Mostrando entradas con la etiqueta Acusación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Acusación. Mostrar todas las entradas

miércoles, 3 de julio de 2024

Fiscal General James anuncia acusación contra una empresa de transporte del condado de Orange por robar más de $2,3 millones de Medicaid

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James , anunció hoy los arrestos y acusaciones de Daler Yuldashev y Damir Yuldashev, su empresa DYD Universe, Inc. (DYD), y Nigina Iskandarova por su participación en un plan que robó más de $2,3 millones de Medicaid y pagó sobornos ilegales a beneficiarios de Medicaid. Daler y Damir Yuldashev operaron DYD como proveedor de transporte médico y lo utilizaron para cobrar de más a Medicaid millones de dólares en tarifas al facturar viajes falsos y agregar peajes falsos a los viajes que proporcionaban. Junto con Iskandarova, también pagaron ilegalmente sobornos a beneficiarios de Medicaid para captar más clientes.

 

"Los proveedores de transporte médico son un servicio esencial para los neoyorquinos que carecen de recursos para viajar y recibir atención", dijo el Fiscal General James . “Estas personas abusaron de nuestro sistema de atención médica y robaron millones de dólares de los contribuyentes destinados a brindar atención a los neoyorquinos necesitados. Aprovecharse de los beneficiarios de Medicaid es reprensible, y mi oficina siempre garantizará que aquellos que intentan lucrar ilegalmente con fraudes en la atención médica enfrenten la justicia”.

 

Los beneficiarios de Medicaid que no tienen acceso al transporte pueden utilizar proveedores de transporte aprobados para viajar hacia y desde los servicios médicos cubiertos. Estos proveedores reciben reembolsos de Medicaid por los viajes que ofrecen. Desde abril de 2018 hasta marzo de 2023, Daler y Damir Yuldashev facturaron a Medicaid por viajes ficticios y agregaron peajes falsos a sus viajes para inflar sus costos. Las reclamaciones de DYD a menudo añadían cargos de peaje de 15 dólares a hasta 50 dólares cuando el viaje no generaba ningún peaje. Como resultado de su plan, DYD supuestamente cobró ilegalmente de más a Medicaid más de $2,3 millones.

 

Daler y Damir Yuldashev, junto con Nigina Iskandarova, también supuestamente hicieron pagos de sobornos a beneficiarios de Medicaid para reclutar pasajeros y facturar más viajes. Estos pagos fueron ilegales y socavaron los negocios de otros proveedores de transporte en el Valle de Hudson. A algunos pasajeros se les pagó miles de dólares cada uno por realizar viajes que permitieron a DYD cobrar decenas de miles de dólares en tarifas por pasajero.

 

Daler y Damir Yuldashev, quienes fueron arrestados el 2 de julio, fueron acusados ​​de Hurto Mayor en Primer Grado, dos cargos de Fraude de Atención Médica en Segundo Grado, cinco cargos de Prácticas Prohibidas de Proveedores de Asistencia Médica y seis cargos de Ofrecer un Instrumento Falso. para radicación en Primer Grado. Nigina Iskandarova también fue arrestada el 2 de julio y acusada de cuatro cargos de prácticas prohibidas para proveedores de asistencia médica. El cargo de Hurto Mayor conlleva una sentencia máxima de hasta 25 años en prisión estatal y los cargos de soborno contra Iskandarova conllevan una sentencia máxima de hasta cuatro años en prisión estatal.

 

Los cargos presentados en este caso son acusaciones. Se presume que los acusados ​​son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

 

Este asunto fue investigado por los detectives Peter Olsen y Frank Bluszcz con la ayuda del detective supervisor Jeffrey Pittswith. Análisis financiero realizado por los auditores-investigadores principales John Annunziata, Lora Pomponio y Melissa Stoebling, y el auditor-investigador principal Christopher Giacoia.

 

El caso penal fue presentado por los Fiscales Generales Adjuntos Especiales Eva Urrutia y Robert Trudell, y el Director Regional de la Unidad de Control de Fraudes a Medicaid (MFCU) del Procurador General, Todd Pettigrew, con la asistencia del Jefe de Investigaciones Criminales de la MFCU, Thomas O'Hanlon. La MFCU está dirigida por la directora Amy Held y el fiscal general adjunto Paul J. Mahoney. La División de Justicia Penal está dirigida por el Fiscal General Adjunto José Maldonado bajo la supervisión de la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy.

 

Denuncia de fraude de proveedores de Medicaid : MFCU defiende al público abordando el fraude de proveedores de Medicaid y protegiendo a los residentes de hogares de ancianos del abuso y la negligencia. Si una persona cree que tiene información sobre un fraude de proveedores de Medicaid o sobre un incidente de abuso o negligencia de un residente de un asilo de ancianos, puede presentar una queja confidencial en línea o llamar a la línea directa de MFCU al (800) 771-7755. Si la situación es una emergencia, llame al 911.

 

El financiamiento total de MFCU para el año fiscal federal (FY) 2024 es de $68,997,928. De ese total, el 75 por ciento, o $51,748,448, se otorga mediante una subvención del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El 25 por ciento restante, por un total de $17,249,480 para el año fiscal 2024, está financiado por el estado de Nueva York.

 

viernes, 26 de marzo de 2021

Empresarios extranjeros y dominicanos elevan recurso de amparo contra el Poder Judicial

Procuran que los magistrados también puedan ser juzgados en materia penal a fin de garantizar inversión extranjera

 

SANTO DOMINGO.- Empresarios extranjeros y dominicanos acusaron a jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluido su presidente, Luis Henry Molina; de violar la ley en materia penal, por lo cual elevaron un recurso de amparo en su contra, por denegación de justicia en un caso que lleva ya casi dos años sin que se le fije audiencia y que afecta el clima para la inversión extranjera en el país.

 

La falta de confianza y garantía jurídica para la inversión extranjera se ha convertido en un elemento de gran preocupación para empresarios dominicanos y extranjeros, quienes ven como una traba para el combate a la corrupción la resistencia que mantiene el Poder Judicial para que los jueces dominicanos no puedan ser juzgado en materia penal, tal y como ocurre con senadores, diputados y demás personas en el país.

 

El recurso fue elevado por los demandantes norteamericanos Julián Rodríguez y Carol Jaramillo; Huang Kitty Qua, de China, y los dominicanos Eduardo Vásquez Matos, Julio César Núñez Alvarado, así como la empresa Continental Progreso Turístico, quienes se hicieron representar por el abogado George Andrés López Hilario, quien advirtió que en caso de no prosperar dicho recurso, el país podría quedar muy lastimado en materia de inversión extranjera, por la falta de transparencia y seguridad jurídica, y más ahora con la crisis dejada por el COVID 19.

 

“El cambio debe llegar al fuero del Poder Judicial, para erradicar la corrupción en dicho poder del Estado, de lo cual históricamente, gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción a lo interno del Poder Judicial, pues dichos funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito, sabiéndose inmunes al fuero penal, lo que pone de manifiesto la acción de amparo en curso; no obstante, evidencias historias de corrupción, no hay jueces sancionados penalmente, inaceptable”, indicó.

 

Dicho recurso también abarca al secretario de la SCJ, César José García Lucas, y al  juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, a quienes además emplazan para que fijen audiencia sobre un recurso de objeción a jueces para que sean juzgados penalmente, de acuerdo al artículo 283 del Código Procesal Penal que ordena fijar audiencia en un plazo de 5 días de ser recibido.

 

El destacado jurista afirmó que ese retraso favorece a los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Ynoa Peña, Miguelina Vargas Santos y Gregorio Cordero Morales, así como a Marino Rosario Gullón, Lorenzo Alexander Reynoso Encarnación, Franklin Manuel Faña, Esmerlin Tejada, y demás involucrados.

 

“Nosotros estamos demandando que el juez Francisco Ortega fije audiencia para que se abra la puerta y que los jueces sean procesados como ocurre con senadores, diputados, que los jueces también sean juzgados penalmente”, explicó el jurista.

 

Advirtió que si los jueces no son juzgados esto envía una mala señal en una sociedad como la nuestra que cada día enfoca sus miradas en la transparencia, apego a la constitución, respeto al debido proceso y  combate a la corrupción.

 

“No es justo que los abogados en ejercicio aceptemos impunidad como vía normal en el ejercicio de la profesión para poder permanecer y sobrevivir en el mercado laboral, resultando los jueces de la Suprema Corte de Justicia excluidos del fuero sancionador del Consejo del Poder Judicial, en virtud del artículo 156 numeral 3 de la Constitución y del fuero penal por pautas de los artículos 152 y 154 del Código Procesal Penal, lo que rasga el principio de igualdad, seguridad jurídica y contraviene el control de poder a que deben estar sujetos todos los poderes del Estado, lo que impide mayor auge de la inversión extranjera e inversión local en la República Dominicana”, manifestó López Hilario.