Por Pablo
Vicente
Hoy en día los
partidos políticos asumen un papel
fundamental en el fortalecimiento de la democracia y por lo tanto juegan o
deberían jugar un rol mucho más activo en la definición e incidencia de las políticas
públicas.
Los partidos
políticos son indispensables para garantizar la pluralidad democrática y ser
portavoces de las necesidades ciudadanas, Giovanni Sartori sostiene que un partido es “cualquier grupo político
reconocido oficialmente que participa en las elecciones y que es capaz de
postular candidatos para cargos públicos a través de las elecciones”.
Sin embargo el
mismo Sartori (2002) sostiene que además de la clásica, es decir, postular
candidatos para las elecciones, los partidos participan en la articulación y
representación de intereses, en la movilización y socialización de los
ciudadanos, en la formación de gobiernos, así como, en la formulación de
políticas públicas¨ en ese sentido en lo que tiene que ver con la definición de
políticas públicas no siempre están vinculadas a las acciones del partido, es
decir una cosa es desde el gobierno y otra desde la oposición, por lo que se
requiere un proceso articulador entre la gestión política y la gestión de
gobierno.
En tal sentido y
reconociendo que es desde los partidos políticos que se llega a posiciones de
poder en el que se puede implementar e incidir
en la formulación de esas políticas públicas que en muchos casos son
reflejadas en programas de gobierno, pero que se pierde de vista al momento de
implementar políticas públicas en el ámbito de lo estatal. El programa de cada
partido debería ser un compromiso, un contrato con los votantes que lo
respalden.
Existen diversas
formas en que el Estado regula la vida partidaria. El financiamiento y la
selección de candidatos son las más comunes pero no es lo único, también, puede
haber otro tipo de reglamentaciones que inciden decisivamente en la actividad
de los partidos. Por ejemplo, los requisitos con que se otorga la personería
jurídica o se aceptan las postulaciones de los candidatos, el nombre del
partido, las cuotas de género en los cargos, la participación de jóvenes, las fechas de elecciones internas y
generales, líneas de capacitación etc. Además de esas atribuciones sería bueno
preguntarse. ¿Qué pasa con las propuestas programáticas?, ¿Cuál es el rol de los partidos políticos para
garantizar el cumplimiento de la agenda
que prometen a sus electores? ¿Existe una vinculación de los partidos con la
sociedad? ¿Hasta dónde son responsables los partidos de la insatisfacción
ciudadana con respecto a la forma en que los partidos interpretan su compromiso
representativo? En realidad hay preguntas que no tienen una repuesta única y
que debería ser motivo de preocupación y debate sobre el rol a juzgar por los
partidos políticos que trascienda el elemento electoral.
De ahí la
necesidad de repensar el rol a desempeñar por los partidos políticos en
relación a las políticas públicas entendiendo esta como las acciones o inacciones
del Estado para solucionar ciertos problemas públicos. En tal sentido los
partidos políticos como gente de intermediación entre el Estado y la sociedad
pueden aportar bastante al momento de definición de políticas públicas que
impacte de manera positiva a la sociedad como receptora de esa política.
En los procesos
políticos y sobre todo en momento de campaña electoral los partidos políticos realizan
acciones con mira a ganarse la simpatía del electorado y por lo tanto hacen
promesas que en muchos casos se desvinculan a la hora de tomar el control en la
ejecución y definición de políticas públicas.
Es necesario
que los partidos políticos asuman un rol
de intermediación entre el Estado y la sociedad, un interlocutor clave para que
las problemáticas de la ciudadanía puedan convertirse en políticas públicas que
los partidos impulsen como actores claves en un estado social, democrático y de
derecho.
Los partidos
políticos no solo son maquinarias electorales que se activan en procesos de
campañas políticas, son también actores claves que pueden contribuira la
solución de problemasy sobre todo a la construcción de ciudadanía.
El
autor es dominicano, abogado. Gestor Social. Presidente de la Fundación
Justicia y Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el
Desarrollo Democrático (REDLADD)
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