjunto Melvin Goldberg del Buró de Fraudes y Protección al Consumidor, con la asistencia de la Directora de Investigación y Análisis Lacey Keller, bajo la supervisión de Laura J. Levine, Jefa Adjunta del Buró de Fraude y Protección del Consumidor, la Jefa de la Oficina, Jane M. Azia, y Manisha M. Sheth, Fiscal Ejecutiva de Justicia Económica.


Schneiderman anuncia $465 millones en acuerdo conjunto Estatal-Federal con MYLAN, fabricante de Epipens


Nueva York lidera la coalición de Estados en acuerdo sobre las alegaciones de que Mylan conscientemente hizo pagos correctos a Medicaid, lo cual costo millones a los contribuyentes

El acuerdo incluye $38.5 millones para el programa de Medicaid de Nueva York

Schneiderman: Los esfuerzos para estafar al Medicaid no serán tolerados

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo conjunto estatal-federal de $465 millones de dólares con Mylan Inc. y su filial Mylan Specialty LP, conocida colectivamente como "Mylan". "Nueva York lideró una coalición de estados al alegar que Mylan conscientemente pagó menos en los reembolsos debidos a Medicaid por los medicamentos EpiPen® y EpiPen Jr.® (" EpiPen ") que fueron dispensados a los beneficiarios de Medicaid. Bajo el acuerdo, el programa de Medicaid de Nueva York recibirá $38.5 millones.

"Durante casi siete años, Mylan priorizó sus intereses - y engañó al programa de Medicaid y los contribuyentes. Al clasificar erróneamente a EpiPen, Mylan intentó evitar sus obligaciones, dejando a los contribuyentes pagar la factura", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Las compañías farmacéuticas deben ser advertidas: no se tolerarán los esfuerzos para estafar al Medicaid, y nos aseguraremos de que estas empresas tengan que rendir cuentas".

Después de una investigación conjunta federal y estatal, el acuerdo resuelve las alegaciones de que Mylan presentó declaraciones falsas a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y a varios estados que dependen de los rembolsos de EpiPen, y a sabiendas pagó menos a Medicaid para EpiPen.

Bajo la Ley Sobre Reembolso de Medicamentos de Medicaid, los fabricantes farmacéuticos participantes o Nuevos Código de Medicamentos (NDC), como Mylan, deben firmar un Acuerdo de Reembolso con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos como condición previa para obtener cobertura de Medicaid para su Medicamentos y pagar reembolsos trimestrales a los programas estatales de Medicaid para los medicamentos dispensados a los beneficiarios de Medicaid. Además, los titulares de NDC están obligados a asesorar a los Centros de Servicios de Medicaid y Medicares con respecto a la clasificación de un medicamento cubierto como un medicamento "innovador" o "no innovador", ya que el monto de los reembolsos adeudados varía dependiendo de la clasificación del medicamento.

El monto de la rebaja también depende de la información de precios proporcionada por el fabricante. Para los medicamentos clasificados como medicamentos "innovadores", los titulares de NDC deben reportar su "Mejor Precio", o el precio más bajo por el cual vendió un medicamento cubierto en un trimestre en particular.

El acuerdo resuelve alegaciones de que, entre el 29 de julio de 2010 y el 31 de marzo de 2017, Mylan presuntamente presentó declaraciones falsas a CMS que clasificó incorrectamente a EpiPen como un medicamento "no innovador de múltiples fuentes", en contraposición a una "fuente única" "Y no informó un mejor precio a CMS para EpiPen, que es requerido para todos los medicamentos de "fuente única” y “fuente múltiple innovadora ". Como resultado, Mylan presentó declaraciones falsas a CMS y a varios estados que dependían de los reembolsos de EpiPen y, a sabiendas, pagó menos por su obligación de reembolsar por medicamentos al Programa Estatal de Medicaid para EpiPen.

El acuerdo de hoy también resuelve las alegaciones de que Mylan Specialty sobrecargó ciertas entidades (conocidas como las "340B Entidades Cubiertas") que participaron en el Programa de Precios de Medicamentos 340B, 42 U.S.C. § 256b.
La investigación se derivó de dos denuncias, o "qui tam", acciones pendientes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, que alega reclamaciones bajo la Ley de Reclamaciones Falsas federales y varias leyes de reclamaciones falsas estatales que Mylan pagó de menos en sus obligaciones de reembolso a los estados.

Las demandas de Nueva York en el caso fueron manejadas por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General, que trabajó estrechamente con la Oficina de los Fiscales de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un equipo multiestatal que incluía representantes de la Oficinas de los Fiscales Generales de California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Washington, y las Commonwealths de Massachusetts y Virginia. Nueva York también recibió asistencia de representantes de la Oficina de Programas de Seguro Médico del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, encabezada por el Comisionado Adjunto Jason A. Helgerson.

La Jefa de la División de Ejecución Civil Carolyn T. Ellis encabezó el equipo multiestatal que negoció el acuerdo con Mylan para los estados. El Auditor-Investigador Superior Matthew Tandle fue miembro del equipo estatal, asistido por la Investigadora Auditora Emily Brissette, bajo la supervisión de Stacey Millis, Auditora Principal Regional de la División de Ejecución Civil.