El país se sumó a la Declaración de Abu Dabi y a la iniciativa
Pledge4Justice, con compromisos para fortalecer el marco normativo y la
coordinación del sistema de justicia.
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. – La República Dominicana reafirmó su
compromiso de trabajar junto a la comunidad internacional en la prevención del
delito, el fortalecimiento de la justicia penal y la protección de los derechos
humanos, durante su participación en el 15.º Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, celebrado bajo el lema “Justicia
para las personas y el planeta en la era digital”.
El encuentro reunió a representantes de 119 Estados miembros, así como a
integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad académica,
para analizar soluciones prácticas e innovadoras frente a los desafíos de la
seguridad y la justicia. Entre los principales temas abordados figuraron el
acceso a la justicia, las estrategias de prevención del delito, la cooperación
en materia de justicia penal y la lucha contra las nuevas modalidades de
criminalidad.
La delegación dominicana estuvo encabezada por Noel Sued Canahuate,
viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, e integrada por la
embajadora Ángela Vigliotta Mella, representante permanente ante los organismos
internacionales en Viena; Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, viceministro de
Políticas Públicas del Ministerio de Justicia, y Maura Martínez, encargada de
Cooperación Internacional de esa institución.
República Dominicana asume compromisos para fortalecer el sistema de
justicia
Durante su intervención en el segmento de alto nivel del Congreso, el
Gobierno dominicano destacó la importancia de impulsar una transformación de la
justicia penal centrada en las personas, sustentada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
En ese contexto, resaltó la reciente reinstitución del Ministerio de
Justicia, el fortalecimiento del principio de separación de funciones y el
establecimiento de mecanismos de colaboración interinstitucional orientados a
robustecer la capacidad del Estado para responder de manera coordinada a la
criminalidad, garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos
humanos.
La delegación también reafirmó la disposición del país de continuar
trabajando con la comunidad internacional para construir sociedades más justas,
inclusivas, pacíficas y democráticas.
Adhesión a la Declaración de Abu Dabi ya la iniciativa Pledge4Justice
Durante la sesión inaugural, la República Dominicana se sumó a la
aprobación de la Declaración de Abu Dabi, documento político y estratégico que
orientará las prioridades internacionales y la cooperación en materia de
prevención del delito y justicia penal durante el período 2026-2031. Asimismo,
se incorporó a la iniciativa Pledge4Justice, concebida para traducir los
compromisos políticos en acciones concretas.
Como parte de los compromisos anunciados, el Gobierno dominicano
manifestó su intención de continuar revisando el marco normativo nacional para
responder con mayor eficacia a los desafíos de la criminalidad.
En particular, se propone impulsar, durante la legislatura ordinaria en
curso y las tres siguientes, la aprobación de proyectos de ley relacionados con
la atención, representación legal y protección de víctimas, testigos y personas
en situación de riesgo; la persecución y judicialización de las organizaciones
criminales; la regulación de determinados delitos y ciberdelitos; la
reorganización de la Policía Nacional, y la adecuación del régimen de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El país también asumió el compromiso de avanzar, en los próximos 18
meses, en la instalación de mecanismos de coordinación del sistema de justicia
que permitan concertar prioridades y articular esfuerzos entre los poderes del
Estado y los órganos constitucionales que lo integran.
Esta iniciativa contempla, además, organizar las necesidades nacionales
en materia de cooperación internacional y proyectarlas hacia mecanismos
regionales y universales, sobre la base de la confianza mutua, la solidaridad y
el respeto al derecho internacional.
La delegación dominicana desempeña un papel activo en el Congreso
Además de la intervención oficial, los integrantes de la delegación
dominicana desempeñan funciones relevantes en las sesiones plenarias y las
actividades paralelas del Congreso.
La embajadora Ángela Vigliotta Mella dirigió una sesión plenaria en su
condición de vicepresidenta del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal. También presidió el Comité de
Credenciales.
Por su parte, el viceministro Noel Sued Canahuate pronunció las palabras
de clausura de un evento paralelo sobre cooperación jurídica y herramientas
digitales, organizado el 30 de septiembre de 2026 por la Conferencia de
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Red
Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed).
La actividad se enmarca en los esfuerzos de cooperación regional y en la
participación del Ministerio de Justicia dominicano en estos espacios de
articulación institucional.
Encuentros bilaterales para impulsar la cooperación internacional
En el marco del Congreso, la delegación dominicana sostuvo encuentros
bilaterales con representantes de otros países para explorar oportunidades de
cooperación, intercambiar experiencias y fortalecer las relaciones
institucionales, especialmente ante la reciente reinstitución del Ministerio de
Justicia.
Entre las reuniones destacó el encuentro con el ministro de Justicia de
los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, anfitrión y
presidente del Congreso.
Asimismo, se celebraron reuniones bilaterales con las delegaciones de
Canadá y Filipinas, y se desarrollaron conversaciones y acercamientos con
representantes de Japón, Singapur, España, Turquía, Armenia, Ghana, Indonesia y
Tailandia.
La delegación también intercambió impresiones con el coordinador general
del Comité Permanente de América Latina para la Prevención del Delito y con
representantes de organizaciones de la sociedad civil participantes en el
encuentro.
Declaración dominicana ante el segmento de alto nivel
A continuación, se reproduce íntegramente la declaración pronunciada por
el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Noel Sued
Canahuate, en representación del Gobierno de la República Dominicana, ante el
segmento de alto nivel del 15.º Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Justicia Penal.
Declaración de la República Dominicana
Señor presidente, señores delegados y miembros de la mesa:
En nombre del Gobierno de la República Dominicana, es un alto honor
estar presente en este notable foro y, especialmente, tener la oportunidad de
dirigirnos a ustedes, representantes de alto nivel de la comunidad
internacional.
Agradecemos a las autoridades emiratíes, nuestros anfitriones, por la
cálida bienvenida y las atenciones brindadas a las delegaciones que en esta
ocasión visitamos su moderno país. Al presidente, por la excelente conducción
de nuestros trabajos, y a la Secretaría de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito, por la organización de este valioso Congreso.
Hablar de la prevención del delito, hoy más que nunca, conlleva pensar
en una justicia centrada en la persona. La Constitución dominicana dispone como
función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las
personas, el respeto de su dignidad y la creación de condiciones que les
permitan desarrollarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de
un marco de libertad individual y justicia social.
Proteger la seguridad de las personas es, a su vez, garantizar sus
derechos humanos. No por coincidencia, la temática de este decimoquinto
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal es
la justicia para las personas y el planeta en la era digital.
La transformación digital, como una herramienta más al servicio de la
justicia, no puede dejar de lado el rostro humano. Y, ante unas tecnologías que
son desarrolladas e implementadas a la velocidad de la luz, la mejor custodia
con la que contamos es continuar trabajando conforme a una planificación
estratégica que, en este caso, se sustenta directamente en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Con esa visión de coordinación de esfuerzos en materia de justicia, la
República Dominicana reinstituyó recientemente el Ministerio de Justicia,
robusteció el principio de separación de funciones y estableció los mecanismos
de colaboración interinstitucional adecuados para fortalecer la capacidad del
Estado y asegurar una respuesta articulada contra el delito, que garantice el
acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Nuestro país está convencido de que una adecuada organización y coordinación
de las instituciones públicas contribuye a la eficiente salvaguarda del interés
general y la protección de los derechos humanos. En este escenario que hoy nos
reúne, lo anterior es sinónimo de una gestión pública comprometida con el
cumplimiento de los ODS y, de manera más concreta en el sector justicia, con la
Declaración de Abu Dabi y su implementación en el período 2026-2031.
Así, con la determinación de contribuir directamente a la realización de
los compromisos internacionales en el ámbito de la prevención del delito y la
justicia penal y, en particular, de la Declaración de Abu Dabi, el Gobierno de
la República Dominicana se compromete a continuar revisando su marco normativo,
con el objetivo de asegurar que este dé respuesta eficiente a los retos que
actualmente derivan de la criminalidad. Se procurará, de manera particular,
durante la actual y las próximas tres legislaturas ordinarias, la aprobación de
los proyectos de ley referentes a la Atención, Representación Legal y
Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo; la Persecución y
Judicialización de las Organizaciones Criminales; la regulación especial de
determinados delitos y ciberdelitos; la reorganización de la Policía Nacional;
y la adecuación de la regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, el Gobierno dominicano se compromete a avanzar en la
instalación de mecanismos de coordinación del sistema de justicia en los
próximos 18 meses, concertando prioridades y esfuerzos entre todos los poderes
del Estado y órganos constitucionales que forman parte del referido sistema.
Esta medida incluye también la organización de las necesidades del país en
materia de cooperación internacional y su proyección hacia mecanismos
regionales y universales, basada en la confianza mutua, la solidaridad y el
respeto al derecho internacional. Con ello, reafirmamos nuestra convicción de
que, en un mundo cada vez más interconectado, ningún Estado puede enfrentar por
sí solo las amenazas que plantea la delincuencia en sus diversas
manifestaciones.
La República Dominicana reitera su disposición de continuar trabajando
junto a la comunidad internacional para avanzar en la construcción de
sociedades más justas, inclusivas, pacíficas y democráticas.
